Israel Rodríguez García
Expediente 969/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 02/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Israel Rodríguez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, dos de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 14938/2019, de quince de abril del año en curso, mediante el cual, se le notificó el proveído emitido en esa misma data y se le remitieron las constancias relativas al expediente 1509/2018 de su índice administrativo. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, dos de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 14938/2019, de quince de abril del año en curso, mediante el cual, se le notificó el proveído emitido en esa misma data y se le remitieron las constancias relativas al expediente 1509/2018 de su índice administrativo. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, quince de abril de dos mil diecinueve. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que de las constancias que conforman los presentes autos se advierte que en la sentencia de cinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas 78 a 84), se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso *************, en los siguientes términos: En tales condiciones, ante lo fundado de los conceptos de violación, atendiendo a la suplencia de la queja deficiente de conformidad con el artículo 79, fracción II de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso *************, para el efecto de que la autoridad judicial responsable Juez Sexto de Primera Instancia con sede en Orizaba, Veracruz: 1. Deje insubsistente la resolución dictada el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente *************, de su índice. 2. En su lugar emita una nueva en la deberá analizar, como medio de prueba, la declaración que formuló la actora en el desahogo de vista, vinculada con los ingresos que percibe el demandado; lo que constituye uno de los parámetros para determinar la proporcionalidad de la pensión alimenticia provisional. 3. Con plenitud de jurisdicción y libertad de criterio, resuelva lo conducente, pero respetando el principio de congruencia, de conformidad con el artículo 17 Constitucional, en relación con el precepto 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz (foja 82 vuelta) De lo que se infiere que la autoridad responsable, Juez Sexto de Primera Instancia, Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo debía realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la resolución de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el expediente *************, de su índice. 2. En su lugar, emitir una nueva en la que analice como medio de prueba la declaración que formuló la actora en el desahogo de vista, vinculada con los ingresos que percibe el demandado. 3. Resolver lo conducente con plenitud de jurisdicción y libertad de criterio, respetando el principio de congruencia. Por acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 96 y 97), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad Juez Sexto de Primera Instancia, Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, el cumplimiento del fallo protector. En acato a lo anterior, la autoridad responsable, mediante oficio 1054 recibido el cuatro de abril de la presente anualidad, remitió diversas constancias con las cuales justificó dar cumplimiento al fallo protector (fojas 100 a 108). Dichas documentales cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por acuerdo de cinco de abril de dos mil diecinueve (foja 110), se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada, por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al informe de cumplimiento remitidos por la autoridad responsable. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que la parte quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de cinco de abril del año en curso, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. De la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por la Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz, se advierte que mediante resolución de uno de abril de dos mil diecinueve, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dictada los autos del expediente *************, de su índice (foja 101). Posteriormente, con plenitud de jurisdicción y libertad de criterio, emitió una nueva determinación, en la que con fundamento en los artículos 210 y 320 del Código Procesal Civil para el Estado de Veracruz, analizó como medio de prueba la declaración que formuló la actora, en el desahogo de vista, vinculada con los ingresos que percibe el demandado, ************* (foja 107). Sobre esa base, en la nueva resolución de uno de abril de dos mil diecinueve, el juez responsable determinó confirmar la pensión alimenticia provisional decretada del sesenta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el demandado, a favor de *************, por su propio derecho y en representación de su menor hija -aquí tercero interesada-, lo anterior respetando el principio de congruencia, de conformidad con el artículo 17 Constitucional, en relación con el precepto 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que se subsanaron las irregularidades precisadas en el cuerpo del fallo amparador. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la presente data. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese orden, el presente expediente principal una vez transcurridos cinco años es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo general conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, ya que en el presente juicio se concedió la protección constitucional solicitada; en el entendido de que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en el primer párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que es susceptible de destrucción, al existir cuaderno original de dicho incidente una vez transcurridos seis meses. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, de autos se desprende que en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 55 y 56), se ordenó formar un tomo de prueba con las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, y toda vez que en los párrafos que anteceden se determinó archivar el presente asunto como totalmente concluido, resulta innecesaria su conservación; por tanto, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, quince de abril de dos mil diecinueve. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que de las constancias que conforman los presentes autos se advierte que en la sentencia de cinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas 78 a 84), se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso *************, en los siguientes términos: "[.] En tales condiciones, ante lo fundado de los conceptos de violación, atendiendo a la suplencia de la queja deficiente de conformidad con el artículo 79, fracción II de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso *************, para el efecto de que la autoridad judicial responsable Juez Sexto de Primera Instancia con sede en Orizaba, Veracruz: 1. Deje insubsistente la resolución dictada el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente *************, de su índice. 2. En su lugar emita una nueva en la deberá analizar, como medio de prueba, la declaración que formuló la actora en el desahogo de vista, vinculada con los ingresos que percibe el demandado; lo que constituye uno de los parámetros para determinar la proporcionalidad de la pensión alimenticia provisional. 3. Con plenitud de jurisdicción y libertad de criterio, resuelva lo conducente, pero respetando el principio de congruencia, de conformidad con el artículo 17 Constitucional, en relación con el precepto 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz [.]" (foja 82 vuelta) De lo que se infiere que la autoridad responsable, Juez Sexto de Primera Instancia, Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo debía realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la resolución de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el expediente *************, de su índice. 2. En su lugar, emitir una nueva en la que analice como medio de prueba la declaración que formuló la actora en el desahogo de vista, vinculada con los ingresos que percibe el demandado. 3. Resolver lo conducente con plenitud de jurisdicción y libertad de criterio, respetando el principio de congruencia. Por acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 96 y 97), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad Juez Sexto de Primera Instancia, Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, el cumplimiento del fallo protector. En acato a lo anterior, la autoridad responsable, mediante oficio 1054 recibido el cuatro de abril de la presente anualidad, remitió diversas constancias con las cuales justificó dar cumplimiento al fallo protector (fojas 100 a 108). Dichas documentales cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por acuerdo de cinco de abril de dos mil diecinueve (foja 110), se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada, por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al informe de cumplimiento remitidos por la autoridad responsable. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que la parte quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de cinco de abril del año en curso, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. De la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por la Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz, se advierte que mediante resolución de uno de abril de dos mil diecinueve, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dictada los autos del expediente *************, de su índice (foja 101). Posteriormente, con plenitud de jurisdicción y libertad de criterio, emitió una nueva determinación, en la que con fundamento en los artículos 210 y 320 del Código Procesal Civil para el Estado de Veracruz, analizó como medio de prueba la declaración que formuló la actora, en el desahogo de vista, vinculada con los ingresos que percibe el demandado, ************* (foja 107). Sobre esa base, en la nueva resolución de uno de abril de dos mil diecinueve, el juez responsable determinó confirmar la pensión alimenticia provisional decretada del sesenta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el demandado, a favor de *************, por su propio derecho y en representación de su menor hija -aquí tercero interesada-, lo anterior respetando el principio de congruencia, de conformidad con el artículo 17 Constitucional, en relación con el precepto 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que se subsanaron las irregularidades precisadas en el cuerpo del fallo amparador. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la presente data. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese orden, el presente expediente principal una vez transcurridos cinco años es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo general conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, ya que en el presente juicio se concedió la protección constitucional solicitada; en el entendido de que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en el primer párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que es susceptible de destrucción, al existir cuaderno original de dicho incidente una vez transcurridos seis meses. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, de autos se desprende que en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 55 y 56), se ordenó formar un tomo de prueba con las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, y toda vez que en los párrafos que anteceden se determinó archivar el presente asunto como totalmente concluido, resulta innecesaria su conservación; por tanto, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente.
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