Israel Guadalupe Lara Zoto
Expediente 611/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Israel Guadalupe Lara Zoto
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no se recurrió el proveído de uno de julio de dos mil veintidós, en la que se tuvo por no presentada la demanda de amparo presentada por ****, en su calidad de supuesto defensor de *****; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se tuvo por no presentada la demanda. Notifíquese personalmente al usuario ***.
- Principal
Vistos los autos del presente juicio de amparo, se advierte que en proveído del veinticinco de mayo del año en curso, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda promovida por ****, en su calidad de supuesto defensor de *****; se le formuló requerimiento bajo los siguientes términos: ".PREVENCIÓN 1. Ratifique la demanda presentada a su favor, toda vez que el solicitante de la tutela federal, no acreditó ser su defensor particular." Con el apercibimiento que de no cumplir con la solventación del requerimiento hecho con anterioridad, dentro del término de cinco días, con las copias del escrito aclaratorio y demás documentos que acompañe, se tendría por no interpuesta la demanda de amparo. Proveído que se ordenó notificar al directo quejoso, vía requisitoria telegráfica al Juez Mixto de Topia, Durango, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisionara personal de su adscripción para que se constituyera en el domicilio de la parte quejosa ubicado en Ciénega ******. Luego, a través del diverso proveído de dieciséis de junio del año en curso, se agregó en autos el oficio *** y anexos signados por el Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Topia, Durango, por el que devolvió sin diligenciar la requisitoria ***, **** del índice de este juzgado, que se le envió para que en auxilio de las labores de este juzgado, realizara la notificación al quejoso del auto de veinticinco de mayo del año en curso, y ante la imposibilidad de realizar la notificación encomendada por las razones ahí expuestas; se ordenó la notificación del multicitado acuerdo de forma personal al usuario artistas.legales. Determinación que se notificó el veinte de junio de la presente anualidad, surtiendo sus efectos, el veintiuno siguiente, por lo que el término concedido se computó del veintiuno al veintisiete de junio de dos mil veintidós, sin contar el veinticinco y veintiséis del mismo mes, por ser sábados y domingos, por ende, inhábiles conforme al numeral 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esto sin que la parte quejosa haya dado cumplimiento a dicho requerimiento. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 5, 6, 10, 108, 110, 112, 114 y 116 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo presentada por ****, en su calidad de supuesto defensor de ******. Notifíquese personalmente al usuario *****.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio 122/2022 y anexo signados por el Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Topia, Durango, mediante el cual devuelve sin diligenciar la requisitoria telegráfica 187/2022 con número de orden 240/2022 del índice de este juzgado, que se le envió para que en auxilio de las labores de este juzgado, realizara la notificación al quejoso del auto veinticinco de mayo del año en curso. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para los fines estadísticos y dese de baja la misma. Ahora, de las constancias que contiene la requisitoria recibida, la actuaria notificadora y ejecutora adscrita al juzgado requerido, hizo constar que se comunicó con la secretaria del ayuntamiento del municipio de Tamazula, Durango, para que le informara si en la localidad de Cienega del Tule de ese municipio existe alguna autoridad y le indicó que ***es el jefe de manzana con número telefónico **** y al comunicarse con él, vía WhatsApp, le confirmó que tiene dicho cargo en la localidad de El Tule, Tamazula, Durango y al cuestionarle si radica en dicho lugar el aquí quejoso, le contestó que en ese lugar no vive ninguna persona con ese nombre, que es un lugar chico y todos se conocen. Lo anterior pone de manifiesto la imposibilidad de realizar la notificación encomendada por los motivos expuestos. De autos se aprecia que se autorizó la práctica de las notificaciones electrónicas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el usuario artistas.legales; en tales condiciones, se ordena realizar la notificación del proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en el usuario en mención, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; que a la letra dice: ".Durango, Durango, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35, 37, 115, 125, 126, 127 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por presentada vía electrónica la demanda promovida por ****, en su carácter de defensor de ****, contra actos del General de Brigada Diplomado del Estado de Mayor de la Décima Zona Militar del Estado de Durango y otras autoridades, a reserva de que sea ratificada; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en: "IV.- LEY Y ACTOS RECLAMADOS: I). - De las autoridades responsables señaladas con los numerales romanos: I, II, III; VIII reclamo: I. - La orden de destrucción, quema, exterminio, y/o decomiso de las plantas, localizadas en la parcela de bienes de uso común denominado "LAS COLORADITAS" lo cual violenta la libertad de determinación respecto a la utilización de semillas, variedades y especies que cómo campesino y/o comunero ostento para el aprovechamiento y beneficio de los II.- La EJECUCIÓN de la orden de destrucción, quema, exterminio, y/o decomiso de las plantas, localizadas en la parcela conocida como "LAS COLORADITAS lo cual violenta la libertad de determinación respecto a la utilización de semillas, variedades y especies que cómo campesino y/o comunero ostento para el aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso común denominado "LAS COLORADITAS" III.- La orden de Comparecencia, detención, aprehensión, o cualquier mandamiento del cual deriven LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, DESAPARICIÓN FORZADA, O INCLUSO OMISIDO o molestia en contra del suscrito, así como la ejecución del mismo. De igual forma se reclama cualquier acto de molestia en contra del suscrito que devenga de cualquier investigación criminal, esto con la intención de que dentro de este proceso de amparo se analicen situaciones de forma y fondo en relación con el acto que se reclama, en el entendido de que estos actos devienen de RIESGO PARA MI VIDA Y LIBERTAD, por lo que se exigen medidas URGENTES DE ATENCIÓN. II). - De la autoridad responsable señalada con el numeral romano: IV; reclamo: III.- La sanción, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 196 TER, 198, del Código Penal Federal, ya que resulta inconstitucional la imposición de penas punitivas para el efecto de prohibir de forma absoluta la siembra, cultivo y cosecha de marihuana, más tratándose de sectores vulnerables, rurales o campesinos. IV.- Del presidente de la republica se reclama la omisión para implementar políticas conforme a lo establecido en la ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA publicada en el Diario Oficial de la Federación 16/05/2019, mediante el DECRETO por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República. Específicamente en el capitulo de EMPRENDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ. Esto en el entendido de que se encuentran destruyendo el sustento de las familias y afectando su TRABAJO EN EL CAMPO, sin buscar una solución pacifica al tema, ya que se encuentran involucrados SECTORES VULNERABLES Y AGRARIOS. V.- De todas las autoridades reclamo LA OMISIÓN PARA NOTIFICAR O INFORMAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA COMUNIDAD DENOMINADA SAN ANTONIO DE LA CUEVA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, respecto de la destrucción de sus cultivos o el seguimiento de sus tierras, o cualquier determinación que pudiera vulnerar las tierras de dicha comunidad, incluso la ejecución de cualquier mandamiento dentro de sus tierras comunales. VI.- De todas las autoridades LA OMISIÓN para cumplir el DECRETO por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República, publicado con fecha 16/05/2019, en relación con el apartado de EMPRENDER LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, esto por contravenir sus actos con situaciones tendientes a la construcción de la paz, al destruir cosechas campesinas y amedrentar a los campesinos con intención de generar incertidumbre en sus vidas" Ahora, debe destacarse que los preceptos 125, 126 y 127 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso.". "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad "responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.". "Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos: "I. Extradición; y "II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado." De la interpretación sistemática de dichos preceptos, se desprende que para el estudio de la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados en el juicio de amparo, debe tomarse en consideración, lo siguiente: a) Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, así como cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. b) Debe decretarse en el mismo auto en el que el juez de distrito admita la demanda, sin necesidad de que medie solicitud del interesado. c) Con excepción de los casos de extradición y cuando se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, se decide en los autos del juicio principal, sin substanciar incidente. d) Es suficiente con que existan pruebas indiciarias de que se actualizan los supuestos del artículo 126 de la nueva Ley de Amparo, pues en caso contrario no puede decretarse la medida cautelar, sin perjuicio de que si con posterioridad se allegan las referidas pruebas (incluso oficiosamente), se otorgue la suspensión. e) No se exige requisito alguno para que surta efectos. f) Surtirá efectos hasta que se dicte sentencia ejecutoria. Al respecto se precisa que esta modalidad de la suspensión, tratándose de la materia agraria cuando se refiera a actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad o disfrute de sus derechos colectivos a los núcleos de población ejidal o comunal, encuentra su justificación en la protección de una situación de hecho que atenta contra garantías que pueden derivar en perturbaciones que pongan en peligro el orden social, como son las que regulan los derechos de las comunidades agrarias, por lo que para determinar su procedencia no se pueden aplicar los requisitos que prevé el artículo 128 de la nueva Ley de Amparo, ya que se trata de instituciones cautelares diversas y por tanto no deben sujetarse a las mismas reglas de procedibilidad. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 45/2002, publicada en el Tomo XVI, Septiembre de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ejecutoria que en la parte conducente señala lo siguiente: "...Ahora bien, para el efecto de retomar el punto de análisis en la contradicción de tesis a que este toca se refiere se transcribe nuevamente el artículo 233 de la Ley de Amparo que regula en forma específica la suspensión de oficio en materia agraria. El tenor de dicho numeral es el "siguiente: 'ARTÍCULO 233.- Procede la suspensión de oficio y se decretará de plano en el mismo auto en el que el juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta Ley, cuando los actos reclamados tengan o puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso o su substracción del régimen jurídico ejidal.'. El artículo citado prevé la suspensión del acto reclamado en el juicio de garantías cuando los actos reclamados tengan o puedan tener por consecuencia, la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes del núcleo de población quejoso o su substracción del régimen jurídico ejidal. ...Como se advierte, en la reforma de mil novecientos setenta y seis, el Legislador señaló la procedencia de la suspensión de oficio en los juicios de amparo en materia agraria cuando los actos reclamados tengan o puedan tener por consecuencia, la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes del núcleo de población quejoso o su substracción del régimen jurídico ejidal, fundándose para ello en la salvaguarda de las garantías sociales de los núcleos de población y estableciendo como imperativo que se decrete de plano. Con base en los elementos hasta aquí vertidos se advierte que la suspensión de oficio en materia agraria fue establecida con el propósito de salvaguardar, a favor de los sujetos colectivos de derecho agrario, las garantías sociales tuteladas en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y si bien no atiende a derechos personalísimos que atenten contra la integridad de los individuos -como acontece en el caso previsto en el artículo 123 de la Ley de Amparo-, obedece a un interés público nacional consistente en no hacer nugatoria la garantía que le otorga a ese núcleo quejoso, la resolución de restitución, dotación o ampliación de tierras bosques o aguas; o bien, si se trata de comunidades agrarias de hecho carentes de título, de las prerrogativas que deriven de esa posesión de predios agrarios, considerando además que los daños que pudieran ocasionarse serían, incluso de obtener sentencia concesoria del amparo, de difícil reparación. Así mismo se observa que tal medida debe decretarse inexcusablemente por el juzgador, el que debe constreñir su actuación a decretarla de plano cuando se esté en el supuesto previsto en el precepto legal, esto es, cuando el juicio de amparo haya sido promovido por un núcleo de población y cuando los actos reclamados tengan o puedan tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios o su sustracción al régimen ejidal, en tanto que ésa ha sido la voluntad del legislador. Con base en el análisis realizado, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que carece de razón el entonces Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, ahora Primero en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al establecer que para decretar la suspensión de oficio conforme al precepto que se analiza, es menester que la parte quejosa acredite contar con resolución presidencial dotatoria, en razón de que de los antecedentes legislativos que han sido plasmados en la presente resolución, se "advierte que la medida suspensional oficiosa que establece el artículo 233 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, constituye un mandato que debe ejecutarse cuando los actos reclamados en el juicio de garantías tengan o puedan tener como consecuencia, la privación de los bienes del núcleo de población, de tal manera que basta que del escrito inicial de demanda se desprenda el indicio de que el sujeto colectivo de derecho agrario se encuentra en tal situación para que el Juez de Amparo actúe en consecuencia. "Por otro lado, no resulta factible condicionar la procedencia de la medida suspensional al análisis de los requisitos que prevé el artículo 124 de la Ley de Amparo, como lo pretende el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en razón de que si bien la suspensión oficiosa podría equipararse en cuanto a sus efectos con la suspensión definitiva, lo cierto es que se trata de dos instituciones cuyos fines ontológicos difieren entre sí. ...Como distingue con claridad la cita doctrinal, la suspensión de oficio prevista para situaciones excepcionales, tiene como razón de ser la protección de una situación de hecho que atenta contra garantías que pueden derivar en perturbaciones que pongan en peligro el orden social, dentro de las cuales se encuentran las situaciones que regulan los derechos de las comunidades agrarias, en tanto que la suspensión a petición de parte obedece a orígenes y finalidades diversas, de tal manera que los requisitos previstos para esta última no pueden ser tomados por el Juzgador para determinar sobre la procedencia de la suspensión prevista en el artículo 233 de la Ley de Amparo. En apoyo a tales consideraciones, resulta interesante la tesis de Ricardo Couto que señala algunos ejemplos de lo que denomina prejuzgamiento en algunas materias, destacando al juicio ejecutivo y algunos casos de suspensión de oficio, que sólo se explican, según el tratadista mencionado, admitiendo que el acto reclamado se presume ilegal. Agrega el autor que la suspensión de oficio responde a un criterio que vincula la procedencia de la suspensión con la manifiesta irreparabilidad y la urgencia de que se decrete la medida (periculum in mora), en tanto que la suspensión a petición de parte requiere la solicitud del agraviado cuyo examen implica el de la apariencia del derecho y también requiere que se acredite la difícil reparación de los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, además de que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Como se advierte, los fundamentos de la suspensión de oficio se vinculan con el interés de la sociedad en dicha medida, los Jueces deben concederla aunque el interesado no la solicite, en aras del riesgo de un daño extremo e irreparable. No sucede lo mismo en relación con la suspensión a petición de parte porque en ésta su objetivo es el de evitar perjuicios al agraviado con la ejecución del acto reclamado en tanto se resuelve la sentencia definitiva, la ley condiciona la concesión del beneficio a la voluntad del interesado. La petición de parte es un requisito de procedencia de la medida, y su examen implica generalmente el de la apariencia del derecho, que puede traducirse en el examen del interés o de la titularidad del quejoso para promover la medida. Las anteriores conclusiones doctrinales se robustecen atendiendo a los antecedentes histórico-legislativos que denotan la particular finalidad de la suspensión oficiosa, de los que se advierte como común denominador, la situación de peligro que ha tendido a evitar dicha medida cautelar. ...En tales condiciones y atendiendo a las razones histórico-legislativas y doctrinales precisadas, se concluye que carece de razón el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al considerar que para efectos de conceder la suspensión de oficio que prevé el artículo 233 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe analizar si se satisfacen los requisitos que prevé el artículo 124 del propio ordenamiento normativo. Lo anterior es así, en razón de que para aplicar o decretar la suspensión de oficio que establece el artículo 233 de la Ley de Amparo, bastan pruebas indiciarias de que el núcleo de población está en el supuesto de dicho numeral, esto es, en la posible privación total o parcial, temporal o definitiva de sus bienes agrarios; si no, no cabe aplicar ese beneficio, sin perjuicio de que si dentro del procedimiento se alleguen incluso oficiosamente esas pruebas se conceda, desde luego, sin ulterior investigación pero de modo alguno es factible atender para su decretamiento, a lo dispuesto en el artículo 124 del ordenamiento reglamentario citado, pues como ya se dijo, la suspensión de oficio y la que procede a petición de parte, constituyen instituciones diversas, lo que impide sujetarlas a reglas similares de procedibilidad." La citada contradicción de tesis dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 90/2002, que aparece publicada en la página 376, Tomo XVI, Agosto de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por igualdad de razón, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN MATERIA "AGRARIA. DEBE DECRETARSE INDEFECTIBLEMENTE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, PARA LO CUAL BASTA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE CONTAR CON LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. Cuando un núcleo de población promueve juicio de amparo en contra de actos que tienen o pueden tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de sus bienes agrarios o la sustracción del régimen jurídico ejidal, el Juez Federal está obligado, de conformidad con lo previsto en el artículo 233 de la Ley de Amparo, a decretar indefectiblemente la suspensión de oficio y de plano en el mismo auto en el que admita la demanda, para lo cual basta que el promovente acredite contar con legitimación procesal activa según lo dispuesto en los artículos 213, 214 y 215 de la ley citada. Por tanto, no es factible sujetar la procedencia de dicha providencia cautelar a los requisitos contenidos en el artículo 124 del indicado ordenamiento normativo, en virtud de que este precepto regula la suspensión a petición de parte agraviada, institución diversa a la que procede de oficio prevista en el referido artículo 233, lo que impide sujetarlas a reglas similares de procedibilidad.". Como se advierte, en la ejecutoria transcrita se determinó que para aplicar o decretar la suspensión de oficio que establecía el artículo 233 de la Ley de Amparo, bastan pruebas indiciarias de que el núcleo de población está en el supuesto de dicho numeral, esto es, en la posible privación total o parcial, temporal o definitiva de sus bienes agrarios; si no, no cabe aplicar ese beneficio, sin perjuicio de que si dentro del procedimiento se alleguen incluso oficiosamente esas pruebas se conceda, desde luego, sin ulterior investigación pero de modo alguno es factible atender para su decretamiento, a lo dispuesto en el artículo 124 del ordenamiento reglamentario citado, pues como ya se dijo, la suspensión de oficio y la que procede a petición de parte, constituyen instituciones diversas, lo que impide sujetarlas a reglas similares de procedibilidad. Debe puntualizarse que si bien el criterio jurídico que informa la citada tesis, derivó de la interpretación del artículo 233 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, también lo es que su contenido es sustancialmente similar al del tercer párrafo del artículo 126 de la nueva Ley de Amparo. El derogado artículo 233 disponía lo siguiente: "Artículo 233.- Procede la suspensión de oficio y se decretará de plano en el mismo auto en el que el juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley, cuando los actos reclamados tengan o puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso o su substracción del régimen jurídico ejidal.". El vigente artículo 126, párrafo tercero, precisa lo siguiente: "Artículo 126.- ... La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.". Establecido lo anterior, en el particular, de la atenta imposición de la demanda de amparo aparece que la parte quejosa señala como acto reclamado, entre otros, la orden de destrucción, quema, exterminio, y/o decomiso de las plantas, localizadas en la parcela de uso común conocida como "Las Coloraditas", lo que según indica, violenta la libertad de determinación respecto a la utilización de semillas, variedades y especies que como campesino y/o comunero ostenta para el aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso común denominado "LAS COLORADITAS" y solicita la suspensión de plano de la totalidad de los actos reclamados. Manifestaciones que resultan suficientes para dar trámite urgente al asunto. Sin embargo, resulta improcedente conceder la medida suspensiva en los términos que indica el peticionario del amparo, puesto que si bien del contenido de la demanda se pretende evidenciar que con tales actos se privaría parcial, total, temporal o definitivamente, de la propiedad, posesión y disfrute de las tierras, aguas, pastos y montes, que le pertenecen al ejido o comunidad a la que pertenece el impetrante de la tutela federal, tal cuestión no se encuentra acreditada, ni aun de forma indiciaria. Al presentar la demanda de amparo de forma electrónica, no anexó documento alguno que permita determinar que el directo quejoso tenga carácter de avecindado y/o comunero de la Comunidad San Antonio de la Cueva, del municipio de Tamazula, Durango. Por otro lado, de lo expuesto en la demanda se advierte que la parte promovente pretende evidenciar que el predio "Las Coloraditas", es parte de la citada comunidad, a la que dice pertenecer. No obstante, tampoco se probó con medio de prueba alguno, que el predio denominado Las Coloraditas, municipio de Tamazula, Durango, sea un bien de uso común de la citada comunidad, puesto que en la demanda solo se alude a dicha propiedad, sin embargo, no se evidenció, ni aun indiciariamente, que tal predio pertenece a la comunidad referida. Por tanto, no ha lugar a otorgar la medida que se peticiona, en tanto no resulta evidente que el predio de marras sea propiedad de la comunidad a que se alude en la demanda; presupuesto lógico necesario para poder emitir la medida solicitada, sin que esto prejuzgue sobre un pronunciamiento en torno a la afectación o titularidad del derecho, sino se insiste como presupuesto lógico necesario para en su caso, poder delimitar la materia de litis suspensional, lo que no puede realizarse. Lo anterior sin perjuicio de que si dentro del procedimiento se alleguen incluso oficiosamente esas pruebas se conceda, desde luego, sin ulterior investigación, la medida solicitada. Aunado a lo anterior, el peticionario de la tutela federal señala que comparece por derecho propio (ello sin acreditar que es comunera del núcleo agrario que señala) y no en representación de la comunidad a la que pertenece, es decir en defensa de los derechos de la misma, lo cual viabilizaría el análisis de la suspensión de oficio y de plano, además de que, como se ha precisado, tampoco se evidencia que los derechos que pretende defender pertenezcan a la Comunidad San Antonio de la Cueva, del municipio de Tamazula, Durango. Luego, no resulta aplicable la jurisprudencia número 2./J. 90/2002, consultable en el Tomo XVI, Agosto de 2002, página 376, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital número 186110, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN MATERIA AGRARIA. DEBE DECRETARSE INDEFECTIBLEMENTE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, PARA LO CUAL BASTA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE CONTAR CON LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. Cuando un núcleo de población promueve juicio de amparo en contra de actos que tienen o pueden tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de sus bienes agrarios o la sustracción del régimen jurídico ejidal, el Juez Federal está obligado, de conformidad con lo previsto en el artículo 233 de la Ley de Amparo, a decretar indefectiblemente la suspensión de oficio y de plano en el mismo auto en el que admita la demanda, para lo cual basta que el promovente acredite contar con legitimación procesal activa según lo dispuesto en los artículos 213, 214 y 215 de la ley citada. Por tanto, no es factible sujetar la procedencia de dicha providencia cautelar a los requisitos contenidos en el artículo 124 del indicado ordenamiento normativo, en virtud de que este precepto regula la suspensión a petición de parte agraviada, institución diversa a la que procede de oficio prevista en el referido artículo 233, lo que impide sujetarlas a reglas similares de procedibilidad". Lo anterior, derivado de las razones que sustentan la presente determinación y que en esencia consisten en que la quejosa no acredita que acudió en defensa de los derechos de la comunidad a la que pertenece, ni que el predio en el que se pretende efectuar la destrucción del sembradío forme parte del núcleo de población referido, los cuales constituyen requisitos de procedencia para la concesión de tal tutela posesoria (medida de suspensión de plano), el primero en términos de la ejecutoria transcrita y el segundo, como presupuesto lógico necesario para poder delimitar la materia litis suspensional. Desde diverso aspecto, de igual forma resulta procedente negar la suspensión de plano solicitada respecto de los diversos actos que se aduce resultarían atentatorios de la libertad del peticionario, toda vez que no se ubican en ninguno de los supuestos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que en principio de las propias manifestaciones de la demanda se obtiene que el quejoso no se encuentra privado de su libertad, aunado a que tampoco resulta procedente la concesión de la medida suspensiva de plano, en contra de dispositivos legales, en el caso, el 196 TER, 198, del Código Penal Federal cuya inconstitucionalidad también se reclama, pues tampoco se trata de un acto prohibido. Cabe aclarar que la concesión de la suspensión de plano no depende de las manifestaciones que haga el quejoso, sino que ello es una atribución exclusiva del juzgador, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis VI. 1º. A. 19 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1458, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." En otro orden, con fundamento en el artículo 114, fracción IV, en relación con el 110, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al directo quejoso para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al que surtan efectos la notificación que se le haga de este proveído, acompañando copias del escrito aclaratorio; cumpla con lo siguiente: PREVENCIÓN 1. Ratifique la demanda presentada a su favor, toda vez que el solicitante de la tutela federal, no acreditó ser su defensor particular. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en ****en Tamazula, Durango. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial adscrito practique todas las notificaciones personales que deriven del presente juicio de amparo, así como también para que lleve a cabo todas las gestiones necesarias para realizar las mismas. Se tiene a la licenciada ****, únicamente para oír y recibir notificaciones, toda vez que no acredita el carácter de abogada, sin perjuicio de que pueda acreditarlo con posterioridad. Como lo solicita con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo del Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio, con el usuario artistas.legales, así como la práctica de notificaciones electrónicas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En relación a su solicitud de que el presente juicio sea tramitado en línea, de conformidad con lo establecido por los artículos 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y, toda vez que el quejoso cumple con los requisitos para su procedencia contemplados por el diverso numeral 29 del citado acuerdo (solicitó la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, además de proporcionar su usuario), continúese la secuela del presente procedimiento en línea, a través del citado Portal de Servicios en Línea. A fin de lograr la ratificación de la demanda, gírese atenta requisitoria telegráfica al Juez Mixto de Topia, Durango, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione personal de su adscripción para que se constituya en el domicilio de la parte quejosa ubicado en ****en Tamazula, Durango, y en el acto de la notificación del presente auto, requiera a Israel Guadalupe Lara Zoto, para que manifieste si ratifica o no el escrito de demanda presentada en su favor, o lo haga por escrito en el término de tres días, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la misma, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de la Materia; asimismo, lo requiera para que manifieste si autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Andrés Saavedra Avendaño, así como a la profesionista señalada en la demanda de amparo, además, para que haga constar el estado que guarda la integridad física del mismo. Por otro lado, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo tercero de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente." Notifíquese personalmente al usuario ****.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio que remite la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en el que da cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y previamente a tener por cumplida la sentencia, dese vista de manera personal a las partes, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, expresen lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo procedente en derecho. Notifíquese personalmente.
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