Israel Olmos Mejía

Expediente 1301/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1301/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Israel Olmos Mejía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que a la fecha las autoridades responsables Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán e Inspector de la referida Comisión (Jesús Valencia Flores), no han sido notificadas de los oficios números 22099/2019 y 22100/2019 de diecinueve de diciembre del año en curso, mediante el cual se les requirió sus informes previos a dichas autoridades; sin embargo, tomando en consideración que del auto de dieciocho de diciembre del año en curso, emitido en el cuaderno de varios que se lleva en este Juzgado, mismo que se tiene a la vista, se advierte que las responsables en comento se encuentran gozando de su segundo período vacacional, reanudando sus labores el ocho de enero de dos mil veinte; lo cual constituye un hecho notorio para este órgano federal, de conformidad con lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, y no violar las normas del procedimiento, la audiencia incidental señalada para el día de hoy se difiere, para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomo XXIII, Junio de 2006, página 963, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia(s): Común, Registro No. 174899, que dice: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    ...Agréguese el escrito signado por...atento a su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas por duplicado, a que se refiere en su ocurso de cuenta, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos. En atención, a la petición que formula en el sentido de que se permita el uso de medios electrónicos, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. NOTIFIQUESE.

  3. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso... por medio del cual exhibe dos copias más de su escrito aclaratorio, dado que en proveído de diez de diciembre de dos mil diecinueve, se postergó la apertura del incidente de suspensión; hasta en tanto exhibiera las copias de que se trata; consecuentemente, con fundamento en los artículos 125 y 130 de la Ley de Amparo, por cuerda separada se ordena proveer sobre la suspensión provisional del acto reclamado solicitada, formando por duplicado el cuaderno correspondiente. Por otro lado, cotéjense los documentos que en original y copia certificada acompaña la parte quejosa a su demanda de amparo y glósense a los cuadernos incidentales, lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia número P/J.71/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver".

  4. Incidental

    En cumplimiento a lo ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con las copias de la demanda de amparo y escrito aclaratorio que anteceden y con fundamento en los artículos 125, 128, y 138 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número...promovido por...contra actos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por los actos que hace consistir en: "1. Preciso de manera clara que reclamo la detención indebida de mi vehículo objeto de la presente Litis, toda vez que fue excesivo el despojamiento que me hace la autoridad responsable que es COCOTRA (comisión coordinadora del transporte público), en razón de que no existe juicio administrativo de por medio, por lo cual no deben de desposeerme de mis propiedades. 2. Confirmo que el folio de la boleta de infracción de la que me quejo es el 0743 cero siete cuarenta y tres, en el entendido que en ella se encuentra la narración de hechos que hace la autoridad responsable, quien en ese momento fue el inspector de COCOTRA por ejecutar la detención por indicaciones de la dependencia gubernamental para la cual trabaja, como lo es COCOTRA (comisión coordinadora del transporte público) 3. De los antecedentes que señalo en la redacción de la demanda de amparo objeto de la presente prevención, manifiesto bajo protesta de decir verdad que lo que aludo en los mismos, es cierto.". Anterior transcripción de la que se desprende, que el quejoso hace consistir los actos reclamados en la boleta de infracción 0743, atribuida al Inspector de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (Jesús Valencia Flores) y sus consecuencias como son la detención del vehículo y la imposición de la multa, a la citada Comisión. La parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, para que le sea devuelto el vehículo particular de la marca... con número de identificación vehicular... con número de motor HR16766796H y placas...pertenecientes al estado de Michoacán. En el caso concreto el peticionario del amparo solicita expresamente en su escrito de demanda la suspensión del acto reclamado, por lo que se encuentra satisfecho el primer requisito a que alude el numeral 128 en cita. Por lo que ve a la fracción II del artículo 128 en comento, también se actualiza en razón a que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, en cuyo caso la sociedad está interesada en que éstas se cumplan, igualmente le importa que previamente a cualquier acto de autoridad a la parte quejosa se le hayan respetado los derechos fundamentales. Ahora bien, la parte quejosa acredita su interés suspensional con la factura con número de folio...de la que se advierte que se cedieron los derechos de la misma a favor del ahora quejoso, que exhibe en copia certificada, a su demanda de amparo, documental que de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ello al momento de la celebración de la audiencia incidental. Apoya a lo anterior, la tesis XXI.4o.17 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1460, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "SUSPENSIÓN. SE ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO SI QUIEN LA SOLICITA DEMUESTRA SER PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Basta con demostrar ser parte demandada en el juicio natural del cual emanan los actos reclamados, para acreditar el interés jurídico que le asiste en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo, sobre todo si se trata de un juicio seguido en la vía especial hipotecaria que trae aparejada ejecución sobre el bien hipotecado, que resulta ser la base del adeudo y, por tanto, del litigio; lo anterior aunado al hecho de que la autoridad responsable admite la existencia del acto". Tiene aplicación en lo conducente, por identidad de razón, la jurisprudencia número P./J. 96/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que textualmente dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado". Se cita también la diversa jurisprudencia número 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". En consecuencia, sin prejuzgar respecto de la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados y dado que existe solicitud expresa de la parte quejosa, este órgano jurisdiccional determina CONCEDER la suspensión provisional para el único efecto de que le sea devuelto al quejoso ISRAEL OLMOS MEJÍA, el vehículo particular de la marca NISSAN modelo 2014 dos mil catorce tipo Sedan Color Rojo, con número de identificación vehicular 3N1CC1AS2EK213061, con número de motor HR16766796H y placas PFY224S pertenecientes al estado de Michoacán, dado que la autoridad responsable puede hacer uso de los medios a su alcance para realizar el cobro de la multa impuesta, con motivo de la infracción con folio 0743, del veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, jurisprudencia 2a./J 59/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1186, del Tomo 2, Julio de 2012, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. SE PUEDE CONCEDER ANTE EL DESPOSEIMIENTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR POR PARTE DE LA AUTORIDAD, PORQUE NO ES UN ACTO CONSUMADO. El desposeimiento de una licencia de conducir llevada a cabo por una autoridad antes de promover juicio de amparo no es un acto consumado para efectos de la suspensión, ya que sus consecuencias se prolongan durante el tiempo que el documento no se regrese al quejoso; por tanto, cuando se solicite la medida cautelar para que la autoridad devuelva el documento en cuestión, es factible decretarla sin que ello implique darle efectos restitutorios, al no dejar insubsistente el acto reclamado sino mantener viva la materia del juicio, a fin de que sea la ejecutoria de amparo la que, en su caso, permita a la autoridad responsable ejecutar el acto en sus términos o restituir al agraviado en el goce de sus derechos. En todo caso, la concesión estará sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público -en cuyo caso se podrá realizar un análisis de la apariencia del buen derecho-, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado; lo que el órgano que conozca de la suspensión deberá analizar en cada caso, atendiendo a los motivos y fundamentos del acto reclamado." Sin que la concesión de la medida cautelar solicitada, respecto de los actos reclamados implique que se le permita a la parte quejosa prestar el servicio de transporte público o se le exima de que se le puedan imponer diversas multas o sanciones derivadas de tal actuación, ya que no acredita que cuente con la autorización respectiva para tal efecto. Sustenta lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia IV.1o.A. J/26 (10a), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, correspondiente a la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA CANCELACIÓN DE LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN PARA OPERAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TAXIS, SI PREVIAMENTE NO SE HA OTORGADO EL DERECHO HUMANO DE AUDIENCIA PREVIA Y SIN EL DESAHOGO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Este Tribunal, en la tesis IV.1o.A.4 A (10a.), de rubro "LESIVIDAD. LA EXPEDICIÓN DE PLACAS, TARJETAS DE CIRCULACIÓN Y RECIBOS DE PAGO A UN PARTICULAR, PRESUPONE LA OBTENCIÓN LEGAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, mayo de 2012, Tomo 2, Décima Época, página 2064; sostuvo medularmente que en tratándose de los vehículos dedicados al servicio público de taxis, la expedición de placas, tarjetas de circulación y recibos de pago a un particular, presupone la existencia de la concesión como origen de dichos actos administrativos y la obtención legal de los títulos en términos del artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León; además, que en el juicio de lesividad instado por la autoridad para revocar dichas concesiones; no correspondía al particular acreditar la acción dolosa en perjuicio del Estado, sino a éste por ser quien planteó esa afirmación; por tanto, se estableció que la expedición de placas obliga a la autoridad administrativa a continuar reconociendo la tramitación y obtención legal de los títulos que las amparan. En ese tenor, contra la determinación de la autoridad estatal de cancelar los títulos de concesión para operar el servicio público de taxis, sin otorgar el Derecho Humano de audiencia previa y sin el desahogo de un procedimiento previo, en un asomo preliminar de constitucionalidad en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo, es procedente conceder la suspensión con fundamento en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues en un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, se estima que es mayor la afectación que podría resentir la quejosa con la negativa de la suspensión que la que pudiere resentir la sociedad, pues se le privaría de la posibilidad de seguir prestando la actividad lícita que le proporciona un ingreso para su subsistencia, mientras que la sociedad no resentiría perjuicio alguno con la concesión de la medida, toda vez que al haber acreditado el quejoso contar con una concesión, presupone el cumplimiento previo de los requisitos legales para prestar el servicio público de transporte en su modalidad de taxi; además de que, la propia sociedad está interesada en que se respeten los derechos fundamentales de los quejosos y se sigan los procedimientos, cumpliendo oportunamente con las reglas del debido proceso." Ahora bien, toda vez que el monto de la sanción que se impuso al quejoso con motivo del servicio que dice no prestaba legalmente puede ser tutelado mediante el otorgamiento de una garantía distinta al vehículo que sea suficiente para responder por la infracción. Se estima necesario que la concesión de la medida suspensional debe garantizarse ante la autoridad responsable, con el pago de la sanción impuesta, esto es, la multa que le fue impuesta en la boleta de infracción 0743, así como los demás gastos generados por ese motivo. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia PC.XI.J/7A(10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, correspondiente a la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO. SI SE RETIENE AL QUEJOSO EL VEHÍCULO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LA MULTA IMPUESTA POR PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE SIN LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA, PROCEDE CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR PARA QUE LE SEA DEVUELTO MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE OTRA GARANTÍA SUFICIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 147 de la Ley de Amparo, se determina que si se impone al quejoso una multa por prestar el servicio público de transporte sin autorización y que el pago de ésta se garantiza con el propio vehículo, debe concederse la suspensión para el efecto de que se le restablezca provisionalmente en el goce del derecho violado y a que le sea devuelto mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, sin que esto implique una aprobación para que continúe con la prestación del servicio de transporte sin la autorización respectiva, toda vez que con la concesión de la medida cautelar no se ocasiona perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, si se considera que la colectividad no se ve privada de un beneficio legal, ni se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, en atención a la facultad prevista en el artículo 147 de la Ley de Amparo y a la apariencia del buen derecho, en relación con los preceptos 58 y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, deben dictarse las medidas necesarias para que el monto de la multa citada pueda respaldarse mediante el otorgamiento de otra garantía suficiente para responder de aquélla, pues así se conserva la materia de la controversia y se evita que el quejoso sufra afectaciones en su esfera jurídica, en tanto se resuelve el fondo del amparo". Con fundamento en el artículo 143, segundo párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por admitida y desahogada en razón a su naturaleza las pruebas documentales referidas, sin perjuicio de hacer nueva relación al momento de la celebración de la audiencia incidental respectiva. Mediante oficio correspondiente, al que deberá agregarse copia de la demanda de garantías, pídase a las autoridades responsables, su informe previo que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el cual se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen; asimismo, podrán expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, y deberá proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al suscrito juzgador establecer el monto de las garantías correspondientes, conforme lo establece el artículo 140 de la nueva Ley de Amparo; apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso concedido, con fundamento en el artículo 142, se presumirá cierto el acto reclamado y además, en su caso, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos del numeral 260 fracción I, de la citada ley. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia incidental. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo aquellos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalas como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Desde este momento se autoriza las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia incidental. Finalmente, dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe previo vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano