Israel Ruíz Lomelí

Expediente 130/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
130/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Israel Ruíz Lomelí

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el servicio de mensajería estafeta, devuelve la misiva 42700/2021, de la estadística de este Juzgado de Distrito, dirigida al "Subprocurador Especializado en la Investigación de Delincuencia Organizada", de la que se aprecia que en la etiqueta de visita y control está marcado el recuadro "D02 Falta de datos o domicilio incorrecto", con la leyenda "FALTA ATENCIÓN". En ese sentido, del estado de autos se advierte que en proveído de doce de julio de dos mil veintiuno, se tomó conocimiento de que la denominación correcta es Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República; por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, reenvíese el oficio referido en el párrafo precedente a la autoridad responsable con la denominación correcta, para que tenga conocimiento de la determinación emitida por este órgano jurisdiccional el tres de enero del año en curso.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, el quejoso Israel Ruíz Lomelí, en cumplimiento a la prevención que le fue realizada en proveído de diez de febrero del año en curso, aclara el acto que reclama en la presente instancia constitucional. En ese sentido, téngase por desahogada la prevención de mérito. Ahora bien, cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado, por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, permite a este juzgador advertir que la pretensión del quejoso está encaminada a reclamar el acto que se hace consistir en: La probable integración de una o varias carpetas de investigación en su contra, sin que las autoridades ministeriales responsables, proporcionen una garantía de audiencia a su favor. Tan es así que, de la lectura al escrito inicial de amparo, así como, al ocurso aclaratorio, se advierte que el quejoso, acude a la instancia constitucional porque presume que diversos Agentes de la Policía de Investigación sin especificar su fuero, lo han estado buscando con la finalidad de detenerlo o presentarlo ante la autoridad investigadora, sin tener mayores elementos respecto a dichos actos de investigación que se encuentran realizando las autoridades ministeriales. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que respecto al acto reclamado establecido con anterioridad, se actualiza de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que la investigación ministerial, aspecto sobre el cual versa en esencia el acto que tilda de inconstitucional, no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, resulta conveniente, a manera de preámbulo y con el propósito de ubicar adecuadamente el problema que se plantea, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto del tema, indicando que en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede establecerse que le corresponde al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos. Luego, el Ministerio Público puede definirse como aquella organización de funcionarios que tanto a nivel federal como local tiene la encomienda de representar los intereses sociales en diversos procesos, y cuya actividad fundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad y esta actuación del Ministerio Público no solamente se concreta al ámbito penal, sino que su actuación también es válida en juicios civiles y familiares, donde funge como representante de menores y ausentes, y se constituye como parte principal en juicios donde se defienden los intereses patrimoniales del Estado. Asimismo, la sala mencionada concluyó que el procedimiento de investigación constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Por tal razón, tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo". Señalando además, que en relación a los procesos penales, la persecución de los delitos se da a través de dos etapas sucesivas: 1. Mediante una investigación que realiza el Ministerio Público para reunir los datos necesarios para sostener la existencia de un hecho considerado como delito, así como la probabilidad de que el indiciado haya participado de éste. 2. Al ejercer la acción penal, concepto que ha sido definido como el poder de que está dotado el Ministerio Público para solicitar la actuación del órgano jurisdiccional y la instauración del proceso penal en contra de persona determinada con el propósito de que se aplique la pena o medida de seguridad correspondiente. Ciertamente el procedimiento indagatorio se desarrolla dentro de un marco de derechos constitucionales, destacando entre ellas el "derecho de defensa" del inculpado. Sin embargo, del numeral constitucional citado con antelación hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de investigación; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Dicho precepto consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal la probabilidad de que se haya cometido un hecho que la ley califique como delito, así como de la participación del imputado en su comisión. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditamiento de los elementos citados previamente, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos". Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 19 Constitucional. De ahí, que al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21 de la ley fundamental, únicamente le corresponde la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un hecho que la ley considere delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el representante social, lo cual no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. Por esos motivos, ese Alto Tribunal ha sostenido el criterio reiterado de que, por regla general, la integración de la investigación no es susceptible de control constitucional, como se advierte de las tesis aisladas LXIII y CXXXV/2004, sustentadas por el Pleno y la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente que a la letra dicen: **************** "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control." Tesis CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2004, Novena Época, Materia Penal, con número de registro 180028, de rubro y texto: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." En este orden de ideas, nuestro Máximo Órgano Constitucional, determinó que la exportación de los derechos públicos subjetivos comprendidos dentro del "derecho de defensa" -originalmente concebida para el proceso jurisdiccional- a la etapa indagatoria, encuentra su límite en la naturaleza misma del procedimiento de averiguación previa. Así, éste no puede ser trastocado, al grado tal de quedar desvirtuado por completo, dejando de servir en la práctica como un procedimiento de investigación a través del cual el órgano acusador puede elaborar un caso. Ello, pues debe recordarse que, al igual que el derecho de "defensa", tanto la función indagatoria como el derecho de "seguridad pública", dentro del cual aquélla puede ser subsumida, se encuentran a su vez consagradas en la Constitución. En vista de ello, esa Primera Sala estimó que la revisibilidad, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la etapa de investigación debe ser determinada en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no, actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Así, determinó que aquellos actos que de manera irreparable e inmediata trascienden a la esfera jurídica del inculpado (esto es, azotes, torturas, etcétera) son susceptibles de ser combatidos a través del juicio de amparo; pero, por ejemplo, aquellas irregularidades relacionadas con la manera como el órgano acusador sustenta algún hecho son, en cambio, susceptibles de ser contrarrestadas mediante la determinación del juez manera ilícita. Con base en todo lo anterior, concluyó que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; pues estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Aunado a ello, la carpeta de investigación, no se trata de un acto de imposible reparación relacionado con su derecho a una defensa adecuada, en virtud de que los actos que tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, como el reclamado, son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente; por ende, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar las correspondientes ordenes de aprehensión, detención o comparecencia. No pasa inadvertido que en el procedimiento penal que inicia desde la carpeta de investigación, el inculpado cuenta con una serie de derechos contemplados tanto en la constitución como en la legislación adjetiva: que esto sucede cuando éste se encuentra detenido o comparece ante la autoridad, en el caso de la indagatoria, ante la representación social; que desde ese momento tiene derecho a conocer los hechos imputados, sin que se puedan mantener en reserva las actuaciones realizadas; sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por el solicitante del amparo en la demanda inicial, en ningún momento ha sido detenido ni siquiera se le ha requerido para que comparezca formalmente a alguna carpeta de investigación instaurada en su contra, para encontrarse en el supuesto a que se refiere la constitución o la legislación adjetiva, esto es, que al impetrante le asista el derecho de nombrar defensor, de ofrecer pruebas, de rendir declaración o de ejercer algún otro derecho que le corresponda como procesada. De ahí que, no basta el que exista un hecho que constituya delito, y que la autoridad tenga conocimiento de ese hecho y lo investigue; toda vez que para la promoción del juicio constitucional es menester que la autoridad emita una determinación que ocasione una molestia o afectación directa en los derechos humanos del solicitante del amparo, para que éste se encuentre legitimado para accionar la vía constitucional. Tampoco es dable aducir indefensión el que llegue a tener conocimiento pleno de los hechos denunciados hasta que se lleve a cabo su detención, lo cual se argumenta, daría lugar a una afectación irreparable; pues no debe perderse de vista que antes de ser llamado a declarar el investigado todavía no es parte en la relación procesal, y únicamente en el caso de que ya forme parte en el procedimiento penal (en el caso concreto, la fase de carpeta de investigación) cuando puede tener acceso a la indagatoria, nombrar defensor, ofrecer pruebas y a hacer valer sus defensas, no antes por no encontrarse aún inmerso en la indagatoria, ni tampoco puede argumentar que existe reserva en la misma si no hay prueba alguna de tal circunstancia. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la propia ley procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Israel Ruíz Lomelí.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido vía interconexión el ocurso de cuenta, a través del cual, Gilberto García Hurtado, autorizado de la parte quejosa Israel Ruiz Lomelí, en esencia solicita le sea autorizado el acceso al expediente electrónico, bajo el nombre de usuario "GILBERTO70", mismo que fue tramitado ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese tenor, toda vez que se encontró registro del aludido usuario, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Delegado de la autoridad responsable Dirección General de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, con residencia en esta ciudad, en atención al oficio 2361/2022 de este índice, señala que dada la naturaleza jurídica de los actos reclamados a dicha autoridad, consistente en la publicación de la Fe de Erratas al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Metepec, no existe materia para informar sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, ello de conformidad con la tesis aislada de rubro "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN." Atento a lo anterior, no obstante los argumentos que vierte la autoridad oficiante, reitéresele que en la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, en los autos del amparo en revisión 253/2021 de su índice, se concedió el amparo a LEED CONSTRUCTION DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para el efecto siguiente: "[.] se desincorpore de la esfera jurídica de la peticionaria del amparo, la fe de erratas publicada el seis de octubre de dos mil veinte, y no le sea aplicada en el presente ni en lo futuro; lo que a su vez implica que la quejosa no quede relevada de su deber de cumplir con las reglas previstas para la realización de su objeto social, sino que lo deberá hacer conforme lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Urbano vigente en dos mil dieciocho." En consecuencia, con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten; apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos artículos 237, fracción I, y 258 de la ley de la materia y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, por analogía jurídica la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Ahora bien, la autoridad oficiante refiere sustentar su dicho en la tesis aislada de rubro "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION"; no obstante, la misma no es aplicable al caso concreto, máxime que ésta es orientativa y no vinculante, por lo que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes.

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