Israel González Pérez
Expediente 472/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Israel González Pérez
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que el impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General1, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: [.] b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Finalmente, toda vez que en el sumario obran documentos originales exhibidos por el promovente del amparo; de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del multicitado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recuperarlos; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, serán destruidos con el expediente. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. 2 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese; y vía electrónica al quejoso. Así, lo proveyó y firma el licenciado Fernando Cervantes Ruvalcaba, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, en funciones de juez de distrito, a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, y hasta en tanto la Comisión de Carrera Judicial lo determine o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal adscriba titular en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2765/2021, de la misma fecha, asistido por la licenciada Diana Rodríguez Cruz, que autoriza y da fe
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a quince de octubre de dos mil veintiuno. RADICACIÓNVista; la demanda de amparo promovida por ISRAEL GONZÁLEZ PÉREZ, por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 1, 4, 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 472/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". Bajo esta perspectiva, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." De acuerdo con la norma anterior, sólo puede acudirse al juicio de amparo cuando previamente se han agotado los recursos o medios de defensa legales previstos en la ley ordinaria, y que sean los idóneos para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. El señalado motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, el cual atiende a que el amparo es medio de defensa extraordinario, por lo que para instarlo previamente se deben agotar los medios ordinarios de impugnación o defensa establecidos en la ley que rige al acto reclamado. En ese orden de ideas, para que se actualice tal causal de improcedencia, es necesario: 1. Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. 2. Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. 3. Que no se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en la porción normativa citada, es decir: a) De actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradicción, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales. b. El acto consista órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en materia penal. c. Cuando se trate de personas extrañas a juicio. d. La interpretación del medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento sea insuficiente para determinarla, será optativo. En el caso, el quejoso narró, como acto reclamado el siguiente: "[.] De la responsable reclamo la OMISIÓN DE DECRETAR LA MEDIDA PROVISIONAL DE ALIMENTOS solicitada en la contestación de la demanda realizada por el suscrito, misma omisión que recae en al interlocutoria de fecha 21 de septiembre de 2021 en los autos del expediente 639/200-III del índice de la Responsable poniendo así en peligro mi subsistencia, mi salud y mi acceso a una vida digna. Medida solicitada en los siguientes términos: "MEDIDA PROVISIONAL DE SUBSISTENCIA DEL SUSCRITO DEMANDADO Tomando en cuenta lo narrado al dar contestación al hecho 6 de la demanda dentro del presente escrito, y que la C. ALEJANDRINA BALDERAS GARCÍA, actualmente se encuentra laborando para la empresa DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO S.A. DE C.V., ejerciendo su profesión y percibiendo un salario suficiente para allegarse de sus propios alimentos, no así el suscrito que a pesar de laborar para la Paraestatal en cita, debido al embargo precautorio obtenido a base de mentiras e imprecisiones por parte de la actora que demanda por su propio derecho; por lo que, con fundamento en el artículo 139 Bis y 139 Quinquies del Codigo Civil vigente en nuestro Estado solicito a su Señoría para poder garantizar mi dignidad humana así como el acceso a un mínimo vital de subsistencia; decrete una pensión ALIMENTICIA PROVISIONAL en mi favor para que le sea embargado un 30% (TREINTA POR CIENTO) del salario que percibe la actora. ALEJANDRINA BALDERAS GARCÍA, como trabajadora de la empresa DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO S.A. DE C.V. hasta que quede firme la modificación de la medida provisional que fue decretada para embargar mi salario a favor de la actora por su propio derecho la cual como ya dejé claro mediante mentiras e imprecisiones expresadas en su demanda inicial me ha dejado sin un solo peso para poder subsistir, provocando con ello que el suscrito no tenga acceso a una vida digna. Por lo anterior pido a su señoría tenga a bien girar oficio a la EMPRESA DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO S.A. DE C.V., con domicilio en CARETERA POZA RICA- PALMA SOLA, #0, INT.0, COLONIA PALMA SOLA, SAN LUIS, COATZINTLA, VER., C.P. 93160, para el efecto de que realice el descuento que se decrete por concepto de pensión provisional para el suscrito. Y me sea depositado en la cuenta PERFILES 5256-7820-9315-4592 del Banco BANAMEX. [...] Y en el capítulo de hechos narro lo siguiente: [...]1. En fecha 10 de septiembre del 2020, dentro de los autos del expediente 639/2020-III del índice de la responsable se le dio entrada a la demanda de Alimentos presentada el día 07 de septiembre del 2020 por mi esposa ALEJANDRINA BALDERAS GARCÍA por propio derecho y en representación de mis menores hijos de identidad reservada con las iniciales D.I. de apellidos González Balderas y S. de apellidos González Balderas, EN DICHO AUTO DE INICIO LA Responsable decreta la medida provisional de embargo del 60% (SESENTA POR CIENTO) del sueldo y demás prestaciones ordinaria y extraordinarias que percibo como trabajador de la empresa Petróleos Mexicanos de esta ciudad. 2. En fecha 12 de agosto del 2021 comparecí ante la responsable a emplazarme del juicio en cita y posteriormente dentro del término concedido para ello realicé la contestación a la demanda de marras. Dentro de la contestación de la demanda expuse diversas cuestiones de hecho y de derecho en la cual se explica claramente por qué el suscrito queso con la medida provisional decretada resulta que cobro de mi salario actual la cantidad de CERO PESOS, esto es después de descontarle el 60% (SESENTA POR CIENTO) decretado como embargo de mi salario para mi esposa y mis dos hijos me quedo sin cobrar un solo peso para mi manutención, lo cual me ha obligado a vivir en calidad de arrimado en la casa de mi madre a costa de lo poco que ella logra cobrar de la pensión de viudez de mi difunto padre. 3. Dentro de la contestación de la demanda se interpuso el recurso de reclamación respectivo para re graduar la pensión provisional decretada y la misma se encuentra en trámite de resolverse, ya que la actora de la demanda por propio derecho me demanda alimentos para ella a pesar de que labora en la empresa EMPRESA DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO S.A. DE C.V., y mintió ante la responsable diciendo que necesita alimentos que me reclama por propio derecho. A pesar de ello y tomando en cuenta los tiempos de los trámites judiciales la medida provisional no tiene un tiempo determinado para resolverse al grado de quedar firme para su ejecución e impactar en mi salario a modo de poder subsistir con el resto que me quede después de descontar la pensión re graduada, es por ello que le solicite a la responsable dictara una medida provisional para que se me garantice el mínimo vital de subsistencia a la cual tengo derecho en estricto apego al respeto de mis derechos humanos, y así lograr alcanzar una vida digna. Medida provisional solicitada que consiste en lo siguiente: "MEDIDA PROVISIONAL DE SUBSISTENCIA DEL SUSCRITO DEMANDADO Tomando en cuenta lo narrado al dar contestación al hecho 6 de la demanda dentro del presente escrito, y que la C. ALEJANDRINA BALDERAS GARCÍA, actualmente se encuentra laborando para la empresa DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO S.A. DE C.V., ejerciendo su profesión y percibiendo un salario suficiente para allegarse de sus propios alimentos, no así el suscrito que a pesar de laborar para la Paraestatal en cita, debido al embargo precautorio obtenido a base de mentiras e imprecisiones por parte de la actora que demanda por su propio derecho; por lo que, con fundamento en el artículo 139 Bis y 139 Quinquies del Codigo Civil vigente en nuestro Estado solicito a su Señoría para poder garantizar mi dignidad humana así como el acceso a un mínimo vital de subsistencia; decrete una pensión ALIMENTICIA PROVISIONAL en mi favor para que le sea embargado un 30% (TREINTA POR CIENTO) del salario que percibe la actora. ALEJANDRINA BALDERAS GARCÍA, como trabajadora de la empresa DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO S.A. DE C.V. hasta que quede firme la modificación de la medida provisional que fue decretada para embargar mi salario a favor de la actora por su propio derecho la cual como ya dejé claro mediante mentiras e imprecisiones expresadas en su demanda inicial me ha dejado sin un solo peso para poder subsistir, provocando con ello que el suscrito no tenga acceso a una vida digna. Por lo anterior pido a su señoría tenga a bien girar oficio a la EMPRESA DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO S.A. DE C.V., con domicilio en CARETERA POZA RICA- PALMA SOLA, #0, INT.0, COLONIA PALMA SOLA, SAN LUIS, COATZINTLA, VER., C.P. 93160, para el efecto de que realice el descuento que se decrete por concepto de pensión provisional para el suscrito. Y me sea depositado en la cuenta PERFILES 5256-7820-9315-4592 del Banco BANAMEX. Y la responsable no solo omite dictar la medida provisional decretada, por el contrario dicta un auto de fecha 21 de septiembre del 2021 en el que señala en su parte relativa a dicha medida lo siguiente: ...y sin que haya lugar a decretar pensión alimenticia provisional a su favor, en atención a que la acción principal, tiene el carácter de deudor alimentario, percibiendo ingresos de la empresa donde labora y por tanto, será en el momento de resolver la controversia cuando se tome en consideración lo relativo a los alimentos... [...] De los antecedentes narrados, se desprende que el acto reclamado deriva de un juicio ordinario civil en el que el quejoso es parte demandada. Asimismo, que dentro de dicha controversia el aquí quejoso contestó la demanda instaurada en su contra. Según se ve, el acto reclamado consiste en el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, pues es la determinación judicial que aduce le causa violaciones a sus derechos fundamentales, dado que argumenta, la autoridad responsable negó la petición de decretar la pensión alimenticia a la parte actora en el juicio de origen en favor del aquí quejoso, en razón de que dicha parte es el deudor alimentario. Es así, porque para la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda para determinar con exactitud la intención del promovente, sin atender a los calificativos o argumentos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Resultan aplicables al caso, los criterios de contenido y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Puntualizado lo anterior, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en el Título Decimosegundo, "De los recursos y de la revisión de oficio", establece en sus artículos 506 y 507, lo siguiente: "Articulo 506. Los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que los substituya en el conocimiento del negocio" "Artículo 507 La revocación puede pedirse en el acto de la notificación o dentro del término de dos días. Se resolverá de plano o en audiencia que tendrá lugar dentro de los tres días siguientes. Sólo podrán ofrecerse las pruebas que puedan rendirse en dicha audiencia". De los preceptos reproducidos, se desprende que la revocación, constituye el medio ordinario de defensa idóneo para que puedan ser combatidos los autos que no causen un daño irreparable en la sentencia. El auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno no causa al aquí quejoso un daño irreparable en la sentencia, pues aunque negó la petición de decretar la pensión alimenticia a la parte actora en el juicio de origen, en favor del aquí quejoso, en razón de que dicha parte es el deudor alimentario, al momento de resolver la definitiva, ésta resolución podría ser favorable a sus pretensiones, lo que dejaría sin efectos cualquier agravio que le hubiere causado el referido auto. Entonces, es claro que contra el auto reclamado, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa establecido en el precitado cuerpo normativo. Adicionalmente a lo expuesto, en el caso que nos ocupa no se actualiza ninguna de las hipótesis de excepción, previstas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradicción, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclaman actos que afecten la libertad personal del quejoso, quien tampoco se ostenta como persona extraña a juicio, pues fue él quien promovió la controversia de origen. Finalmente, la interpretación del medio de defensa que se estima procedente no requiere de interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinar su procedencia. Por tanto, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil 639/2020-III, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad; debe agotar el medio ordinario de defensa -recurso de revocación-, por medio de cual puede revocarse el aludido auto. En el anterior contexto, resulta incuestionable la actualización de una causa de notoria e indudable improcedencia; por ende, se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resultan aplicables la tesis de jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." AUTORIZADOS Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Isauro Ramírez Nieto, Rocío Castillo Hidalgo y Joel Rigoberto Estrada Rodríguez, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Araceli Romero Carballo y Lizeth Karina Moreno González, por así haberlo solicitado expresamente. ACCESO, CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Por otra parte, toda vez que el quejoso solicita el acceso y la consulta del expediente electrónico del presente juicio, así como notificaciones electrónicas; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por dicho medio. En virtud de lo anterior, se comisiona a la Analista Jurídico SISE, para que de inmediato, realice el trámite correspondiente para que el impetrante pueda tener acceso, consultar y ser notificado vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo, con el usuario: LICISAURO73. Se significa al ocursante, que a partir del día de hoy se encuentra habilitado para realizar la consulta vía internet, así como recibir notificaciones personales vía electrónica; por lo que, todas las notificaciones que se le realicen en este asunto, se regirán conforme a lo previsto en la ley de la materia para las notificaciones electrónicas. Se tienen por señalados el correo electrónico y el número telefónico proporcionados por el impetrante, y agréguense como información de contacto para que los actuarios adscritos a este juzgado federal puedan entablar comunicación no procesal, y acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: a) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese vía electrónica al quejoso.
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