Israel Hernández Hernández
Expediente 1036/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1036/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Israel Hernández Hernández
- Israel Hernández Hernández y Otros.
Actuaciones
- Principal
... Colegiado informa Agréguese el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, por medio del cual acusa recibo de la demanda remitida por este juzgado, misma que radico bajo el expediente 166/2023. Asimismo señala que previo aceptar la competencia declinada por este Juzgado, requirió el informe justificado correspondiente a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa y las constancias de emplazamiento del tercero interesado....
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Testimonio. Agréguese el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia de la resolución dictada en el expediente Queja 292/2023 de la que se desprende que se declaró sin materia el recurso de queja promovido por la tercera interesada Rosa Elva Ale Sánchez, en contra del acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintitrés dictado en el presente juicio. Háganse las anotaciones de rigor y acúsese recibo a la superioridad. Archivo. Por otra parte, toda vez que por acuerdo de veintiocho de septiembre último, se reservó ordenar el archivo del presente juicio y su destino; por lo que, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, archívese este expediente como concluido. Destino. Al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción I del citado Acuerdo General, este expediente es destruible...
- Principal
...NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA QUEJOSA... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUIENTES AL DEL AVISO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por Israel Hernández Hernández y Reynaldo García Hernández por conducto su defensor Armando de Jesús Martínez Hernández, contra actos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 1036/2023/VI-B. Firma electrónica de promociones. Toda vez que la demanda de cuenta fue presentada físicamente, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 253 y 263 fracción I, del Acuerdo General que establece las Disposiciones en Materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, se ordena digitalizarla e incorporarla al expediente electrónico con firma electrónica del Secretario, así como las demás promociones y actuaciones que se presenten y generen de forma impresa. Acto reclamado. De la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución dictada en el toca 283/2023/S, que no admite el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria dictada en la causa J-07/2022 por los delitos de robo de vehículo y tentativa de homicidio. Incompetencia Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia e imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones a actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se entiende como una sub garantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizados a pronunciar. En ese contexto, se advierte que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, carece de competencia legal para resolver este juicio de amparo. Es así, ya que el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo, el cual establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Asimismo, el artículo 47 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Dichos preceptos disponen que corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito, de las demandas que se promuevan contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Con la precisión de que por sentencia definitiva, debe entenderse las que decidan el juicio en lo principal y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. En el caso la parte quejosa señaló como acto reclamado la determinación emitida por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en el toca 283/2023/S en el cual decretó no admitir el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria de nueve de marzo de dos mil veintitrés, en la que se condenó a Israel Hernández Hernández y Reynaldo García Hernández, por los delitos de robo de vehículo y tentativa de homicidio, quienes fueron sentenciados a dieciocho años, cinco meses y diez días de prisión. Acto reclamado que tiene la naturaleza de una resolución que pone fin al juicio. Es así, ya que en la resolución emitida por la Sala responsable, dio por terminado el juicio de origen, pues ello trae como consecuencia que quede firme la sentencia condenatoria emitida el nueve de marzo de dos mil veintitrés. Lo transcrito, lleva a establecer que para determinar si procede el amparo directo, solo debe atenderse a si el acto reclamado paraliza de manera definitiva el juicio. Con base en esas premisas, se considera que la resolución impugnada es una determinación respecto de la cual procede el juicio de amparo directo, el cual es competencia del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en esta Ciudad. Es ilustrativa al respecto la tesis aislada V.2o.P.A.16 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5337, registro 2020093, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA EL AUTO DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DETERMINA NO ADMITIRLO O DESECHARLO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL DIVERSO DE REVOCACIÓN, AL ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. La fracción XVIII del precepto citado dispone que previamente a la promoción del juicio de amparo directo, debe agotarse el principio de definitividad, esto es, el recurso o medio ordinario de defensa previsto por la ley ordinaria, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, esa regla general admite excepciones, por las cuales el quejoso quedaría en libertad de cumplir o no con ese principio, como sería cuando la procedencia del medio ordinario de defensa se sujete a una interpretación adicional. Ahora bien, es cierto que el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la procedencia del recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite; sin embargo, se refiere a actos o proveídos dictados en cualquiera de las etapas del procedimiento penal, y respecto de éstas, el artículo 211 del propio código no prevé expresamente que la segunda instancia sea parte de ellas, porque señala únicamente las de investigación, intermedia y de juicio, y que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme; pero, además, en términos de este último numeral, pareciera que la etapa de juicio, última fase del proceso penal acusatorio, sólo comprende hasta la sentencia del tribunal de enjuiciamiento, la cual debe estimarse que se trata de la emitida en primera instancia, y ello se corrobora con el contenido del artículo 3o., fracciones XV y XVI, del código citado, que define perfectamente al tribunal de enjuiciamiento y al tribunal de alzada. Esto se traduce en que no existe fundamento legal suficiente, o bien, se tendría que efectuar una interpretación adicional, para estimar que aquel recurso (revocación) procede contra el supuesto que interesa (no admisión de la apelación) lo que traería como consecuencia que, en todo caso, el recurrente tendría que realizar una interpretación adicional y sistemática de diversos numerales, que no se obtiene directamente de la redacción de los preceptos que regulan la procedencia del recurso de revocación mencionado, contra el acto que pretende combatir; ejercicio de interpretación que no es exigible a la parte recurrente, en tanto no está obligada a conocer la ley mediante la interpretación sistemática de diversos preceptos legales aplicables y así establecer, técnicamente, el medio de impugnación que debe oponer antes de ejercer la acción de amparo. De ahí que ante la salvedad o excepción evidenciada en el caso en análisis, respecto a la obligación de cumplir previamente con el principio de definitividad, se concluye que contra el auto dictado por el tribunal de apelación que determina no admitir o desechar el recurso, procede el juicio de amparo directo sin necesidad de agotar el recurso de revocación". En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo de cuenta; por tanto, remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 1036/2023, así como las copias de traslado a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal, con sede en Boca del Río, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto sea turnado al Tribunal Colegiado correspondiente. Cuaderno de antecedentes En mérito de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la demanda y de este acuerdo. Domicilio y autorizados Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Reynaldo García Hernández. Consulta de expediente electrónico De la certificación de cuenta, se conoce que el usuario ArmandoMartínezAbogado, es válido; por tanto, se autoriza el acceso de la parte promovente al expediente electrónico. Horas y días inhábiles En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes Se instruye a la secretaria, tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese personalmente...
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