Israel Jaime Sánchez Linares

Expediente 750/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
750/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • Israel Jaime Sánchez Linares

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, uno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial de cuenta, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al presente expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 35 del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, seis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos, para que obre como legamente corresponde, el oficio IDP/SDAJ/1238/2022 suscrito por el Subdirector de Defensa y Asesoría Jurídica del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual, en atención a lo requerido en autos, informa que se designa al Licenciado Jorge Rojas Cortes, como defensor Público del quejoso ********************; y proporcionando el correo electrónico del citado defensor público (rojas_abogado@hotmail.com). De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Es necesario precisar que el oficio de cuenta fue remitido por correo electrónico y su recepción en el correo oficial de este juzgado fue certificada por el Secretario de este juzgado, por ende, tiene la misma calidad que si se hubiera recibido en físico, en razón de que, a criterio de la Suscrita, la información proporcionada por medio del correo electrónico, forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos, que es comúnmente utilizado en la actualidad para transmisión de documentos. Por otro lado, súmese a lo actuado el escrito signado por el licenciado Jorge Rojas Cortes, defensor Público del quejoso ********************; en atención a su contenido, téngasele aceptando y protestando el cargo que le fue conferido, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que indica en su libelo de cuenta. En tales condiciones, se ordena notificar personalmente al defensor Público de referencia el auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, corriéndole traslado con la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL LICENCIADO JORGE ROJAS CORTES, DEFENSOR PÚBLICO DEL QUEJOSO ********************.

  3. Principal

    EN RAZÓN DE QUE EL LICENCIADO JORGE ROJAS CORTÉS (DEFENSOR PÚBLICO DEL ESTADO, CON TAL CARÁCTER DEL QUEJOSO ISRAEL JAIME SÁNCHEZ LINARES,no comparecieron dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el once de enero de dos mil veintidós; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de SEIS DE ENERO DEL AÑO EN CURSO Y DIVERSO DE SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Uruapan, Michoacán, seis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos, para que obre como legamente corresponde, el oficio IDP/SDAJ/1238/2022 suscrito por el Subdirector de Defensa y Asesoría Jurídica del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual, en atención a lo requerido en autos, informa que se designa al Licenciado Jorge Rojas Cortes, como defensor Público del quejoso ********************; y proporcionando el correo electrónico del citado defensor público (rojas_abogado@hotmail.com). De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Es necesario precisar que el oficio de cuenta fue remitido por correo electrónico y su recepción en el correo oficial de este juzgado fue certificada por el Secretario de este juzgado, por ende, tiene la misma calidad que si se hubiera recibido en físico, en razón de que, a criterio de la Suscrita, la información proporcionada por medio del correo electrónico, forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos, que es comúnmente utilizado en la actualidad para transmisión de documentos. Por otro lado, súmese a lo actuado el escrito signado por el licenciado Jorge Rojas Cortes, defensor Público del quejoso ********************; en atención a su contenido, téngasele aceptando y protestando el cargo que le fue conferido, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que indica en su libelo de cuenta. En tales condiciones, se ordena notificar personalmente al defensor Público de referencia el auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, corriéndole traslado con la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL LICENCIADO JORGE ROJAS CORTES, DEFENSOR PÚBLICO DEL QUEJOSO ********************.Uruapan, Michoacán, seis de diciembre de dos mil veintidós. DEMANDA Y RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo presentada por Israel Jaime Sánchez Linares, contra actos que atribuye a la Directora General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Quintana Roo y otras autoridades; se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 750/2022-I, en la inteligencia de que en el presente juicio, los actos reclamados se hacen consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: CONSISTENTE EN LA ORDEN Y EJECUCIÓN DEL TRASLADO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS Y EJECUTORAS DEL SOLICITANTE DEL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN; DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NUMERO 17 "CPS MICHOACAN" AL CERESO CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL CANCUN QUINTANA ROO. YA QUE ASI LO ACORDO EL JUEZ EJECUTOR DE SENTENCIA." SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO POR EL SIGUIENTE ACTO ATRIBUIBLE A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. DESECHAMIENTO. Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1 , cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". ****"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". ******DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asentado lo anterior, Procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de 2 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 1999, Tomo X, Materia Común, Novena Época, visible en la página 730. 3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, Novena Época** "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio *****extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. ***** actualmente se encuentra recluido, es dable inferir que se trata de un traslado de tipo urgente o excepcional, que es regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es así, pues el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Así, resulta necesario destacar que el acto que por esta vía combate, constituye un acto de la autoridad penitenciaria en contra de la cual procede un recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, a través del medio de impugnación denominado controversia judicial, previsto por los artículos 52, último párrafo, 117, fracción III, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal4 . 4 "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa". ***** De dichos dispositivos legales se tiene que, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, en casos como el presente, en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado administrativa, lo procedente será que el afectado promueva una controversia judicial, a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Lo anterior, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y; (.) Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." "Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia." **** podrá accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través del medio legal de defensa antes referido, o bien, a través del recurso de apelación correspondiente. En ese orden, queda de manifiesto que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Además que, el numeral 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que dicho medio de impugnación deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, **** los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Mientras que, el segundo párrafo, del artículo 124 de la propia ley de ejecución, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Como se ve, ante las relatadas circunstancias, en contra de la orden de traslado, procede el medio de impugnación denominado controversia judicial; el cual, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión del acto combatido; razón por la cual, no se actualiza la excepción a que se refiere el numeral 61, fracción XX, de dicha legislación; aunado a que, dicho acto reclamado se presume estar fundado y motivado, al encuadrar como una orden de traslado urgente o excepcional en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En suma, previo a promover el juicio de amparo contra la orden de traslado administrativa, los quejosos debieron agotar el medio de impugnación ordinario que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal; y, al no haberlo hecho así, con apoyo en el dispositivo 113, en relación con el 61 fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. Similar criterio adoptó la Primera Sala de la Justicia de la Nación al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, en las cuales determinó apartarse del criterio previamente sostenido, para ahora considerar que, en el caso de los traslados administrativos sin control judicial previo, no se está frente a ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, sino que se trata de actos dentro del procedimiento administrativo seguido para el traslado, el cual es susceptible de control a través del recurso ordinario, ante autoridad judicial, de referencia. Asimismo, mediante el comunicado de prensa 100/2021, de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota de la Primera Sala, resolvió mediante jurisprudencia que cuando una persona privada de su libertad reclama una orden de traslado calificada como urgente o excepcional, de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, no deberá promover un juicio de amparo sino el recurso denominado controversia judicial, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la finalidad de que sea el juez de control o de ejecución de sentencia, quien resuelva respecto a la posible afectación a alguno de sus derechos fundamentales. Finalmente, tiene apoyo la jurisprudencia siguiente: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL ". DOMICILIO PROCESAL. En ese orden de ideas, como del escrito de cuenta oficial de cuenta, se advierte que Israel Jaime Sánchez Linares, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPSMICHOACÁN", ubicado en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona a cualquiera de los actuarios para que se constituya en el referido centro carcelario y previo cerciorarse por los medios que tenga a su alcance de que se trata del quejoso de mérito, le notifique personalmente el contenido íntegro del presente proveído. SE SOLICITA DEFENSOR Toda vez que el quejoso no señala persona que le asesore legalmente, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, solicítese mediante atento 5 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 2023736. Instancia: Primera Sala. Undécima Época. Materias(s): Penal, Común. Tesis: 1a./J. 27/2021 (10a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia oficio al Delegado del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, para que en el término de tres días contado a partir de que reciba el oficio de notificación del presente proveído (al que deberá adjuntarse copia simple de la demanda de amparo), designe un Defensor Público Estatal para que asista en este asunto al quejoso Israel Jaime Sánchez Linares. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." ? HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES; AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS; CAPTURAS Y ANOTACIONES DEL EXPEDIENTE. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. COPIAS. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE;

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