Israel Rivas Castilla

Expediente 1469/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 30 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1469/2017
Año
2017
Actuaciones
30
Última actuación
13/05/2019

Partes del expediente

  • Israel Rivas Castilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado actual que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de veintinueve de abril del año en curso, se dio vista a las partes, con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito se realizó el seis de mayo de la presente anualidad, sin que a la fecha desahogaran la vista concedida, más que el Asesor Jurídico Federal Willian Leonel Cachón Rosales, en su carácter de representante especial de las menores de identidad reservada J.A.B.V. y D.A.B.V. (fojas 352 a 355). En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado a las partes para tal efecto, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En este orden de ideas, es importante precisar que por sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, este Juzgado Federal, por un lado, concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la quejosa María Rosario Pérez Benavides, y por otro, negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al quejoso Israel Rivas Castilla. Inconforme con la anterior determinación, el referido Rivas Castilla, interpuso recurso de revisión en su contra, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito. Posteriormente, por auto de dieciséis de abril último, se tuvo por recibido el oficio número 2087, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada de la resolución de diez de abril de dos mil diecinueve, pronunciada en el toca 389/2018, en la que en su resolutivo primero, en la materia de la revisión, confirmó la sentencia recurrida y en el segundo negó al nombrado quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal. Asimismo, en dicho auto, se requirió el cumplimiento de la sentencia ejecutoria a la autoridad responsable Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, al tratarse de un amparo concedido a la quejosa María Rosario Pérez Benavides, para el efecto de que dicha responsable: Dejara insubsistente la resolución reclamada, y atendiendo a los lineamientos de la sentencia dictada en estos autos, así como su facultad de recabar las pruebas que considerara necesarias, una vez analizado el material probatorio que obrara en autos del juicio de origen, con libertad de jurisdicción determinara si habían variado las condiciones del deudor alimentario y resolviera lo que en derecho procediera. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, la Juez responsable, mediante oficio 1592/2019, informó el contenido de la determinación dictada el veinticuatro de abril del año actual, en el cual, dejó sin efectos la resolución reclamada en autos del expediente 971/2016, de su índice, y emitió una nueva con libertad de jurisdicción. Asimismo, en dicha resolución, previo análisis de las constancias que integran el referido procedimiento determinó, en lo que interesa, declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto por el quejoso Israel Rivas Castilla, en contra de la parte conducente del auto reclamado de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, y en consecuencia, lo confirmó, esto es, dejó firme la pensión alimenticia de sesenta mil pesos, moneda nacional, mensuales, fijada inicialmente de manera provisional con fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, hasta en tanto contara con nuevos elementos. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que a lo anterior se oponga las manifestaciones vertidas por el Asesor Jurídico Federal Willian Leonel Cachón Rosales, en su carácter de representante especial de las menores de identidad reservada J.A.B.V. y D.A.B.V., por cuanto este Juzgador Federal para proceder a declarar o no, cumplida la sentencia que haya dictado, necesariamente habrá de realizarlo atendiendo a las consideraciones que la sustentan en relación con lo que sobre el particular haya informado y acreditado la autoridad responsable; lo cual, como ya se vio, se estima atendió cabalmente. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión derivados del presente juicio y los correspondientes a su acumulado 1474/2017-I-B, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un asunto en el que se concedió y negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de destrucción, pues se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del expediente acumulado 1474/2017-I-B, el mismo es susceptible de depuración, pues por una parte se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción de los duplicados de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del respectivo expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Por otra parte, toda vez que no existe motivo legal alguno para que sigan al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado los anexos consistentes en tres legajos de copias certificadas, dos de ellas relativas al expediente 971/2016 del índice de la autoridad responsable, y la diversa correspondiente a su expediente acumulado 286/2017; en tal virtud, devuélvanse a la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad los citados anexos, sin necesidad de que dicha autoridad acuse recibo de los mismos. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO D ELISTA DE CONFORMIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEY DE AMPARO Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado actual que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de veintinueve de abril del año en curso, se dio vista a las partes, con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito se realizó el seis de mayo de la presente anualidad, sin que a la fecha desahogaran la vista concedida, más que el Asesor Jurídico Federal Willian Leonel Cachón Rosales, en su carácter de representante especial de las menores de identidad reservada J.A.B.V. y D.A.B.V. (fojas 352 a 355). En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado a las partes para tal efecto, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En este orden de ideas, es importante precisar que por sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, este Juzgado Federal, por un lado, concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la quejosa María Rosario Pérez Benavides, y por otro, negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al quejoso Israel Rivas Castilla. Inconforme con la anterior determinación, el referido Rivas Castilla, interpuso recurso de revisión en su contra, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito. Posteriormente, por auto de dieciséis de abril último, se tuvo por recibido el oficio número 2087, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada de la resolución de diez de abril de dos mil diecinueve, pronunciada en el toca 389/2018, en la que en su resolutivo primero, en la materia de la revisión, confirmó la sentencia recurrida y en el segundo negó al nombrado quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal. Asimismo, en dicho auto, se requirió el cumplimiento de la sentencia ejecutoria a la autoridad responsable Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, al tratarse de un amparo concedido a la quejosa María Rosario Pérez Benavides, para el efecto de que dicha responsable: Dejara insubsistente la resolución reclamada, y atendiendo a los lineamientos de la sentencia dictada en estos autos, así como su facultad de recabar las pruebas que considerara necesarias, una vez analizado el material probatorio que obrara en autos del juicio de origen, con libertad de jurisdicción determinara si habían variado las condiciones del deudor alimentario y resolviera lo que en derecho procediera. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, la Juez responsable, mediante oficio 1592/2019, informó el contenido de la determinación dictada el veinticuatro de abril del año actual, en el cual, dejó sin efectos la resolución reclamada en autos del expediente 971/2016, de su índice, y emitió una nueva con libertad de jurisdicción. Asimismo, en dicha resolución, previo análisis de las constancias que integran el referido procedimiento determinó, en lo que interesa, declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto por el quejoso Israel Rivas Castilla, en contra de la parte conducente del auto reclamado de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, y en consecuencia, lo confirmó, esto es, dejó firme la pensión alimenticia de sesenta mil pesos, moneda nacional, mensuales, fijada inicialmente de manera provisional con fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, hasta en tanto contara con nuevos elementos. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que a lo anterior se oponga las manifestaciones vertidas por el Asesor Jurídico Federal Willian Leonel Cachón Rosales, en su carácter de representante especial de las menores de identidad reservada J.A.B.V. y D.A.B.V., por cuanto este Juzgador Federal para proceder a declarar o no, cumplida la sentencia que haya dictado, necesariamente habrá de realizarlo atendiendo a las consideraciones que la sustentan en relación con lo que sobre el particular haya informado y acreditado la autoridad responsable; lo cual, como ya se vio, se estima atendió cabalmente. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión derivados del presente juicio y los correspondientes a su acumulado 1474/2017-I-B, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un asunto en el que se concedió y negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de destrucción, pues se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del expediente acumulado 1474/2017-I-B, el mismo es susceptible de depuración, pues por una parte se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción de los duplicados de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del respectivo expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Por otra parte, toda vez que no existe motivo legal alguno para que sigan al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado los anexos consistentes en tres legajos de copias certificadas, dos de ellas relativas al expediente 971/2016 del índice de la autoridad responsable, y la diversa correspondiente a su expediente acumulado 286/2017; en tal virtud, devuélvanse a la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad los citados anexos, sin necesidad de que dicha autoridad acuse recibo de los mismos. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito recibido electrónicamente en este órgano jurisdiccional, del Asesor Jurídico Federal Willian Leonel Cachón Rosales, en su carácter de representante especial de las menores de identidad reservada J.A.B.V. y D.A.B.V., mediante el cual, desahoga la vista otorgada en proveído de veintinueve de abril último, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable. En tal virtud, en cuanto a las manifestaciones que realiza, resérvense para ser tomadas en consideración al resolverse sobre el cumplimiento de la sentencia ejecutoria. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO D ELISTA DE CONOFRMIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEYD E AMPARO Mérida, Yucatán, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos el oficio signado por la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, que remite en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en autos. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a los quejosos Israel Rivas Castilla y María Rosario Pérez Benavides, de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente, y cúmplase.

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