Israel Juan González Grajeda

Expediente 16/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
16/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
16/04/2018

Partes del expediente

  • Israel Juan González Grajeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia por la que se negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo en el juicio, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Luego, respecto del anexo y disco compacto enviados por la juez responsable en apoyo a su informe de ley, devuélvanse a su lugar de origen, sin que se solicite el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese este proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 16/2018, promovido por Israel Juan Gonzalez Grajeda, contra actos de Norma Elizabeth Marín Ramírez, juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de esta ciudad, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Dos, y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el nueve de enero del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, e indicó que se violaron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto del día siguiente se registró la demanda bajo el orden 16/2018, y se previno al quejoso a efecto de que proporcionara los domicilios de las terceras interesadas, o bien, manifestara el impedimento que tuviera para ello. IV. Desahogada la mencionada prevención, mediante proveído de dieciocho de dicho mes se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. V. Por auto de veinticuatro del referido mes se tuvo por emplazada a la tercera interesada Nataly Brito Jiménez; siendo que por lo que hace a la diversa contendiente, se reservó su búsqueda hasta en tanto constara el informe de ley de la juez responsable. VI. Glosado a los autos este último comunicado, se determinó correr traslado a la representación social que intervino en el procedimiento del que derivaron los actos reclamados, y se ordenó nuevamente el emplazamiento de Maritza Abigail Báez Rivera, el cual se efectuó el diecinueve de febrero pasado. VII. Llegada la fecha señalada para la audiencia constitucional, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el orden 169 aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias del expediente, se aprecia y se precisa que los actos reclamados en este juicio son, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en la carpeta judicial 002/0331/2017-O, y su ejecución, atribuidos respectivamente, a Norma Elizabeth Marín Ramírez, juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Dos (ordenadora), y director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad (ejecutora). TERCERO. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado (fojas 24, 39 y 40), lo que se corrobora con las constancias que integran el material probatorio; documentales que tienen valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no advierte este juzgado que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, que en síntesis se destacan de la forma siguiente: El quejoso alega que la autoridad judicial responsable transgredió la garantía de legalidad, en tanto precisa que para decretar la prisión preventiva oficiosa estableció que el hecho con apariencia de delito imputado -robo agravado-, se cometió con medios violentos, lo cual a su consideración fue incorrecto, pues indica que el instrumento empleado, en su caso, en la comisión de dicha conducta típica, se trataba de una réplica de arma de fuego -de plástico y en mal estado-; de ahí que si dicho instrumento no era un arma de fuego, no se ajustaba el supuesto de que se trata para imponer contra él la medida cautelar de referencia. QUINTO. Son infundados los conceptos de violación planteados, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Asentado lo anterior, es pertinente establecer los antecedentes de la resolución reclamada, para mejor comprensión del asunto, los cuales se obtienen tanto de la documental impresa, como del disco compacto allegado en autos. De esta forma, con motivo de la detención en flagrancia del quejoso y la correspondiente denuncia de hechos presentada por las tercero interesadas, por la probable comisión del hecho con apariencia de delito de robo calificado, se inició la carpeta de investigación CI-FIZP/IZP-8/UI-3 C/D/05861/12-2017. Una vez realizadas las diligencias correspondientes, el agente del Ministerio Público investigador dejó al quejoso a disposición del juez de Control correspondiente, en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, y solicitó se fijara fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia inicial con detenido. Recibido el comunicado correspondiente, el juez de Control encargado del Trámite de la Unidad de Gestión Judicial Dos, entre otras cuestiones, estableció para ese efecto las once horas con treinta minutos del veintinueve de diciembre del año en cita. Así, llegada la fecha establecida, y con la presencia de la juez responsable, se procedió a la apertura de la audiencia inicial con la identificación de los sujetos intervinientes; se advirtió la ausencia de las víctimas, que resultó prescindible para el desahogo de dicha diligencia; se cuestionó al imputado respecto del conocimiento de sus derechos constitucionales; y se aceptó y protestó el cargo de defensor del imputado, así como del asesor jurídico. Dicho ello, se dio intervención a Mario Monroy Quiroz, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa de la Procuraduría General de esta ciudad, quien solicitó se calificara de legal la detención y para ese efecto narró los hechos acontecidos. Con base en ello, y previo el debate sobre esta última cuestión entre los sujetos presentes, la juez responsable calificó de legal la detención en flagrancia del quejoso. Posteriormente, la representación social solicitó formular imputación al justiciable, por lo que una vez autorizado por la autoridad judicial, en la materia que interesa, expuso lo siguiente: "Señor Israel Juan González Grajeda, le informo que esta Fiscalía está llevando a cabo una investigación en su contra por el hecho con apariencia del delito de robo calificado, cometido en agravio de Maritza Abigail Báez Rivera y Nataly Brito Jiménez, toda vez que el día veintisiete de diciembre del presente año, aproximadamente a la diez horas con dos minutos, usted se encontraba en el estacionamiento del centro comercial Soriana Hiper, sucursal Ermita, ubicada en Calzada Ermita Iztapalapa esquina con Camino Viejo a San Lorenzo, colonia Los Ángeles, de la delegación Iztapalapa, lugar donde usted de manera sorpresiva abraza a una de las denunciantes de nombre Nataly Brito Jiménez, diciéndoles a ambas que caminen, no hagan nada, ni volteen para ningún lado, por lo que las lleva hasta el área de carga y descarga de la tienda Soriana Hiper, donde se presenta un segundo sujeto hoy prófugo de la justicia, mismo que les indica no se hagan pendejas aflojen todo el dinero que tienen, ya sabemos de la casa de donde vienen y a dónde iban a depositar el dinero, haciéndole este requerimiento en varias ocasiones, por lo que en cierto momento usted saca de entre sus ropas, con su mano izquierda una pistola de color negro de la cual posteriormente se determinó que se trata de una réplica de arma de fuego, tipo escuadra de color negro con la cual amagó a la denunciante Nataly Brito Jiménez, influyendo en el ánimo de defensa de ambas denunciantes, por lo que dicha denunciante de nombre Nataly Brito Jiménez le entrega a usted una bolsa de plástico color blanca con la leyenda Class conteniendo en su interior ochocientos cuarenta y tres pesos, consistentes en dos billetes de cincuenta pesos, treinta y seis billetes de veinte pesos, dos monedas de diez pesos, una moneda de dos pesos y una moneda de un peso, así como dos baucher y una ficha de depósito, para que el segundo sujeto hoy prófugo de la justicia desapoderara a la denunciante Maritza Abigail Báez Rivera, de una bolsa de plástico de color blanco con la leyenda Class que contenía en su interior la cantidad en efectivo de veinticuatro mil quinientos setenta pesos, por lo que una vez que cada uno de ustedes tienen en su poder el dinero ya mencionado con sus respectivas bolsas, les ordenan a las víctimas que caminen, aprovechando para darse a la fuga del lugar, caminando hacia calzada Ermita Iztapalapa, por lo que usted se dirige hacia calzada Ermita Iztapalapa y Camino Viejo, Antiguo Camino Viejo a San Lorenzo, en la colonia Los Ángeles, mientras que el otro sujeto, hoy prófugo se introduce al centro comercial, encontrándose en el lugar y aproximadamente a veinte veinticinco metros de distancia de dicha esquina donde se encuentra el paradero de transporte público, es detenido por los policías preventivos, policías auxiliares, se corrige, remitentes quienes le explican a usted el motivo de su detención y de la imputación que existía en su contra, y al hacerle una revisión entre sus ropas le encuentran, en a la altura de la cintura debajo de sus ropas una réplica de arma tipo escuadra color negro, y en la bolsa lateral derecha de su pantalón la bolsa de plástico de color blanco con la leyenda Class, con el dinero en su interior, siendo ochocientos cuarenta y tres pesos, de las denominaciones que ya le he referido, así como dos baucher y una ficha de depósito, motivo por el cual le hacen saber sus derechos. Este hecho señor Israel Juan se encuentra previsto en los artículos 220, párrafo inicial, al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, 224, fracción IX, hipótesis de transeúnte, entendiéndose a este, a quien se encuentra en la vía pública, 225 fracción I, hipótesis de violencia moral, por las amenazas que les infringieron a las hoy denunciantes, párrafo segundo, se equipara a la violencia moral la utilización de juguetes que tengan la apariencia, forma o configuración de arma de fuego, respecto de la réplica de arma de fuego que se le encontró en su poder, 226, se dará por consumado el robo desde el momento en que el inculpado tenga en su poder la cosa robada aun cuando la abandone o la desapoderen de ella, 246, párrafo tercero, al contrario sensu, hipótesis por delitos que se investigan de oficio, en relación con el artículo 15 párrafo único, hipótesis de acción, 17 fracción primera, hipótesis de delito instantáneo, 18 párrafo primero, hipótesis de acción dolosa, y párrafo segundo, obra dolosamente, el que conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate quiere su realización, así como el artículo 22 fracción II hipótesis de quienes lo realicen conjuntamente con otros autores, este hecho señor Israel se encuentra sancionado en los artículos 220, fracción segunda, 224 párrafo primero y 225 párrafo primero del Código Penal para la Ciudad de México, en tal razón señor Israel Juan González Grajeda, la intervención que usted tuvo lo hizo a título de coautor material, toda vez que fue usted quien en compañía de otro sujeto hoy prófugo de la justicia, con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apoderaron de cosa mueble ajena, como lo es el dinero que en su momento tenían las hoy denunciantes. .". Luego, la juez responsable cuestionó al quejoso a efecto de que manifestara si era su deseo dar contestación al cargo ministerial destacado, siendo que su respuesta fue en sentido negativo, por lo que en uso de la palabra el agente del Ministerio Público, con base en los datos de prueba correspondientes solicitó la vinculación a proceso del justiciable por los hechos descritos; por su parte, el quejoso solicitó la determinación de su situación jurídica en la duplicidad del plazo constitucional, y al efecto su defensa ofertó diversos datos de prueba. Concluido el debate en torno al ofrecimiento de datos de prueba, el representante social solicitó a la juez de control se pronunciara respecto de la prisión preventiva oficiosa, en tanto refirió que la conducta desplegada por el amparista se hizo a través de medios violentos, al utilizar una réplica de arma de fuego, con lo que sometió la voluntad de las víctimas; siendo que la defensa manifestó que el instrumento empleado no es en sí un arma de fuego, en tanto además de estar en mal estado, no debía ser considerado como arma, pues no está prevista en la ley de la materia. De esta forma, la juez de Control al pronunciarse respecto de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, estableció lo siguiente: "En términos de lo que dispone el numeral 19 constitucional, así como el precepto 155, fracción XIV, 167, párrafo tercero, de la ley adjetiva de la materia, contrario a lo que sostiene la defensa no le asiste la razón toda vez que estamos en presencia de un delito cometido con medios violentos, como lo es mediante un arma y como lo fue la réplica de pistola diseñada para disparar municiones de cuatro punto cinco milímetros con gas C2 a presión, con lo cual se logró atemorizar y amedrentar a las señoritas Nataly Brito Jiménez y Maritza Abigail Báez Rivera, a efecto de desapoderarlas del objeto material, por lo que considerando que aun y cuando ese instrumento no sea considerado como un arma convencional, como lo es propiamente un arma de fuego, sin embargo, dicha réplica que utilizaron el activo y otro sujeto prófugo, logró vencer la resistencia de las víctimas, además que puede utilizarse para causar daños a la integridad física e incluso poner en riesgo su propia vida, tan es así que dicha réplica de arma se puede considerar un arma, toda vez que el diccionario de la lengua de la Real Academia Española ha señalado que por arma debe entenderse cualquier instrumento, medio, máquina, destinados para atacar o defenderse y no exclusivamente las de fuego, circunstancia que ocurre en el caso concreto respecto de la réplica de arma utilizada por los activos para lograr desapoderar a las víctimas de los citados numerarios, lo que se corrobora incluso con el dictamen en materia de balística realizado por Carla Estefanía Munguía Huerta, quien señala que si bien es cierto no se trata de un arma de fuego como tal, la misma está diseñada para disparar municiones, y que funciona a presión, y que dispara, como ya se dijo, municiones, y en ese sentido está diseñada para tal efecto, para poder producir daño e incluso afectar la integridad física de las víctimas, por lo tanto es atendible a lo argumentado por la representación social para sostener que se debe aplicar la prisión preventiva oficiosa, de conformidad con la legislación aplicable, al estar en presencia de la utilización de medios violentos, siendo aplicable la tesis con número de registro 165340, esta medida cautelar tendrá una duración por todo el tiempo que dure este procedimiento, se hace saber a las partes que tienen el derecho a recurrir esta determinación, se notifica a los intervinientes de lo aquí resuelto y se notifica al director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para los efectos legales conducentes, asimismo tendrá que informarse en términos del numeral ciento tres de la Ley Ejecutiva Nacional Penal, al juez de ejecución para que conozca de lo determinado respecto de la medida cautelar impuesta al señor González Grajeda". Siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado en el presente controvertido. En ese contexto, es imprescindible apuntar la parte específica del artículo 19 constitucional en que se prevé lo relativo a la medida cautelar que se analiza, que dispone lo siguiente: "Art. 19.- Ninguna detención. .El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud". En congruencia con lo anterior, el tercer párrafo del artículo 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 167. Causas de procedencia . El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. .". Ahora, previo a establecer las razones de fondo del asunto, es necesario destacar, en cuanto a los aspectos de forma, que de conformidad con el artículo 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el contenido de cualquier resolución que establezca una medida cautelar, deberá contener al menos lo siguiente: I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; II. Los lineamientos para la aplicación de la medida; y III. La vigencia de la medida. Aspectos que encuentran justificación al tenerse en cuenta que las medidas cautelares, conforme lo previsto en el diverso numeral 153 del ordenamiento nacional invocado, son impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Por tanto, si en el acto reclamado se precisó que la medida cautelar impuesta estaba constituida por la prisión preventiva oficiosa, así como que los lineamientos para su aplicación implicaban que debía notificarse al director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad para que el quejoso continuara privado de la libertad, y por último, en relación con su vigencia se dijo que la medida sería por todo el tiempo que durara el procedimiento, es que en el caso válidamente se puede establecer que se encuentran satisfechos los mencionados requisitos de forma que se exigen para el dictado de una resolución como la reclamada. Más aún, si se había formulado imputación al quejoso, y este se acogió a la duplicidad del plazo constitucional a efecto que fuera resuelta su situación jurídica, con lo cual se colma el supuesto de procedencia de la medida cautelar de que se trata, previsto en el artículo 154 del código citado. Ahora, al imponerse del contenido de las normas, tanto constitucional como secundaria que se han transcrito, en cuanto al fondo del asunto, se llega a la conclusión de que la autoridad judicial responsable estuvo en lo correcto al ordenar la prisión preventiva oficiosa del justiciable. Para afirmar lo anterior, se destaca que dicha autoridad estableció que el hecho con apariencia de delito imputado al quejoso se había cometido a través de medios violentos -supuesto previsto en la norma para decretar la prisión preventiva oficiosa-, en tanto que en principio, así fue narrado por el agente del Ministerio Público al formular imputación, lo cual se constata, fue ponderado adecuadamente por la referida autoridad judicial, en tanto precisó que el instrumento empleado para cometer el robo se trata de una réplica de arma de fuego, diseñada para disparar municiones de 4.5 milímetros con gas C2 a presión, por lo que, si bien es cierto no se trata de un arma de las previstas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, también lo es que se utilizó para vencer la resistencia de las víctimas por medio de la violencia moral. Luego, de manera concreta expuso con base en la definición que establece el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que arma es todo instrumento, medio o máquina, destinado para atacar o defenderse, y que por tanto, arma no es exclusivamente una de fuego; lo que relacionó el dictamen en materia de balística emitido por perito oficial, en que se concluyó que el instrumento destacado no era en sí un arma de fuego, pero sí había sido diseñado para disparar municiones, con lo cual se podría poner en peligro o trascender en la integridad física de las personas. Y concluyó, en la materia de su decisión, con la orientación que sobre el particular se expone en el criterio aislado con número de registro 165340, en que se explica precisamente que por armas debe entenderse tanto a las de fuego, como aquellas que sirvan para agredir. Bajo esos apuntamientos, es que resultan infundados los conceptos de violación formulados, pues como se narró, el hecho de que el quejoso indique que el instrumento empleado se trataba de una réplica de arma de fuego, y no en sí de una de esa naturaleza, y que por ello no debía tenerse por actualizada la hipótesis de procedencia de la medida, como lo hizo la autoridad judicial, no constituye motivo para proceder en el sentido que pretende, porque como correctamente se estableció en el acto reclamado, arma es cualquier instrumento, medio o máquina que se utilice para atacar o defenderse, de ahí que si en el particular se utilizó un instrumento réplica de un arma de fuego, y con este se venció la resistencia de las víctimas para el apoderamiento de una cosa mueble, válidamente se puede concluir que efectivamente, como lo ponderó la juez responsable, el delito fue cometido con medios violentos. De ahí que si en el fondo, la juez responsable encontró justificación en la circunstancia descrita para ordenar la prisión preventiva oficiosa, y no exista en este controvertido materia para suplir la deficiencia de los conceptos de violación formulados, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar la protección de la justicia federal solicitada por Israel Juan Gonzalez Grajeda, contra la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, al no reclamarse por vicios propios sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en el quinto considerando de este fallo, la Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Israel Juan Gonzalez Grajeda, contra la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en la carpeta judicial 002/0331/2017-O, ni contra su ejecución, atribuidas respectivamente, a Norma Elizabeth Marín Ramírez, juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Dos, y director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: "Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 16/2018, promovido por Israel Juan Gonzalez Grajeda, contra actos de Norma Elizabeth Marín Ramírez, juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de esta ciudad, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Dos, y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el nueve de enero del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, e indicó que se violaron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto del día siguiente se registró la demanda bajo el orden 16/2018, y se previno al quejoso a efecto de que proporcionara los domicilios de las terceras interesadas, o bien, manifestara el impedimento que tuviera para ello. IV. Desahogada la mencionada prevención, mediante proveído de dieciocho de dicho mes se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. V. Por auto de veinticuatro del referido mes se tuvo por emplazada a la tercera interesada Nataly Brito Jiménez; siendo que por lo que hace a la diversa contendiente, se reservó su búsqueda hasta en tanto constara el informe de ley de la juez responsable. VI. Glosado a los autos este último comunicado, se determinó correr traslado a la representación social que intervino en el procedimiento del que derivaron los actos reclamados, y se ordenó nuevamente el emplazamiento de Maritza Abigail Báez Rivera, el cual se efectuó el diecinueve de febrero pasado. VII. Llegada la fecha señalada para la audiencia constitucional, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el orden 169 aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias del expediente, se aprecia y se precisa que los actos reclamados en este juicio son, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en la carpeta judicial 002/0331/2017-O, y su ejecución, atribuidos respectivamente, a Norma Elizabeth Marín Ramírez, juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Dos (ordenadora), y director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad (ejecutora). TERCERO. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado (fojas 24, 39 y 40), lo que se corrobora con las constancias que integran el material probatorio; documentales que tienen valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no advierte este juzgado que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, que en síntesis se destacan de la forma siguiente: El quejoso alega que la autoridad judicial responsable transgredió la garantía de legalidad, en tanto precisa que para decretar la prisión preventiva oficiosa estableció que el hecho con apariencia de delito imputado -robo agravado-, se cometió con medios violentos, lo cual a su consideración fue incorrecto, pues indica que el instrumento empleado, en su caso, en la comisión de dicha conducta típica, se trataba de una réplica de arma de fuego -de plástico y en mal estado-; de ahí que si dicho instrumento no era un arma de fuego, no se ajustaba el supuesto de que se trata para imponer contra él la medida cautelar de referencia. QUINTO. Son infundados los conceptos de violación planteados, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Asentado lo anterior, es pertinente establecer los antecedentes de la resolución reclamada, para mejor comprensión del asunto, los cuales se obtienen tanto de la documental impresa, como del disco compacto allegado en autos. De esta forma, con motivo de la detención en flagrancia del quejoso y la correspondiente denuncia de hechos presentada por las tercero interesadas, por la probable comisión del hecho con apariencia de delito de robo calificado, se inició la carpeta de investigación CI-FIZP/IZP-8/UI-3 C/D/05861/12-2017. Una vez realizadas las diligencias correspondientes, el agente del Ministerio Público investigador dejó al quejoso a disposición del juez de Control correspondiente, en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, y solicitó se fijara fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia inicial con detenido. Recibido el comunicado correspondiente, el juez de Control encargado del Trámite de la Unidad de Gestión Judicial Dos, entre otras cuestiones, estableció para ese efecto las once horas con treinta minutos del veintinueve de diciembre del año en cita. Así, llegada la fecha establecida, y con la presencia de la juez responsable, se procedió a la apertura de la audiencia inicial con la identificación de los sujetos intervinientes; se advirtió la ausencia de las víctimas, que resultó prescindible para el desahogo de dicha diligencia; se cuestionó al imputado respecto del conocimiento de sus derechos constitucionales; y se aceptó y protestó el cargo de defensor del imputado, así como del asesor jurídico. Dicho ello, se dio intervención a Mario Monroy Quiroz, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa de la Procuraduría General de esta ciudad, quien solicitó se calificara de legal la detención y para ese efecto narró los hechos acontecidos. Con base en ello, y previo el debate sobre esta última cuestión entre los sujetos presentes, la juez responsable calificó de legal la detención en flagrancia del quejoso. Posteriormente, la representación social solicitó formular imputación al justiciable, por lo que una vez autorizado por la autoridad judicial, en la materia que interesa, expuso lo siguiente: "Señor Israel Juan González Grajeda, le informo que esta Fiscalía está llevando a cabo una investigación en su contra por el hecho con apariencia del delito de robo calificado, cometido en agravio de Maritza Abigail Báez Rivera y Nataly Brito Jiménez, toda vez que el día veintisiete de diciembre del presente año, aproximadamente a la diez horas con dos minutos, usted se encontraba en el estacionamiento del centro comercial Soriana Hiper, sucursal Ermita, ubicada en Calzada Ermita Iztapalapa esquina con Camino Viejo a San Lorenzo, colonia Los Ángeles, de la delegación Iztapalapa, lugar donde usted de manera sorpresiva abraza a una de las denunciantes de nombre Nataly Brito Jiménez, diciéndoles a ambas que caminen, no hagan nada, ni volteen para ningún lado, por lo que las lleva hasta el área de carga y descarga de la tienda Soriana Hiper, donde se presenta un segundo sujeto hoy prófugo de la justicia, mismo que les indica no se hagan pendejas aflojen todo el dinero que tienen, ya sabemos de la casa de donde vienen y a dónde iban a depositar el dinero, haciéndole este requerimiento en varias ocasiones, por lo que en cierto momento usted saca de entre sus ropas, con su mano izquierda una pistola de color negro de la cual posteriormente se determinó que se trata de una réplica de arma de fuego, tipo escuadra de color negro con la cual amagó a la denunciante Nataly Brito Jiménez, influyendo en el ánimo de defensa de ambas denunciantes, por lo que dicha denunciante de nombre Nataly Brito Jiménez le entrega a usted una bolsa de plástico color blanca con la leyenda Class conteniendo en su interior ochocientos cuarenta y tres pesos, consistentes en dos billetes de cincuenta pesos, treinta y seis billetes de veinte pesos, dos monedas de diez pesos, una moneda de dos pesos y una moneda de un peso, así como dos baucher y una ficha de depósito, para que el segundo sujeto hoy prófugo de la justicia desapoderara a la denunciante Maritza Abigail Báez Rivera, de una bolsa de plástico de color blanco con la leyenda Class que contenía en su interior la cantidad en efectivo de veinticuatro mil quinientos setenta pesos, por lo que una vez que cada uno de ustedes tienen en su poder el dinero ya mencionado con sus respectivas bolsas, les ordenan a las víctimas que caminen, aprovechando para darse a la fuga del lugar, caminando hacia calzada Ermita Iztapalapa, por lo que usted se dirige hacia calzada Ermita Iztapalapa y Camino Viejo, Antiguo Camino Viejo a San Lorenzo, en la colonia Los Ángeles, mientras que el otro sujeto, hoy prófugo se introduce al centro comercial, encontrándose en el lugar y aproximadamente a veinte veinticinco metros de distancia de dicha esquina donde se encuentra el paradero de transporte público, es detenido por los policías preventivos, policías auxiliares, se corrige, remitentes quienes le explican a usted el motivo de su detención y de la imputación que existía en su contra, y al hacerle una revisión entre sus ropas le encuentran, en a la altura de la cintura debajo de sus ropas una réplica de arma tipo escuadra color negro, y en la bolsa lateral derecha de su pantalón la bolsa de plástico de color blanco con la leyenda Class, con el dinero en su interior, siendo ochocientos cuarenta y tres pesos, de las denominaciones que ya le he referido, así como dos baucher y una ficha de depósito, motivo por el cual le hacen saber sus derechos. Este hecho señor Israel Juan se encuentra previsto en los artículos 220, párrafo inicial, al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, 224, fracción IX, hipótesis de transeúnte, entendiéndose a este, a quien se encuentra en la vía pública, 225 fracción I, hipótesis de violencia moral, por las amenazas que les infringieron a las hoy denunciantes, párrafo segundo, se equipara a la violencia moral la utilización de juguetes que tengan la apariencia, forma o configuración de arma de fuego, respecto de la réplica de arma de fuego que se le encontró en su poder, 226, se dará por consumado el robo desde el momento en que el inculpado tenga en su poder la cosa robada aun cuando la abandone o la desapoderen de ella, 246, párrafo tercero, al contrario sensu, hipótesis por delitos que se investigan de oficio, en relación con el artículo 15 párrafo único, hipótesis de acción, 17 fracción primera, hipótesis de delito instantáneo, 18 párrafo primero, hipótesis de acción dolosa, y párrafo segundo, obra dolosamente, el que conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate quiere su realización, así como el artículo 22 fracción II hipótesis de quienes lo realicen conjuntamente con otros autores, este hecho señor Israel se encuentra sancionado en los artículos 220, fracción segunda, 224 párrafo primero y 225 párrafo primero del Código Penal para la Ciudad de México, en tal razón señor Israel Juan González Grajeda, la intervención que usted tuvo lo hizo a título de coautor material, toda vez que fue usted quien en compañía de otro sujeto hoy prófugo de la justicia, con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apoderaron de cosa mueble ajena, como lo es el dinero que en su momento tenían las hoy denunciantes. .". Luego, la juez responsable cuestionó al quejoso a efecto de que manifestara si era su deseo dar contestación al cargo ministerial destacado, siendo que su respuesta fue en sentido negativo, por lo que en uso de la palabra el agente del Ministerio Público, con base en los datos de prueba correspondientes solicitó la vinculación a proceso del justiciable por los hechos descritos; por su parte, el quejoso solicitó la determinación de su situación jurídica en la duplicidad del plazo constitucional, y al efecto su defensa ofertó diversos datos de prueba. Concluido el debate en torno al ofrecimiento de datos de prueba, el representante social solicitó a la juez de control se pronunciara respecto de la prisión preventiva oficiosa, en tanto refirió que la conducta desplegada por el amparista se hizo a través de medios violentos, al utilizar una réplica de arma de fuego, con lo que sometió la voluntad de las víctimas; siendo que la defensa manifestó que el instrumento empleado no es en sí un arma de fuego, en tanto además de estar en mal estado, no debía ser considerado como arma, pues no está prevista en la ley de la materia. De esta forma, la juez de Control al pronunciarse respecto de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, estableció lo siguiente: "En términos de lo que dispone el numeral 19 constitucional, así como el precepto 155, fracción XIV, 167, párrafo tercero, de la ley adjetiva de la materia, contrario a lo que sostiene la defensa no le asiste la razón toda vez que estamos en presencia de un delito cometido con medios violentos, como lo es mediante un arma y como lo fue la réplica de pistola diseñada para disparar municiones de cuatro punto cinco milímetros con gas C2 a presión, con lo cual se logró atemorizar y amedrentar a las señoritas Nataly Brito Jiménez y Maritza Abigail Báez Rivera, a efecto de desapoderarlas del objeto material, por lo que considerando que aun y cuando ese instrumento no sea considerado como un arma convencional, como lo es propiamente un arma de fuego, sin embargo, dicha réplica que utilizaron el activo y otro sujeto prófugo, logró vencer la resistencia de las víctimas, además que puede utilizarse para causar daños a la integridad física e incluso poner en riesgo su propia vida, tan es así que dicha réplica de arma se puede considerar un arma, toda vez que el diccionario de la lengua de la Real Academia Española ha señalado que por arma debe entenderse cualquier instrumento, medio, máquina, destinados para atacar o defenderse y no exclusivamente las de fuego, circunstancia que ocurre en el caso concreto respecto de la réplica de arma utilizada por los activos para lograr desapoderar a las víctimas de los citados numerarios, lo que se corrobora incluso con el dictamen en materia de balística realizado por Carla Estefanía Munguía Huerta, quien señala que si bien es cierto no se trata de un arma de fuego como tal, la misma está diseñada para disparar municiones, y que funciona a presión, y que dispara, como ya se dijo, municiones, y en ese sentido está diseñada para tal efecto, para poder producir daño e incluso afectar la integridad física de las víctimas, por lo tanto es atendible a lo argumentado por la representación social para sostener que se debe aplicar la prisión preventiva oficiosa, de conformidad con la legislación aplicable, al estar en presencia de la utilización de medios violentos, siendo aplicable la tesis con número de registro 165340, esta medida cautelar tendrá una duración por todo el tiempo que dure este procedimiento, se hace saber a las partes que tienen el derecho a recurrir esta determinación, se notifica a los intervinientes de lo aquí resuelto y se notifica al director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para los efectos legales conducentes, asimismo tendrá que informarse en términos del numeral ciento tres de la Ley Ejecutiva Nacional Penal, al juez de ejecución para que conozca de lo determinado respecto de la medida cautelar impuesta al señor González Grajeda". Siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado en el presente controvertido. En ese contexto, es imprescindible apuntar la parte específica del artículo 19 constitucional en que se prevé lo relativo a la medida cautelar que se analiza, que dispone lo siguiente: "Art. 19.- Ninguna detención. .El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud". En congruencia con lo anterior, el tercer párrafo del artículo 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 167. Causas de procedencia . El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. .". Ahora, previo a establecer las razones de fondo del asunto, es necesario destacar, en cuanto a los aspectos de forma, que de conformidad con el artículo 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el contenido de cualquier resolución que establezca una medida cautelar, deberá contener al menos lo siguiente: I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; II. Los lineamientos para la aplicación de la medida; y III. La vigencia de la medida. Aspectos que encuentran justificación al tenerse en cuenta que las medidas cautelares, conforme lo previsto en el diverso numeral 153 del ordenamiento nacional invocado, son impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Por tanto, si en el acto reclamado se precisó que la medida cautelar impuesta estaba constituida por la prisión preventiva oficiosa, así como que los lineamientos para su aplicación implicaban que debía notificarse al director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad para que el quejoso continuara privado de la libertad, y por último, en relación con su vigencia se dijo que la medida sería por todo el tiempo que durara el procedimiento, es que en el caso válidamente se puede establecer que se encuentran satisfechos los mencionados requisitos de forma que se exigen para el dictado de una resolución como la reclamada. Más aún, si se había formulado imputación al quejoso, y este se acogió a la duplicidad del plazo constitucional a efecto que fuera resuelta su situación jurídica, con lo cual se colma el supuesto de procedencia de la medida cautelar de que se trata, previsto en el artículo 154 del código citado. Ahora, al imponerse del contenido de las normas, tanto constitucional como secundaria que se han transcrito, en cuanto al fondo del asunto, se llega a la conclusión de que la autoridad judicial responsable estuvo en lo correcto al ordenar la prisión preventiva oficiosa del justiciable. Para afirmar lo anterior, se destaca que dicha autoridad estableció que el hecho con apariencia de delito imputado al quejoso se había cometido a través de medios violentos -supuesto previsto en la norma para decretar la prisión preventiva oficiosa-, en tanto que en principio, así fue narrado por el agente del Ministerio Público al formular imputación, lo cual se constata, fue ponderado adecuadamente por la referida autoridad judicial, en tanto precisó que el instrumento empleado para cometer el robo se trata de una réplica de arma de fuego, diseñada para disparar municiones de 4.5 milímetros con gas C2 a presión, por lo que, si bien es cierto no se trata de un arma de las previstas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, también lo es que se utilizó para vencer la resistencia de las víctimas por medio de la violencia moral. Luego, de manera concreta expuso con base en la definición que establece el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que arma es todo instrumento, medio o máquina, destinado para atacar o defenderse, y que por tanto, arma no es exclusivamente una de fuego; lo que relacionó el dictamen en materia de balística emitido por perito oficial, en que se concluyó que el instrumento destacado no era en sí un arma de fuego, pero sí había sido diseñado para disparar municiones, con lo cual se podría poner en peligro o trascender en la integridad física de las personas. Y concluyó, en la materia de su decisión, con la orientación que sobre el particular se expone en el criterio aislado con número de registro 165340, en que se explica precisamente que por armas debe entenderse tanto a las de fuego, como aquellas que sirvan para agredir. Bajo esos apuntamientos, es que resultan infundados los conceptos de violación formulados, pues como se narró, el hecho de que el quejoso indique que el instrumento empleado se trataba de una réplica de arma de fuego, y no en sí de una de esa naturaleza, y que por ello no debía tenerse por actualizada la hipótesis de procedencia de la medida, como lo hizo la autoridad judicial, no constituye motivo para proceder en el sentido que pretende, porque como correctamente se estableció en el acto reclamado, arma es cualquier instrumento, medio o máquina que se utilice para atacar o defenderse, de ahí que si en el particular se utilizó un instrumento réplica de un arma de fuego, y con este se venció la resistencia de las víctimas para el apoderamiento de una cosa mueble, válidamente se puede concluir que efectivamente, como lo ponderó la juez responsable, el delito fue cometido con medios violentos. De ahí que si en el fondo, la juez responsable encontró justificación en la circunstancia descrita para ordenar la prisión preventiva oficiosa, y no exista en este controvertido materia para suplir la deficiencia de los conceptos de violación formulados, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar la protección de la justicia federal solicitada por Israel Juan Gonzalez Grajeda, contra la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, al no reclamarse por vicios propios sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en el quinto considerando de este fallo, la Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Israel Juan Gonzalez Grajeda, contra la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en la carpeta judicial 002/0331/2017-O, ni contra su ejecución, atribuidas respectivamente, a Norma Elizabeth Marín Ramírez, juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Dos, y director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad.

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