Israel Raygoza Márquez

Expediente 2135/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2135/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
21/12/2015

Partes del expediente

  • Israel Raygoza Márquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En la misma fecha la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de nueve de diciembre de dos mil quince, que desechó la demanda de garantías promovida por el quejoso Israel Raygoza Márquez; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.aksa

  2. Principal

    En nueve de diciembre de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez, con un escrito registrado con número de folio 24362.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de diciembre de dos mil quince. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Israel Raygoza Márquez, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que le fue formulada en proveído de veintiséis de noviembre del año en curso; en atención a lo anterior se provee lo siguiente: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que el motivo manifiesto se da cuando la causa de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que el motivo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable en la Novena Época, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". En el escrito aclaratorio de cuenta, la parte quejosa señaló bajo protesta de decir verdad, como acto reclamado la incorrecta integración del expediente penal 27/EA1-I/2013, misma que se valora en términos de lo dispuesto por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Se cita por aplicable, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Ahora bien, se procede a la fijación precisa del acto reclamado, en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo y con apoyo en la Tesis P VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página doscientos cincuenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, abril de dos mil cuatro, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente, se invoca la Jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, foja treinta y dos, que es del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral del escrito aclaratorio, se advierte que sustancialmente la parte quejosa promueve el presente juicio constitucional en contra de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Número Uno Especial del Estado de Zacatecas y por el acto reclamado consistente en la incorrecta integración del expediente penal 27/EA1-I/2013. Ante ello, debe decirse que el presente juicio de amparo resulta improcedente, en atención a que, la averiguación previa, no constituye un acto que pueda lesionar los derechos fundamentales del quejoso, toda vez, en primer término dicha diligencia es de orden público, actuación que no afecta la esfera jurídica del peticionario de amparo, ya que el acto de autoridad que pudiera lesionar sus garantías sería la resolución que confirmó la negativa de librar orden de aprehensión en contra de Patricia Armenta Ojeda. Aunado a ello, la integración de la indagatoria no causa daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el artículo 21 constitucional, que en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos al gobernado. En ese orden, quien esto resuelve, estima que los actos reclamados relativos a la incorrecta integración del expediente penal 27/EA1-I/2013, no son susceptibles de impugnarse a través del presente juicio de garantías, conforme la causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, de este ordenamiento legal. Es aplicable al respecto la Jurisprudencia 564, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la Octava Época, publicada en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federal 1917-2000, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." Así como la tesis que puede ser localizada en la 9a. Época; de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XX, visible en la página trescientos cincuenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de diciembre de dos mil cuatro, que establece: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Así, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, de este ordenamiento legal, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de mérito, en lo tocante a los actos reclamados relativos a la incorrecta integración del expediente penal 27/EA1-I/2013. En obvio de mayores dilaciones, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el precepto 21 de la Ley en cita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En tres de diciembre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, da cuenta al Secretario en funciones de Juez, con un escrito registrados con número de folio 23982.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de diciembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso Israel Raygoza Márquez, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil quince, sin embargo, únicamente da cumplimiento a lo requerido en el punto número "1", omitiendo dar cumplimiento a los diversos "2", "3" y "4"; lo que pone de relieve que no cumple cabalmente con los requerimientos formulados en los términos destacados; por lo que en esas condiciones, queda subsistente el apercibimiento formulado en el auto de mérito, para el caso de no cumplir. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso Israel Raygoza Márquez, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil quince, sin embargo, únicamente da cumplimiento a lo requerido en el punto número "1", omitiendo dar cumplimiento a los diversos "2", "3" y "4"; lo que pone de relieve que no cumple cabalmente con los requerimientos formulados en los términos destacados; por lo que en esas condiciones, queda subsistente el apercibimiento formulado en el auto de mérito, para el caso de no cumplir. "

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