Israel Lauro Torres

Expediente 1074/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1074/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Israel Lauro Torres

Actuaciones

  1. Incidental

    INC 1074/2023 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Incidente de suspensión y registro. Como está ordenado en auto de esta fecha dictado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 128 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda de amparo depositada el ocho de noviembre de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y recibida en este órgano jurisdiccional en la misma fecha; promovida por Israel Lauro Torres, por propio derecho, contra actos reclamados al magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 54 en el Estado de Oaxaca y otras autoridades; así como copia del escrito aclaratorio de la demanda de amparo; fórmese por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1074/2023. 2. Petición de informe previo. Con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo solicítese informe previo a las autoridad(es) responsable(s), que deberá(n) rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas. Se solicita a la(s) responsable(s) que al rendir su(s) informe(s) previo(s), acompañe(n) copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyarlo, las cuales deberán estar íntegras y legibles. Se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s), para que el informe previo y, en su caso, constancias relativas, se remitan a) a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con firma electrónica, o en ejercicio del convenio de interconexión que, en su caso, hayan celebrado; o b) físicamente en la Oficialía de Partes de este Juzgado, en un horario de atención al público de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes, y después de ese horario en el buzón judicial instalado en el acceso al edificio sede este órgano jurisdiccional, inclusive, hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos; o de ser el caso, c) vía postal o mensajería acelerada. Solo en casos excepcionales podrá emplearse el uso de medios tecnológicos para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; como así lo prevé el artículo 257, fracción I, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós Apercibimiento. Con los propios fundamentos legales invocados, apercíbase a la(s) responsable(s) que, de no cumplir con lo anterior, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario. 3. Audiencia Incidental. Se señalan las trece horas con veinticuatro minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo. 4. Estudio de la suspensión provisional. La parte quejosa reclama del 1) magistrado y 2) secretaria de acuerdos, ambos del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 54 en el Estado, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca: La multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización vigente, impuesta mediante acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintitrés dictada en el expediente agrario 90/2022, del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 54 en el Estado, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, por considerar que no complementó el dictamen pericial solicitado. Y de la autoridad ejecutora Secretaría de Administración Tributaria, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca le atribuye: La orden de cobro de la multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización. Por lo que solicita la medida cautelar para los siguientes efectos: (Imagen escaneada) Con el objeto de proveer en relación a la suspensión solicitada, se estima pertinente precisar que la parte quejosa intervino en el expediente agrario número 90/2022, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 54 en el Estado, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, en el cual fue discernido del cargo de perito de la parte actora a fin de que rindiera su dictamen en esa materia, y mediante acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintitrés se le impuso una multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización, por considerar que no complementó el dictamen pericial solicitado. Ahora, se precisa que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra a favor de los gobernados la prerrogativa consistente en la suspensión de los actos reclamados; sin embargo, en la Ley de Amparo se fijan los casos y las condiciones correspondientes para su otorgamiento, en el entendido de que la suspensión tiene como finalidad preservar la materia del juicio de amparo. Por su parte, el diverso numeral 147, párrafo segundo, de la ley invocada prevé la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, debiendo el juez fijar la situación en la cual habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio. Y el precepto 131 de dicha legislación establece que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá si acredita el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; pero en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido antes de la presentación de la demanda. Así, los artículos 125, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo establecen los requisitos para conceder la suspensión provisional o definitiva que el juzgador debe considerar para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, a saber: I. Que el quejoso haya solicitado la apertura del incidente. II. Que la naturaleza del acto reclamado permita la suspensión. III. Que el solicitante de la suspensión acredite el interés para obtenerla, de manera indiciaria, es decir, analizado sin rigorismos, que tiene como finalidad que la suspensión no sea un modo de constituir derechos. IV. Que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. V. Si con la suspensión puede ocasionar daño o perjuicio a terceros y si es necesario o no garantizar su reparación. VI. La ponderación de la apariencia del buen derecho. En cuanto a la suspensión provisional solicitada del acto reclamado consistente en la orden de cobro de la multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización, al cumplirse con todos los requisitos para conceder la suspensión provisional, SE CONCEDE la suspensión provisional solicitada, para que no se haga efectiva la multa impuesta mediante acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, emitido en el expediente agrario 90/2022, del índice de Tribunal Unitario Agrario Distrito 54 en el Estado, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, como perito oficial de la parte actora, equivalente a treinta unidades de medida de actualización (UMA) vigente en el dos mil veintitrés y actualización, a efecto de no ocasionar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo. 4.1 Requisito de eficacia. Y como lo establece el artículo 135 de la Ley de Amparo, esta suspensión provisional surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, en el plazo de cinco días, por la cantidad de $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos, veinte centavos moneda nacional), equivalente a treinta unidades de medida de actualización vigente en el año dos mil veintitrés, impuesta como multa a la parte quejosa; pues las multas administrativas, judiciales, civiles o penales (impuestas por la comisión de infracciones no relacionadas con la materia tributaria), constituyen aprovechamientos en términos de lo dispuesto en el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación; de ahí que, por su naturaleza, adquieren la naturaleza de créditos fiscales exigibles; por tanto, al solicitarse la suspensión contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse. Se invoca en apoyo la jurisprudencia I.7o.A.86 A (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 2178, registro 2003317, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL MEDIANTE SU PAGO EN CANTIDAD ACTUALIZADA. El artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación establece que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, y su diverso precepto 21 prevé que si éstos no se cubren en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago hasta que el mismo se efectúe. Por su parte, el primer párrafo del numeral 135 de la Ley de Amparo dispone que si éste se pide contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o Municipio que corresponda, el que tendrá que cubrirse con el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. Así las cosas, para que surta efectos la suspensión en el juicio de amparo promovido contra una multa administrativa no fiscal, el quejoso debe garantizar el interés fiscal mediante su pago en cantidad actualizada, por lo que el juzgador no debe rechazarlo al considerar que es distinto al importe de la multa impuesta sin actualización, en virtud de que el agraviado cumplió con ese requisito de efectividad hasta donde le fue posible, máxime que corresponde a las autoridades responsables requerir los documentos necesarios para el caso de hacer efectiva dicha suma, de sobreseerse en el juicio de amparo, o bien, negarse la protección de la Justicia Federal." 4.2. Duración de la suspensión provisional. La suspensión provisional concedida durará en sus efectos hasta que se notifique a las responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva que se emita en la audiencia incidental, pero no surtirá efectos si la autoridad responsable actúa en cumplimiento de alguna ejecutoria de amparo cuya naturaleza intrínseca tiende a restablecer el orden constitucional que en sentencia firme se estimó violado. 5. Intervención a la fiscal adscrita. Se ordena dar la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. 6. Domicilio y autorizados. a) Domicilio. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda. b) Autorizados. Asimismo, con fundamento en el numeral 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a Rene González Luis (cédula profesional 2390484), por haberse encontrado registrada su cédula en la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas. 7. Parte quejosa proporciona correo electrónico y teléfonos. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa proporcionando una dirección de correo electrónico y número telefónico como medios para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 8. Publicación de versión pública de sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente que, en su momento, integre la resolución que se llegue a dictar, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado, de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 1074/2023 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Cumple prevención. Agréguese el escrito firmado por el quejoso Israel Lauro Torres, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, aclara su demanda de amparo; en su atención, se provee: Visto la demanda y el escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa aclara y señala a las autoridades responsables de la forma siguiente: De la imagen anterior se advierte que la parte quejosa adujo que no es su deseo señalar como autoridad responsable a la actuaria notificadora y que precisa como nueva autoridad ejecutora a la Secretaría de Administración Tributaria, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca. Y señala como nuevo acto reclamado el siguiente: (Imagen escaneada) 1. 1. Se instruye a la analista jurídico SISE. Encomiéndese a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que proceda a realizar las anotaciones correspondientes en relación a la autoridad que dejó de señalar como responsable y la nueva autoridad que señala como responsable. 2. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 108, 110, 112, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. 3. Incidente de suspensión. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión. 4. Petición de informe justificado. Pídase informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), que deberá(n) rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba(n) la notificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Con apoyo en lo dispuesto en el cuarto párrafo del invocado numeral 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la(s) autoridad(es) responsable(s), que al rendir su informe justificado: a) acompañe(n) copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; y b) que las copias sean íntegras y legibles. Se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s), para que su informe justificado y, en su caso, constancias relativas, se remitan a) con firma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o en ejercicio del convenio de interconexión que, en su caso, hayan celebrado; b) físicamente en la Oficialía de Partes de este Juzgado, en un horario de atención al público de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes, y después de ese horario en el buzón judicial instalado en el acceso al edificio sede este órgano jurisdiccional, inclusive, hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos; c) o de ser el caso, mediante vía postal o mensajería acelerada. Apercibimiento. Con los propios fundamentos legales invocados, apercíbase a la(s) responsable(s) que, de no cumplir con lo anterior, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado (quince días) o lo haga(n) sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la resolución del juicio constitucional, o de no comunicar el cambio de situación jurídica de la parte quejosa, o de alguna causal notoria de sobreseimiento que se produzca, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente al importe de cincuenta días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha de este auto. 5. Datos reservados. Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 17, 97, 99, 107, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) que, para el caso de exhibir documentación o información que tenga el carácter de reservada o confidencial, la envíe(n) en sobre cerrado con la leyenda respectiva, como parte de las medidas necesarias que le(s) corresponde tomar para asegurar su conservación, para lo cual expresará(n) las razones que lo justifiquen y el plazo de reserva; en tal caso, deberá(n) emitir la versión pública de las constancias que tomó(aron) en cuenta para emitir los actos reclamados. 6. Información confidencial. Además, se hace del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de que exhiba alguna prueba documental, deberá indicar expresamente si contiene información confidencial o que deba tener un tratamiento especial, argumentando los motivos y fundamentos en los que se sustente su dicho, así como exhibirlas en sobre cerrado, a fin de proveer lo procedente. 7. Informe de diverso juicio de amparo. Asimismo, se solicita a la(s) responsable(s) comunique(n) si existe diverso juicio de amparo que se haya promovido contra algún acto que, en su caso, derive del expediente del que emane el acto reclamado, o asuntos relacionados; de ser así, precise(n) el Juzgado que conoce o conoció del mismo, y el número de juicio. 8. Causa de improcedencia. Con fundamento en el numeral 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo se requiere a las partes que comuniquen cuando cesen o hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento. 9. Audiencia constitucional. Se señalan las trece horas con veinticuatro minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo. 10. Intervención a la fiscal adscrita. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al (la) agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a) la intervención que legalmente le corresponde, con copia de la demanda de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 1074/2023 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo presentada el ocho de noviembre de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y recibida en este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por *****, por propio derecho, contra actos del magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 54 en el Estado de Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente con el registro *****. 2. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19, y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales; por lo que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el referido Acuerdo General, vigente a partir del siete de ese mes y año. 3. Aspectos concernientes a la integración del expediente. Con la precisión que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Bajo esa condición, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós; sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 3.1. Instrucción a secretaria encargada del expediente. Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Al efecto, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. 4. Prevención de la demanda de amparo. A fin de proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el diverso numeral 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y con las copias necesarias del mismo, bajo protesta de decir verdad, aclare su instancia constitucional, en los términos siguientes: Como de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Asimismo, en los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, no precisó la forma en que se ordenó ejecutar la multa impuesta. Por ello, a fin de establecer la competencia de este juzgado, se solicita a la parte quejosa aclare la demanda en los términos siguientes: PRIMERO. Precise a qué autoridad ordenó el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 54, en el Estado de Oaxaca, residente en Puerto Escondido, Oaxaca el cobro de la multa impuesta en el expediente agrario *****. Lo anterior, para determinar la forma en que se realizará el cobro de la multa, pues dicho aspecto se debe considerar para efectos de la ejecución del auto reclamado y, por ende, para la competencia de este Juzgado. SEGUNDO. En caso de ser diversa a las autoridades que ya señaló como ejecutoras en la demanda, indique si la(s) señala como autoridad(es) responsable(s). TERCERO. De ser así, indique el acto en concreto que le(s) reclama. CUARTO. Asimismo, deberá ampliar los antecedentes del acto reclamado, de una manera congruente, con los actos de ejecución que reclame. Lo anterior, aunque pudiera advertirse de las constancias que remita la autoridad responsable con su informe justificado, pues, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo, es uno de los requisitos de procedibilidad que la parte quejosa debe expresar en el escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad. Sirve de apoyo, por su contenido, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." (Jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 713, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). 5. Precisión. Se precisa que la referida prevención se realizan a fin de que, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, la (s) autoridad (es) responsable (s) defienda (n) la constitucionalidad del acto que se le (s) reclama al emitir su informe justificado, y se integre la litis de manera correcta; pues, al respecto, este órgano jurisdiccional, aunque realizara una interpretación íntegra del escrito de demanda, no sucede lo mismo para las demás partes, a las que se les deben de precisar las circunstancias respectivas. Se invoca en apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 393 tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". 5.1 Apercibimiento. En el entendido que, de no cumplir con la prevención formulada dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 5.2 Hechos falsos. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que la Ley de Amparo, en su artículo 261, fracción I, sanciona la afirmación de hechos falsos en relación con el acto reclamado, esto es, aportar datos que no le consten o los omita, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida; motivo por el cual se le exhorta que, al cumplir con el requerimiento antes formulado, se conduzca con verdad en relación al requerimiento antes realizado. 6. Domicilio y autorizados. a) Domicilio. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda. b) Autorizados. Asimismo, con fundamento en el numeral 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***** (cédula profesional ******), por haberse encontrado registrada su cédula en la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas. 7. Parte quejosa proporciona correo electrónico y teléfonos. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa proporcionando una dirección de correo electrónico y número telefónico como medios para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 8. Publicación de versión pública de sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes, que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que, en su momento, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.Mjs*

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