Israel Garrido Romero

Expediente 1057/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1057/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
16/10/2020

Partes del expediente

  • Israel Garrido Romero
  • José Antonio Garrido Romero y Otros.
  • José Antonio Garrido Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el toca 358/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, de la que se advierte que la citada superioridad en su primer punto resolutivo desechó el recurso de mérito, y en el segundo punto resolutivo dejó firme la sentencia recurrida; de igual forma, devuelve el expediente original del juicio en que se actúa. Acúsese recibo. Hágase dicha ejecutoria del conocimiento de las partes, así como las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; desglósense las constancias y actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión en cita, ordenándose glosar los mismos a los presentes autos; y notificado que sea el presente proveído, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con el que acusa recibo del oficio 3409-IV, al que se adjuntó el juicio de amparo 1057/2019-IV, que le fue remitido para la tramitación del recurso de revisión y comunica que se admitió el citado medio de impugnación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Hanir Efrain Emmanuelle Ortiz Cavazos, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito en el presente juicio de amparo. Con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo aplicable, agréguese una copia del escrito de expresión de agravios y distribúyanse los demás entre las partes. Oportunamente, remítase este expediente y el original de dicho escrito al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, para los efectos que en derecho correspondan, así como la copia destinada al agente del Ministerio Público Federal adscrito a dicho Tribunal Colegiado. Notifíquese y personalmente a la agente del ministerio público de la federación adscrito. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos, para resolver el juicio de amparo 1057/2019 promovido Hanir Efrain Emmanuelle Ortiz Cavazos, a favor de los directos quejosos José Antonio Garrido Romero e Israel Garrido Romero, por violación a los artículos 1°, 14, 16, 19, 20 y 22 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil diecinueve, ante la secretaria de guarda de este Juzgado Hanir Efrain Emmanuelle Ortiz Cavazos, a favor de José Antonio Garrido Romero e Israel Garrido Romero, solicitó el amparo respecto de los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado, que hizo consistir en la incomunicación, todos los posibles actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y detención. Segundo. Acuerdo suspensión de plano. Por auto de dos de agosto de dos mil diecinueve, se decretó de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado respecto a la incomunicación, todos los posibles actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional que se adujeron eran víctimas los directos quejosos, ordenándose buscarlos con el fin de que manifestaran si era su deseo ratificar la demanda de amparo presentada a su favor (fojas 4 a 5); por lo que una vez que se realizó la localización de los directos quejosos en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública éstos manifestaron que sí ratificaban la demanda de amparo promovida en su favor (fojas 8 y 9). Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de dos de agosto de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su correspondiente informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Acuerdo de vista por autoridad. Mediante acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, toda vez que este Juzgado advirtió que la detención de los aquí quejosos concluyó con una sanción de arresto por veinticuatro horas la cual fue calificada por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues en términos del artículo 263, fracción XIV, del Reglamento del Código de la Administración Pública, corresponde a dicha autoridad calificar el arresto, se les requirió para que dentro del término de quince días manifestaran si señalaban como acto reclamado dicho arresto y a la autoridad que intervino en dicha calificación (fojas 29 y 30). Quinto. Acuerdo se hace efectivo apercibimiento. Toda vez que la parte quejosa no señaló como acto reclamado el mencionado arresto, ni tampoco señaló como autoridad responsable al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el término que se le concedió conforme al artículo 111, en relación con el 17 ambos de la Ley de Amparo, por lo que mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el diverso proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, por lo que se dijo que se resolvería únicamente por lo que respecta a la autoridad señalada inicialmente con ese carácter y los actos señalados de manera primigenia. Posteriormente, se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 1º, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, porque el acto reclamado tuvo ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, se puede advertir que la parte quejosa lo que reclama es la incomunicación, todos los posibles actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y detención. Tercero. Actos respecto de los cuales no se acreditaron su existencia y se decreta el sobreseimiento. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de dicha institución, únicamente aceptó la detención de los aquí quejosos, por lo que se deben tener por inexistentes los actos reclamados consistentes en la incomunicación, todos los posibles actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, por lo que sobre el particular, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de dicha institución, en su informe justificado manifestó ser cierto el acto consistente en la detención de los directos agraviados, por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado consistente en la detención de los aquí quejosos. Quinto. Estudio de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto a la detención la cual concluyó con un arresto administrativo por veinticuatro horas que le fue impuesto a José Antonio Garrido Romero e Israel Garrido Romero, por parte del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en términos de los artículos 263, fracción XIV, 264 y 265 del Reglamento del Código de la Administración Pública, mediante acta levantada el dos de agosto de dos mil diecinueve, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III, del mismo ordenamiento, en razón de que la parte quejosa fue omisa en señalar tanto el acto, como la autoridad que emitió la orden de arresto, a saber, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad. Dicho lo anterior, es necesario tener en consideración lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.]". Los dispositivos legales transcritos, instituyen que el juicio de control constitucional es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale la autoridad o autoridades responsables a quienes se les atribuya el o los actos reclamados. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que debe sobreseerse el presente juicio de amparo en relación con la emisión de la resolución dictada el dos de agosto de dos mil diecinueve, por la que se impuso a los directos quejosos José Antonio Garrido Romero e Israel Garrido Romero, un arresto de veinticuatro horas, de la cual derivó la ejecución de tal sanción administrativa en la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (fojas 21 a 24). En efecto, de las constancias que en copia certificada obran en autos, relativas al procedimiento administrativo que se instauró en contra de los peticionarios del amparo José Antonio Garrido Romero e Israel Garrido Romero, (fojas 20 a 28), mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que fue el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en términos de los artículos 263, fracción XIV, 264 y 265 del Reglamento del Código de la Administración Pública, la autoridad que instauró el procedimiento que culminó en la imposición de un arresto de veinticuatro horas a los quejosos; sin embargo, como se dio noticia en líneas que anteceden, no obstante que este órgano jurisdiccional mediante proveído de veintrés de agosto del presente año (fojas 29 y 30), dio vista a la parte quejosa para que ampliara la demanda de amparo, ésta se abstuvo de realizar manifestación alguna al respecto, por lo que se tuvo por precluido su derecho para hacerlo mediante acuerdo de veinticuatro de septiembre del año en curso. Consecuentemente, tales actuaciones no puede ser materia de estudio al no haber sido expresamente señaladas e imputadas a la autoridad que realmente las emitió, por lo que no es posible analizar la constitucionalidad del acto de una autoridad, si ésta no fue llamada a juicio a defender la legalidad de su actuación. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que si bien es cierto, existe el arresto impuesto como medida de apremio a la parte quejosa, también lo es, que no es procedente analizar la legalidad del mismo al no haber sido señalado como acto reclamado, así como tampoco haber señalado como autoridad responsable el funcionario que llevó a cabo tal actuación. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 93, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 73, Apéndice 2000, del tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 468, del tomo II, octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". De igual forma, robustece a la anterior determinación, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia VII.A.T.J/6, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 738, tomo III, correspondiente al mes de junio de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que señala: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal". Por todo lo que antecede, es que, con fundamento en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción II, y 108, fracción III, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, ha lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, según lo dispone la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 335 del Tomo VI, Materia Común, del apéndice 1917-1995, que indica: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo aplicable. Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Hanir Efrain Emmanuelle Ortiz Cavazos, a favor de los directos quejosos José Antonio Garrido Romero e Israel Garrido Romero, en contra de los actos que reclamó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

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