Israel Juárez Candía
Expediente 1170/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1170/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Israel Juárez Candía
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos y certificación. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes. Tomos de pruebas. Devuélvanse al Juez Segundo del Ramo Familiar en esta ciudad, los tres tomos de pruebas que remitió en justificación a su informe de ley. Remisión al archivo de trámite. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones VII y IX y 8º fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que el presente es un asunto total y definitivamente concluido y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE. Valoración documental. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del citado Acuerdo General, debido a que el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia, determinación que causó estado en esta fecha, se determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que el mismo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Criterios que deberán hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 34 segundo párrafo del mencionado Acuerdo General; sin que en el caso obre documento original que deba devolverse. Destrucción. Una vez que se cumplan TRES AÑOS de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, esto es, a partir de la data en que se actúa, y antes de la visita de inspección que corresponda, deberá procederse a su destrucción. Acontecido lo anterior, se deberá de remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Digitalización. Conforme a lo dispuesto en el numeral 9 segundo párrafo del Acuerdo General en cita, todas las constancias y documentos del expediente físico deberán encontrarse digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico, por lo que el trámite de éste deberá realizarse con las constancias y documentos impresos existentes, en términos de la normativa aplicable. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Publico de la adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de razón actuarial. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que al diligenciario adscrito a este Juzgado, no le fue posible notificar personalmente a la tercera interesada Debra Ismay Dávalos Hernández, por derecho propio y en representación de los infantes N.P.J.D. y L.L.J.D., el auto de veintisiete de septiembre del año en curso, por los motivos que asentó. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se requirió a la tercera interesada Debra Ismay Dávalos Hernández, por derecho propio y en representación de los infantes N.P.J.D. y L.L.J.D., para que en el término de tres días, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, se le practicarían por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, y toda vez que a la fecha en que se actúa transcurrió el plazo otorgado, sin que dicha parte procesal hubiese dado cumplimiento al citado requerimiento. Efectivo apercibimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, por lo que con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquesele a la tercero interesada citada el proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, así como las subsecuentes determinaciones de carácter de personal, por medio de lista. Notifíquese por medio de lista; y cúmplase.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, SE NOTIFICA POR LISTA A LA tercera interesada Debra Ismay Dávalos Hernández, el proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, QUE DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Del estado de autos se advierte que el quejoso reclama del Juez Segundo del Ramo Familiar en esta ciudad: a) Acuerdo dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio familiar 1501/2020, a través del cual dejó sin efectos la citación para resolver el incidente de modificación de convenio, hasta en tanto se diera cumplimiento al diverso proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, por el que requirió a la Directora del Archivo Judicial para que remitiera los autos del expediente 461/2020, el cual había sido acumulado al primero citado. b) Auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio familiar 1501/2020, por el que ordenó agregar el oficio 5064/2023, signado por el Director del Archivo del Poder Judicial del Estado, a través del cual anexó el expediente 461/2020, y hace del conocimiento de las partes por medio de lista su llegada. c) Proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio familiar 1501/2020, a través del cual citó para resolver el recurso de revocación admitido a trámite el diecisiete de mayo del año actuarial, y en atención al escrito presentado por el aquí quejoso (por el que solicitó se dicte resolución en el incidente de modificación de convenio), determinó que debía estarse a lo decretado en líneas que precedían. Con la precisión de que dichos acuerdos los reclama el quejoso con motivo de que el Juez Segundo del Ramo Familiar en esta ciudad, ha postergado la resolución del incidente de modificación de convenio. Estudio de una causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." Como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Así, tenemos que tal hipótesis se surte, cuando concurren los siguientes elementos: a) Que exista un acto de autoridad emanado de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad se emita un nuevo acto en el mismo procedimiento, con el cual se produzca una nueva situación jurídica; c) Que por virtud de ello, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones respecto del primer acto, por no poder subsanarse aquellas sin afectar la nueva situación jurídica. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva determinación adoptada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Apoya lo anterior la tesis aislada 2a.CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así como la tesis aislada sin número, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 145, Tomo VIII, Septiembre de 1991, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." En el caso, de las constancias remitidas por el Juez responsable en copia certificada, a través del oficio 4973/2023, se advierte: El doce de julio de dos mil veintitrés, en los autos del expediente 1501/2020, relativo a la controversia familiar por alimentos y custodia, se resolvió el incidente de modificación de convenio instado por Israel Juárez Candia, cuyos puntos resolutivos son: ".PRIMERO.- Procedió la vía incidental. SEGUNDO.- Por las razones expresadas en el presente fallo, se declara improcedente el incidente de modificación de convenio promovido por ISRAEL JUAREZ CANDIA; en consecuencia, queda subsistente lo pactado por ISRAEL JUAREZ CANDIA Y DEBRA ISMAY DAVALOS HERNANDEZ, en el convenio celebrado con fecha 21 veintiuno de junio de 2021 dos mil veintiuno. TERCERO.- Tanto ISRAEL JUAREZ CANDIA Y DEBRA ISMAY DAVALOS HERNANDEZ, deberán acudir a la brevedad a terapias psicológicas periódicas al Desarrollo Integral de la Familia Estatal (DIF), por lo anterior, gírese oficio a dicha institución a fin de que de no haber inconveniente legal, asigne personal especializado a su cargo para que brinde dichas terapias y remita las conclusiones y resultados de las mismas. CUARTO.- No hay especial condenación de costas.". Inconforme con dicha interlocutoria el aquí quejoso Israel Juárez Candia, interpuso recurso de apelación, el cual se encuentra pendiente de resolución. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En ese tenor, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio, al actualizarse los requisitos antes precisados, ya que respecto al inciso a), esto es, que exista un acto de autoridad emanado de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, debe decirse que los actos reclamados fueron emitidos dentro del expediente familiar 1501/2020, y su acumulado 461/2020; juicio de origen del cual conoce actualmente el Juez Segundo Familiar en esta ciudad. De lo que se sigue que el acto reclamado fue emitido dentro de un procedimiento judicial. En lo que toca al requisito precisado en el inciso b), consistente en que con posterioridad se emita un nuevo acto en el procedimiento, con el cual se produzca una nueva situación jurídica, se actualiza en el caso en estudio, pues el doce de julio de dos mil veintitrés, se emitió una interlocutoria que sustituyó procesalmente los acuerdos reclamados de quince y veintiséis de mayo, así como siete de junio, todos de dos mil veintitrés, pues a través de la primera citada se resolvió el incidente de modificación de convenio promovido por Israel Juárez Candia. En efecto, como se señaló, en el caso se reclama el acuerdo dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual dejó sin efectos la citación para resolver el incidente de modificación de convenio; el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por el que ordenó dar vista a las partes con la llegadas de los autos del expediente 461/2020; y proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, a través del cual se citó para resolver el recurso de revocación admitido a trámite el diecisiete de mayo del año actuarial, y en atención al escrito presentado por el aquí quejoso (por el que solicitó se dicte resolución en el incidente de modificación de convenio), determinó que debía estarse a lo decretado en líneas que precedían; tales actuaciones se dictaron dentro de la tramitación del incidente de modificación de convenio promovido por Israel Juárez Candia, en el expediente familiar 1501/2020. De ahí que dichos actos dejaron de surtir efectos legales propios con motivo de la resolución de doce de julio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente familiar 1501/2020, y por tanto, sustituyó procesalmente a los acuerdos mencionados. De lo que se sigue que en el caso se actualice el supuesto previsto en el inciso c), puesto que por virtud de la emisión de dicha interlocutoria (de doce de julio de dos mil veintitrés), deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones respecto de los actos reclamados, ya que no podrían ser subsanadas sin afectar la nueva situación jurídica que impera dentro del expediente familiar 1501/2020, esto es, que ya existe resolución en el incidente de modificación de convenio, respecto del cual en este juicio de amparo se reclamada su postergación de resolución a través de los proveídos dictados el quince y veintiséis de mayo, así como siete de junio, todos de dos mil veintitrés. De lo que resulta, que este órgano federal se encuentra legalmente imposibilitado para hacer un pronunciamiento con respecto a las violaciones alegadas por el quejoso, pues no podría concederse la protección federal solicitada sin afectar la nueva situación jurídica creada por la subsecuente determinación, que impera en el expediente familiar 1501/2020, del que derivan los actos tildados de inconstitucionales. Finalmente, en el caso también se actualiza el elemento previsto en el inciso d), ello pues aun cuando los actos que aquí se reclaman resultaran inconstitucionales, la determinación de doce de julio de dos mil veintitrés, que resolvió el fondo del incidente de modificación de convenio, subsistiría, al no depender de éstos. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia anteriormente analizada y, por ende, respecto de dichos actos, consistentes en el acuerdo dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual dejó sin efectos la citación para resolver el incidente de modificación de convenio; el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por el que ordenó dar vista a las partes con la llegadas de los autos del expediente 461/2020; y proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, a través del cual se citó para resolver el recurso de revocación admitido a trámite el diecisiete de mayo del año actuarial, y en atención al escrito presentado por el aquí quejoso (por el que solicitó se dicte resolución en el incidente de modificación de convenio), determinó que debía estarse a lo decretado en líneas que precedían; todos dentro del expediente familiar 1501/2020. Sobreseimiento. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el diverso artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como la diversa I.7º.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1600, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional programada para el día en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada; vía electrónica a la representante especial; por medio de lista; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Del estado de autos se advierte que el quejoso reclama del Juez Segundo del Ramo Familiar en esta ciudad: a) Acuerdo dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio familiar 1501/2020, a través del cual dejó sin efectos la citación para resolver el incidente de modificación de convenio, hasta en tanto se diera cumplimiento al diverso proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, por el que requirió a la Directora del Archivo Judicial para que remitiera los autos del expediente 461/2020, el cual había sido acumulado al primero citado. b) Auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio familiar 1501/2020, por el que ordenó agregar el oficio 5064/2023, signado por el Director del Archivo del Poder Judicial del Estado, a través del cual anexó el expediente 461/2020, y hace del conocimiento de las partes por medio de lista su llegada. c) Proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio familiar 1501/2020, a través del cual citó para resolver el recurso de revocación admitido a trámite el diecisiete de mayo del año actuarial, y en atención al escrito presentado por el aquí quejoso (por el que solicitó se dicte resolución en el incidente de modificación de convenio), determinó que debía estarse a lo decretado en líneas que precedían. Con la precisión de que dichos acuerdos los reclama el quejoso con motivo de que el Juez Segundo del Ramo Familiar en esta ciudad, ha postergado la resolución del incidente de modificación de convenio. Estudio de una causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." Como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Así, tenemos que tal hipótesis se surte, cuando concurren los siguientes elementos: a) Que exista un acto de autoridad emanado de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad se emita un nuevo acto en el mismo procedimiento, con el cual se produzca una nueva situación jurídica; c) Que por virtud de ello, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones respecto del primer acto, por no poder subsanarse aquellas sin afectar la nueva situación jurídica. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva determinación adoptada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Apoya lo anterior la tesis aislada 2a.CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así como la tesis aislada sin número, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 145, Tomo VIII, Septiembre de 1991, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." En el caso, de las constancias remitidas por el Juez responsable en copia certificada, a través del oficio 4973/2023, se advierte: El doce de julio de dos mil veintitrés, en los autos del expediente 1501/2020, relativo a la controversia familiar por alimentos y custodia, se resolvió el incidente de modificación de convenio instado por Israel Juárez Candia, cuyos puntos resolutivos son: ".PRIMERO.- Procedió la vía incidental. SEGUNDO.- Por las razones expresadas en el presente fallo, se declara improcedente el incidente de modificación de convenio promovido por ISRAEL JUAREZ CANDIA; en consecuencia, queda subsistente lo pactado por ISRAEL JUAREZ CANDIA Y DEBRA ISMAY DAVALOS HERNANDEZ, en el convenio celebrado con fecha 21 veintiuno de junio de 2021 dos mil veintiuno. TERCERO.- Tanto ISRAEL JUAREZ CANDIA Y DEBRA ISMAY DAVALOS HERNANDEZ, deberán acudir a la brevedad a terapias psicológicas periódicas al Desarrollo Integral de la Familia Estatal (DIF), por lo anterior, gírese oficio a dicha institución a fin de que de no haber inconveniente legal, asigne personal especializado a su cargo para que brinde dichas terapias y remita las conclusiones y resultados de las mismas. CUARTO.- No hay especial condenación de costas.". Inconforme con dicha interlocutoria el aquí quejoso Israel Juárez Candia, interpuso recurso de apelación, el cual se encuentra pendiente de resolución. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En ese tenor, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio, al actualizarse los requisitos antes precisados, ya que respecto al inciso a), esto es, que exista un acto de autoridad emanado de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, debe decirse que los actos reclamados fueron emitidos dentro del expediente familiar 1501/2020, y su acumulado 461/2020; juicio de origen del cual conoce actualmente el Juez Segundo Familiar en esta ciudad. De lo que se sigue que el acto reclamado fue emitido dentro de un procedimiento judicial. En lo que toca al requisito precisado en el inciso b), consistente en que con posterioridad se emita un nuevo acto en el procedimiento, con el cual se produzca una nueva situación jurídica, se actualiza en el caso en estudio, pues el doce de julio de dos mil veintitrés, se emitió una interlocutoria que sustituyó procesalmente los acuerdos reclamados de quince y veintiséis de mayo, así como siete de junio, todos de dos mil veintitrés, pues a través de la primera citada se resolvió el incidente de modificación de convenio promovido por Israel Juárez Candia. En efecto, como se señaló, en el caso se reclama el acuerdo dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual dejó sin efectos la citación para resolver el incidente de modificación de convenio; el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por el que ordenó dar vista a las partes con la llegadas de los autos del expediente 461/2020; y proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, a través del cual se citó para resolver el recurso de revocación admitido a trámite el diecisiete de mayo del año actuarial, y en atención al escrito presentado por el aquí quejoso (por el que solicitó se dicte resolución en el incidente de modificación de convenio), determinó que debía estarse a lo decretado en líneas que precedían; tales actuaciones se dictaron dentro de la tramitación del incidente de modificación de convenio promovido por Israel Juárez Candia, en el expediente familiar 1501/2020. De ahí que dichos actos dejaron de surtir efectos legales propios con motivo de la resolución de doce de julio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente familiar 1501/2020, y por tanto, sustituyó procesalmente a los acuerdos mencionados. De lo que se sigue que en el caso se actualice el supuesto previsto en el inciso c), puesto que por virtud de la emisión de dicha interlocutoria (de doce de julio de dos mil veintitrés), deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones respecto de los actos reclamados, ya que no podrían ser subsanadas sin afectar la nueva situación jurídica que impera dentro del expediente familiar 1501/2020, esto es, que ya existe resolución en el incidente de modificación de convenio, respecto del cual en este juicio de amparo se reclamada su postergación de resolución a través de los proveídos dictados el quince y veintiséis de mayo, así como siete de junio, todos de dos mil veintitrés. De lo que resulta, que este órgano federal se encuentra legalmente imposibilitado para hacer un pronunciamiento con respecto a las violaciones alegadas por el quejoso, pues no podría concederse la protección federal solicitada sin afectar la nueva situación jurídica creada por la subsecuente determinación, que impera en el expediente familiar 1501/2020, del que derivan los actos tildados de inconstitucionales. Finalmente, en el caso también se actualiza el elemento previsto en el inciso d), ello pues aun cuando los actos que aquí se reclaman resultaran inconstitucionales, la determinación de doce de julio de dos mil veintitrés, que resolvió el fondo del incidente de modificación de convenio, subsistiría, al no depender de éstos. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia anteriormente analizada y, por ende, respecto de dichos actos, consistentes en el acuerdo dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual dejó sin efectos la citación para resolver el incidente de modificación de convenio; el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por el que ordenó dar vista a las partes con la llegadas de los autos del expediente 461/2020; y proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, a través del cual se citó para resolver el recurso de revocación admitido a trámite el diecisiete de mayo del año actuarial, y en atención al escrito presentado por el aquí quejoso (por el que solicitó se dicte resolución en el incidente de modificación de convenio), determinó que debía estarse a lo decretado en líneas que precedían; todos dentro del expediente familiar 1501/2020. Sobreseimiento. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el diverso artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como la diversa I.7º.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1600, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional programada para el día en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada; vía electrónica a la representante especial; por medio de lista; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Del estado de autos se advierte que el quejoso reclama del Juez Segundo del Ramo Familiar en esta ciudad: a) Acuerdo dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio familiar 1501/2020, a través del cual dejó sin efectos la citación para resolver el incidente de modificación de convenio, hasta en tanto se diera cumplimiento al diverso proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, por el que requirió a la Directora del Archivo Judicial para que remitiera los autos del expediente 461/2020, el cual había sido acumulado al primero citado. b) Auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio familiar 1501/2020, por el que ordenó agregar el oficio 5064/2023, signado por el Director del Archivo del Poder Judicial del Estado, a través del cual anexó el expediente 461/2020, y hace del conocimiento de las partes por medio de lista su llegada. c) Proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio familiar 1501/2020, a través del cual citó para resolver el recurso de revocación admitido a trámite el diecisiete de mayo del año actuarial, y en atención al escrito presentado por el aquí quejoso (por el que solicitó se dicte resolución en el incidente de modificación de convenio), determinó que debía estarse a lo decretado en líneas que precedían. Con la precisión de que dichos acuerdos los reclama el quejoso con motivo de que el Juez Segundo del Ramo Familiar en esta ciudad, ha postergado la resolución del incidente de modificación de convenio. Estudio de una causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." Como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Así, tenemos que tal hipótesis se surte, cuando concurren los siguientes elementos: a) Que exista un acto de autoridad emanado de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad se emita un nuevo acto en el mismo procedimiento, con el cual se produzca una nueva situación jurídica; c) Que por virtud de ello, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones respecto del primer acto, por no poder subsanarse aquellas sin afectar la nueva situación jurídica. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva determinación adoptada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Apoya lo anterior la tesis aislada 2a.CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así como la tesis aislada sin número, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 145, Tomo VIII, Septiembre de 1991, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." En el caso, de las constancias remitidas por el Juez responsable en copia certificada, a través del oficio 4973/2023, se advierte: El doce de julio de dos mil veintitrés, en los autos del expediente 1501/2020, relativo a la controversia familiar por alimentos y custodia, se resolvió el incidente de modificación de convenio instado por Israel Juárez Candia, cuyos puntos resolutivos son: ".PRIMERO.- Procedió la vía incidental. SEGUNDO.- Por las razones expresadas en el presente fallo, se declara improcedente el incidente de modificación de convenio promovido por ISRAEL JUAREZ CANDIA; en consecuencia, queda subsistente lo pactado por ISRAEL JUAREZ CANDIA Y DEBRA ISMAY DAVALOS HERNANDEZ, en el convenio celebrado con fecha 21 veintiuno de junio de 2021 dos mil veintiuno. TERCERO.- Tanto ISRAEL JUAREZ CANDIA Y DEBRA ISMAY DAVALOS HERNANDEZ, deberán acudir a la brevedad a terapias psicológicas periódicas al Desarrollo Integral de la Familia Estatal (DIF), por lo anterior, gírese oficio a dicha institución a fin de que de no haber inconveniente legal, asigne personal especializado a su cargo para que brinde dichas terapias y remita las conclusiones y resultados de las mismas. CUARTO.- No hay especial condenación de costas.". Inconforme con dicha interlocutoria el aquí quejoso Israel Juárez Candia, interpuso recurso de apelación, el cual se encuentra pendiente de resolución. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En ese tenor, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio, al actualizarse los requisitos antes precisados, ya que respecto al inciso a), esto es, que exista un acto de autoridad emanado de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, debe decirse que los actos reclamados fueron emitidos dentro del expediente familiar 1501/2020, y su acumulado 461/2020; juicio de origen del cual conoce actualmente el Juez Segundo Familiar en esta ciudad. De lo que se sigue que el acto reclamado fue emitido dentro de un procedimiento judicial. En lo que toca al requisito precisado en el inciso b), consistente en que con posterioridad se emita un nuevo acto en el procedimiento, con el cual se produzca una nueva situación jurídica, se actualiza en el caso en estudio, pues el doce de julio de dos mil veintitrés, se emitió una interlocutoria que sustituyó procesalmente los acuerdos reclamados de quince y veintiséis de mayo, así como siete de junio, todos de dos mil veintitrés, pues a través de la primera citada se resolvió el incidente de modificación de convenio promovido por Israel Juárez Candia. En efecto, como se señaló, en el caso se reclama el acuerdo dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual dejó sin efectos la citación para resolver el incidente de modificación de convenio; el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por el que ordenó dar vista a las partes con la llegadas de los autos del expediente 461/2020; y proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, a través del cual se citó para resolver el recurso de revocación admitido a trámite el diecisiete de mayo del año actuarial, y en atención al escrito presentado por el aquí quejoso (por el que solicitó se dicte resolución en el incidente de modificación de convenio), determinó que debía estarse a lo decretado en líneas que precedían; tales actuaciones se dictaron dentro de la tramitación del incidente de modificación de convenio promovido por Israel Juárez Candia, en el expediente familiar 1501/2020. De ahí que dichos actos dejaron de surtir efectos legales propios con motivo de la resolución de doce de julio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente familiar 1501/2020, y por tanto, sustituyó procesalmente a los acuerdos mencionados. De lo que se sigue que en el caso se actualice el supuesto previsto en el inciso c), puesto que por virtud de la emisión de dicha interlocutoria (de doce de julio de dos mil veintitrés), deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones respecto de los actos reclamados, ya que no podrían ser subsanadas sin afectar la nueva situación jurídica que impera dentro del expediente familiar 1501/2020, esto es, que ya existe resolución en el incidente de modificación de convenio, respecto del cual en este juicio de amparo se reclamada su postergación de resolución a través de los proveídos dictados el quince y veintiséis de mayo, así como siete de junio, todos de dos mil veintitrés. De lo que resulta, que este órgano federal se encuentra legalmente imposibilitado para hacer un pronunciamiento con respecto a las violaciones alegadas por el quejoso, pues no podría concederse la protección federal solicitada sin afectar la nueva situación jurídica creada por la subsecuente determinación, que impera en el expediente familiar 1501/2020, del que derivan los actos tildados de inconstitucionales. Finalmente, en el caso también se actualiza el elemento previsto en el inciso d), ello pues aun cuando los actos que aquí se reclaman resultaran inconstitucionales, la determinación de doce de julio de dos mil veintitrés, que resolvió el fondo del incidente de modificación de convenio, subsistiría, al no depender de éstos. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia anteriormente analizada y, por ende, respecto de dichos actos, consistentes en el acuerdo dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual dejó sin efectos la citación para resolver el incidente de modificación de convenio; el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por el que ordenó dar vista a las partes con la llegadas de los autos del expediente 461/2020; y proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, a través del cual se citó para resolver el recurso de revocación admitido a trámite el diecisiete de mayo del año actuarial, y en atención al escrito presentado por el aquí quejoso (por el que solicitó se dicte resolución en el incidente de modificación de convenio), determinó que debía estarse a lo decretado en líneas que precedían; todos dentro del expediente familiar 1501/2020. Sobreseimiento. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el diverso artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como la diversa I.7º.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1600, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional programada para el día en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada; vía electrónica a la representante especial; por medio de lista; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
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