Israel Ortega Contreras

Expediente 1731/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1731/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
15/12/2016

Partes del expediente

  • Israel Ortega Contreras
  • Instituto Mexicano del Seguro Social

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el AUXILIAR DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCUENTA DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE QUERÉTARO; por medio del cual, acusa recibo del oficio 7460, del índice de este juzgado, en el que, le fue remitido el original del expediente laboral número 08/2014, lo que asienta para los efectos legales conducentes...II

  2. Principal

    Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de diez días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso *****; hubiese recurrido el acuerdo dictado el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente devuélvase al Presidente de la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación, con residencia en esta ciudad; el original del expediente laboral 8/2014, solicitando el acuse de recibo correspondiente, en el término de tres días contados a partir de la legal notificación, apercibido que de no cumplir con lo requerido en el plazo indicado, se hará acreedor a una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente de conformidad con los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo...II

  3. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado de cuenta, rendido por el Presidente de la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación, con residencia en esta ciudad; asimismo, téngasele remitiendo el expediente laboral 8/2014. Con motivo de lo voluminoso de las constancias a que se alude en el párrafo que antecede, se dejan por cuerda separada y para consulta de las partes en la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado. Ahora, del sumario se advierte que el quejoso promovió el presente juicio de amparo, contra actos del Presidente de la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de pronunciarse respecto de la ejecución forzosa del laudo dictado el dieciséis de octubre de dos mil quince, dentro del expediente laboral 8/2014, en virtud de la petición planteada por el impetrante. Así, en el caso, se advierte de manera notoria una causa de improcedencia, a saber, la prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en términos del diverso artículo 63 fracción V, de la ley de la materia. En efecto, se estima que opera la causal de improcedencia aludida, porque de constancias de autos se advierte que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional combatida, esto es, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa, ya que la afectación al derecho fundamental que invoca ya no existe. Ello es así, porque como ya se dijo, el solicitante del amparo, instó la presente instancia constitucional, al señalar que le causaba perjuicio la omisión de la responsable de proveer sobre la ejecución forzosa del laudo dentro del juicio laboral 8/2014, no obstante su petición formulada a ese respecto, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo se hubiere pronunciado en ese tenor. Sin embargo, es de destacarse que, de las constancias que remite la Junta responsable a su ocurso de cuenta, documento público que merece pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se evidencia que el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, el hoy quejoso, en su carácter de actor compareció ante la Junta Especial número Cincuenta de la Federación de Conciliación y Arbitraje, a recibir de la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, la cantidad de $26,170.50 (veintiséis mil ciento setenta 50/100 M.N.), misma que cubre el monto de la condena habiéndose retenido por concepto de Impuesto Sobre la Renta la cantidad de $420.37 (cuatrocientos veinte 37/100 M.N.), comparecencia en la que firmaron de conformidad, tanto el actor, aquí quejoso, como el representante de la parte demandada, hoy tercero interesado, dándose así cumplimiento al laudo de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, dentro del juicio laboral 8/2014, por lo que, la Junta acordó ordenar el archivo del asunto total y definitivamente concluido. De ahí que, en el caso, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, en virtud de que, aun cuando no se acreditó que la responsable hubiera dado contestación a la petición plateada por el impetrante de garantías a fin de dar impulso a la ejecución del laudo, lo cierto es que del sumario, se aprecia que quedó demostrado que se dio cumplimiento al laudo emitido en el juicio de origen con la consecuencia que decretó el archivo del mismo, lo que da lugar a la actualización de la causal en comento, por haber dejado de existir el objeto de lo reclamado, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Se arriba a tal conclusión, en razón de que, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, que condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional, por tanto, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, si en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el acto sea inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estimara violada o bien ningún efecto jurídico tendría el fallo concesorio, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquella, o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Por lo que es incuestionable, en base a lo antes considerado, que en la especie se modificó el entorno del acto combatido; porque aun cuando no se dio contestación a la petición del peticionario de garantías, con la emisión del proveído de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, que tuvo por cumplido el laudo de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, en el juicio laboral de origen y que ordenó el archivo del mismo, su objeto dejó de existir; por ende, en el supuesto de que se resolviera el fondo del juicio de garantías, y se concediera la protección constitucional a favor del quejoso, ello resultaría del todo ocioso, en virtud de haberse modificado radicalmente el entorno en el cual se generó el acto reclamado, sin dejar huella alguna en la esfera jurídica de ésta susceptible de reparación. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, XXIV, Diciembre de 2006, visible en la Página 189, Tesis 2ª./J.181/2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en relación a los actos que se reclaman del Presidente de la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación, con residencia en esta ciudad. Adicionalmente cabe dejar en claro que procede el sobreseimiento fuera de audiencia, en la medida que aun cuando se tramitara hasta su conclusión el presente asunto, de todas formas se llegaría a la misma conclusión aquí tomada, lo que hace innecesario el trámite del juicio hasta sus últimas consecuencias. Resulta aplicable, la tesis número 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así también, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En las condiciones anotadas, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS...II

  4. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 18/11/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 17/11/2016, QUE EN LO CONDECENTE DICE: Agréguese a los autos el informe justificado de cuenta, rendido por el Presidente de la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación, con residencia en esta ciudad; asimismo, téngasele remitiendo el expediente laboral 8/2014. Con motivo de lo voluminoso de las constancias a que se alude en el párrafo que antecede, se dejan por cuerda separada y para consulta de las partes en la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado. Ahora, del sumario se advierte que el quejoso promovió el presente juicio de amparo, contra actos del Presidente de la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de pronunciarse respecto de la ejecución forzosa del laudo dictado el dieciséis de octubre de dos mil quince, dentro del expediente laboral 8/2014, en virtud de la petición planteada por el impetrante. Así, en el caso, se advierte de manera notoria una causa de improcedencia, a saber, la prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en términos del diverso artículo 63 fracción V, de la ley de la materia. En efecto, se estima que opera la causal de improcedencia aludida, porque de constancias de autos se advierte que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional combatida, esto es, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa, ya que la afectación al derecho fundamental que invoca ya no existe. Ello es así, porque como ya se dijo, el solicitante del amparo, instó la presente instancia constitucional, al señalar que le causaba perjuicio la omisión de la responsable de proveer sobre la ejecución forzosa del laudo dentro del juicio laboral 8/2014, no obstante su petición formulada a ese respecto, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo se hubiere pronunciado en ese tenor. Sin embargo, es de destacarse que, de las constancias que remite la Junta responsable a su ocurso de cuenta, documento público que merece pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se evidencia que el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, el hoy quejoso, en su carácter de actor compareció ante la Junta Especial número Cincuenta de la Federación de Conciliación y Arbitraje, a recibir de la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, la cantidad de $26,170.50 (veintiséis mil ciento setenta 50/100 M.N.), misma que cubre el monto de la condena habiéndose retenido por concepto de Impuesto Sobre la Renta la cantidad de $420.37 (cuatrocientos veinte 37/100 M.N.), comparecencia en la que firmaron de conformidad, tanto el actor, aquí quejoso, como el representante de la parte demandada, hoy tercero interesado, dándose así cumplimiento al laudo de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, dentro del juicio laboral 8/2014, por lo que, la Junta acordó ordenar el archivo del asunto total y definitivamente concluido. De ahí que, en el caso, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, en virtud de que, aun cuando no se acreditó que la responsable hubiera dado contestación a la petición plateada por el impetrante de garantías a fin de dar impulso a la ejecución del laudo, lo cierto es que del sumario, se aprecia que quedó demostrado que se dio cumplimiento al laudo emitido en el juicio de origen con la consecuencia que decretó el archivo del mismo, lo que da lugar a la actualización de la causal en comento, por haber dejado de existir el objeto de lo reclamado, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Se arriba a tal conclusión, en razón de que, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, que condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional, por tanto, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, si en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el acto sea inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estimara violada o bien ningún efecto jurídico tendría el fallo concesorio, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquella, o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Por lo que es incuestionable, en base a lo antes considerado, que en la especie se modificó el entorno del acto combatido; porque aun cuando no se dio contestación a la petición del peticionario de garantías, con la emisión del proveído de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, que tuvo por cumplido el laudo de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, en el juicio laboral de origen y que ordenó el archivo del mismo, su objeto dejó de existir; por ende, en el supuesto de que se resolviera el fondo del juicio de garantías, y se concediera la protección constitucional a favor del quejoso, ello resultaría del todo ocioso, en virtud de haberse modificado radicalmente el entorno en el cual se generó el acto reclamado, sin dejar huella alguna en la esfera jurídica de ésta susceptible de reparación. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, XXIV, Diciembre de 2006, visible en la Página 189, Tesis 2ª./J.181/2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en relación a los actos que se reclaman del Presidente de la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación, con residencia en esta ciudad. Adicionalmente cabe dejar en claro que procede el sobreseimiento fuera de audiencia, en la medida que aun cuando se tramitara hasta su conclusión el presente asunto, de todas formas se llegaría a la misma conclusión aquí tomada, lo que hace innecesario el trámite del juicio hasta sus últimas consecuencias. Resulta aplicable, la tesis número 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así también, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En las condiciones anotadas, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS...II

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano