Israel Moctezuma Viveros

Expediente 786/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
786/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
06/09/2018

Partes del expediente

  • Israel Moctezuma Viveros

Actuaciones

  1. Principal

    ... quien se ostenta tercera interesada comparece a este juicio de amparo... dígasele respetuosamente que deberá estar a lo acordado en el proveído de... mediante el cual causó estado el diverso que desechó la demanda de amparo promovida por... expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica...

  2. Principal

    ... se advierte que transcurrió el término para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído que desechó su demanda de amparo, sin que lo hiciera valer... procede declarar que dicho acuerdo CAUSÓ ESTADO.... archívese este asunto como concluido....

  3. Principal

    *** quien se ostenta tercera interesada comparece a este juicio de amparo...deberá estar a lo acordado en el proveído...mediante el cual se desechó la demanda de amparo...expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica y entréguese a la promovente o profesionistas que autoriza.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE, EL ACUERDO QUE DICE: El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad envía la demanda de amparo promovida por *** contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia, residente en esta ciudad; asimismo, remite, entre otros, los oficios 3827/2018 y 3829/2018 mediante los cuales rindió su informe justificado el juzgado responsable, un tomo de pruebas relativo al juicio ordinario mercantil *** del índice de dicho juzgado y el oficio 3999/2018 emitido por dicha autoridad responsable al que acompaña una constancia de emplazamiento; lo anterior, en virtud de que en proveído de catorce de agosto del año en curso el Tribunal Colegiado oficiante declaró su legal incompetencia para conocer del expediente ***; acúsese de recibo. ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA Acorde con lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese este asunto con el número de juicio de amparo 786/2018. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo otorga facultad al órgano jurisdiccional para desechar la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley, es decir, se establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones que contiene, de manera que en la fracción XXIII de dicho artículo, se da sustento a la improcedencia legal y jurisprudencial; esto es, que puede derivar de disposición distinta a las fracciones que dicho artículo contiene y las que pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; asimismo, procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente y puedan reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. De los artículos legales mencionados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, ya que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y puedan reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. En relación con lo anterior, cabe destacar que por última resolución ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, pues el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada, por lo que su cumplimiento no debe obstaculizarse a través del juicio de amparo, por ser de interés público. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 190035 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, Abril de 2001Página: 31Tesis: P./J. 32/2001JurisprudenciaMateria(s): Común AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. HECHOS En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: El acuerdo de veintiuno de junio de dos mil dieciocho dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia, residente en esta ciudad en el juicio ordinario mercantil *** de su índice, mediante el cual desechó el recurso de queja interpuesto por la parte demandada ahora quejosa contra la diligencia de requerimiento de pago de quince de junio del año en curso. Por otra parte, del análisis de las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que ***, por propio derecho y además como propietaria de la negociación comercial denominada ***, demandó en la vía ordinaria mercantil al quejoso *** el pago de pesos y otras prestaciones (fojas 2 a 10 del tomo de pruebas), cuyo juicio se instauró ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia, residente en esta ciudad con el número ***. Asimismo, se advierte que el ocho de junio de dos mil diecisiete se dictó sentencia definitiva en que se condenó al quejoso al pago de la cantidad ahí establecida (fojas 83 a 85 del tomo de pruebas) y el veintidós de marzo del año en curso se aperturó la sección de ejecución (foja 119 del tomo de pruebas); de igual forma, se advierte que el veintisiete de abril de dos mil dieciocho se aprobó la planilla de liquidación promovida por *** (fojas 122 y 123 del tomo de pruebas), con motivo de ello el ocho de junio del año en curso se despachó ejecución (foja 129 del tomo de pruebas) y el quince de junio siguiente se requirió al quejoso el pago de lo adeudado (foja 130 del tomo de pruebas); contra dicho requerimiento el quejoso interpuso recurso de queja, el cual fue desechado el veintiuno de junio de dos mil dieciocho (foja 135 del tomo de pruebas), ello constituye el acto reclamado. CONCLUSIÓN De lo anterior se concluye respetuosamente que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio ordinario mercantil *** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, residente en esta ciudad, ni se trata de aquélla en la que se determine la imposibilidad jurídica o material para cumplirla. Lo anterior se considera así, debido a que el acto reclamado fue emitido en la sección de ejecución del juicio de origen, contra el cual no procede el amparo indirecto, sino hasta que se dicte la última resolución en dicho procedimiento, debido a que con esa actuación no culmina el mismo, pues se trata de un acto emitido en ejecución sentencia, tendente a lograr el cumplimiento de la cosa juzgada. Aunado a lo anterior, se considera que el acto debe ser reclamado conjuntamente con la última resolución que llegue a dictarse, es decir, aquélla que tenga por cumplida la resolución emitida en el expediente de origen, mediante la cual apruebe o desapruebe su ejecución, o bien que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en la que podrá reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Tienen aplicación las tesis siguiente: Registro No. 1002676 Localización: Novena Época Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Página: 676Tesis: 610JurisprudenciaMateria(s): Común EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. Época: Novena Época Registro: 166244 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Octubre de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.765 C Página: 1345 AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la última resolución que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como autorizada en términos del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martha Patricia Estrada Camarena, debido a que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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