Israel Marin Rojas

Expediente 916/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
916/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Israel Marin Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó el uno de julio de dos mil veintiuno, la cual surtió el dos de julio siguiente y, por ende, el aludido plazo transcurrió del cinco al veintitrés de julio de dos mil veintiuno, descontándose los días tres (sábado), cuatro (domingo), diez (sábado), once (domingo), diecisiete (sábado) y dieciocho (domingo) de julio de dos mil veintiuno, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió 1. David Rodríguez González, Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula -autoridad responsable- como justificación a su informe y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena devolverle lo siguiente: ( Un disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo al registro de audio y video de la audiencia celebrada el treinta de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 344/2020/CHOLULA; y, ( Un disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo al registro de audio y video de la audiencia celebrada el nueve de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 344/2020/CHOLULA. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Finalmente, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en las fojas en donde obran las micas que contienen los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese electrónicamente al quejoso, por conducto de Gabriela Calyeca Sánchez -autorizada de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; por lista a la tercera interesada María Félix Ahumada, en representación de AZGA -víctima u ofendida de identidad reservada-; por oficio a las autoridades responsables, a la fiscal tercera interesada, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna al Actuario de la adscripción que le corresponda notificar el oficio dirigido al juez de control responsable...

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE 25 DE JUNIO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de once de junio pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El veintiocho de enero de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que se negó el amparo al quejoso Israel Marín Rojas, respecto a las determinaciones de i) vincularlo a proceso y de ii) imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictadas en audiencia oral de treinta de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 344/2020/CHOLULA, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de violación equiparada agravada, previsto y sancionado por los artículos 267, 269, fracción VIII, y 272, fracción III, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de AZGA -víctima de identidad reservada-, así como por cuanto a su ejecución. Inconforme con dicha determinación, el quejoso Israel Marín Rojas interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión R-33/2021, en donde mediante ejecutoria dictada el veinte de mayo de dos mil veintiuno revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo al aquí quejoso. En ese tenor, por acuerdo emitido el uno de junio del año en curso, se tuvo por recibida la referida ejecutoria de amparo y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable David Rodríguez González, Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante acuerdo de nueve de junio de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por la autoridad responsable David Rodríguez González, Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, por el cual, comunicó que dentro de la causa penal 344/2020/CHOLULA, fijó las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de junio del presente año, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Luego, por acuerdo de once de junio pasado se tuvo a dicha autoridad responsable remitiendo un oficio por el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, anexó un disco versátil digital en el que obra la audiencia de nueve de junio de dos mil veintiuno, llevada a cabo en la causa penal 344/2020/CHOLULA. En consecuencia, con su contenido, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se declaró constitucional que el juez de control, en audiencia celebrada el treinta de octubre de dos mil veinte, haya vinculado a proceso al quejoso Israel Marín Rojas y le haya impuesto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro de la causa penal 344/2020/CHOLULA, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito violación equiparada agravada, previsto y sancionado por los artículos 267, 269, fracción VIII, y 272, fracción III, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de AZGA -víctima de identidad reservada-, así como por cuanto a su ejecución; y, por ende, se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal por cuanto a esos actos combatidos. Lo anterior, -medularmente- por lo siguiente: i) Que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, previstas y reguladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ejemplo que el auto de vinculación a proceso se emitió por autoridad jurisdiccional, que no se aplicó ley de forma retroactiva en perjuicio del quejoso y que satisfizo el procedimiento que los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén para el desahogo de la audiencia inicial y, en su caso, su continuación. ii) Que el juez de control veló por el derecho del quejoso de contar con la asesoría de un profesional del derecho, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, pues se cercioró de que su defensora particular, interviniente en la audiencia inicial, fuera licenciada en dicha materia y que ello constara en la videograbación respectiva, actuación que repercutió en todas las decisiones que se tomaron en la indicada audiencia; lo anterior, en cumplimiento al criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 405/2017. iii) Que la fiscalía expresó los datos de prueba con los que sustentó su pretensión de vincular a proceso al aquí quejoso y que el auto de vinculación se emitió dentro del plazo constitucional. iv) Que existen datos de prueba suficientes y pertinentes para establecer la existencia de hechos con apariencia del delito de violación equiparada agravada, previsto y sancionado por los artículos 267, 269, fracción VIII, y 272, fracción III, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de AZGA -víctima de identidad reservada-. v) Que dichos datos de prueba también son suficientes para establecer la probable responsabilidad del ahora quejoso en su participación o intervención. vi) Que se encuentra convencional, constitucional y legalmente justificada la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, atendiendo a la clasificación y naturaleza de los hechos imputados al ahora quejoso. Sin embargo, mediante ejecutoria dictada el veinte de mayo de dos mil veintiuno, dentro del amparo en revisión R-33/2021, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito revocó la sentencia de este órgano jurisdiccional y declaró inconstitucional el referido auto de vinculación a proceso. En efecto, el Tribunal de Alzada estimó que el auto de vinculación a proceso vulneró en perjuicio del aquí quejoso derechos fundamentales, tomando en consideración que esa resolución judicial -dijo- tenía como finalidad establecer el hecho considerado como delito por el cual se le seguirá la causa penal, luego, el no acotar con precisión los hechos por los cuales se emitió, en congruencia con la norma que los prevé y, con base en la imputación efectuada, consideró que se dejó en estado de indefensión al quejoso en tanto que, desconocía con exactitud, cuál de las tres hipótesis del citado numeral 272 se actualizaba en el especie o, en su caso, una diversa, imposibilitándolo así a ejercer adecuadamente su derecho de defensa durante la causa penal que se le seguirá en su contra por hechos determinados en el auto que resuelve su situación jurídica. Para arribar a dicha conclusión, hizo referencia al análisis de los puntos siguientes: ( Que de la lectura de los razonamientos emitidos por el juzgador, se advierte la indebida fundamentación y motivación del acto reclamado en la medida que no existe congruencia entre la conducta atribuida al imputado en el cuadro factico y las disposiciones legales en que se afirmó esta encuadra, respecto de lo cual se le considera probablemente responsable al ahora quejoso y se le instruirá causa penal. ( Que de lo relatado se observa que el juez de control determinó vincular a proceso al recurrente por su probable participación en la comisión del hecho considerado como delito de violación equiparada agravada, previsto y sancionado, a más de otro, por el artículo 272, fracción III del Código Penal del Estado de Puebla, que prevé la introducción en una persona, por vía anal o vaginal, de cualquier objeto distinto al miembro viril, usando violencia física o moral. ( Que de las consideraciones que emitió para sustentar su determinación se advierte que no solo se refirió a los elementos que se prevén en la hipótesis normativa que invoco sino que para tener por acreditados esos aspectos se refirió a otros, tales como la calidad especifica de la víctima en cuanto a su discapacidad cognitiva (a que se refiere la fracción I, del citado numeral), así como a la edad que ésta, pues en diversas ocasiones se refirió a ella como "la menor" (supuesto previsto en la fracción II, del citado precepto legal), cuando se reitera, previamente señaló que se trataba de una persona especial con discapacidad, lo cual torna ilegal su actuación. ( Que se advirtió del citado numeral 272, fracción I, II y III se desprende la existencia de tres hipótesis jurídicas distintas, integrada por elementos estructurales diversos entre ellos, lo que implica no puede coexistir entre sí, salvo que se trate de hechos distintos, luego, las aludidas fracciones de dispositivo 272 deben considerarse tipos especiales. ( Que del artículo 267 del ordenamiento legal en cita, vigente al momento de la comisión del delito dispuso: "Al que por medio de la violencia física o moral tuviera cópula con una persona sea cual fuere su sexo, se le aplicaran de seis a veinte años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días de salario.- Cuando el sujeto pasivo sea menor de dichos años de edad, se duplicara la sanción establecida en el párrafo anterior". ( Que para tener por demostrada alguna de las hipótesis normativas previstas en el numeral 272 citado y emitir un auto de vinculación a proceso por considerar que los hechos encuadran en uno de esos supuestos, que incluso se sancionan de manera diversa, es inconcuso que debe atenderse a la descripción típica que cada una de estos prevé: la cópula en relación con la condición especial de la víctima que esté privada de razón o de sentido, o que por enfermedad o cualquier otra causa, no pudiera resistirla, en el segundo; la cópula con menor de doce años de edad, o; la introducción de un miembro distinto al viril pero con violencia física o moral , que no se requiere para las primeras hipótesis; en el entendido que ello debe establecerse a la luz de la formulación de la imputación y de los datos de prueba que lo justifiquen. ( Que si en el caso al quejoso se le atribuye el hecho considerado como delito de violación equiparada previsto en la fracción III del citado numeral 272 del código sustantivo penal que impone la introducción de un objeto distinto al miembro viril mediante el uso de la violencia física o moral, entonces para establecer su existencia debe acreditarse por una parte la introducción de ese objeto, ya sea por vía anal o vaginal y, por otra, que ello se llevó a cabo a través de la violencia, en cualquiera de sus vertientes ya sea física o moral en cuanto medio comisivo. ( Que sin embargo, se reitera, de las consideraciones emitidas por el juez de control se observó que para tener por acreditada esa conducta atribuida al recurrente se consideró el hecho de que la victima de iniciales A.Z.G.A. padecía un trastorno cognitivo que le impidió resistirse o repeler la conducta desplegada en su contra, situación que lo llevó afirmar que por esa particularidad no debía exigirse el empleo de la violencia, no obstante que el supuesto normativo en que fundamentó su resolución si prevé este medio comisivo en la realización del ilícito, sin que al respecto emitiera en su caso algún razonamiento que a pesar de lo destacado justificara su determinación, en la que, cabe precisar también, introdujo una cuestión adicional en la condición especial de la víctima, pues al tener por establecido el hecho ilícito sugirió en diversas ocasiones de la victima de iniciales A.Z.G.A. era un menor de edad, sin que en relación con esa afirmación emitiera un razonamiento con base en los datos de prueba que le fueron aportados que la justificara. ( Que, es evidente que con esas consideraciones el juez de control mezclo elementos de las fracciones I, II y II del citado numeral 272 lo que violó en perjuicio del recurrente derechos fundamentales en la medida que aludió a una conducta que no encuadra en la norma que cita como aquella que la prevé, incurriendo así en una deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado. ( Que las inconsistencias en que incurrió la autoridad responsable no pueden considerarse subsanadas, como se precisó en el fallo recurrido, por el hecho de que de lo narrado por la víctima en cuanto refirió que el activo lastimó su parte, refiriéndose a su vagina, y que le dolió mucho, así como el dictamen médico que le fue practicado se advertía el desgarro en el himen aun sangrante y que, en todo caso, ello evidenciaba la violencia cometida en su contra. ( Que además de que no puede soslayarse que el delito de que se trata requiere para su acreditación que la introducción del objeto distinto al miembro viril que pudiera haberse llevado a cabo en la vagina de la víctima, debe acreditarse que se cometió por medio de la violencia en cualquiera de sus vertientes, pues esta, según la hipótesis normativa invocada, es el medio comisivo de la conducta ilícita, en el caso, debe ser el juez de control quien mediante argumentos fundados y motivados establece que la comisión del hecho atribuido encuadra en la norma penal que invoca, es decir, a este le corresponde la valoración directa del dato de prueba siendo esa ponderación la que debe ser revisada en el juicio de garantías a partir de la actuación que realice la autoridad señalada como responsable a fin de determinar si esta resulta violatoria o no de derechos fundamentales. ( Que lo razonado en el auto de vinculación a proceso si vulnera en su perjuicio derechos fundamentales si se toma en consideración, que esa resolución judicial tiene como finalidad establecer el hecho considerado como delito por el cual se le seguirá la causa penal al quejoso, luego, el no acotar con precisión los hechos por los cuales se emitió, en congruencia con la norma que los prevé y con base en la imputación efectuada, deja en estado de indefensión al quejoso en tanto desconoce con exactitud cuál de las tres hipótesis del citado numeral 272 se actualiza en la especie, en su caso, una diversa, imposibilitándolo así a ejercer adecuadamente su derecho de defensa durante la causa penal que se le seguirá en su contra por hechos determinados en el auto que resuelve su situación jurídica. ( Que al advertir en suplencia de la queja deficiente que el auto de vinculación a proceso reclamado, en el aspecto anotado, resulta violatorio de derechos fundamentales en perjuicio del quejoso, por las razones expuestas, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para los efectos que sean subsanados los vicios formales en que se incurrió. ( Que previo a precisar dichos efectos, debe decirse, atento al sentido que rige la presente ejecutoria en relación con el auto de vinculación a proceso, que no es procedente realizar mayor pronunciamiento respecto de diverso acto reclamado por el impetrante de amparo, consistente en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en la audiencia de treinta de octubre de dos mil veinte y su ejecución atribuida al Director del Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, Puebla, así como de los agravios hechos valer al respecto, ya que su determinación, aunque independiente, guarda estrecha relación con lo resuelto en el auto de vinculación a proceso, el cual como se ha precisado vulneró derechos fundamentales del quejoso; sin embargo, como esa violación no incide en cuestiones de fondo sino en vicios de forma, los cuales atento a los efectos que se precisaran en esta ejecutoria, deberán ser subsanados, dicha medida deberá quedar intocada hasta que ello acontezca. ( Que al advertir en suplencia de la queja deficiente que el auto de vinculación a proceso reclamado, resulta violatorio de derechos fundamentales en perjuicio del quejoso lo procedente es revocar la sentencia recurrida, y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Ante tales razonamientos vertidos y estudiados por el tribunal de alzada respecto de la sentencia que este órgano jurisdiccional emitió con fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, así como de los agravios empleados por los imputados en su escrito por el cual interpusieron recurso de revisión en contra de la citada sentencia, dicho tribunal determinó que se dejó al quejoso en estado de indefensión en tanto desconocía con exactitud cuál de las tres hipótesis del citado numeral 272 del Código Penal del Estado de Puebla, se actualiza en la especie o, en su caso, una diversa, imposibilitándolo así a ejercer adecuadamente su derecho de defensa durante la causa penal que se le seguirá en su contra por hechos determinados en el auto que resolvió su situación jurídica. Motivo por el cual, el superior determinó que el auto de vinculación a proceso reclamado, en el aspecto antes narrado, resultó violatorio de derechos fundamentales en perjuicio del quejoso; por tanto, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "(.) 1) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, emitido en contra del quejoso por su probable participación en la comisión del hecho considerado como violación equiparada, previsto y sancionado por los artículos 267, 269, fracción VIII y 272, fracción III, del Código Penal del Estado; y precise que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado, subsiste quedando intacta, hasta en tanto se resuelva la situación jurídica del quejoso en la que se subsanen las cuestiones de forma destacadas en la presente ejecutoria. En ese contexto, señale día y hora para la celebración de una audiencia en la que deberá citar a las partes y sin darles nueva intervención proceda a resolver la situación jurídica del quejoso, con base en la imputación formulada en su contra y los datos de prueba aportados por la Agente del Ministerio Público ya aportados previamente en la audiencia inicial, y en ese sentido, con libertad de jurisdicción, establezca si estos son idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se cometió un hecho considerado como delito, supuesto en el cual, deberá precisar la hipótesis normativa que en específico estime acreditada y acontecido lo anterior, en congruencia con esa determinación, se pronuncie sobre la probable participación del quejoso en su comisión, así como, respecto de la medida cautelar que estime procedente, en correspondencia con lo solicitado por el ministerio público y el auto que emita legalmente al resolver la situación jurídica del quejoso. (.) 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable David Rodríguez González, Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y dentro de la causa penal 344/2020/CHOLULA, realizó lo siguiente: A. Mediante audiencia celebrada el día nueve de junio de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido el treinta de octubre de dos mil veinte -acto reclamado- precisando en ese mismo acto que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado, subsistía, quedando intacta hasta en tanto se resolviera la situación jurídica del quejoso en la que se subsanarían las cuestiones de forma destacadas en la sentencia del amparo en revisión. B. En esa misma audiencia, sin dar nueva intervención a las partes procedió a resolver la situación jurídica del quejoso, con base en la imputación formulada en su contra y los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público los cuales fueron aportados en la audiencia inicial, y con libertad de jurisdicción dicto auto de vinculación a proceso a Israel Marín Rojas por el delito de abuso sexual, ilícito previsto y sancionado por los artículos 260 fracción II, y 261 fracción II, en relación con los artículos 13, primera parte, 17 y 21 fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, por no haberse justificado el empleo del medio comisivo de violencia física o moral para el delito de violación equiparada agravada. C. Asimismo, y acorde a lo anterior, dejó insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y en su lugar impuso las medidas cautelares contempladas en las fracción I, II, V, VII y VIII del articulo del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que, se ordenó la inmediata libertad del quejoso. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso reclamado; ii) dejó subsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, hasta que se resolviera su situación jurídica con base en las cuestiones destacadas en el ejecutoria del amparo en revisión; iii) con libertad de jurisdicción resolvió la situación jurídica del quejoso con base en la imputación formulada en su contra y con los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Publico; y, iv) modificó la prisión preventiva oficiosa impuesta como medida cautelar por unas menos severas, acorde, sobre todo al delito por el cual se vinculó al quejoso a proceso. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese electrónicamente al quejoso, por conducto de Gabriela Calyeca Sánchez -autorizada de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; personalmente a la tercera interesada María Félix Ahumada, en representación de AZGA -víctima u ofendida de identidad reservada-; -; y, por oficio a las autoridades responsables, a la fiscal tercera interesada, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la Superioridad en vía de acuse... "

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de once de junio pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El veintiocho de enero de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que se negó el amparo al quejoso Israel Marín Rojas, respecto a las determinaciones de i) vincularlo a proceso y de ii) imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictadas en audiencia oral de treinta de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 344/2020/CHOLULA, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de violación equiparada agravada, previsto y sancionado por los artículos 267, 269, fracción VIII, y 272, fracción III, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de AZGA -víctima de identidad reservada-, así como por cuanto a su ejecución. Inconforme con dicha determinación, el quejoso Israel Marín Rojas interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión R-33/2021, en donde mediante ejecutoria dictada el veinte de mayo de dos mil veintiuno revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo al aquí quejoso. En ese tenor, por acuerdo emitido el uno de junio del año en curso, se tuvo por recibida la referida ejecutoria de amparo y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable David Rodríguez González, Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante acuerdo de nueve de junio de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por la autoridad responsable David Rodríguez González, Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, por el cual, comunicó que dentro de la causa penal 344/2020/CHOLULA, fijó las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de junio del presente año, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Luego, por acuerdo de once de junio pasado se tuvo a dicha autoridad responsable remitiendo un oficio por el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, anexó un disco versátil digital en el que obra la audiencia de nueve de junio de dos mil veintiuno, llevada a cabo en la causa penal 344/2020/CHOLULA. En consecuencia, con su contenido, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se declaró constitucional que el juez de control, en audiencia celebrada el treinta de octubre de dos mil veinte, haya vinculado a proceso al quejoso Israel Marín Rojas y le haya impuesto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro de la causa penal 344/2020/CHOLULA, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito violación equiparada agravada, previsto y sancionado por los artículos 267, 269, fracción VIII, y 272, fracción III, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de AZGA -víctima de identidad reservada-, así como por cuanto a su ejecución; y, por ende, se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal por cuanto a esos actos combatidos. Lo anterior, -medularmente- por lo siguiente: i) Que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, previstas y reguladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ejemplo que el auto de vinculación a proceso se emitió por autoridad jurisdiccional, que no se aplicó ley de forma retroactiva en perjuicio del quejoso y que satisfizo el procedimiento que los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén para el desahogo de la audiencia inicial y, en su caso, su continuación. ii) Que el juez de control veló por el derecho del quejoso de contar con la asesoría de un profesional del derecho, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, pues se cercioró de que su defensora particular, interviniente en la audiencia inicial, fuera licenciada en dicha materia y que ello constara en la videograbación respectiva, actuación que repercutió en todas las decisiones que se tomaron en la indicada audiencia; lo anterior, en cumplimiento al criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 405/2017. iii) Que la fiscalía expresó los datos de prueba con los que sustentó su pretensión de vincular a proceso al aquí quejoso y que el auto de vinculación se emitió dentro del plazo constitucional. iv) Que existen datos de prueba suficientes y pertinentes para establecer la existencia de hechos con apariencia del delito de violación equiparada agravada, previsto y sancionado por los artículos 267, 269, fracción VIII, y 272, fracción III, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de AZGA -víctima de identidad reservada-. v) Que dichos datos de prueba también son suficientes para establecer la probable responsabilidad del ahora quejoso en su participación o intervención. vi) Que se encuentra convencional, constitucional y legalmente justificada la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, atendiendo a la clasificación y naturaleza de los hechos imputados al ahora quejoso. Sin embargo, mediante ejecutoria dictada el veinte de mayo de dos mil veintiuno, dentro del amparo en revisión R-33/2021, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito revocó la sentencia de este órgano jurisdiccional y declaró inconstitucional el referido auto de vinculación a proceso. En efecto, el Tribunal de Alzada estimó que el auto de vinculación a proceso vulneró en perjuicio del aquí quejoso derechos fundamentales, tomando en consideración que esa resolución judicial -dijo- tenía como finalidad establecer el hecho considerado como delito por el cual se le seguirá la causa penal, luego, el no acotar con precisión los hechos por los cuales se emitió, en congruencia con la norma que los prevé y, con base en la imputación efectuada, consideró que se dejó en estado de indefensión al quejoso en tanto que, desconocía con exactitud, cuál de las tres hipótesis del citado numeral 272 se actualizaba en el especie o, en su caso, una diversa, imposibilitándolo así a ejercer adecuadamente su derecho de defensa durante la causa penal que se le seguirá en su contra por hechos determinados en el auto que resuelve su situación jurídica. Para arribar a dicha conclusión, hizo referencia al análisis de los puntos siguientes: ( Que de la lectura de los razonamientos emitidos por el juzgador, se advierte la indebida fundamentación y motivación del acto reclamado en la medida que no existe congruencia entre la conducta atribuida al imputado en el cuadro factico y las disposiciones legales en que se afirmó esta encuadra, respecto de lo cual se le considera probablemente responsable al ahora quejoso y se le instruirá causa penal. ( Que de lo relatado se observa que el juez de control determinó vincular a proceso al recurrente por su probable participación en la comisión del hecho considerado como delito de violación equiparada agravada, previsto y sancionado, a más de otro, por el artículo 272, fracción III del Código Penal del Estado de Puebla, que prevé la introducción en una persona, por vía anal o vaginal, de cualquier objeto distinto al miembro viril, usando violencia física o moral. ( Que de las consideraciones que emitió para sustentar su determinación se advierte que no solo se refirió a los elementos que se prevén en la hipótesis normativa que invoco sino que para tener por acreditados esos aspectos se refirió a otros, tales como la calidad especifica de la víctima en cuanto a su discapacidad cognitiva (a que se refiere la fracción I, del citado numeral), así como a la edad que ésta, pues en diversas ocasiones se refirió a ella como "la menor" (supuesto previsto en la fracción II, del citado precepto legal), cuando se reitera, previamente señaló que se trataba de una persona especial con discapacidad, lo cual torna ilegal su actuación. ( Que se advirtió del citado numeral 272, fracción I, II y III se desprende la existencia de tres hipótesis jurídicas distintas, integrada por elementos estructurales diversos entre ellos, lo que implica no puede coexistir entre sí, salvo que se trate de hechos distintos, luego, las aludidas fracciones de dispositivo 272 deben considerarse tipos especiales. ( Que del artículo 267 del ordenamiento legal en cita, vigente al momento de la comisión del delito dispuso: "Al que por medio de la violencia física o moral tuviera cópula con una persona sea cual fuere su sexo, se le aplicaran de seis a veinte años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días de salario.- Cuando el sujeto pasivo sea menor de dichos años de edad, se duplicara la sanción establecida en el párrafo anterior". ( Que para tener por demostrada alguna de las hipótesis normativas previstas en el numeral 272 citado y emitir un auto de vinculación a proceso por considerar que los hechos encuadran en uno de esos supuestos, que incluso se sancionan de manera diversa, es inconcuso que debe atenderse a la descripción típica que cada una de estos prevé: la cópula en relación con la condición especial de la víctima que esté privada de razón o de sentido, o que por enfermedad o cualquier otra causa, no pudiera resistirla, en el segundo; la cópula con menor de doce años de edad, o; la introducción de un miembro distinto al viril pero con violencia física o moral , que no se requiere para las primeras hipótesis; en el entendido que ello debe establecerse a la luz de la formulación de la imputación y de los datos de prueba que lo justifiquen. ( Que si en el caso al quejoso se le atribuye el hecho considerado como delito de violación equiparada previsto en la fracción III del citado numeral 272 del código sustantivo penal que impone la introducción de un objeto distinto al miembro viril mediante el uso de la violencia física o moral, entonces para establecer su existencia debe acreditarse por una parte la introducción de ese objeto, ya sea por vía anal o vaginal y, por otra, que ello se llevó a cabo a través de la violencia, en cualquiera de sus vertientes ya sea física o moral en cuanto medio comisivo. ( Que sin embargo, se reitera, de las consideraciones emitidas por el juez de control se observó que para tener por acreditada esa conducta atribuida al recurrente se consideró el hecho de que la victima de iniciales A.Z.G.A. padecía un trastorno cognitivo que le impidió resistirse o repeler la conducta desplegada en su contra, situación que lo llevó afirmar que por esa particularidad no debía exigirse el empleo de la violencia, no obstante que el supuesto normativo en que fundamentó su resolución si prevé este medio comisivo en la realización del ilícito, sin que al respecto emitiera en su caso algún razonamiento que a pesar de lo destacado justificara su determinación, en la que, cabe precisar también, introdujo una cuestión adicional en la condición especial de la víctima, pues al tener por establecido el hecho ilícito sugirió en diversas ocasiones de la victima de iniciales A.Z.G.A. era un menor de edad, sin que en relación con esa afirmación emitiera un razonamiento con base en los datos de prueba que le fueron aportados que la justificara. ( Que, es evidente que con esas consideraciones el juez de control mezclo elementos de las fracciones I, II y II del citado numeral 272 lo que violó en perjuicio del recurrente derechos fundamentales en la medida que aludió a una conducta que no encuadra en la norma que cita como aquella que la prevé, incurriendo así en una deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado. ( Que las inconsistencias en que incurrió la autoridad responsable no pueden considerarse subsanadas, como se precisó en el fallo recurrido, por el hecho de que de lo narrado por la víctima en cuanto refirió que el activo lastimó su parte, refiriéndose a su vagina, y que le dolió mucho, así como el dictamen médico que le fue practicado se advertía el desgarro en el himen aun sangrante y que, en todo caso, ello evidenciaba la violencia cometida en su contra. ( Que además de que no puede soslayarse que el delito de que se trata requiere para su acreditación que la introducción del objeto distinto al miembro viril que pudiera haberse llevado a cabo en la vagina de la víctima, debe acreditarse que se cometió por medio de la violencia en cualquiera de sus vertientes, pues esta, según la hipótesis normativa invocada, es el medio comisivo de la conducta ilícita, en el caso, debe ser el juez de control quien mediante argumentos fundados y motivados establece que la comisión del hecho atribuido encuadra en la norma penal que invoca, es decir, a este le corresponde la valoración directa del dato de prueba siendo esa ponderación la que debe ser revisada en el juicio de garantías a partir de la actuación que realice la autoridad señalada como responsable a fin de determinar si esta resulta violatoria o no de derechos fundamentales. ( Que lo razonado en el auto de vinculación a proceso si vulnera en su perjuicio derechos fundamentales si se toma en consideración, que esa resolución judicial tiene como finalidad establecer el hecho considerado como delito por el cual se le seguirá la causa penal al quejoso, luego, el no acotar con precisión los hechos por los cuales se emitió, en congruencia con la norma que los prevé y con base en la imputación efectuada, deja en estado de indefensión al quejoso en tanto desconoce con exactitud cuál de las tres hipótesis del citado numeral 272 se actualiza en la especie, en su caso, una diversa, imposibilitándolo así a ejercer adecuadamente su derecho de defensa durante la causa penal que se le seguirá en su contra por hechos determinados en el auto que resuelve su situación jurídica. ( Que al advertir en suplencia de la queja deficiente que el auto de vinculación a proceso reclamado, en el aspecto anotado, resulta violatorio de derechos fundamentales en perjuicio del quejoso, por las razones expuestas, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para los efectos que sean subsanados los vicios formales en que se incurrió. ( Que previo a precisar dichos efectos, debe decirse, atento al sentido que rige la presente ejecutoria en relación con el auto de vinculación a proceso, que no es procedente realizar mayor pronunciamiento respecto de diverso acto reclamado por el impetrante de amparo, consistente en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en la audiencia de treinta de octubre de dos mil veinte y su ejecución atribuida al Director del Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, Puebla, así como de los agravios hechos valer al respecto, ya que su determinación, aunque independiente, guarda estrecha relación con lo resuelto en el auto de vinculación a proceso, el cual como se ha precisado vulneró derechos fundamentales del quejoso; sin embargo, como esa violación no incide en cuestiones de fondo sino en vicios de forma, los cuales atento a los efectos que se precisaran en esta ejecutoria, deberán ser subsanados, dicha medida deberá quedar intocada hasta que ello acontezca. ( Que al advertir en suplencia de la queja deficiente que el auto de vinculación a proceso reclamado, resulta violatorio de derechos fundamentales en perjuicio del quejoso lo procedente es revocar la sentencia recurrida, y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Ante tales razonamientos vertidos y estudiados por el tribunal de alzada respecto de la sentencia que este órgano jurisdiccional emitió con fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, así como de los agravios empleados por los imputados en su escrito por el cual interpusieron recurso de revisión en contra de la citada sentencia, dicho tribunal determinó que se dejó al quejoso en estado de indefensión en tanto desconocía con exactitud cuál de las tres hipótesis del citado numeral 272 del Código Penal del Estado de Puebla, se actualiza en la especie o, en su caso, una diversa, imposibilitándolo así a ejercer adecuadamente su derecho de defensa durante la causa penal que se le seguirá en su contra por hechos determinados en el auto que resolvió su situación jurídica. Motivo por el cual, el superior determinó que el auto de vinculación a proceso reclamado, en el aspecto antes narrado, resultó violatorio de derechos fundamentales en perjuicio del quejoso; por tanto, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "(.) 1) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, emitido en contra del quejoso por su probable participación en la comisión del hecho considerado como violación equiparada, previsto y sancionado por los artículos 267, 269, fracción VIII y 272, fracción III, del Código Penal del Estado; y precise que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado, subsiste quedando intacta, hasta en tanto se resuelva la situación jurídica del quejoso en la que se subsanen las cuestiones de forma destacadas en la presente ejecutoria. En ese contexto, señale día y hora para la celebración de una audiencia en la que deberá citar a las partes y sin darles nueva intervención proceda a resolver la situación jurídica del quejoso, con base en la imputación formulada en su contra y los datos de prueba aportados por la Agente del Ministerio Público ya aportados previamente en la audiencia inicial, y en ese sentido, con libertad de jurisdicción, establezca si estos son idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se cometió un hecho considerado como delito, supuesto en el cual, deberá precisar la hipótesis normativa que en específico estime acreditada y acontecido lo anterior, en congruencia con esa determinación, se pronuncie sobre la probable participación del quejoso en su comisión, así como, respecto de la medida cautelar que estime procedente, en correspondencia con lo solicitado por el ministerio público y el auto que emita legalmente al resolver la situación jurídica del quejoso. (.) 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable David Rodríguez González, Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y dentro de la causa penal 344/2020/CHOLULA, realizó lo siguiente: A. Mediante audiencia celebrada el día nueve de junio de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido el treinta de octubre de dos mil veinte -acto reclamado- precisando en ese mismo acto que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado, subsistía, quedando intacta hasta en tanto se resolviera la situación jurídica del quejoso en la que se subsanarían las cuestiones de forma destacadas en la sentencia del amparo en revisión. B. En esa misma audiencia, sin dar nueva intervención a las partes procedió a resolver la situación jurídica del quejoso, con base en la imputación formulada en su contra y los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público los cuales fueron aportados en la audiencia inicial, y con libertad de jurisdicción dicto auto de vinculación a proceso a Israel Marín Rojas por el delito de abuso sexual, ilícito previsto y sancionado por los artículos 260 fracción II, y 261 fracción II, en relación con los artículos 13, primera parte, 17 y 21 fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, por no haberse justificado el empleo del medio comisivo de violencia física o moral para el delito de violación equiparada agravada. C. Asimismo, y acorde a lo anterior, dejó insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y en su lugar impuso las medidas cautelares contempladas en las fracción I, II, V, VII y VIII del articulo del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que, se ordenó la inmediata libertad del quejoso. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso reclamado; ii) dejó subsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, hasta que se resolviera su situación jurídica con base en las cuestiones destacadas en el ejecutoria del amparo en revisión; iii) con libertad de jurisdicción resolvió la situación jurídica del quejoso con base en la imputación formulada en su contra y con los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Publico; y, iv) modificó la prisión preventiva oficiosa impuesta como medida cautelar por unas menos severas, acorde, sobre todo al delito por el cual se vinculó al quejoso a proceso. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese electrónicamente al quejoso, por conducto de Gabriela Calyeca Sánchez -autorizada de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; personalmente a la tercera interesada María Félix Ahumada, en representación de AZGA -víctima u ofendida de identidad reservada-; -; y, por oficio a las autoridades responsables, a la fiscal tercera interesada, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la Superioridad en vía de acuse.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de 1. David Rodríguez González, Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, mediante el cual, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remite un disco versátil digital en el que obra la audiencia de nueve de junio de dos mil veintiuno, llevada a cabo en la causa penal 344/2020/CHOLULA para tal efecto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo -disco versátil digital-; dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al disco versátil digital que se adjunta, no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica; asimismo, guárdese en un sobre cerrado, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar; el cual, como se advierte de la certificación de cuenta, se encuentra debidamente certificado con el sello y la firma correspondiente. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Notifíquese electrónicamente al quejoso, por conducto de Gabriela Calyeca Sánchez -autorizada de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; personalmente a la tercera interesada María Félix Ahumada, en representación de AZGA -víctima u ofendida de identidad reservada-; y, por oficio a la fiscal tercera interesada.

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