Israel Hernández Vega

Expediente 805/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
805/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Israel Hernández Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, once de octubre de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado remite ejecutoria Agréguese el oficio signado por el Actuario judicial adscrito del Primer Tribunal Colegiado en del Vigésimo Octavo Circuito; mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el seis de octubre de dos mil veintidós, dentro del conflicto competencial 42/2022, cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "ÚNICO. Es legalmente competente el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, para conocer de la demanda de amparo promovida por Israel Hernández Vega. (.)". Acuse de recibo. En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente y dese a conocer a las partes el presente proveído. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso j), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Relevancia documental. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Décimo Quinto, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI; Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el citado artículo en su penúltimo párrafo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, tres de agosto de dos mil veintidós. Superioridad acusa recibo e informa admisión de conflicto competencial. Agréguese el oficio signado por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio de este juzgado, por el que se remitieron los autos originales del presente asunto, para la tramitación del conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, comunica la admisión del conflicto competencial planteado, del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, radicándose con el número 42/2022, de su índice. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Homologo no acepta competencia. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto; mediante el cual devuelve el juicio de amparo 805/2022-VI, del índice de este juzgado federal, del que se advierte que la autoridad en cita, no aceptó la competencia planteada por este órgano constitucional. Acúsese de recibo correspondiente. Ahora bien, debe decirse que mediante auto de treinta de junio de dos mil veintidós, este Juzgado determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto de que se trata, atendiendo a las siguientes consideraciones: "(.) En el caso, los actos reclamados se hacen consistir sustancialmente en la omisión de aceptación, tramitación y seguimiento de denuncia realizada ante los Agentes del Ministerio Público en turno, de la Ciudad de Apan, Hidalgo, por lo que, a juicio de este órgano jurisdiccional se estima que se trata de una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que de conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Sirve de apoyo a loa anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital 2023548, Undécima Época, difundida en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario". En tales condiciones, es de concluir, indudablemente, que el suscrito carece de competencia para conocer de este asunto, puesto que son los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, los que tienen jurisdicción en el territorio en que se quiere se ejecute el acto reclamado por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Apan, Hidalgo; máxime que de la lectura íntegra de la demanda no se advierten actos o autoridades ejecutables en este distrito judicial..(.)" En ese sentido, visto el oficio de cuenta se advierte que los argumentos que en esencia condujeron al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, a no aceptar la competencia planteada, se hicieron consistir en: "(.) (.)" De lo expuesto, se obtiene que el homólogo federal no acepta la competencia planteada en virtud de que a su juicio, el acto que reclama el aquí quejoso, no tiene ejecución material y por lo tanto este podrá presentarlo en el Juzgado de Distrito que le convenga. Sin embargo, a juicio de este juzgado federal lo pertinente es insistir en la competencia planteada, en virtud de que, en el caso concreto, este órgano jurisdiccional es incompetente, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues contrario a lo argumentado por el homólogo federal, no existe un elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que los actos no tendrán ejecución, aunado a que la manifestación del quejoso, fue clara al señalar los actos que reclama y a qué autoridades responsables se los atribuye, entre los que no figuran los juzgados de distrito de este Circuito. Al respecto, se destaca que la parte quejosa no reclama únicamente la simple omisión REITERADA, de la responsable de aceptar la denuncia que el quejoso pretendió presentar, sino también su tramitación y el seguimiento a la misma; de lo que se obtiene que no solo se trata de un acto omisivo, sino además de éste, de una actuación negativa que sí entraña una ejecución material. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 383, Tomo XXII, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Asimismo, resulta aplicable al caso, por identidad de razón la jurisprudencia del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1071, Tomo II, Abril de 2018, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución. En consecuencia, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo, 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la fracción II, del punto Quinto, del Acuerdo General número 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, en turno, a fin de que la Superioridad determine a qué órgano constitucional le corresponde substanciar el presente juicio de amparo promovido por Israel Hernández Vega. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, marcada con el número P.J. 31/95, visible en la página 26, del Tomo II, de Octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA EN AMPARO ENTRE TRIBUNALES UNITARIOS O JUECES DE DISTRITO. COMO DIRIMIR EL CONFLICTO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Conforme al artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los conflictos de competencia que se susciten en los juicios de amparo, ya sea entre Tribunales Unitarios de Circuito o entre jueces de Distrito, debiéndose añadir que si los contendientes tienen distinta especialidad por materia o pertenecen a distinta jurisdicción, conocerá el Tribunal Colegiado en turno que tenga la misma especialidad por materia del que previno, si son de la misma jurisdicción, o el Tribunal Colegiado en turno que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno, si son de distinta jurisdicción, independientemente de la materia de especialización de los órganos judiciales, conforme al sistema expresamente señalado en la nueva ley, sin que pueda interpretarse que esa decisión corresponde a la Suprema Corte, pues es clara intención del legislador desahogarla de un gran número de conflictos de carácter secundario para que se dedique a su misión fundamental de ser guardián supremo del orden constitucional, independientemente de que el artículo 52, cuarto párrafo de la Ley de Amparo que otorga competencia a la Suprema Corte para resolver algunos conflictos competenciales quedó derogado por la disposición antes mencionada en los términos del artículo tercero transitorio de la ley orgánica citada." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercera interesada Catalina Muñoz Dueñas, el contenido del proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno y el diverso de veinticuatro de junio de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Parte quejosa informa. Agréguese el escrito signado por Manuel Flores Bautista, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Edgar Furlong Martínez, en atención a su contenido se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós; para tal efecto precisa diverso domicilio de la parte tercera interesada Catalina Dueñas Muñoz. Se ordena el emplazamiento. En atención a lo anterior, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este juzgado para que se constituya en el domicilio ubicado en Número Once. Letra A de la calla Lardizábal de Tlaxcala, Tlaxcala, y con copia simple de la demanda de amparo, y del presente proveído emplace a juicio a la tercero interesada de referencia, le haga saber la fecha de la audiencia constitucional esto es a las diez horas con seis minutos del treinta de junio de dos mil veintidós y el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene, debiendo requerirle para que en el mismo acto de la diligencia, o dentro del plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones ante este juzgado en la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán mediante la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción II, con relación al 26, fracción III de la Ley de Amparo. Ahora bien, por cuanto hace a su solicitud de que se le informe a que juzgados fueron turnados los juicios de los cuales se ordenó su separación en el presente asunto, solicítese de la manera más atenta a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, para que, de no tener inconveniente legal alguno, tenga a bien informar a que Juzgado fueron turnados los juicios remitidos mediante oficios: 12154/2022 OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA (SEPARACION DE JUICIOS: ACTO RECLAMADO: La orden de embargo del bien inmueble identificado como Ahuasahuatla, ubicado en calle Hidalgo, número nueve, Guadalupe Ixcotla, municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, ordenado dentro del expediente 2637/2009, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Huejotzingo, respectivamente, todo lo actuado, así como la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de Tlaxcala, de la orden de embargo.) 12155/2022 OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA (SEPARACION DE JUICIOS: ACTO RECLAMADO La orden de embargo del bien inmueble identificado como Ahuasahuatla, ubicado en calle Hidalgo, número nueve, Guadalupe Ixcotla, municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, ordenado dentro del expediente 2892/2009, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Huejotzingo, respectivamente, todo lo actuado, así como la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de Tlaxcala, de la orden de embargo) Apizaco, Tlaxcala, catorce de enero de dos mil veintiuno. Radicación demanda de amparo Vista la demanda de amparo que promueve Edgar Furlog Martínez, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 8/2021-I. Se admite demanda de amparo con suspensión En atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Edgar Furlog Martínez, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento /Con base en lo anterior, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, en el que deberán expresar la declaración precisa respecto de si es cierto o no el acto que se les reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoyen su informe, apercibidas de que en caso de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, además de que de no rendirlo o de hacerlo sin remitir las constancias conducentes se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables que si al rendir su informe justificado expresan un hecho falso o niegan la verdad, o sin motivo justificado revoquen o dejen sin efecto el acto que se les reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo, o bien, se resistan de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, se les impondrán las sanciones previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo. En el entendido que deberá rendir su respectivo informe justificado, en forma separada del previo, haciendo referencia al número de oficio que contestan, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo, precisando sobre la certeza o no respecto del acto reclamado. En la inteligencia de que la copia de la demanda de amparo se adjuntaran, al oficio en el que se les notifique la apertura del incidente de suspensión. Causas de sobreseimiento Por otro lado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se informa a las partes que cuando tengan conocimiento de que se actualiza una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, apercibidos que, en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Audiencia Constitucional Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. Intervención del Agente del Ministerio Público de la federación En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda. Tercero interesado Resérvese proveer lo relativo a la existencia de terceros interesados, hasta que conste en autos el expediente generador del acto reclamado. Incidente de suspensión En otro aspecto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo a este juicio de garantías. Cotejo y compulsa Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas las documentales que acompañó a su demanda de amparo, mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia de ley. Asimismo, realícese la certificación y compulsa de las documentales que exhibió la parte quejosa y agréguese al incidente de suspensión. Por otra parte, resérvese a proveer lo relativo a la prueba documental que refiere consistente copias certificadas de todo lo actuado en el expediente 263/2012, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y de Extinción de Dominio de la Ciudad de Puebla, hasta en tanto las exhiba. Se ordena resguardo de documentales Ahora bien, respecto a las documentales que anexa a su escrito inicial de demanda, se ordena su resguardo en la secretaría de este Juzgado Federal, previa copia certificada que se obtenga para que obre en autos. Domicilio y autorizados Por otro lado, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico a través del usuario mfb010573 toda vez que el mismo se encuentra registrado, en la inteligencia de que el Actuario de la adscripción deberá realizar las notificaciones por la vía electrónica. En la misma tesitura, con fundamento en el artículo 12 de la ley de la materia se tiene como autorizado a Manuel Flores Bautista, por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales y únicamente para oír y recibir notificaciones a Marisol Sánchez Sánchez y Abigail Monserrat Pérez Hernández, por no contar con dicho registro. Habilitación de días y horas Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Se autoriza a cualquier Secretario(a) adscrito(a) a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Atender protocolos y lineamientos de salud Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

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