Israel Rojas Espinosa

Expediente 704/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
704/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • Israel Rojas Espinosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    agréguese el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca; mediante el cual acusa recibo del oficio 19877/2023 con el cual se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 704/2023-V promovido por Israel Rojas Espinosa, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano y otras autoridades penitenciarias. Asimismo, téngasele informando que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda que dio origen al cuaderno de antecedentes en que se actúa. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente cuaderno, por tratarse de un asunto concluido. Con fundamento en el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de seis meses, contado a partir de la emisión de este proveído

  2. Principal

    agréguese a los autos el escrito signado por el Defensor Público del quejoso Israel Rojas Espinosa; en atención a su contenido, informa que cumple la prevención formulada en proveído de dos julio y tres de agosto del año en curso, pues manifiesta que asesoró al quejoso para atender dicho requerimiento, y adjunta las constancias para acreditarlo, así como el escrito de desahogo suscrito por Israel Rojas Espinosa. Derivado de la prevención formulada y la asesoría brindada, el quejoso señala como acto reclamado la orden de trasladarlo del centro de reclusión donde se encuentra actualmente y, bajo protesta de decir verdad, como autoridad responsable al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano". Incompetencia en relación con los actos reclamados atribuidos a autoridades penitenciarias residentes en el Estado de México. De acuerdo con lo manifestado por el quejoso, el acto reclamado en esta instancia constitucional es la orden de trasladarlo del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano". Esta circunstancia de lugar hace manifiesto que el acto reclamado necesariamente comenzará a ejecutarse en Toluca, Estado de México, por ser el lugar de reclusión del quejoso, en donde ejercen jurisdicción los Jueces de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por tanto, este juzgado carece de competencia legal para conocer de tales actos reclamados, por cuestión de territorio, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone que la competencia del Juez de Distrito se determina, en primer lugar, con base en el lugar donde deba ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Se reitera, la incompetencia advertida se sustenta en el hecho de que el acto reclamado necesariamente deberá comenzar a ejecutarse en Toluca, Estado de México, pues versa sobre el traslado del centro donde está recluido el quejoso, ubicado en esa entidad federativa, a uno diverso. Por ende, no hay elementos para sostener que se surte competencia en favor de otro órgano jurisdiccional distinto a los residentes en esa circunscripción. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer del acto reclamado, y declina el conocimiento de la acción constitucional en favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno. Es aplicable, tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible Semanario Judicial de la Federación 65 Segunda Parte, Séptima Época, pagina 15, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Asimismo tiene aplicación la tesis de la entonces Sala Auxiliar, publicada en el semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 217-228, Séptima Parte, página 88, que dice: "COMPETENCIA, CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AÚN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO.- Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aún después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase los autos de este juicio al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, al que se considera legalmente competente para conocer del acto reclamado, para que se pronuncie al respecto, solicitándole comunique su decisión para los efectos legales correspondientes. Fórmese cuaderno de antecedentes y realícese la captura correspondiente en el libro de gobierno electrónico respectivo. Se notifica determinación a la defensa del quejoso. A efecto de que el defensor público del quejoso tenga conocimiento de la presente determinación, notifíquesele mediante oficio. Notifíquese; hágase mediante oficio al defensor público del quejoso. Así lo proveyó y firma Karla María Macías Lovera, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de Víctor Márquez Ávila, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    isto lo de cuenta, agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por el Defensor Público del quejoso, mediante el cual pretende cumplir con la prevención formulada en auto de dos de julio pasado. Ahora bien, en el citado proveído se requirió a la parte promovente lo siguiente: "ÚNICO. Precise de manera clara y concreta cuáles son los actos reclamados que se atribuyen a los jueces de distrito señalados como autoridades responsables. Lo anterior, en virtud de que en la demanda de amparo únicamente se señalan como actos reclamados a los jueces de distrito los marcados con los números 4 y 5 del capítulo respectivo, consistentes en la violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales. Sin embargo, tales asertos no constituyen actos reclamados, sino conceptos de violación, pues son planteamientos que tienden a que un acto u omisión sea calificado inconstitucional, ya sea por ser contrario al principio pro persona o a los criterios internacionales. Sin embargo, no se tiene cumplida la prevención, pues el quejoso en el escrito de cuenta, además de no atender el requerimiento formulado, aclara que el acto reclamado únicamente es la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, en el caso del "Centro Federal de Readaptación Social número I, Altiplano de Almoloya de Juárez, Estado de México" al "Centro Federal de Readaptación número 13 Oaxaca", verificado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, sin precisar las autoridades a las cuales les reclama ese acto. Por tanto, es necesario que el quejoso atienda la prevención formulada en auto de dos de julio del año en curso, así como que aclare las manifestaciones formuladas ante su defensor mediante el escrito que se atiende. Por ende, se requiere de nueva cuenta al quejoso por conducto de su defensor Enrique Leal Robles, para que realice lo siguiente: PRIMERO. Precise de manera clara y concreta cuáles son los actos reclamados que se atribuyen a los jueces de distrito señalados como autoridades responsables. Lo anterior, en virtud de que en la demanda de amparo únicamente se señalan como actos reclamados a los jueces de distrito los marcados con los números 4 y 5 del capítulo respectivo, consistentes en la violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales. Sin embargo, tales asertos no constituyen actos reclamados, sino conceptos de violación, pues son planteamientos que tienden a que un acto u omisión sea calificado inconstitucional, ya sea por ser contrario al principio pro persona o a los criterios internacionales. SEGUNDO. Precise las autoridades responsables a las cuales reclama su traslado realizado el veintisiete de noviembre de dos mil veintidós. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el número 347 en la página 293, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." (Énfasis añadido) Consecuentemente, en razón de que se advierte que la prevención realizada el pasado dos de julio de los actuales no se encuentra satisfecha, sigue firme dicho requerimiento y apercibimiento, el cual deberá cumplirse dentro del plazo ahí concedido. En ese aspecto, debe decirse que este acuerdo no prorroga el plazo que le fue otorgado para atender la prevención formulada, por lo que cuenta con cuatro días hábiles para tal efecto, dado que la notificación de ese último proveído es del treinta y uno de julio del año en curso, por lo que surtió efectos el uno de agosto del actual, y el dos siguiente se presentó el escrito que se acuerda.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese el oficio suscrito por la Defensora Pública adscrita al área de Amparos y Fianzas de Interés Social del Instituto de la Defensoría Pública, ***, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciocho de julio del actual, informa que acepta y protesta el cargo de representante legal del justiciable ***. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ***, Estado de México. Como medio de contacto expedito, los correos electrónicos *** y ***, así como los número telefónicos ***, para en caso de que este Juzgado considere necesario comunicarse por esta vía. Téngase a las personas designadas en su escrito como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,043 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano