Israel León Salamanca

Expediente 28/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
28/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
18/01/2023

Partes del expediente

  • Israel León Salamanca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se SOBRESEYÓ en el juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas, sean de fecha posterior a la notificación realizada a la parte quejosa, puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, rubro y texto se citan a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2012455 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 34, Tomo IV, Septiembre de 2016 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: XIX.1o.A.C. J/1 (10a.) Página: 2464 "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    VIII. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, mismo que a la letra dice: SENTENCIA... Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 28/2022 promovido por Israel León Salamanca. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el trece de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-23). SEGUNDO. Trámite. Por auto de catorce de enero siguiente, se acordó: admitir a la demanda; requerir a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 40-45). Se tuvieron por agregados en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 52-55 y 92-93). Integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, en Boca del Río, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo del Acuerdo General 03/2013. Por la vía, en virtud de que se reclama la omisión de las autoridades administrativas de dar contestación a una solicitud, que atenta contra el derecho fundamental de petición previsto en el artículo 8° constitucional, impugnable en amparo indirecto. La materia, en razón de que se actúa como órgano de instrucción en materias penal, laboral y civil, así como de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues la omisión reclamada prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan cuáles son los actos reclamados. Del análisis de la demanda de amparo, se aprecia que consisten en: La omisión por parte de la 1. Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Xalapa, Veracruz, de emitir la resolución y título correspondientes a la solicitud de prórroga del título de concesión 10VER155350/28AADA14 presentada el tres de marzo de dos mil veintiuno, a fin de amparar la explotación, uso y/o aprovechamiento de una superficie de zona federal de 2,380.03 metros cuadrados en la localidad de Chichicaxtle, Veracruz. La omisión por parte del 2. Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (denominación correcta) con sede en la Ciudad de México, de inscribir el título de concesión 10VER155350/28AADA14. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. La Directora de Asuntos Jurídicos en representación de la 1. Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Xalapa, Veracruz, y el 2. Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de las omisiones atribuidas (fojas 52-55 y 92-93). Sin embargo, de los propios informes justificados se advierte la certeza de los actos que se les atribuye a las responsables, pues, por un lado, la Directora de Asuntos Jurídicos en representación de la 1. Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, señaló que mediante oficio resolución número B00.805.02.67/2022 de diez de febrero de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente administrativo 2S.3.21/00660-2021, se autorizó la prórroga del título número VER155350 que solicitó el aquí quejoso; lo que se corrobora de las constancias que adjuntó como justificación de sus actos. Por otro lado, en el informe rendido por el Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua en representación del 2. Gerente del Registro público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, manifiesta que ha realizado la inscripción de la prórroga del título de concesión VER155350 solicitada por el quejoso a su favor, ello en atención a la resolución con número de oficio B00.805.02.67/2022 de diez de febrero de dos mil veintidós; lo anterior, se corrobora con la constancia que remitió (foja 98) de la que se advierte que dicha inscripción fue realizada el once de febrero siguiente. Documentales que tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. De lo anterior, se aprecia la certeza de las omisiones que reclama el quejoso a las mencionadas responsables, ya que al momento de la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio (trece de enero de dos mil veintidós) las autoridades continuaban incurriendo en las omisiones atribuidas; pues, fue hasta el diez de febrero de dos mil veintidós cuando se dio respuesta a la solicitud de prórroga formulada por el quejoso, y el once de febrero siguiente se realizó la inscripción correspondiente del título de concesión otorgado a favor del quejoso. De ahí, que dichas negativas quedan desvirtuadas, lo anterior en observancia además de la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, a criterio de este juzgador, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, puesto que cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Hasta aquí el marco legal. ANTECEDENTES Previo a explicar el motivo de improcedencia que se actualiza, se relatan brevemente los siguientes antecedentes del acto reclamado, obtenidos de las constancias que exhibió la quejosa y de las remitidas por las autoridades responsables, que permitirán su comprensión: 1). Mediante escrito y anexos enviados vía electrónica a la Comisión Nacional del Agua el tres de marzo de dos mil veintiuno, Israel León Salamanca (aquí quejoso) presentó solicitud de prórroga de título de concesión VER155350, a fin de continuar gozando del uso, explotación y/o aprovechamiento de una superficie de zona federal de 2,380.03 metros cuadrados en la localidad de Chichicaxtle, Veracruz (fojas 37-39). 2). El veintidós de febrero de este año, se recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el informe justificado rendido por la Directora de Asuntos Jurídicos en representación de la 1. Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Xalapa, Veracruz, en el que manifestó que ya existía la resolución con número de oficio B00.805.02.67/2022 de diez de febrero de dos mil veintidós emitida dentro del expediente administrativo 2S.3.21/00660-2021, en relación con la solicitud presentada por el quejoso vía electrónica el tres de marzo de dos mil veintiuno, la cual adjuntó a dicho informe. En dicha respuesta, la autoridad autorizó prorrogar la vigencia del título VER155350 desde las 00:00 horas del dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro, a las 23:59:59 horas del quince de diciembre de dos mil treinta y cuatro (fojas 57-61). 3). Posteriormente, el veintidós de septiembre de este año, se recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el informe justificado rendido por el Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua en representación del 2. Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, en el que manifestó que en atención a la resolución con número de oficio B00.805.02.67/2022 de diez de febrero de dos mil veintidós emitida dentro del expediente administrativo 2S.3.21/00660-2021, realizó la inscripción de la prórroga del título de concesión VER155350, de diez de febrero de dos mil veintidós, según se desprende del sello de inscripción que al efecto remitió (foja 98). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, pues en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que las autoridades responsables emitieron un nuevo acto que incide en la omisión de dar respuesta a las peticiones que les formuló la parte quejosa, sustituyéndose dichas omisiones por esas respuestas. Lo anterior se desprende de los propios informes justificados que rindieron las responsables, así como de las constancias adjuntas, de donde se aprecia que mediante resolución con número de oficio B00.805.02.67/2022 de diez de febrero de dos mil veintidós, emitida dentro del expediente administrativo 2S.3.21/00660-2021, se dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, en el sentido que: se autorizó la prorroga del título VER155350, con vigencia de las 00:00 horas del dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro a las 23:59:59 horas del quince de diciembre de dos mil treinta y cuatro, a fin de continuar gozando del uso, explotación y/o aprovechamiento de una superficie de zona federal de 2,380.03 metros cuadrados en la localidad de Chichicaxtle, Veracruz (fojas 57-61). Así, en atención a dicha resolución con número de oficio B00.805.02.67/2022 de diez de febrero de dos mil veintidós dictada dentro del expediente administrativo 2S.3.21/00660-2021, el 2. Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, realizó la inscripción de la prórroga del aludido título de concesión VER155350 (foja 98). Asimismo, se observa que la parte quejosa tuvo conocimiento de dicha resolución, así como de su inscripción, al momento en que se le dio vista con los informes justificados de ambas autoridades responsables, que lo fue precisamente el veinticuatro de febrero y tres de octubre de dos mil veintidós, en que se notificó, respectivamente, por lista los acuerdos de veintitrés de febrero y treinta de septiembre pasados. Luego, si la parte quejosa conoció las respuestas a las solicitudes que presentó el tres de marzo de dos mil veintiuno ante la autoridad responsable; por ende, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido en su totalidad la omisión de dar respuesta a sus peticiones, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8° de la Constitución Federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 205/2008 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Se destaca que, si bien dichas jurisprudencias son anteriores a la Décima Época, aun así son aplicables a la Ley de Amparo vigente, atento que no se oponen a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia analizado. Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Israel León Salamanca, contra los actos reclamados y por las autoridades, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 28/2022 promovido por Israel León Salamanca. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el trece de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-23). SEGUNDO. Trámite. Por auto de catorce de enero siguiente, se acordó: admitir a la demanda; requerir a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 40-45). Se tuvieron por agregados en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 52-55 y 92-93). Integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, en Boca del Río, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo del Acuerdo General 03/2013. Por la vía, en virtud de que se reclama la omisión de las autoridades administrativas de dar contestación a una solicitud, que atenta contra el derecho fundamental de petición previsto en el artículo 8° constitucional, impugnable en amparo indirecto. La materia, en razón de que se actúa como órgano de instrucción en materias penal, laboral y civil, así como de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues la omisión reclamada prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan cuáles son los actos reclamados. Del análisis de la demanda de amparo, se aprecia que consisten en: La omisión por parte de la 1. Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Xalapa, Veracruz, de emitir la resolución y título correspondientes a la solicitud de prórroga del título de concesión 10VER155350/28AADA14 presentada el tres de marzo de dos mil veintiuno, a fin de amparar la explotación, uso y/o aprovechamiento de una superficie de zona federal de 2,380.03 metros cuadrados en la localidad de Chichicaxtle, Veracruz. La omisión por parte del 2. Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (denominación correcta) con sede en la Ciudad de México, de inscribir el título de concesión 10VER155350/28AADA14. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. La Directora de Asuntos Jurídicos en representación de la 1. Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Xalapa, Veracruz, y el 2. Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de las omisiones atribuidas (fojas 52-55 y 92-93). Sin embargo, de los propios informes justificados se advierte la certeza de los actos que se les atribuye a las responsables, pues, por un lado, la Directora de Asuntos Jurídicos en representación de la 1. Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, señaló que mediante oficio resolución número B00.805.02.67/2022 de diez de febrero de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente administrativo 2S.3.21/00660-2021, se autorizó la prórroga del título número VER155350 que solicitó el aquí quejoso; lo que se corrobora de las constancias que adjuntó como justificación de sus actos. Por otro lado, en el informe rendido por el Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua en representación del 2. Gerente del Registro público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, manifiesta que ha realizado la inscripción de la prórroga del título de concesión VER155350 solicitada por el quejoso a su favor, ello en atención a la resolución con número de oficio B00.805.02.67/2022 de diez de febrero de dos mil veintidós; lo anterior, se corrobora con la constancia que remitió (foja 98) de la que se advierte que dicha inscripción fue realizada el once de febrero siguiente. Documentales que tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. De lo anterior, se aprecia la certeza de las omisiones que reclama el quejoso a las mencionadas responsables, ya que al momento de la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio (trece de enero de dos mil veintidós) las autoridades continuaban incurriendo en las omisiones atribuidas; pues, fue hasta el diez de febrero de dos mil veintidós cuando se dio respuesta a la solicitud de prórroga formulada por el quejoso, y el once de febrero siguiente se realizó la inscripción correspondiente del título de concesión otorgado a favor del quejoso. De ahí, que dichas negativas quedan desvirtuadas, lo anterior en observancia además de la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, a criterio de este juzgador, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, puesto que cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Hasta aquí el marco legal. ANTECEDENTES Previo a explicar el motivo de improcedencia que se actualiza, se relatan brevemente los siguientes antecedentes del acto reclamado, obtenidos de las constancias que exhibió la quejosa y de las remitidas por las autoridades responsables, que permitirán su comprensión: 1). Mediante escrito y anexos enviados vía electrónica a la Comisión Nacional del Agua el tres de marzo de dos mil veintiuno, Israel León Salamanca (aquí quejoso) presentó solicitud de prórroga de título de concesión VER155350, a fin de continuar gozando del uso, explotación y/o aprovechamiento de una superficie de zona federal de 2,380.03 metros cuadrados en la localidad de Chichicaxtle, Veracruz (fojas 37-39). 2). El veintidós de febrero de este año, se recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el informe justificado rendido por la Directora de Asuntos Jurídicos en representación de la 1. Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Xalapa, Veracruz, en el que manifestó que ya existía la resolución con número de oficio B00.805.02.67/2022 de diez de febrero de dos mil veintidós emitida dentro del expediente administrativo 2S.3.21/00660-2021, en relación con la solicitud presentada por el quejoso vía electrónica el tres de marzo de dos mil veintiuno, la cual adjuntó a dicho informe. En dicha respuesta, la autoridad autorizó prorrogar la vigencia del título VER155350 desde las 00:00 horas del dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro, a las 23:59:59 horas del quince de diciembre de dos mil treinta y cuatro (fojas 57-61). 3). Posteriormente, el veintidós de septiembre de este año, se recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el informe justificado rendido por el Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua en representación del 2. Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, en el que manifestó que en atención a la resolución con número de oficio B00.805.02.67/2022 de diez de febrero de dos mil veintidós emitida dentro del expediente administrativo 2S.3.21/00660-2021, realizó la inscripción de la prórroga del título de concesión VER155350, de diez de febrero de dos mil veintidós, según se desprende del sello de inscripción que al efecto remitió (foja 98). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, pues en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que las autoridades responsables emitieron un nuevo acto que incide en la omisión de dar respuesta a las peticiones que les formuló la parte quejosa, sustituyéndose dichas omisiones por esas respuestas. Lo anterior se desprende de los propios informes justificados que rindieron las responsables, así como de las constancias adjuntas, de donde se aprecia que mediante resolución con número de oficio B00.805.02.67/2022 de diez de febrero de dos mil veintidós, emitida dentro del expediente administrativo 2S.3.21/00660-2021, se dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, en el sentido que: se autorizó la prorroga del título VER155350, con vigencia de las 00:00 horas del dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro a las 23:59:59 horas del quince de diciembre de dos mil treinta y cuatro, a fin de continuar gozando del uso, explotación y/o aprovechamiento de una superficie de zona federal de 2,380.03 metros cuadrados en la localidad de Chichicaxtle, Veracruz (fojas 57-61). Así, en atención a dicha resolución con número de oficio B00.805.02.67/2022 de diez de febrero de dos mil veintidós dictada dentro del expediente administrativo 2S.3.21/00660-2021, el 2. Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, realizó la inscripción de la prórroga del aludido título de concesión VER155350 (foja 98). Asimismo, se observa que la parte quejosa tuvo conocimiento de dicha resolución, así como de su inscripción, al momento en que se le dio vista con los informes justificados de ambas autoridades responsables, que lo fue precisamente el veinticuatro de febrero y tres de octubre de dos mil veintidós, en que se notificó, respectivamente, por lista los acuerdos de veintitrés de febrero y treinta de septiembre pasados. Luego, si la parte quejosa conoció las respuestas a las solicitudes que presentó el tres de marzo de dos mil veintiuno ante la autoridad responsable; por ende, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido en su totalidad la omisión de dar respuesta a sus peticiones, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8° de la Constitución Federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 205/2008 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Se destaca que, si bien dichas jurisprudencias son anteriores a la Décima Época, aun así son aplicables a la Ley de Amparo vigente, atento que no se oponen a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia analizado. Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Israel León Salamanca, contra los actos reclamados y por las autoridades, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de cinco de septiembre de la presente anualidad, se señaló audiencia constitucional para el día de hoy; sin embargo, como el Titular de este órgano jurisdiccional se encuentra de licencia académica del día dieciocho al veintiuno de octubre de dos mil veintidós, según autorización fue aprobada por oficio número CCJ/ST/4464/2022 de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y el suscrito como encargado del despacho no está autorizado para resolver en definitiva, en términos del artículo 43, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva fecha para su verificativo. Ahora, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de treinta de septiembre pasado, se tuvo como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, a la autoridad responsable bajo el numeral 2. Señaladas en el oficio con registro 16848; sin embargo, se omitió tenerle como prueba la documental que anexo al mismo; por ello, se tiene como prueba la documental que remitió como justificación de su informe, la cual se deja a vista de las partes por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

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