Israel Leandro Fierro y Otros.

Expediente 1369/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1369/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
22/02/2022

Partes del expediente

  • Israel Leandro Fierro
  • Israel Leandro Fierro y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso revisión, contra el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente es depurable, toda vez que si bien se sobreseyó en el asunto, por auto dictado el veinticinco de diciembre de dos mil veintiuno se concedió la suspensión de plano peticionada. Finalmente, devuélvase al Secretario Técnico de Gabinete del 1. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, el anexo que remitió como complemento a su informe con justificación. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el informe justificado rendido por el Secretario Técnico de Gabinete del 1. y 2. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en representación de la Coordinación de oficialías Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras y como Superior Jerárquico del Oficial Conciliador y Calificador en Turno encargado del Centro de Detención de Etílicos de dicho municipio. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona en su informe. Ahora bien, del informe de cuenta y de sus anexos se advierte que siendo las dieciséis horas con siete minutos del veinticinco de diciembre del año próximo pasado, el quejoso salió en libertad en acatamiento a la suspensión de plano que este órgano federal concedió. De la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", que no son las sentencias dictadas en dicha audiencia. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; conforme al criterio referido está contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ahora bien, se destaca que del análisis integral a la demanda de amparo, respecto a dicho acto reclamado se advierte oficiosamente que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos de dicho arresto administrativo del que de manera destacada se duele el impetrante, pues resulta relevante precisar que respecto al mismo que este órgano federal concedió la suspensión de plano; por lo que, la autoridad responsable en acatamiento a dicha medida cautelar, siendo las dieciséis horas con siete minutos del veinticinco de diciembre del año próximo pasado, puso en libertad al aquí solicitante. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional en el que concluye la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera de derechos del gobernado queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión u omisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció, o bien, por un acto posterior fenecieron las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del gobernado, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 9/982, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De lo narrado anteriormente se pone de manifiesto que cesaron los efectos del arresto que le fue impuesto con motivo de que sobrepaso el límite permitido de alcohol, porque el veinticinco de diciembre del año próximo pasado, el quejoso salió en libertad del Centro de Detención de Etílicos de Ecatepec de Morelos, Estado de México; de ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos de los actos que motivaron el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada. Aunado a que, de continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión de la promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que en el supuesto que se otorgara la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trata; pues si bien se ordenó y ejecutó el arresto del aquí quejoso, con posterioridad se ordenó su libertad, y en el informe de cuenta la responsable apuntó "dicha sanción administrativa, la cual se dejó insubsistente desde el momento en que salió en libertad, por lo que no hay sanción pendiente que realizar ya que el quejoso ya no está en la misma condición en que se encontraba al ser detenido y sería innecesario cumplir horas cuando ya se está en un estado normal", haciendo evidente que la pretendida violación de derechos humanos que reclama el peticionario de amparo, está consumada de modo irreparable, desde el momento en que se llevó a dicho lugar para el cumplimiento de la sanción impuesta, ya que, aun cuando se considerara inconstitucional el arresto reclamado, no podría restituírsele en el goce de ese derecho, precisamente, porque el quejoso ya fue puesto en libertad, y la autoridad manifiesta expresamente que no hay sanción pendiente de ejecutar. Orienta a lo anterior en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 171/2007, Registro171537, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 423, Novena Época, Materias(s): Administrativa, de rubro y texto siguiente: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las nueve horas del cuatro de marzo de dos mil veintidós. Como lo solicita, vez que cause estado la presente determinación, hágase la devolución del expediente original que anexó al informe de cuenta. Finalmente, toda vez que aún se encuentra en resguardo de esta secretaría los oficios 2088/2022 y 2089/2022, expedidos el treinta y uno de enero de este año, en el que se formuló requerimiento a las autoridades ahí referidas; por tanto, se estima que atento a lo proveído en el párrafo que antecede resulta innecesaria su remisión, por lo que se ordena cancelarlos. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para el día de hoy, y que transcurrió el término de quince días que se otorgó a las responsables 1. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS; y, 2. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ECATEPEC DE MORELOS, mediante auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, para que rindan su informe justificado, toda vez que fueron notificadas el treinta de diciembre siguiente; por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se señalan las nueve horas del cuatro de marzo de dos mil veintidós. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley de la materia, se les requiere, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su notificación remitan a este órgano federal copias certificadas de las constancias que les sirvieron de base para emitir el acto reclamado; con el apercibimiento que, de no hacerlo, o de no informar la imposibilidad jurídica que tenga para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización de conformidad de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de enero de dos mil veintidós. Agréguese el informe justificado rendido por el 3. Director de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos, Estado de México; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Como lo solicita, con arreglo en el numeral 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona y como domicilio el que refiere. Notifíquese. Iván

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