Israel Montes de Oca Sanchez
Expediente 500/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/08/2021
Partes del expediente
- Israel Montes de Oca Sanchez
Actuaciones
- Principal
...La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia de diecinueve de julio del dos mil veintiuno, por la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado.ARCHIVO. Notifíquese.
- Principal
vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 500/2021-VI promovido por Israel Montes de Oca Sánchez, contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Toluca, Estado de México. R E S U L T A N D O Presentación de la demanda: El tres de junio de dos mil veintiuno. Admisión: El cuatro de junio de dos mil veintiuno. Intervención al Agente de Ministerio Público adscrito: El siete de junio de dos mil veintiuno. Audiencia constitucional: En esta fecha, que se desarrolló al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35, 37, 107, de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclama una dilación laboral y la demanda se presentó ante este órgano jurisdiccional. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La omisión de señalar día y hora para el desahogo de la prueba pericial en materia caligráfica, grafoscopica y grafometría, dentro del expediente laboral J.29/535/2015 Tercero. Existencia del acto reclamado. La Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Toluca, Estado de México, fue omisa en rendir su informe justificado dentro del plazo otorgado, no obstante de estar debidamente notificada para tales efectos, tal y como se advierte del oficio 9736/2021 emitido dentro de los autos del juicio de amparo, el cual que obra integrado en el expediente electrónico, del que se advierte que se le notificó el ocho de junio del año en curso, por lo que, en términos del artículo 31 fracción I, de la Ley de Amparo, dicha notificación surtió sus efectos en esa misma fecha, por tanto el plazo transcurrió del 31 fracción I de la Ley de Amparo, surtió sus efectos en esa misma fecha, por lo cual el plazo transcurrió del nueve al veintinueve de junio de dos mil veintiuno, sin contar los días inhábiles correspondientes. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. Cuarto. Causa de improcedencia. Previo el estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Conviene establecer que para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible, debe sobreseer en el juicio, abstenerse de conocer de ella y concretarse a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, constituye un obstáculo que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. En el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia que se establece en los artículos 61, fracción XII, 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los numerales indicados establecen: Ley de amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley; (.)". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.(.)." Del contenido de los artículos trascritos deriva que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, lo cual constituye uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, que se traduce en que éste debe instarse a petición de quien resulte lesionado en sus derechos humanos. Por eso, se promoverá por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. En ese orden de ideas, para que una persona se encuentre legitimada para instar la acción constitucional, deberá justificar que es titular de un derecho o de un interés legítimo, según sea el caso, además que con motivo de ello exista una afectación real y actual. De lo contrario, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Es así, pues existe una estrecha vinculación del interés jurídico con la legitimación, pues ese medio de control constitucional puede promoverlo la persona que se vea afectada por la norma o el acto, siempre y cuando exista una afectación real y actual a un derecho o interés, la cual debe ser personal y directa. La legitimación y el interés jurídico convergen en un punto similar para su materialización, esto es, que el quejoso sea afectado en su esfera jurídica y si se trata de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. El interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que derivado de la norma objetiva se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. En relación con el agravio y perjuicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el primero debe ser actual para justificar la acción de amparo, y el segundo, es la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado. Apoya lo anterior, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia visible en la página 135, Volumen 199-204, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: De ahí que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que se tenga por acreditado el interés jurídico de la parte promovente, pues para ello es necesario que se demuestre que el acto reclamado lesiona sus intereses jurídicos. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Tales elementos son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En materia de amparo el agravio se identifica con la afectación de un interés jurídico o legítimo; así, tendrá el carácter de parte agraviada quien al acudir al juicio de amparo cumpla con las siguientes condiciones: 1) Aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) Alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) Demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por tanto, para ser parte agraviada es necesario, entre otras cosas, ser la persona a quien directamente se causa la molestia, por ende, no podrá tener esa calidad un tercero a quien indirectamente afecte la violación. La procedencia requiere además de la demostración de un acto de autoridad posiblemente violatorio de algún derecho, que produzca una afectación real, actual, personal y directa, así como que el peticionario sea titular de ese derecho que según él se pudiera ver afectado por aquél. Esto implica, que el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. De esa forma, es viable señalar que para estar legitimado para instar la acción de amparo se requiere ser titular de un derecho o interés legítimo que cause una afectación real y actual; además, para que resulte procedente debe ser demostrado el interés jurídico o legítimo. De lo que se sigue que finalmente la legitimación y el interés jurídico deberán analizarse conjuntamente para generar la procedibilidad de dicho juicio, pues sólo cuando coinciden se estará en aptitud de entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto estimado violatorio de derechos fundamentales. Por lo tanto, si el quejoso aduce reclamar en el presente juicio la omisión de señalar día y hora para el desahogo de la prueba pericial en materia caligráfica, grafoscopica y grafometría, dentro del expediente aboral J.29/535/2015, del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Toluca, Estado de México. Sin embargo, se advierte que en el presente asunto, el quejoso no ofreció medio de convicción alguno para demostrar que efectivamente tiene la calidad de actor o alguna otra calidad dentro del expediente laboral J.29/535/2015. Lo anterior, pues la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir su informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, por lo que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. En esas condiciones, no es suficiente que el promovente se ostente como afectado al no desahogarse las pruebas en materia caligráfica, grafoscopica y grafometría, dentro del expediente laboral J.29/535/2015, sino que debía haberlo acreditarlo con prueba idónea de que es parte dentro de ese procedimiento, pues el interés jurídico debe probarse de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones. En las relacionadas circunstancias, al haberse actualizado la causa de improcedencia invocada, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con el numeral 63 fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, ambos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 77, 217 y Sexto Transitorio, todos, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Israel Montes de Oca Sánchez, contra la autoridad y por los motivos descritos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese.
- Principal
.... La certificación de cuenta y el estado procesal de autos evidencia que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse hoy, sin embargo, no obra en auto el informe justificado de la autoridad responsable Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Toluca, Estado de México; asimismo, se advierte que dicho requerimiento se le notificó el ocho de los cursantes, por lo que el plazo de quince días comprendido por el artículo 117 de la Ley de la Materia para el rendimiento del informe justificado, aún se encuentra trascurriendo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional prevista para hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las doce horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de julio de dos mil veintiuno. ....
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; se provee lo siguiente: RADICACION DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por Israel Montes de Oca Sánchez; contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Toluca, Estado de México, fórmese el expediente respectivo, regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 500/2021-VI. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite, la demanda de amparo. ....Señalamiento de la audiencia. Se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento de informe justificado. ....Notifíquese; y personalmente al tercero interesado.
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