Israel Mayorga Reyes
Expediente 540/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Israel Mayorga Reyes
Actuaciones
- Principal
Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que el referido auto ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por ***contra actos que atribuye al Presidente de la Titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, y otras autoridades, se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 540/2020. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Toda vez que el numeral transcrito impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que se procede al análisis respectivo. El artículo en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13.A. J/6 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, Tomo XX, Materia Común, Novena Época, visible en la página 1631, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C. J/19, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 1999, Tomo X, Materia Común, Novena Época, visible en la página 730, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el caso concreto, se considera que en atención a la autoridad responsable señalada en este juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal, aplicados estos últimos a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no emana de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Dichos preceptos legales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte," "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Conforme a los preceptos transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para tener un concepto más claro de lo que debe entenderse por autoridad para efectos el juicio de amparo, resulta procedente atender al criterio que sustenta la tesis P. XXVII/97, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: V, Febrero de 1997, página 118, del texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior se pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. El concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley diversos procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones, se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan a las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Ese tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales del amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, se tiene que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En ese orden, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMSIÓN QUE SE RECLAMA: PRIMERO.- DE LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO se reclama: A,. La omisión de ordenar a la Oficina de Representación en el Estado de Quintana Roo, la tramitación de la "Hoja de Servicios" para que el suscrito este en posibilidad de solicitar a la Aseguradora Met Life (.)B.- La omisión de ordenar al titular de la Dirección General de Capital Humano y Desarrollo Organizacional de tramitar y expedir la "Hoja de Servicios" del suscrito, para estar en posibilidad de solicitar a la Aseguradora Met Life, el reembolso [.] C.- La omisión de ordenar el trámite y respuesta de la "Hoja de Servicios" del suscrito, al Titular de la Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación (.) Todo lo anterior, vulnera en mi perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Del Titular de LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DE OFICINAS DE REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO se reclama: A.- La omisión de ordenar al encargado o representante legal de la Oficina de Representación de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Quintana Roo (.)B.-La omisión de solicitar al Titular de la DIRECCION GENERAL DE CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL [.] Todo lo anterior, vulnera en mi perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos TERCERO.- DEL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL se reclama: A.- La omisión de expedir al suscrito la "Hoja de Servicios" solicitada desde el 16 de septiembre de 2019, (.)Todo lo anterior, vulnera en mi perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CUARTO.- Del ENCARGADO O REPRESENTANTE LEGAL DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE QUINTANA ROODE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO se reclama: A.- La omisión de tramitar y gestionar ante el TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL la "Hoja de Servicios" solicitada desde el 16 de septiembre de 2019, (.)B.- La omisión de requerir al TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL la "Hoja de Servicios" solicitada desde el 16 de septiembre de 2019, (.) C.- La omisión de solicitar la intervención del Titular de LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, (.) Todo lo anterior, vulnera en mi perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Luego, del capítulo de antecedentes del acto reclamado se observa que el derecho de petición del cual deriva la omisión de ***, es relativo a la omisión de tramitar la "Hoja de Servicio" solicitada el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, para que el quejoso esté en posibilidad de solicitar a la Aseguradora Mef Life, el reembolso del seguro de separación individualizado. Asimismo, se tiene en consideración que el solicitante de tutela constitucional, bajo protesta de decir verdad, manifestó haber laborado en la Delegación Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el periodo comprendido del uno de octubre de dos mil trece al treinta de abril de dos mil diecinueve. Ahora, el artículo 8º constitucional dispone lo siguiente: "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El numeral transcrito, consagra el derecho fundamental de petición, cuyo titular es el gobernado en general y significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. De lo anterior deriva que el derecho de petición, tanto en virtud de su origen como en atención a su naturaleza de derecho público subjetivo consagrado como derecho fundamental, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. Por consiguiente, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es preponderante para la existencia del derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Carta Magna, en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que le formule el gobernado y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de sus derechos fundamentales. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 42/2001, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, página 126, de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular.". En el caso concreto, se itera, el quejoso se duele esencialmente de la omisión de tramitar la "Hoja de Servicio", no obstante haberlo solicitado el dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, para que esté en posibilidad de solicitar a la Aseguradora Mef Life, el reembolso del seguro de separación individualizado. Sin embargo, el acto que el promovente del amparo reclama a las autoridades dependientes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no puede ser considerado como de autoridad o alguno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo. Ello es así, en razón que la petición respectiva fue al tenor de una relación laboral trabajador-patrón, es decir, entre particulares y no en una relación de supraordinación; motivo por el cual, las referidas autoridades carecen de facultades y atribuciones por las normas legales para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis aislada XXVII.3o.18 L (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2358, cuyo rubro y texto dice: "DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA SU OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN RELACIONADA CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO, QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE PATRÓN. El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley y sus condiciones generales de trabajo; por tanto, contra la omisión atribuida a su director general de responder a una solicitud formulada por uno de sus trabajadores en ejercicio del derecho de petición, relacionada con cuestiones de las condiciones generales de trabajo, es improcedente el juicio de amparo, pues no se está en presencia de un acto de autoridad, en virtud de que la relación existente entre el colegio y sus trabajadores es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad." No pasa inadvertido para este juzgado de distrito la jurisprudencia del tenor siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos.". Sin embargo, dicho criterio no cobra aplicación porque, como ya quedó establecido, en el presente caso se rige por las disposiciones de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, en la que se introdujeron las modalidades analizadas en el presente auto por cuanto a los actos de particulares susceptibles de reclamarse en la instancia constitucional, los cuales no existían cuando se emitió la jurisprudencia de mérito. Además, el supuesto de interpretación que dio lugar a la aludida jurisprudencia se refiere a los actos relacionados con el suministro de energía eléctrica por conducto de un organismo público descentralizado, y en el caso que nos ocupa, el quejoso atribuye directamente los actos y omisiones reclamadas a personas físicas y morales que no se encuentran investidos de alguna potestad pública ni a que lleven a cabo la prestación de un servicio público. De esta manera, es indudable que en caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en consecuencia, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo la notificación, única y exclusivamente, de este proveído. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, en términos de los artículos 22 fracción I y 28, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del numeral 22 citado, propongan formas especiales y expeditas de contacto, servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
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