Israel Hernández Albarrán
Expediente 11/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 11/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 20/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Israel Hernández Albarrán
- Custodio de Seguridad y Custodia, encargado del dormitorio "9 (nueve)", del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 11/2018-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos, apareciendo de los mismos que se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la resolución de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: ... V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 11/2018-IV, promovido por ISRAEL HERNÁNDEZ ALBARRÁN, por su propio derecho; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido el cuatro de enero de dos mil dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado a este órgano Jurisdiccional ese mismo día, ISRAEL HERNÁNDEZ ALBARRÁN, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1) Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; 2) Comandante de Seguridad y Custodia Delta Uno del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; 3) Comandante de Seguridad y Custodia Delta Dos del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; 4) Supervisor de Seguridad y Custodia, Encargado del Área de Procesados del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; 5) Subdirector Médico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; 6) Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; 7) Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; 8) Subdirector Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; y, 9) Custodio de Seguridad y Custodia, encargado del dormitorio "9 (nueve)", del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos". Autoridades de quienes reclamó: El acuerdo que pudieran emitir las autoridades responsables de dar la orden a seguridad y custodia de castigarlo y ubicarlo en una celda de castigo sin derecho a realizar llamadas telefónicas a su familia y abogados, sin derecho a recibir visita familiar e íntima, sin derecho a recibir suficiente alimento para comer y agua para tomar y para bañarse, sin derecho para salir al patio para tomar un poco de sol y sin derecho a recibir atención médica, la incomunicación y aislamiento en condiciones denigrantes. SEGUNDO.- Por acuerdo de cuatro de enero de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo registrándose con el número 11/2018-IV, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa, que se señala como el de ejecución del acto reclamado. SEGUNDO.- Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, que precisa lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por el quejoso. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se tratan de: La sanción de quince días de aislamiento temporal impuesta por el Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social, Morelos. No se consideran como actos autónomos las manifestaciones que quejoso en las que expresa "sin derecho a realizar llamadas telefónicas a su familia y abogados, sin derecho a recibir visita familiar e íntima, sin derecho a recibir suficiente alimento para comer y agua para tomar y para bañarse, sin derecho para salir al patio para tomar un poco de sol y sin derecho a recibir atención médica, la incomunicación y aislamiento en condiciones denigrantes", toda vez que de la lectura integral de la demanda, se advierte que dichos actos los hace derivar de la existencia la de la orden de aislamiento temporal, es decir, no los reclama de manera autónoma e independiente. TERCERO.- No es cierto el acto reclamado consistente en la sanción de quince días de aislamiento temporal impuesta por el Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social, Morelos, en virtud de que así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado: 1) Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" (fojas 53). 2) Comandante de Seguridad y Custodia Delta Uno del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" (fojas 53). 3) Comandante de Seguridad y Custodia Delta Dos del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" (fojas 53). 4) Supervisor de Seguridad y Custodia, Encargado del Área de Procesados del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" (fojas 53). 5) Subdirector Médico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" (fojas 36). 6) Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" (fojas 56). 7) Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" (fojas 56). 8) Subdirector Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" (fojas 37). 9) Custodio de Seguridad y Custodia, encargado del dormitorio "9 (nueve)", del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" (fojas 53). A mayor abundamiento, de las constancias exhibidas por la autoridad responsable Director General del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" y como Presidente del Comité Técnico (fojas 60 a 87) se advierte lo siguiente: El dos de enero de dos mil dieciocho se levantó un parte informativo por oficio SG/CERS/JSC/0007/01/2018, con motivo de una revisión efectuada en el dormitorio nueva, la estancia doce del pasillo B, encontraron entre las pertenencias de ISRAEL HERNÁNDEZ ALBARRÁN: un teléfono celular marca Alcatel, color negro, con pila y chip marca AT &T, número de serie 8952050001736886376F, así como una "punta" hechiza de aproximadamente "30 cm" con empuñadura de trapo (venda) (foja 60). En la misma fecha (dos de enero de dos mil dieciocho) se notificó a ISRAEL HERNÁNDEZ ALBARRÁN el inicio de su procedimiento administrativo, haciéndole de su conocimiento que el jueves próximo sería llamado a comparecer ante el Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", para efecto de que ejerciera su derecho de defensa; sin embargo, el interno se negó a firmar y plasmar su huella (foja 61). En sesión ordinaria bis del Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" fechada el once de enero de dos mil dieciocho, se determinó sancionar a ISRAEL HERNÁNDEZ ALBARRÁN con quince días de aislamiento temporal, conforme al artículo 101 del Reglamento Interior del Centro Estatal y sus correlativos 17, 18, 38, 39, 40, 46 y 47 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (fojas 74). El mismo once de enero de dos mil dieciocho, le fue notificada a ISRAEL HERNÁNDEZ ALBARRÁN, la sanción que se le impuso (foja 84). Ha de precisarse, que la citada sanción se encuentra pendiente por ejecutar con motivo de la suspensión concedida por este juzgado el dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Documentales que al haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, es claro que a la fecha de presentación de la demanda, cuatro de enero de dos mil dieciocho, según aparece en el sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos (foja 2), no existía la sanción de aislamiento reclamada por ISRAEL HERNÁNDEZ ALBARRÁN, pues ésta se decretó hasta el once de enero de dos mil dieciocho por Acta del Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos primera sesión ordinaria bis; y, por tanto, resulta inexistente el acto reclamado, pues, su existencia debe relacionarse a la fecha de la presentación de la demanda. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Octava Época, Registro: 206346, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, Materia(s): Común, Tesis: Página: 15, del texto y rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". Así como la jurisprudencia 1a./J. 36/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, con número de registro 196072, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Materia(s): Común, Penal, página: 5, del rubro y texto siguiente: ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. Se estima pertinente puntualizar que no que si bien el quejoso en la demanda refiere que desde el cuatro de enero de dos mil dieciocho se encontraba castigado; sin embargo, las documentales que exhibió el Director del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, demuestran que la resolución en la que se le impuso como sanción quince días de aislamiento fue emitida el once de enero de dos mil diecisiete, sin que el quejoso hubiese ofrecido alguna prueba que desvirtuara dichos medios probatorios, ni ofreció prueba alguna para acreditar que desde el cuatro de enero de dos mil dieciocho se encontraba aislado con motivo de los hechos descritos en el parte informativo de dos de enero de dos mil dieciocho. Además, tampoco es posible considerar que a la fecha de la presentación de la demanda la sanción de quince días de aislamiento impuesta el once de enero de dos mil dieciocho, fuese un acto inminente, pues, por el contrario, indicó que ya había sido sancionado, pero, se reitera las pruebas documentales remitidas por las autoridades responsables demostraron que no existía una sanción de aislamiento al presentarse la demanda. Además, si bien aparecen de autos el parte informativo y la justificación de inicio de procedimiento administrativo, ambos de dos de enero del año en curso (foja 60 y 61) en los que consta, tanto los hechos por los que responsabiliza al interno, aquí quejoso, como el anuncio de que sería llamado a declarar ante el Consejo Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos con motivo de la falta que ahí se describe; sin embargo, lo cierto es que estos hechos no son suficientes para considerar que la orden de aislamiento era un acto inminente, pues la existencia de una sanción de esa naturaleza no era indudable, entendida como aquella cuya existencia sólo dependía de que se cumplieren determinadas formalidades para que se ejecutara y que correspondía satisfacer a las autoridades; pues se trata del reclamo de un castigo cuyo nacimiento depende de los hechos que llegaran a probarse, las alegaciones del quejoso y la valoración de la responsable. Son aplicables al respecto: La tesis aislada de la Séptima Época sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación volumen 139-144 tercera parte, pagina 9, con registro 237796 de rubro y texto: "ACTOS INMINENTES, AMPARO PROCEDENTE CONTRA LOS. Es procedente el juicio de amparo en contra de los actos que, aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos." La tesis aislada de la Séptima Época sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación volumen 151-156 sexta parte, pagina 179, con registro 250679 de rubro y texto: "SUSPENSION. ACTOS INMINENTES. Para que un acto de autoridad revista el carácter de inminente, es menester que el mismo derive de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que con facilidad pueda asegurarse que se ejecutará en breve y sin lugar a dudas, pues de otra manera ese acto no sería inminente, sino futuro e incierto, contra el que no procedería otorgar la suspensión definitiva." De igual forma, la tesis aislada de la Octava Época sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación tomo l, segunda parte-1, enero-junio de 1988, pagina 56, con registro 230866 de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICION FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. Conviene analizar la naturaleza de los actos inminentes, en su posición frente a los actos ya existentes y a los futuros, tomando como punto de partida que la procedencia del juicio de garantías exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de la Materia. Sin embargo, de aplicarse rigurosamente este principio, según el cual la acción de amparo sólo es procedente en contra de un acto ya existente, ocurriría que el gobernado, aunque tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de una acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar pacientemente la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales ínsitas al mismo, so pena de ver sobreseído el juicio promovido con anticipación a dicho evento. Tales reflexiones, entre otras, condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a matizar esta regla general, admitiendo la procedencia del juicio de amparo en contra de actos no existentes aún, pero de cuya realización se tiene plena certeza por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados." En las condiciones apuntadas, al no demostrarse la existencia de la sanción de quince días de aislamiento temporal, a la fecha de la presentación de la demanda, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación y de los alegatos formulados en virtud de que se refieren al fondo del asunto ya que como se estableció en los párrafos que anteceden no se acreditó la existencia del acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción I, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo; y 1º, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ISRAEL HERNÁNDEZ ALBARRÁN, contra el acto precisado en el considerado segundo de esta sentencia, que reclamó de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 11/2018-IV, promovido por ISRAEL HERNÁNDEZ ALBARRÁN, por su propio derecho; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido el cuatro de enero de dos mil dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado a este órgano Jurisdiccional ese mismo día, ISRAEL HERNÁNDEZ ALBARRÁN, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1) Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; 2) Comandante de Seguridad y Custodia Delta Uno del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; 3) Comandante de Seguridad y Custodia Delta Dos del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; 4) Supervisor de Seguridad y Custodia, Encargado del Área de Procesados del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; 5) Subdirector Médico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; 6) Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; 7) Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; 8) Subdirector Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; y, 9) Custodio de Seguridad y Custodia, encargado del dormitorio "9 (nueve)", del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos". Autoridades de quienes reclamó: El acuerdo que pudieran emitir las autoridades responsables de dar la orden a seguridad y custodia de castigarlo y ubicarlo en una celda de castigo sin derecho a realizar llamadas telefónicas a su familia y abogados, sin derecho a recibir visita familiar e íntima, sin derecho a recibir suficiente alimento para comer y agua para tomar y para bañarse, sin derecho para salir al patio para tomar un poco de sol y sin derecho a recibir atención médica, la incomunicación y aislamiento en condiciones denigrantes. SEGUNDO.- Por acuerdo de cuatro de enero de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo registrándose con el número 11/2018-IV, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa, que se señala como el de ejecución del acto reclamado. SEGUNDO.- Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, que precisa lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por el quejoso. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se tratan de: La sanción de quince días de aislamiento temporal impuesta por el Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social, Morelos. No se consideran como actos autónomos las manifestaciones que quejoso en las que expresa "sin derecho a realizar llamadas telefónicas a su familia y abogados, sin derecho a recibir visita familiar e íntima, sin derecho a recibir suficiente alimento para comer y agua para tomar y para bañarse, sin derecho para salir al patio para tomar un poco de sol y sin derecho a recibir atención médica, la incomunicación y aislamiento en condiciones denigrantes", toda vez que de la lectura integral de la demanda, se advierte que dichos actos los hace derivar de la existencia la de la orden de aislamiento temporal, es decir, no los reclama de manera autónoma e independiente. TERCERO.- No es cierto el acto reclamado consistente en la sanción de quince días de aislamiento temporal impuesta por el Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social, Morelos, en virtud de que así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado: 1) Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" (fojas 53). 2) Comandante de Seguridad y Custodia Delta Uno del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" (fojas 53). 3) Comandante de Seguridad y Custodia Delta Dos del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" (fojas 53). 4) Supervisor de Seguridad y Custodia, Encargado del Área de Procesados del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" (fojas 53). 5) Subdirector Médico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" (fojas 36). 6) Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" (fojas 56). 7) Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" (fojas 56). 8) Subdirector Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" (fojas 37). 9) Custodio de Seguridad y Custodia, encargado del dormitorio "9 (nueve)", del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" (fojas 53). A mayor abundamiento, de las constancias exhibidas por la autoridad responsable Director General del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" y como Presidente del Comité Técnico (fojas 60 a 87) se advierte lo siguiente: El dos de enero de dos mil dieciocho se levantó un parte informativo por oficio SG/CERS/JSC/0007/01/2018, con motivo de una revisión efectuada en el dormitorio nueva, la estancia doce del pasillo B, encontraron entre las pertenencias de ISRAEL HERNÁNDEZ ALBARRÁN: un teléfono celular marca Alcatel, color negro, con pila y chip marca AT &T, número de serie 8952050001736886376F, así como una "punta" hechiza de aproximadamente "30 cm" con empuñadura de trapo (venda) (foja 60). En la misma fecha (dos de enero de dos mil dieciocho) se notificó a ISRAEL HERNÁNDEZ ALBARRÁN el inicio de su procedimiento administrativo, haciéndole de su conocimiento que el jueves próximo sería llamado a comparecer ante el Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", para efecto de que ejerciera su derecho de defensa; sin embargo, el interno se negó a firmar y plasmar su huella (foja 61). En sesión ordinaria bis del Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" fechada el once de enero de dos mil dieciocho, se determinó sancionar a ISRAEL HERNÁNDEZ ALBARRÁN con quince días de aislamiento temporal, conforme al artículo 101 del Reglamento Interior del Centro Estatal y sus correlativos 17, 18, 38, 39, 40, 46 y 47 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (fojas 74). El mismo once de enero de dos mil dieciocho, le fue notificada a ISRAEL HERNÁNDEZ ALBARRÁN, la sanción que se le impuso (foja 84). Ha de precisarse, que la citada sanción se encuentra pendiente por ejecutar con motivo de la suspensión concedida por este juzgado el dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Documentales que al haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, es claro que a la fecha de presentación de la demanda, cuatro de enero de dos mil dieciocho, según aparece en el sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos (foja 2), no existía la sanción de aislamiento reclamada por ISRAEL HERNÁNDEZ ALBARRÁN, pues ésta se decretó hasta el once de enero de dos mil dieciocho por Acta del Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos primera sesión ordinaria bis; y, por tanto, resulta inexistente el acto reclamado, pues, su existencia debe relacionarse a la fecha de la presentación de la demanda. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Octava Época, Registro: 206346, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, Materia(s): Común, Tesis: Página: 15, del texto y rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". Así como la jurisprudencia 1a./J. 36/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, con número de registro 196072, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Materia(s): Común, Penal, página: 5, del rubro y texto siguiente: ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. Se estima pertinente puntualizar que no que si bien el quejoso en la demanda refiere que desde el cuatro de enero de dos mil dieciocho se encontraba castigado; sin embargo, las documentales que exhibió el Director del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, demuestran que la resolución en la que se le impuso como sanción quince días de aislamiento fue emitida el once de enero de dos mil diecisiete, sin que el quejoso hubiese ofrecido alguna prueba que desvirtuara dichos medios probatorios, ni ofreció prueba alguna para acreditar que desde el cuatro de enero de dos mil dieciocho se encontraba aislado con motivo de los hechos descritos en el parte informativo de dos de enero de dos mil dieciocho. Además, tampoco es posible considerar que a la fecha de la presentación de la demanda la sanción de quince días de aislamiento impuesta el once de enero de dos mil dieciocho, fuese un acto inminente, pues, por el contrario, indicó que ya había sido sancionado, pero, se reitera las pruebas documentales remitidas por las autoridades responsables demostraron que no existía una sanción de aislamiento al presentarse la demanda. Además, si bien aparecen de autos el parte informativo y la justificación de inicio de procedimiento administrativo, ambos de dos de enero del año en curso (foja 60 y 61) en los que consta, tanto los hechos por los que responsabiliza al interno, aquí quejoso, como el anuncio de que sería llamado a declarar ante el Consejo Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos con motivo de la falta que ahí se describe; sin embargo, lo cierto es que estos hechos no son suficientes para considerar que la orden de aislamiento era un acto inminente, pues la existencia de una sanción de esa naturaleza no era indudable, entendida como aquella cuya existencia sólo dependía de que se cumplieren determinadas formalidades para que se ejecutara y que correspondía satisfacer a las autoridades; pues se trata del reclamo de un castigo cuyo nacimiento depende de los hechos que llegaran a probarse, las alegaciones del quejoso y la valoración de la responsable. Son aplicables al respecto: La tesis aislada de la Séptima Época sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación volumen 139-144 tercera parte, pagina 9, con registro 237796 de rubro y texto: "ACTOS INMINENTES, AMPARO PROCEDENTE CONTRA LOS. Es procedente el juicio de amparo en contra de los actos que, aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos." La tesis aislada de la Séptima Época sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación volumen 151-156 sexta parte, pagina 179, con registro 250679 de rubro y texto: "SUSPENSION. ACTOS INMINENTES. Para que un acto de autoridad revista el carácter de inminente, es menester que el mismo derive de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que con facilidad pueda asegurarse que se ejecutará en breve y sin lugar a dudas, pues de otra manera ese acto no sería inminente, sino futuro e incierto, contra el que no procedería otorgar la suspensión definitiva." De igual forma, la tesis aislada de la Octava Época sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación tomo l, segunda parte-1, enero-junio de 1988, pagina 56, con registro 230866 de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICION FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. Conviene analizar la naturaleza de los actos inminentes, en su posición frente a los actos ya existentes y a los futuros, tomando como punto de partida que la procedencia del juicio de garantías exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de la Materia. Sin embargo, de aplicarse rigurosamente este principio, según el cual la acción de amparo sólo es procedente en contra de un acto ya existente, ocurriría que el gobernado, aunque tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de una acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar pacientemente la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales ínsitas al mismo, so pena de ver sobreseído el juicio promovido con anticipación a dicho evento. Tales reflexiones, entre otras, condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a matizar esta regla general, admitiendo la procedencia del juicio de amparo en contra de actos no existentes aún, pero de cuya realización se tiene plena certeza por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados." En las condiciones apuntadas, al no demostrarse la existencia de la sanción de quince días de aislamiento temporal, a la fecha de la presentación de la demanda, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación y de los alegatos formulados en virtud de que se refieren al fondo del asunto ya que como se estableció en los párrafos que anteceden no se acreditó la existencia del acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción I, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo; y 1º, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ISRAEL HERNÁNDEZ ALBARRÁN, contra el acto precisado en el considerado segundo de esta sentencia, que reclamó de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...
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Cuernavaca, Morelos, seis de marzo de dos mil dieciocho. OFICIO SIGNADO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL "MORELOS" Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio SG/CERS/DCERS/SJ/2020/03/2018, signado por el Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", a través del cual atiende el requerimiento de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho y refiere remitir copia certificada de diversas constancias para acreditar su dicho. Atento a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento de referencia, dejándose sin efectos el apercibimiento correspondiente; y dese vista a las partes, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga, por el plazo de tres días hábiles, computado legalmente, el cual se fija de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ESCRITO DEL QUEJOSO. Por otra parte, agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el quejoso Israel Hernández Albarrán, a través del cual realiza diversas manifestaciones, solicita la designación de un defensor y pide la suspensión de los actos reclamados y de los diversos, que no son materia de este juicio, consistente en el traslado y la reubicación de celda y dormitorio. A) Manifestaciones del quejoso. Atento a lo anterior, ténganse por vertidas, en vía de alegatos, las manifestaciones del quejoso, las que podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. B) Designación de defensor. Por otra parte, en aras de tutelar sus derechos de acceso a la justicia y defensa adecuada, solicítese al Delegado en Morelos del Instituto Federal de la Defensoría Pública la designación de un asesor jurídico para el quejoso Israel Hernández Albarrán, que le brinde sus servicios legales de representación; haciéndole saber a quien designe, su obligación de comparecer a este Juzgado dentro de los tres días siguientes, para aceptar el cargo conferido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis (XI Región)1o.3 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, con el rubro "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD PERSONAL. SI PROMOVIÓ AMPARO POR PROPIO DERECHO, SIN ELEGIR AUTORIZADO QUE LA REPRESENTE, Y SOLICITA QUE SE LE NOMBRE UN ASESOR JURÍDICO, EL JUEZ DE DISTRITO, EN ARAS DE TUTELAR LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DEFENSA ADECUADA, DESDE EL INICIO DEL JUICIO, DEBE DESIGNARLE UNO PARA QUE LE BRINDE SUS SERVICIOS LEGALES.". C) Solicitud de suspensión. Finalmente, en relación con la solicitud de suspensión de plano para el efecto de que se le brinde la atención médica y se le ampare de los actos reclamados para no ser aislado, no sea reubicado de celda y dormitorio y no sea trasladado, se provee: Respecto a los actos consistentes en atención médica y aislamiento, no ha lugar a acordar de conformidad, puesto que se tramitó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión relativo, concediéndose la suspensión definitiva de éstos. Mientras que por lo que hace a los actos consistentes en la reubicación de celda y dormitorio y traslado, tampoco ha lugar a conceder la suspensión de plano, en virtud de que no fueron reclamados en el presente juicio. No obstante lo anterior, dado que en este proveído se le está solicitando al Delegado en Morelos del Instituto Federal de la Defensoría Pública la designación de un asesor jurídico para el quejoso; désele vista con las manifestaciones relativas al traslado y reubicación, para todos los efectos legales a que haya lugar, para lo cual, además de la copia de la demanda, deberá remitírsele copia certificada del escrito de cuenta. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido.
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