Israel Mejía Lomelí

Expediente 67/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
67/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • Israel Mejía Lomelí

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a diez de marzo de dos mil veintiuno. Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual puede advertirse que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por (1) ****** en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documento original. No exhibió Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del citado acuerdo. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Escrito. Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso 1) Israel Mejía Lomelí, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada por este Juzgado de Distrito y atento a su contenido, se acuerda lo siguiente: Improcedencia. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En primer término se estima necesario precisar que la parte quejosa 1) Israel Mejía Lomelí, en la demanda de amparo que se analiza, en esencia, señala los actos reclamados siguientes: En ese sentido, en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dado que el acto reclamado, ha sido materia de una resolución ejecutoriada en otro juicio de garantías, que impide que sea nuevamente atacado mediante la acción de amparo conforme al principio de cosa juzgada, que inspira la fracción XI, del precepto legal aludido. Por lo que, conforme al análisis sistemático de la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se dispone que el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Causa de improcedencia que tiene su razón de ser en el principio de cosa juzgada, en virtud del cual al haberse examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en un juicio de garantías, o bien que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo anterior, ya sea por falta de interés jurídico o por extemporaneidad, que ha causado ejecutoria, se produce su inacatabilidad con la promoción de un nuevo juicio de amparo en que se combata el mismo acto, pues de no ser así, se llegaría al absurdo de aceptar que pudieran promoverse diversos juicios tantas veces como la quejosa afirmara que se enteró de un hecho que desconocía con anterioridad, o bien, tantas veces como conceptos de violación se hicieran valer; lo cual evidentemente vulneraría la verdad legal a que se allegó en el juicio de garantías más antiguo. Resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece a página 41 del Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, XCIX, Sexta Época, Materia Común, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso". Y la diversa tesis aislada I.6o.C.45 K, de la Novena Época, consultable en la página 551 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, (abril de 1999), cuyo rubro y texto disponen: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LA MATERIA. Una recta interpretación del artículo 73, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales al expresar los vocablos: "materia de una ejecutoria", debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu, que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir." Como se puede ver, la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, requiere las siguientes premisas: 1. Que existan por lo mínimo dos juicios de amparo. 2. Que en uno se haya dictado sentencia que ya haya causado ejecutoria, es decir, sin posibilidad alguna de ser modificada por recurso alguno y en razón de lo cual se erige como verdad legal lo establecido en dicha resolución. 3. Que los actos de autoridad que se reclamen en ambos juicios de garantías sean idénticos. De tal modo que si se analizaran los actos reclamados en el segundo amparo se estaría analizando indirectamente de nueva cuenta sobre los actos que ya fueron materia de estudio en el amparo directo que el propio quejoso refiere que ya fue resuelto y que su resultado le fue adverso y, por ende, esa sentencia causó ejecutoria, y ante tales circunstancias se estaría soslayando de igual forma el principio de cosa juzgada que inspira la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que la ratio legis de dicho precepto es precisamente el que no se vulnere la verdad legal a la que se llegó al resolver en el juicio de garantías más antiguo con la interposición de un nuevo juicio de amparo o juicios de amparos subsecuentes en los que en esencia se reclame lo mismo o bien, como acontece en el supuesto a estudio, en el que el quejoso pretenda que se analice todo lo actuado en el juicio de origen en el cual ya fue sentenciado y esa determinación, inclusive fue confirmada en segunda instancia y, una vez reclamada en amparo directo, este le fue negado por el Tribunal de Control Constitucional. Luego, debe estimarse que conforme al principio de cosa juzgada que inspira la causal de improcedencia de mérito, un gobernado que figuró como parte quejosa en un juicio de amparo promovido contra determinado acto de autoridad ya no puede promover un nuevo juicio de amparo indirecto contra ese acto, ni contra otro que sea consecuencia legal y lógica del mismo y que no sea impugnado por vicios propios, pues el nuevo juicio resultará improcedente en términos de la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior en virtud de que en un nuevo juicio no se debe pretender, aunque sea con el aspecto de combatir actos nuevos, que se declare la inconstitucionalidad de un acto que, ya fue declarado legal y ajustado a la Constitución Federal, mediante diversa sentencia de amparo anterior o, en su caso se haya decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo y donde se haya establecido cosa juzgada al respecto. Y los nuevos actos que sean consecuencia del anterior tampoco podrán ser impugnados en un nuevo amparo cuando la pretensión deducida en éste venga a ser equivalente a que se deje sin efecto la cosa juzgada en el juicio anterior; pues esos nuevos actos sólo podrían ser materia de un nuevo amparo, cuando en éste se respetara íntegramente la cosa juzgada habida en el anterior y, la posible concesión del nuevo amparo no viniese a ser equivalente a dejar sin efecto lo resuelto en el juicio anterior o bien anular las consecuencias ínsitas que aquel genere, como podría serlo la orden de reaprehensión o de captura que aduce el quejoso se puede girar en su contra, dado que, esta no es más que la consecuencia de la referida cosa juzgada que no puede ni debe ser sometida a un nuevo estudio constitucional, porque al hacerlo implicaría analizar lo ya determinado en el juicio de amparo anterior. En dicho sentido, deviene aplicable el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 82, Sexta Parte, Séptima Época, Materia Común, a página 15, que refiere: "ACTOS DERIVADOS DE LOS QUE FUERON MAYORÍA DE OTRO AMPARO, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA. Si la persona afectada por un acto de autoridad lo impugna en un juicio administrativo, en el que se dicta una sentencia que declara la validez de ese acto, y contra esa sentencia promueve un juicio de amparo directo, en el que se le niega la protección federal, debe estimarse que esa misma persona ya no puede promover un nuevo juicio de amparo indirecto contra ese acto, ni contra otro que sea consecuencia legal y lógica del mismo y que no sea impugnado por vicios propios, pues el nuevo juicio resultará improcedente en términos de las fracciones IV y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Pues en un nuevo juicio no se debe pretender, aunque sea con el aspecto de combatir actos nuevos, que se declare la inconstitucionalidad de un acto que ya fue declarado legal en sentencia de amparo anterior, que estableció cosa juzgada al respecto. Y los nuevos actos que sean consecuencia del anterior tampoco podrán ser impugnados en un nuevo amparo cuando la pretensión deducida en éste venga a ser equivalente a que se deje sin efecto la cosa juzgada en el juicio anterior. Esos nuevos actos sólo podrían ser materia de un nuevo amparo, cuando en éste se respetara íntegramente la cosa juzgada en el anterior, y la posible concesión del nuevo amparo no viniese a ser equivalente a dejar sin efecto lo resuelto en el juicio anterior". A fin de demostrar que en el presente caso operó la causal de improcedencia antes referida, es necesario tomar en consideración que el quejoso reclama la sentencia emitida el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, en el proceso penal número 364/2015 del índice del Juzgado de Primera Instancia Penal de la Municipalidad de la Ciudad de Tecate, Baja California, por el delito feminicidio en grado de tentativa. Por otro lado, del escrito de demanda y anexos, se advierten los datos siguientes: Que el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, en la causa penal 364/2015, del índice del Juzgado de Primera Instancia Penal de la Municipalidad de la Ciudad de Tecate, Baja California, se dictó sentencia condenatoria contra el quejoso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Que en contra de la sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se interpuso recurso de apelación, mismo que le tocó conocer a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California y por resolución de trece de febrero de dos mil veinte, confirmó la sentencia condenatoria. Que en contra de la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California en el Toca Penal 30/2020, éste, promovió amparo directo. Que por resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, en el Amparo Directo Penal 142/2020, resolvió negar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. De lo anterior, se colige que la sentencia dictada en la causa penal 364/2015, en veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, por el Juzgado de Primera Instancia Penal de la Municipalidad de la Ciudad de Tecate, Baja California, a que se ha venido haciendo alusión y que el quejoso reclama en el presente juicio pretendiendo que, las actuaciones judiciales que dieron sustento a ella sean declaradas sin efecto alguno por las razones que aduce, sin embargo, como se decía, aquella sentencia para todos los fines legales conducentes quedó firme y constituye verdad legal y su cumplimiento es de orden público, máxime que, como también se dijo, dicha determinación, a la postrer fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el juicio de amparo directo interpuesto en su contra. Asimismo, es importante destacar que el quejoso, anexa a su demanda la resolución emitida en el juicio de amparo directo penal número 142/2020, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, de la que se desprenden los siguientes datos: De ahí que, se determina que los hechos y circunstancias que ocurren y se reflejan de la demanda de amparo y que dan sustento al acto reclamado, son los que en su oportunidad fueron analizados ya por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad en el amparo directo 142/2020, órgano de control constitucional que, en su oportunidad, negó el amparo y protección de la justicia federal solicitadas; por tanto, es claro que deben imperar las consideraciones de hecho y de derecho en las que el aludido Tribunal Colegiado sustentó aquella ejecutoria y, máxime porque las actuaciones que el ahora quejoso pretende se dejen sin efectos a través de la sentencia que, en su caso, llegara a dictarse en el presente juicio, ya fueron materia de análisis en el aludido amparo directo y aquella Superioridad, no encontró ni siquiera motivo para suplir la queja deficiente, de ahí que de admitir la demanda de trato sería tanto como que, al resolver el juicio en cuestión, se hiciera un nuevo examen jurídico sobre algo que, como se indicó, ya es una verdad legal y, por ende, cosa juzgada. Apoyo a lo anterior, la tesis I.7o.A.132 K sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, abril de 2010, página 2717, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados". Así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las razones que informa, consultable en la página noventa y uno, Volumen 181-186 Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que enseguida se transcribe: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, desechar de plano en el presente juicio de amparo, al surtirse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada contenida en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a ocho de febrero de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo de cuenta remitidos por la Delegada de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California; mediante el cual remite diversas constancias relativas al expediente laboral de origen ******, de su índice, de las cuales se desprende que a la fecha existen pruebas pendientes por desahogar, a efecto de que se encuentre en posibilidad de cerrar la instrucción correspondiente y cumplir con la ejecutoria de amparo en el presente juicio. Vías de cumplimiento. En virtud de lo anterior, se tiene a la autoridad en vías de cumplimiento al fallo protector para todos los efectos legales conducentes. Requiere autoridad. Ahora bien, de las constancias recibidas, se advierte que las últimas actuaciones por parte de la junta responsable fueron realizadas el dos de noviembre de dos mil, así como la emisión de oficios despachados el cinco de noviembre de ese mes y año; en tal virtud, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, para que dentro del término de tres días, informe a este órgano jurisdiccional la fecha en qué se entregaron los oficios recordatorios de dos de febrero de dos mil veintiuno, despachados ese mismo día; qué pruebas se encuentran pendientes por desahogar en el juicio laboral 1509/2018-2C a efecto de tener por cerrada la instrucción en dicho asunto y, asimismo adjunte todas las actuaciones posteriores al veintinueve de enero del presente año tendientes a dar cumplimento a los lineamientos emitidos en fallo protector del presente asunto. En el entendido de que la Junta laboral responsable, deberá remitir de manera completa y clara todas las constancias que tenga a dicha data y de las cuales se advierta que efectivamente está realizando actuaciones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Es de indicarse que este juzgador en aras de vigilar el cumplimiento al fallo protector es respetuoso de los plazos y términos previstos en las leyes que rigen el actuar de la responsable; empero, se insiste la autoridad responsable debe remitir las constancias fehacientes de las que se advierta que efectivamente se están realizando las actuaciones respectivas y se está siguiendo el procedimiento de ley para llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia. Apercibimiento. De no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por doscientos, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la propia autoridad responsable o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P/J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Superior jerárquico. Ahora bien, por lo que respecta a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, dada su naturaleza jurídica, carece de superior jerárquico, por lo cual, sin duda, es innecesario hacer mayor pronunciamiento al respecto. Sobre ese particular, cabe citarse la tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página tres mil quinientos quince del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, del siguiente rubro: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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