Israel Morales Blanco

Expediente 159/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
159/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Israel Morales Blanco

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de febrero del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se tuvo por no presentada la demanda de amparo ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de veintitrés de febrero del año en curso se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que con esa resolución se puso fin al juicio sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo para que el promovente del amparo diera cumplimiento a la prevención ordenada en proveído de once de febrero pasado, sin que la subsanara. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 159/2022. Prevención. Ahora bien, respecto a la solicitud de la promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la ley de la materia, entre los cuales se encuentran los que marcan los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, que en lo referente establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación." [.] "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; [.]. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada." Así, se advierten irregularidades que requieren ser aclaradas, pues conforme al citado precepto 114, todo solicitante de la protección de la Justicia Federal debe expresar con precisión en su escrito inicial de demanda, entre otras cosas, el nombre y domicilio del quejoso, el que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación, se cite el acto que de cada autoridad se reclame, es decir, es necesario que de forma clara señale qué actos se atribuyen a cada una de las autoridades designadas como responsables, la fecha de conocimiento de éste y se narre bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el promovente en el principio de esta se ostenta con el nombre de Israel Morales Blanco; sin embargo, en el apartado relativo a nombre y domicilio del quejoso refiere ser Odón Paredes Gómez, circunstancia que impide fijar de forma clara y precisa la titularidad de quien promueve esta instancia constitucional lo cual se relaciona con el interés jurídico de quien solicita el amparo, y con ello dar oportunidad a las partes de ofrecer pruebas sobre el particular. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados. Lo cual influye de cierta forma dentro de la litis constitucional en el presente asunto, y sólo teniendo certeza de la persona ante la cual recae la titularidad del derecho que se estima violado, se permita a las autoridades tener un conocimiento preciso de lo que se les reclama en el juicio de amparo y, aunado a ello, estén en aptitud de formular una adecuada defensa al rendir sus informes justificados. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis II.1o.A.32 K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. y XVIII.4o.2 K dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, de rubros y textos siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE PROCEDE LA ACLARACIÓN DEL NOMBRE DEL QUEJOSO. El nombre, en el derecho, es un atributo de las personas que permite individualizarlas y distinguirlas unas de otras, a fin de identificarlas y establecer su filiación, por lo que en virtud del principio de seguridad jurídica, las personas tienen el deber de ostentarse con su propio nombre en sus relaciones civiles. Así, el artículo 116, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que las personas tienen el deber de ostentarse con su propio nombre en el juicio de garantías. Del mismo modo, la omisión o irregularidad de tal requisito puede considerarse como una irregularidad de la demanda que, de conformidad con el artículo 146 de la citada ley, de resultar evidente, hace necesario que el quejoso sea prevenido, a fin de que la subsane, y de esa manera acceder a la impartición de justicia. Sin embargo, el legislador no previó expresamente el caso de una irregularidad u omisión en el nombre propio del quejoso, que éste advierta y no resulte evidente para el juzgador. Por tanto, a fin de colmar esa laguna jurídica, y con apoyo en una interpretación analógica, teleológica, y sistemática de los artículos 17 constitucional, 116 y 146 de la invocada ley, y a la luz de la garantía de acceso a la jurisdicción, este tribunal considera que no existe obstáculo para que se regularice la expresión del nombre propio del quejoso que se haya enunciado en forma incompleta en la demanda de garantías, si es éste quien, sin mediar prevención, formula la aclaración correspondiente, siempre que para no vulnerar el principio de seguridad jurídica, tal regularización se apoye en elementos que permitan establecer con certeza que el quejoso es la misma persona que la que ostenta el nombre propio o de pila que se pretende regularizar, y que ello se realice dentro del plazo de tres días establecido en el mencionado artículo 146, el cual deberá contarse a partir del día siguiente a la presentación de la demanda de amparo." "NOMBRE DEL QUEJOSO. EL JUEZ DEBE REQUERIR SU ACLARACIÓN, AL PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Y NO EN OTRO MOMENTO, SI DE ÉSTA O DE SUS ANEXOS SE ADVIERTE TAL NECESIDAD. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece los requisitos que deben expresarse al formular la demanda de garantías, a fin de proporcionar a las partes los elementos necesarios para su defensa y facilitar al juzgador el desarrollo de su función jurisdiccional. Por ello, si al proveer sobre su admisión, no se tiene certeza del nombre del quejoso, porque de la demanda o de sus anexos se advierte uno diverso, el Juez de Distrito debe prevenir a quien promueve para que, dentro del término de tres días aclare esa circunstancia, apercibiéndolo que de no dar cumplimiento a tal prevención, tendrá por no interpuesta la demanda; sin que en ese supuesto sea válido requerir al promovente para que lo haga en otro momento procesal, pues dicha irregularidad atañe a un componente de la legitimación activa, cuyo estudio es de orden público, aunado a que ello puede argumentarse para evidenciar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. De esa manera puede evitarse, en su caso, la tramitación de un juicio inútil, o bien, fijarse desde su inicio ese aspecto; elemento destacado del litigio constitucional, en relación con el interés jurídico de quien solicita el amparo, dándole oportunidad a las partes de ofrecer pruebas sobre el particular. Por tanto, la omisión de requerir al promovente la aclaración de su nombre y en la oportunidad referida, implica una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento del juicio de garantías para que, previo al acuerdo admisorio de la demanda de amparo, requiera al promovente con la finalidad de que señale ese aspecto de su persona." En esos términos, se requiere al promovente para que dentro del plazo de cinco días cumpla con el requisito señalado, por lo que tendrá que realizar lo siguiente: Deberá indicar quién es la parte quejosa, por lo que tendrá que señalar su nombre correcto y completo en términos de lo previsto por el arábigo 108, fracción I, de la Ley de Amparo. Máxime que dicha circunstancia no se puede dilucidar pues al calce de la demanda solamente aparece una rúbrica sin poder establecerse a quien corresponde. Es aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cuarenta y cuatro, tomo seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, quinta época, cuyo título y texto es: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA. No debe el juez desecharla de plano, sino mandar que sea aclarada en los términos de la ley." Se le apercibe que de no cumplir con lo ordenado en el plazo que se indica, se tendrá por no presentada la demanda en términos del penúltimo y último párrafos del numeral 114 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados. Dado que la disidente señaló los estrados para recibir notificaciones, sin que esa vía de comunicación procesal esté prevista legalmente, con fundamento en lo establecido por el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia notifíquese por lista esta resolución judicial, así como las ulteriores determinaciones, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto el justiciable señale un domicilio procesal. Por otro lado, se tiene como su autorizado en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo a la persona que indica, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ni acreditó con documento idóneo que ejerza la profesión de licenciada en derecho. Medio de contacto para comunicaciones no procesales. Téngase al disidente por señalado el número telefónico y correo electrónico que proporciona, únicamente como medio de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Notifíquese personalmente.

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