Israel Méndez Cervantes

Expediente 419/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
419/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Israel Méndez Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se provee: con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de seguimiento de Expedientes (SISE). Intégrense los cuadernos incidentales. Cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos originales y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se sobreseyó en el juicio de amparo y se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas las constancias que integran este juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver; en consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por oficio vía ordinaria a las autoridades responsables y por lista al resto de las partes.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 419/2023-III, promovido por ********************por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diez de abril de dos mil veintitrés, en el buzón judicial, turnado a su vez a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, el once siguiente, ********************por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y el acto que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México. Ejecutora Tesorero del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México. ACTO RECLAMADO La omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de catorce de enero de dos mil veintidós, así como a las sentencias interlocutorias de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós y siete de diciembre del mismo año, dictadas dentro del juicio oral mercantil 102/2021, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Acto que estimó violatorio de sus derechos fundamentales previstos en los preceptos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, el que, por auto de trece de abril de dos mil veintitrés, la registró bajo el expediente 419/2023-III, la admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano de control constitucional, y se le corrió traslado con copia simple de la demanda, quien no formuló pedimento; y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, previos diferimientos a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de julio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, dado que se reclama un acto de carácter omisivo en un juicio oral mercantil que se tramita ante un juzgado especializado del orden federal, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de método, se procede a la fijación del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, a saber: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de catorce de enero de dos mil veintidós, así como a las sentencias interlocutorias de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós y siete de diciembre del mismo año, dictadas dentro del juicio oral mercantil 102/2021, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Presidente Municipal y Tesorero, ambos del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptaron el acto que les atribuye la parte quejosa. En consecuencia, debe tenerse por cierto el acto reclamado, pues las manifestaciones de las responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Lo anterior, se corrobora con el expediente electrónico relativo al juicio oral mercantil 102/2021, que la Jueza de Distrito en Materia Mercantil Federal del Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, vinculó para su consulta, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, de las constancias del citado juicio oral mercantil, se aprecia que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento a la sentencia definitiva de catorce de enero de dos mil veintidós, así como a las sentencias interlocutorias de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós y siete de diciembre del mismo año, dictadas dentro del referido juicio oral mercantil 102/2021. Por tanto, resulta cierto el acto reclamado. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía se reclaman, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Atento a dicho principio y analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias remitidas por la Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal del Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, relativas al expediente electrónico del juicio oral mercantil 1697/2018 de su índice, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo y 103, fracción I, Constitucional. Los artículos antes mencionados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Art. 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" La interpretación restrictiva del primero de los citados preceptos es en el sentido de que la causa de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé debe derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución (improcedencia legal o constitucional). Además, debe puntualizarse como requisito que al invocarse esta causal es preciso citar expresamente la disposición legal con que se vincule. Los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y, 5 fracción II, de la Ley de Amparo, establecen esencialmente que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de las autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, para los efectos de dicha Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En dichas condiciones, el acto reclamado constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, ya que así lo dispone el artículo 1, de la ley mencionada, pues consagra la procedencia del amparo, en primer lugar, contra normas generales, actos u omisiones de autoridad; sin embargo, de acuerdo con la doctrina el acto reclamado, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión), que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado con fundamento en un ordenamiento legal de manera unilateral, imperativa y coercitiva en algunos casos. En tal sentido, la procedencia de la acción constitucional está sujeta a la condición jurídica de que el acto reclamado provenga de una autoridad para efectos del juicio de amparo, entendiéndose por ésta la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, como lo prevé la fracción II del artículo 5 de la ley de la materia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, como todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la Ley y que constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y que afectan o lesionan la esfera jurídica de los gobernados. También ha establecido que el juez de amparo deberá estudiar y atender las particularidades de la especie o del acto mismo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 42 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011: de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso, como se estableció en el considerando segundo de la presente resolución, el acto reclamado se hace consistir en la omisión por parte de las autoridades responsables de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de catorce de enero de dos mil veintidós, así como a las sentencias interlocutorias de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós y siete de diciembre del mismo año, dictadas dentro del juicio oral mercantil 102/2021, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Ahora bien, para resolver si el acto que se reclama en este asunto, es o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe dilucidar el origen material de dicho acto. 1) Origen del acto. Al tenor de los antecedentes esgrimidos por la parte quejosa en su escrito de demanda, así como de las constancias que integran el presente juicio, se advierte: 1. Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, recibido por dicha oficina el veinticuatro del referido mes y año, ********************por propio derecho, demandó en la vía oral mercantil al Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, Dirección del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán, Estado de México y Comisión Nacional del Agua, las siguientes prestaciones: "El pago de la cantidad de $5´184,417.61 (CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 61/100 MN) como suerte principal de acuerdo a lo estipulado en los contratos de prestación de servicios con NÚMERO CTL/SRM/AD/PRODDER 2018/RF/RP/07/2019 (Pozos) y CTL/AD/PRODDER2018/RF/RP/08/2019 (Cisternas), así como a los requerimientos: 005 POZO SAN BLAS. 006 POZO SANTA ELENA. 007 POZO SANTA ELENA II 009 CISTERNA IV SANTA ELENA. 010 CISTERNA V SANTA ELENA 011 CISTERNA III SANTA ELENA 012 CISTERNA I SANTA ELENA 013 CISTERNA GUADALUPANA 014 CISTERNA GALAXIA 015 CISTERNA ALBORADA Todos ellos de fecha 07 (siete) de enero de 2019 (dos mil diecinueve), firmados por el C. HECTOR ANTONIO TORRES GARCIA DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, del H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN ESTADO DE MEXICO, teniendo todos sello de recepción por parte de la SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES del H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN ESTADO DE MEXICO, de fecha 10 (diez) de enero del año 2019 (dos mil diecinueve). El pago de los intereses legales, desde el momento en que el deudor incurrió en mora y hasta la total solución del presente procedimiento. El pago de Gastos y Costa que origine el presente juicio por causas imputables al demandado." 2. De la demanda correspondió conocer al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, la que se radicó bajo el número 102/2021, y previa aclaración, por auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, la admitió a trámite, y se ordenó emplazar a la parte demandada. 3. Por escritos recibidos el veintiocho de abril y veintiuno de julio de dos mil veintiuno, en la oficialía de partes del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal, las partes demandadas Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México y Comisión Nacional del Agua, respectivamente, dieron contestación a la demanda instaurada en su contra, en los que hicieron valer las excepciones y defensas que consideraron pertinentes y ofrecieron las pruebas de su intención. Respecto a la demandada Dirección del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán, Estado de México, por auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, al no haber desahogado el requerimiento relativo a la acreditación de su personalidad, se declaró en rebeldía. 4. Seguido el juicio en su secuela procedimental el catorce de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. La parte demandada Dirección del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán, Estado de México, y Comisión Nacional del Agua, carecen de legitimación pasiva en la causa, y por tanto resulta improcedente la acción que ejercita en su contra; en consecuencia SEGUNDO. Se absuelve a Dirección del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán, Estado de México, y Comisión Nacional del Agua, del pago de las prestaciones reclamadas por ********************por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos cuarto y quinto del presente fallo. TERCERO. Ha sido procedente la vía oral mercantil, en que la actora ********************por su propio derecho, probó su acción y la demandada Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, no justificó sus excepciones. CUARTO. Se condena a la moral demandada Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, a pagar a la actora la cantidad de $5'184,417.61 (cinco millones ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos diecisiete pesos 61/100 M.N.), por concepto de suerte principal; lo que deberá hacer en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente resolución, conforme a los razonamientos vertidos en el noveno considerando de esta sentencia. QUINTO. Se condena al demandado, a favor de la actora, los intereses moratorios al tipo legal, es decir, a razón del seis por ciento anual, mismos que serán cuantificados en ejecución de sentencia, en términos de lo que se indica en el considerando décimo del presente fallo, previa petición de la parte actora. SEXTO. Se condena a la actora al pago de los gastos y costas reclamados, que se hubiesen generado por la tramitación del presente juicio, respecto a la Dirección del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán, Estado de México, y Comisión Nacional del Agua, en términos de lo expuesto en el décimo primero considerando de la presente sentencia." 5. Por auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal, tuvo al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, informando que declaró firme el auto por el cual se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo directo 136/2022, promovido por el actor ********************en contra de la sentencia dictada en el juicio oral mercantil 102/2021. 6. Mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintidós, la parte actora promovió incidente de liquidación de intereses moratorios, en atención a la condena establecida en el resolutivo quinto de la sentencia definitiva de catorce de enero de dos mil veintidós. 7. Por acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite el incidente en cuestión y, se ordenó dar vista y correr traslado a la parte demandada, para que en el término de tres días contestara dicho escrito, manifestara y ofreciera las pruebas que a su derecho conviniera, quedando debidamente notificada el diez de mayo de dos mil veintidós. 8. El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se tuvo a la parte demandada desahogando la vista correspondiente respecto al incidente de mérito. 9. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se celebró la audiencia incidental en la que se desahogaron la pruebas ofertadas por las partes, asimismo, se tuvieron por formulados los alegatos del autorizado de la parte actora. 10. Por sentencia interlocutoria de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal, resolvió fundado el incidente en comento y condenó a la parte demandada a pagar a la actora la cantidad de $311,065.57 (trescientos once mil sesenta y cinco pesos 57/100M.N.), por concepto de intereses moratorios generados del catorce de abril de dos mil veintiuno al catorce de abril de dos mil veintidós. 11. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, a solicitud de la actora, el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal, requirió a la parte demandada para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al que surtiera efectos la notificación, diera cumplimiento voluntario al fallo definitivo. Asimismo, hizo del conocimiento de la parte enjuiciada que ante la omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, el actor estaría en condiciones de promover los medios de defensa que estimara idóneos para su cumplimiento. Acuerdo que se notificó personalmente a la parte demanda el cinco de agosto de dos mil veintidós. 12. Previa petición de la actora, por acuerdos de diecisiete de agoto, seis y diecinueve, ambos de octubre, todos de dos mil veintidós, el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal, turnó los autos al Actuario de su adscripción, a fin de que en compañía de la actora requiriera al ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, para que en el acto de la diligencia hiciera pago de la cantidad de $5'184,417.61 (cinco millones ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos diecisiete pesos 61/100 M.N.), por concepto de suerte principal a la que fue condenado en sentencia definitiva. Proveídos que se notificaron personalmente a la parte demanda el veintiséis de septiembre, diez y veintiuno de octubre de dos mil veintidós, respectivamente. 13. Mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós, previa petición por la actora, el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal, turnó los autos al Actuario de su adscripción, a fin de que requiriera al ayuntamiento de Cuautitlán Estado de México, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, hiciera pago a la parte actora, de la cantidad de $311,065.57 (trescientos once mil sesenta y cinco pesos 57/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios, a la que fue condenada en sentencia interlocutoria de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Acuerdo que se notificó personalmente a la parte demanda el once de noviembre de dos mil veintidós. 14. Por escrito presentado el quince de noviembre de dos mil veintidós, la parte actora promovió incidente de liquidación de intereses moratorios, en atención a la condena establecida en el resolutivo quinto de la sentencia definitiva de catorce de enero de dos mil veintidós. 15. Por auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite el incidente en cuestión y, se ordenó dar vista y correr traslado a la parte demandada, para que en el término de tres días contestara dicho escrito, manifestara y ofreciera las pruebas que a su derecho conviniera, quedando debidamente notificada el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. 16. El veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a la parte demandada desahogando la vista correspondiente respecto al incidente de mérito. 17. El siete de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia incidental en la que se desahogaron las pruebas ofertadas por las partes. 18. Por sentencia interlocutoria de siete de diciembre de dos mil veintidós, el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal, resolvió procedente el incidente en comento y condenó a la parte demandada a pagar a la actora la cantidad de $181,454.91 (ciento ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 91/100 M.N.), por concepto de interese moratorios generados del quince de abril al quince de noviembre de dos mil veintidós. 19. Por acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintidós, previa petición por la actora, el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal, turnó los autos al Actuario de su adscripción, a fin de que requiriera al ayuntamiento de Cuautitlán Estado de México, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, hiciera pago a la parte actora, de la cantidad de $181,454.91 (ciento ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 91/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios, a la que fue condenada en sentencia interlocutoria de siete de diciembre de dos mil veintidós, quedando debidamente notificada la parte demandad de dicho auto, el veintiuno de diciembre de esa data. Con base en lo expuesto, se denota sin lugar a dudas, que el acto reclamado por el quejoso tiene su origen en el juicio oral mercantil 102/2021, en el que las autoridades responsables figuraron como demandadas, por lo que en todo momento actuaron en una relación jurídica de coordinación con el actor, aquí quejoso, esto es, en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que deben ser consideradas como particulares, incluso durante la etapa de ejecución, pues cuando en su calidad de demandadas, se nieguen a acatar la sentencia condenatoria dictado en el juicio, el Código de Comercio, confiere a la Jueza de Distrito en Materia Mercantil Federal con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, los instrumentos legales para lograr el cumplimiento de la referida sentencia, por lo que tales actos no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. No se soslaya, que la parte demandada, aquí responsable, forme parte de un ente de la administración pública municipal, y que por ese motivo no se pueda ordenar auto de ejecución forzosa sobre sus bienes, acorde a lo establecido por el artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 4o. Las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este código exija de las partes. (.)" Sobre el tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 28/2023 (11a.), de rubro "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONTENIDO, ETAPAS Y ALCANCE DE SU VERTIENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS SENTENCIAS.", realizó una interpretación conforme a la constitución del artículo antes descrito, determinando: ". Que la regla de excepción que establece dicho numeral no debe apreciarse de manera absoluta; es decir, cabe delimitar el campo de aplicación de las excepciones relativas a dictar mandamientos de ejecución y providencia de embargo, de modo que la imposibilidad únicamente recaiga sobre determinados bienes del Estado. Que aunque la regla general sea la aplicabilidad de las referidas excepciones procesales, será posible que el juzgador dicte mandamiento de ejecución o providencia de embargo cuando a partir de la información que conste en el expediente (aportada por las partes o incorporada mediante medidas para mejor proveer) sea factible identificar que los bienes que podrían ser objeto de tales determinaciones no están sujetos a cualquier régimen de dominio público por parte del orden jurídico (Federación, Estados o Municipios) al que pertenecen las referidas entidades de la administración pública o que, en su caso, no exista una prohibición expresa para ser embargados conforme a las leyes aplicables. Escenario que dependerá de cada caso concreto y de la información que se encuentre en el expediente para efecto de identificar el régimen de dominio de los bienes de la determinada entidad pública. Lo anterior es normativamente viable ya que por un lado, no se excluye de manera categórica y absoluta por el propio artículo 4o. del código procesal civil. Aunque se utiliza la expresión "nunca", ese término también puede ser objeto de matizaciones; y esa matización deriva de la propia forma en que está construida la norma. No hay que olvidar que estos supuestos de excepción son justamente particularizaciones de la regla general de igualdad procesal, por lo que cabe su interpretación restrictiva. El artículo 4o. no puede valorarse de manera aislada, sino de manera sistemática con el resto de las disposiciones del código. Así, es viable interpretar que las diferentes normas que rigen el procedimiento civil y, en particular, la etapa de ejecución, parten de una presunción impuesta por el legislador de que todas las obligaciones deben cumplirse cuando derivan de resoluciones que gozan de ejecutabilidad, incluso de manera forzosa. Si no se partiera de esa presunción, quedaría totalmente desprotegido el derecho de acceso a la justicia. Tal artículo también debe interpretarse de manera sistemática con otras legislaciones. Por consiguiente, si se parte de la premisa de que las entidades de la administración pública actúan en el procedimiento ordinario en un plano de igualdad procesal, no puede pasarse por alto que ciertos bienes de las entidades de la administración pública federal, estatal o municipal no están sujetos al régimen de dominio público y, por ende, su uso u aprovechamiento no busca satisfacer enteramente una finalidad pública. Por tanto, es posible apreciar una disminución en la protección que otorga el ordenamiento jurídico a dichos bienes. Es válida la prohibición de dictar mandamientos de ejecución y providencias de embargo en contra de las entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, siempre y cuando esta excepción procesal no se interprete de manera absoluta y recaiga únicamente sobre determinados bienes del Estado afectos al dominio público o a un régimen regulado legalmente de inembargabilidad. Dicha jurisprudencia se encuentra disponible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo II, página 1855, Registro digital: 2026051, de rubro y texto: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONTENIDO, ETAPAS Y ALCANCE DE SU VERTIENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS SENTENCIAS. Hechos: Una entidad de la administración pública federal fue condenada en un juicio civil por el incumplimiento de un contrato. En la etapa de ejecución, la parte actora requirió que se diera cumplimiento voluntario a la sentencia y, ante la contumacia, solicitó el cumplimiento forzoso y el embargo de cuentas de dicha institución pública. El juzgador federal negó la solicitud de embargo con fundamento en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha decisión fue confirmada en apelación. En desacuerdo, se promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue negado al considerar que no existía una violación a los derechos de igualdad, al debido proceso y de acceso a la justicia. En contra de esta última resolución se interpuso revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el derecho de acceso a la justicia es de contenido complejo y abarca las etapas previas al juicio, durante y posterior al mismo; siendo que parte esencial de este derecho es la efectividad en la ejecución de sentencias y resoluciones. Justificación: El derecho de acceso a la justicia se encuentra reconocido en una gran diversidad de normas de rango constitucional y ha sido interpretado en varios precedentes de este Alto Tribunal y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En suma, atendiendo integralmente a todo este parámetro, se sostiene que la garantía a la tutela jurisdiccional se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella; con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión planteada y en su caso, se ejecute esa decisión. Derecho que comprende tres etapas: i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación, a la que le corresponden las garantías del debido proceso; y, iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Así las cosas, se considera que este derecho no se limita a la facultad de someter una controversia al conocimiento de los tribunales y que la misma se tramite conforme a las garantías procesales, pues también comprende la posibilidad de que la sentencia dictada tenga plena eficacia mediante su ejecución. Por lo tanto, para que el Estado garantice un efectivo derecho de acceso a la justicia, no basta con la existencia de sistemas legales mediante los cuales las autoridades competentes emitan resoluciones ni con la existencia formal de recursos, sino que éstos deben ser efectivos y parte de esa efectividad implica, precisamente, la ejecución de las sentencias y resoluciones y, respecto al plazo de cumplimiento, que éste sea sin dilación en un tiempo razonable; esto inclusive cuando el Estado, como parte, sea quien incumpla la ejecución de una sentencia o resolución. Lo anterior es así, pues detrás del reconocimiento del derecho de acceso a la justicia en su modalidad del derecho a la ejecución de las sentencias, no sólo están el derecho subjetivo del vencedor en juicio y el derecho de acceso a la justicia, sino que, para la efectividad del "Estado democrático de derecho", es indispensable que las autoridades estatales cumplan con sus obligaciones contenidas en la Constitución y en los diversos tratados internacionales." En atención a la interpretación que hizo el Alto Tribunal del artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, y toda vez que las autoridades responsables figuraron como demandadas en el juicio de origen, actuando en una relación jurídica de coordinación con el actor, aquí quejoso, esto es, en un plano de igualdad y bilateralidad, como si se trata de particulares, es viable que la Jueza de Distrito en Materia Mercantil Federal con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen, dicte mandamiento de ejecución o providencia de embargo, tomando en cuenta la información que conste en el expediente sobre los bienes de las demandadas y su regulación en la normatividad aplicable. En virtud de ello, no se pueda analizar en la vía constitucional, como lo pretende el quejoso, el acto reclamado a las autoridades responsables, por no constituir un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia PC.II.C. J/3 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto dicen: PROHIBICIÓN DE DICTAR MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN O PROVIDENCIA DE EMBARGO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. NO ES APLICABLE A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO CUANDO SE PRETENDA EJECUTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA EN SU CONTRA, EN UN JUICIO MERCANTIL EN EL CUAL FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA. La limitante al principio de igualdad procesal de las partes a favor de las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas contenida en el precepto aludido, de aplicación supletoria a los juicios mercantiles, en cuanto a la prohibición de dictar en su contra mandamiento de ejecución o providencia de embargo, constituye una excepción a aquel principio y, por tanto, es de estricta aplicación. Ahora bien, cuando una norma general prevé excepciones, éstas sólo pueden aplicarse a los supuestos determinados expresamente, sin que puedan extenderse válidamente a algún caso no contemplado en la ley, ni analógicamente, ni por mayoría o igualdad de razón; condicionante que impide hacer extensiva la prohibición de dictar mandamiento de ejecución o providencia de embargo contra los Municipios del Estado de México cuando se pretenda ejecutar sentencia condenatoria en su contra en un juicio mercantil en el cual figuraron como parte demandada, ya que esa prerrogativa sólo rige para las entidades gubernamentales ahí previstas y no para aquéllos, al no haber sido ésa la voluntad del legislador. Por tanto, al estar plenamente demostrada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo y 103, fracción I, Constitucional, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del citado acto reclamado, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. La anterior determinación, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualiza. Esto último, encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SEXTO. Supresión de datos personales. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Por lo expuesto: SE RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 419/2023, promovido por ********************contra el acto reclamado al Presidente Municipal y Tesorero, ambos del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de este fallo. Notifíquese: por lista a la parte quejosa, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, vía oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por rendido el informe justificado del Director Jurídico y Consultivo del H. Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, en representación del Presidente Municipal y el Tesorero, ambos de dicho Ayuntamiento. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el referido informe por el término continuo y genérico de ocho días. Notifíquese: por lista a las partes.

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que las autoridades responsables Presidente Municipal y Tesorero, ambos del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, al rendir su informe justificado no remitieron las constancias relativas al acto reclamado por la parte quejosa ********************. En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a las citadas autoridades responsables para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente de la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado. Apercibidas, que de no dar cumplimiento a este requerimiento, o bien informar la imposibilidad que tengan para hacerlo, se les impondrá una medida de apremio, consistente en una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización; con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que su omisión, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues entorpece la administración de justicia pronta y expedita, en el presente asunto. Finalmente, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; en su lugar, se fijan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de julio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese; por oficio ordinario a las autoridades responsables referidas, y por lista a las demás partes.

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