Israel García Osorio
Expediente 646/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 646/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/07/2016
Partes del expediente
- Israel García Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
II. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia de veintiocho de junio de dos mil dieciséis (fojas 29 a la 39), donde se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Devuélvase a la responsable Juez Octavo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, las constancias que remitió como anexo a su informe justificado, consistente en copias certificadas del expediente 1351/2015, relativo a las controversias sobre el estado civil de las personas y el derecho familiar (pensión alimenticia y guarda y custodia), de su índice estadístico. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en el entendido que deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, pues en resolución de veintiocho de junio de dos mil dieciséis (fojas 29 a la 39), se negó el amparo y protección de la Justicia Federal (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. Tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, (Punto Vigésimo, inciso III) y Vigésimo Primero, inciso III). Lo anterior, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento". En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, si las autoridades a quien deba comunicarse la presente determinación gozan de su periodo vacacional, se comisiona al Actuario para hacer entrega de los oficios respectivos, cuando éstas reanuden labores, sin necesidad de ulterior acuerdo, los cuales deberán quedar bajo su resguardo y responsabilidad hasta en tanto sean entregados.
- Principal
Visto el juicio de amparo indirecto 646/2016-II; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Israel García Osorio mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, promovió demanda de amparo, en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridades que a continuación se mencionan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridades responsables: A).- C. JUEZ OCTAVO FAMILIAR DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. IV. ACTO RECLAMADO: Reclamo del JUEZ OCTAVO FAMILIAR DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, la resolución interlocutoria de fecha quince de abril del año 2016 relativo al Juicio de Controversia familiar del expediente número 1351/2015". SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VIOLADOS. El quejoso señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO. El diez de mayo de dos mil dieciséis, se registró con el estadístico 646/2016-II, se admitió, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento al tercero interesado y se señaló hora y día para la audiencia constitucional. Una vez integrado el presente sumario se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones III, inciso b), de la Constitución General de la República; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que los actos que se reclaman son determinaciones del orden civil, que pretenden ejecutarse en el territorio en que este Órgano de Control Constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes que dieron origen al presente juicio de garantías son los que se narran a continuación: Elsa Vanessa Aguilar González, por sí en representación de sus menores hijas, Vanessa García Aguilar y Martha Renata García Aguilar, demandaron el pago de una pensión alimenticia, guarda y custodia provisional, inscripción de cónyuge como deudor moroso, pago de gastos y costas judiciales. El dos de diciembre de dos mil quince, se admitió la demanda y se ordenó emplazar al demandado. Asimismo, se acordó sobre las medidas provisionales solicitadas en los siguientes términos: "A).- Con fundamento en el artículo 4.228 fracción II inciso a) del Código Civil, se decreta la guarda y custodia provisional de las menores Vanessa y Martha Renata de apellidos García Aguilar a favor de su señora madre Elsa Vanessa Aguilar González. B).- Con fundamento en el artículo 5.43 del Código Procesal de la Materia, se decreta como PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL DIARIA, para la parte actora VANESSA AGUILAR GONZÁLEZ y las menores VANESSA Y MARTHA RENATA DE APELLIDOS GARCIA AGUILAR, la cantidad que resulte de TRES DÍAS DE SALARIO MÍNIMO DIARIO, vigente en ésta zona económica, que el deudor alimentista ISRAEL GARCIA OSORIO, habrá de proporcionar a sus acreedores, por lo que, deberá exhibir ante éste Tribunal, la cantidad que resulte de la pensión arriba señalada, en los CINCO PRIMEROS DIAS de cada mes. Lo anterior se decreta en razón de que la parte actora hace manifestaciones respecto de la solvencia económica del demandado, proporcionando documentos que acreditan que es Médico Cirujano y tiene su consultorio en Santa María del Monte, Zinacantepec, también que trabaja en la Clínica San Agustín, en San Agustín Poteje en Almoloya de Juárez, México; además existe un cuenta bancaria número 1162740060 en la Institución Bancaria BBVA Bancomer, propietario de un local comercial ubicado en Ejidos de la Crespa, en Toluca; ya que la actora tiene gastos que cubrir con sus menores hijas como lo acredita con el comprobante de inscripción escolar del Instituto México de Toluca, A.C. a donde asiste su menor hija VANESSA GARCÍA AGUILAR y gastos médicos de su menores hijas". Inconforme con dicha determinación, la actora interpuso recurso de revocación, el que se resolvió el ocho de enero de dos mil dieciséis (foja 48 anexo) y se declaró improcedente. El demandado contestó la demanda (foja 56 anexo). La actora promovió juicio de amparo contra la determinación que declaró improcedente el recurso de revocación; demanda que tocó conocer a este juzgado, y que el diez de marzo de dos mil dieciséis se resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal para el siguiente efecto: ".se deje insubsistente la resolución emitida el ocho de enero de dos mil dieciséis en el recurso de revocación relativo al expediente 1351/2015; 2) La responsable emita una nueva resolución en la que analice los elementos con que cuenta en el expediente de origen entre ellos los medios de prueba aportados por la actora y determine si se acredita o no la capacidad económica del demandado, y, 3) Con libertad de jurisdicción resuelva respecto a la fijación y cuantía de la pensión alimenticia provisional." En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el quince de abril de dos mil dieciséis, el juez responsable dictó una nueva resolución en la que en los puntos resolutivos refirió lo siguiente: ".PRIMERO. Se decreta procedente el recurso de revocación que interpone ELSA VANESSA AGUILAR GONZÁLEZ, en contra del acuerdo de fecha de dos de diciembre de dos mil quince. En consecuencia. SEGUNDO.- Se modifica el auto recurrido en lo conducente en los términos decretados en esa sentencia." (acto aquí reclamado) El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, en audiencia inicial, respecto a la revisión de medidas se determinó que no era posible preparar a la menor Vanessa García Aguilar en virtud de que no podía ser escuchada, y se señaló nueva fecha para ello. El doce de mayo de dos mil dieciséis, en continuación de audiencia inicial, se señaló nueva fecha puesto que aún no se desahogaban diversos medios de prueba para poder proveer sobre la revisión de medidas provisionales. Siendo el estado que guardan los autos. TERCERO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ante todo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución de quince de abril de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio de controversia familiar 1351/2015, en el que se dejó insubsistente la interlocutoria de ocho de enero de dos mil dieciséis relativa al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de dos de diciembre de dos mil quince, en el que se decretaron las medidas provisionales alimentarias CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez Octavo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca (foja 19), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del mismo. Lo cual se corrobora con las constancias que remitió consistentes en copia certificadas del expediente 1351/2015, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2° de la Ley de Amparo. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. La autoridad responsable refiere que se debe sobreseer el juicio en términos de la fracción V, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, al actualizarse las fracciones XVIII y XIX del numeral 61 del mismo ordenamiento, ya que las medidas provisionales dictadas en la interlocutoria serán revisadas y en su caso modificadas en términos del ordenamientos 5.58 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Resulta infundada la causal de improcedencia invocada. El artículo 61 en las fracciones XVIII y XIX de la Ley de Amparo refieren que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado" Las fracciones antes trascritas refieren que es improcedente el juicio de amparo cuando exista un recurso o medio de defensa que pueda modificar la resolución reclamada en el amparo. Ahora, la legislación local civil efectivamente contempla una etapa de revisión de medidas provisionales en la audiencia inicial, contemplada en el numeral 5.58 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Sin embargo, aun cuando se puedan modificar las medidas tomadas en el auto inicial, dicha revisión no es propiamente un recurso o medio de impugnación como lo refiere la responsable, pues su naturaleza es diferente. En un recurso o medio de impugnación se analizan las posibles violaciones u omisiones de la autoridad resolutora (volver a revisar), y en la revisión de medidas provisionales (en el caso), se toman en consideración las pruebas que se ofrecieron hasta antes de la audiencia inicial y si se acredita algún evento adicional o no se acredita la solvencia, proporcionalidad, capacidad económica del deudor o circunstancias especiales, tanto del deudor como de las acreedoras alimentarias. De ahí que la revisión de medidas provisionales no se puede considerar un recurso o medio de impugnación. Al no haberse invocado diversa causal de improcedencia, y que de oficio se advierta la actualización de alguna otra, sin que sea obligatorio abordar el estudio de cada una de las contempladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el artículo 62 del referido ordenamiento no lo establece así, por lo que es suficiente que la suscrita estudie y se pronuncie sobre los motivos específicamente advertidos o invocados por las partes, para tener por satisfecho el precepto en comento. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACION Y FIJACION DE LITIS. El quejoso aduce que la responsable infringe los artículos 1, 5, 14, 16 y 17 constitucionales, por las siguientes razones: Que la autoridad le causa agravio al resolver la interlocutoria de quince de abril de dos mil dieciséis, pues refiere que se acreditó plenamente la capacidad económica del quejoso con ingresos suficientes para otorgar alimento a Elsa Vanessa Aguilar González y sus menores hijas, pues realiza una inadecuada valoración de documentos y basándose en manifestaciones subjetivas y opiniones personales, las cuales resultan inválidas e incongruentes. Que la medida provisional por concepto de alimento resulta excesiva pues lo priva de la posibilidad de satisfacer sus propias necesidades básicas de subsistencia, que no es cierto que su percepción económica sea resultado de consultas, emergencias, intervenciones quirúrgicas hasta por sesenta mil pesos, así como treinta mil pesos mensuales del consultorio, mas cinco mil pesos por concepto de salón de fiestas, las cuales son meras especulaciones. Que la única forma de comprobar sus ingresos es a través de una pericial en materia de trabajo social. Que Elsa Vanesa Aguilar González obtiene recursos suficientes para su manutención pues recibe la cantidad cinco mil pesos por concepto de renta de un bien inmueble ubicado en Zinacantepec. Que ambos progenitores tienen la capacidad y obligación de dar alimentos a los menores y que Elsa Vanesa Aguilar González no justifica estar imposibilitada para desempeñar un empleo remunerativo. Que se violenta en su perjuicio lo establecido en el numeral 1.364 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, pues no se siguieron las formalidades para substanciar el recurso de revocación, ya que la autoridad responsable omitió otorgarle tres días antes de su dictado, lo cual lo dejó en estado de indefensión. Conforme a lo anterior, se precisa que la litis se constriñe a determinar, si fue correcto que la autoridad, el quince abril de dos mil dieciséis, al resolver el recurso de revocación en cumplimiento al juicio de amparo 88/2016-II, del índice de este juzgado, sobre las medidas provisionales por alimentos, tomó en consideración las documentales ofrecidas por la parte actora. SÉPTIMO. ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE VIOLACION. Resultan infundados los conceptos de violación, sin que exista materia para suplirlos en su deficiencia, en atención a las consideraciones siguientes. Para corroborar lo anterior, se debe tener en cuenta que las resoluciones dictadas por autoridades deben estar ajustadas a derecho, y respetando el derecho humano de legalidad que está tutelado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." En efecto, la norma constitucional transcrita consagra la garantía de legalidad consistente en la debida fundamentación y motivación, que obliga a todas las autoridades en sus actos y más aún cuando éstos son tendentes a realizar un acto de molestia en los particulares o gobernados. Lo anterior con un solo fin, darle a conocer al gobernado la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que le sea claro y esté en aptitud de cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Ahora, del estudio de las constancias remitidas por la responsable con su informe justificado, en especial a la resolución interlocutoria de quince de abril de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente 1351/2015, el Juez estimó declarar procedente el recurso de revocación promovido por Elsa Vanessa Aguilar González, y modificó el auto impugnado y fijó pensión alimenticia para Elsa Vanessa Aguilar González, sus hijas Vanessa y Martha Renata, de apellidos García Aguilar, por el monto que corresponde a tres días de salario mínimo diario vigente, al pago de la cantidad de dos mil novecientos setenta y cinco pesos en forma mensual para colegiatura de Vanessa García Aguilar y cinco mil setecientos setenta y dos para cubrir el crédito de adquisición del vehículo que constituye el transporte de las acreedoras alimentarias, de igual manera de forma mensual, pensión alimenticia que debe exhibir los primeros cinco días de cada mes. Además, la responsable apoyó su determinación en el numeral 5.43 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establece que en el auto inicial, si el juez considera acreditada la obligación alimentaria determinará el monto de la pensión alimenticia provisional y ordenará los descuentos correspondientes. Adicional, el numeral 4.135 del Código Civil para el Estado de México establece que los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación, nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica, hospitalaria y psicológica preventiva integrada a la salud y recreación. Además, en el diverso 4.138 del Código Civil para el Estado de México, contiene el principio de proporcionalidad que se aplica para fijar pensión alimenticia provisional o definitiva. El cual consisten en que los alimentos deberán ser proporcionados de acuerdo a la capacidad económica del deudor alimentario y de las necesidades de quien debe recibirlos. Así en la resolución aquí impugnada, contrario a lo manifestado por el quejoso en su concepto de violación a), se presume que el actor tiene capacidad económica con ingresos suficientes para otorgar alimento a Elsa Vanessa Aguilar González y a sus menores hijas, ello puesto que tomó en consideración las documentales ofrecidas por la actora consistentes en el recibo factura expedido por el Organismo de agua y saneamiento de Toluca, respecto del inmueble ubicado en Barrio La Crespa, San Mateo Otzacatipan, en donde aparece como propietario el demandado Israel García Osorio, constancia de posesión de doce de noviembre de dos ml cinco, suscrita por el Comisariado Ejidal de San Mateo Otzacatipan, respecto de un predio en el que se advierte que el comprador es Israel García Osorio, un permiso sanitario de construcción de once de noviembre de dos mil ocho a favor de Israel García Osorio en su carácter de propietario, un oficio dirigido al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Toluca, suscrito por el Secretario General del Comité Ejecutivo e Israel García Osorio y la Alianza de Obreros del Ramo de la Construcción y venta de materiales, similares y conexos del Estado de México, respecto de la construcción de un local comercial ubicado en la calle Mariano Escobedo, sin número, Ejido de la Crespa, Municipio de Toluca, México y un documento denominado "Memoria descriptiva", respecto del inmueble ubicado en calle sin nombre, sin número domicilio conocido, San Agustín Poteje Centro, Almoloya de Juárez, Estado de México, del que se advierte la construcción de la clínica y el nombre del propietario Doctor Israel García Osorio. Efectivamente, dichas documentales sirvieron de apoyo para determinar que tiene capacidad económica para otorgar alimentos a su cónyuge e hijas; además, también se presume que Elsa Vanessa Aguilar González justificó su derecho de exhibir alimentos al exhibir las actas de matrimonio entre ella y el demandado (hoy quejoso) y actas de nacimiento de su menores hijas, quienes cuentan con seis y uno año. Adicional, se demostró que Vanessa García Aguilar está cursando la primaria; así como con las recetas médicas se demuestra que se ha requerido atención médica. En relación a Elsa Vanessa Aguilar González, se justificó el pago del vehículo Mazda, que utiliza para su transporte así como para las menores y que se encuentra pendiente de pagar según el contrato de crédito, con un pago aproximado de cinco mil setecientos setenta y dos pesos. De la menor Martha Renata García Aguilar (de un año de edad) aun cuando no se acreditó un monto líquido, ésta requiere elementos necesarios para su subsistencia. Con ello como bien lo determinó la autoridad responsable, con el cúmulo de medios de prueba hasta ese momento se demostró que el deudor tiene capacidad para cubrir los alimentos de su cónyuge y sus dos menores hijas, pues los documentos que exhibió, en conjunto resultaron suficientes en ese momento procesal, adicional, de que tanto el cónyuge como las menores, tienen la presunción legal de necesitar los alimentos que establece el artículo 4.127 del Código Civil del Estado de México, presunción legal que corresponde desvirtuar al deudor, lo que no ocurrió. Asimismo, no le resulta la razón al quejoso en su manifestación encaminada a que la cantidad fijada como pensión resulta excesiva privándole de la posibilidad de satisfacer sus propias necesidades básicas de subsistencia, pues en la resolución reclamada se describieron las documentales que obraban en actuaciones y en las que fundó su determinación, destacando que se acreditaba la necesidad de los acreedores alimentarios, concluyendo que la pensión resultaba proporcional, en forma momentánea a las necesidades de los acreedores. Igualmente, destacó que en la medida provisional fijada se acreditó la capacidad económica del obligado en su carácter de médico cirujano con capacidad para construir y operar una clínica para prestar sus servicios profesionales su calidad de propietario, que tiene propiedades como lo son los inmuebles en donde se encuentra la clínica, y diverso en donde se construye un local comercial, aunque no se demostrara el monto que recibe en su actividad económica como propietario de esos bienes. Tampoco le resulta la razón al impetrante cuando refiere que la única forma de comprobar sus ingresos es a través de una pericial de trabajo social, pues como se advierte obran diversos medios que permitieron llegar a la presunción de que el demandado cuenta con capacidad económica para pagar la pensión provisional y la pericial mencionada no es la única forma de determinar ello. En lo relativo a que la cónyuge Elsa Vanesa Aguilar González, tiene ingresos suficientes para la manutención pues recibe la cantidad de cinco mil pesos por concepto de renta de un bien inmueble ubicado en Zinacantepec, debe decirse que no le asiste razón, pues dicha circunstancia no se encuentra demostrada en autos. Dicho lo anterior, resulta que desde un punto de vista estrictamente formal, la resolución reclamada se encuentra debidamente ajustada a derecho, por lo que resultan infundados los argumentos que se plantean en su contra, sin que exista materia para suplirlos en su deficiencia, pues es claro que el juzgador responsable explicó las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para emitir el acto reclamado, con lo cual adecuó los motivos aducidos a las normas aplicadas al caso concreto, además de contestar los argumentos que le fueron expuestos en forma de agravios. Ahora, debe indicarse que el derecho de alimentos es la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo o por adopción, del matrimonio, del concubinato y, en algunos casos, del divorcio. La ley impone, en determinadas circunstancias, la obligación de suministrar a otra persona los recursos necesarios para atender las necesidades de la vida. Así, el Código Civil para el Estado de México, al legislar la obligación alimentaria entre cónyuges divorciados, establece que se tendrá derecho a ellos, sólo cuando quien los pide haya estado en el supuesto de haber realizado trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención del mismo o cuidado de la familia de manera cotidiana durante el matrimonio. En efecto, se parte de la base de que el que pide los alimentos los necesita y que el que debe prestarlos puede hacerlo, porque sus condiciones económicas lo permiten y su vinculación con el alimentado lo exige. Cabe señalar que la prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario correspondiente a la condición del que la recibe y también lo necesario para la asistencia en las enfermedades, por lo que son estos cuatro los factores que el Juez debe tener en cuenta para establecer los gastos ordinarios comprendidos en los alimentos: subsistencia, habitación, vestuario y asistencia en las enfermedades. En ese sentido, contrario a lo argumentado por el quejoso, el juez responsable sí ponderó las circunstancias especiales de la necesidad de quien pidió lo alimentos, pues como de la resolución reclamada se advierte, estableció con claridad que la medida provisional decretada tiene su origen al encontrarse acreditado que las menores tienen la presunción legal de necesitar los alimentos que establece el artículo 4.127 del Código Civil del Estado de México, precepto legal que contempla a quienes tienen derecho a recibir alimentos, incluidos las y los hijos menores de edad que se dediquen al estudio, la cónyuge que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de la familia. Respecto a las manifestaciones del quejoso en el sentido de que su contraparte también tiene la obligación de dar alimentos a sus menores hijos, ello no quedó acreditado en el juicio de origen. De lo anterior, resulten ineficaces los argumentos señalados por el quejoso, ya que el juez realizó el análisis de la medida provisional a la luz del conjunto de manifestaciones vertidas por las partes y de los argumentos vertidos como agravios. Debe decirse, que al tratarse de una medida provisional, está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse la necesidad del acreedor y la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario, por tanto es en el juicio que se llevará para debatir sobre dicho derecho, donde deben analizarse plenamente las pruebas para determinar esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria únicamente deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos y de su urgencia. Máxime que en el caso concreto, la citada medida provisional nació esencialmente de la presunción que otorga la ley a la parte actora. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis III.4o.C.15 C (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, Décima Época, página 1734, que menciona: "DIVORCIO CON BASE EN LA CAUSAL CONSISTENTE EN LA NEGATIVA INJUSTIFICADA DEL DEMANDADO PARA PROPORCIONAR ALIMENTOS A SU CÓNYUGE. CORRESPONDE AL DEUDOR DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACIÓN, EN TANTO QUE LA NECESIDAD DE LA ACREEDORA PARA RECIBIRLOS DEBE PRESUMIRSE POR EL HECHO DE RECLAMARLOS Y HABERSE DEDICADO PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Si se toma en consideración que el supuesto consistente en la negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa al reclamo de los mismos, se encuentra contemplada como causa de divorcio, de acuerdo con el artículo 404, fracción XIII, del Código Civil del Estado de Jalisco, puede válidamente concluirse que la hipótesis destacada, por formar parte integrante de la referida acción de divorcio, se actualiza con la sola omisión, no desvirtuada, de ministrar los alimentos, correspondiendo, por tanto, al deudor alimentista la carga de acreditar que la acreedora no tiene necesidad de recibirlos y que ha cumplido con esa obligación, ya que es evidente que ello tiende a destruir la pretensión de la accionante (referida a un hecho negativo que procesalmente la releva de acreditarlo), cuya necesidad de demandar ese concepto debe presumirse por el solo hecho de reclamarlo y de manifestar, al respecto, que durante la existencia del vínculo matrimonial se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado y educación de los hijos, situación que es acorde con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 416/2012, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 6/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, página 619, de rubro: "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."; máxime que en el precepto citado se excluyó la necesidad de acreditar la previa existencia de requerimiento o sentencia judicial relacionado con el reclamo de alimentos en cuestión." Finalmente respecto a la manifestación del quejoso en el sentido de que no se respetaron las formalidades respecto al trámite del recurso de revocación, esto es, se omitió otorgarle el término de tres días para que realizara las manifestaciones que consideraba convenientes. No le resulta la razón, pues la resolución aquí impugnada fue dictada en cumplimiento al diverso juicio de amparo 88/2016-II, del índice de este juzgado, y el efecto fue para dejar insubsistente la resolución de ocho de enero de dos mil dieciséis, y se dictará otra apoyándose en los lineamientos de la sentencia de amparo, lo que no conlleva a realizar todo el trámite respectivo del recurso de revocación, y dar nueva oportunidad a las partes a realizar diversas manifestaciones, pues ello no fue materia de aquél juicio de amparo. Así, dado que los conceptos de violación resultaron infundados lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, al quejoso Israel García Osorio, siendo oportuno precisar que en el caso, el suscrito no advirtió circunstancia alguna en la que tuviese aplicación la suplencia de la queja deficiente, ya que como se ha visto y a consideración de quien resuelve, la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho y con la misma no se afectan los derechos de las menores involucradas. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 76, 79, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Israel García Osorio, respecto a los actos y autoridades precisados en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; quince de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del presente juicio de amparo, se advierte que mediante proveído de dos de junio de dos mil dieciséis, se reservó acordar lo conducente respecto a los medios de convicción ofrecidos por el quejoso Israel García Osorio, consistentes en la inspección judicial y testimonial, hasta en tanto se encontraran debidamente emplazadas las partes en el presente juicio de amparo, circunstancia que ya aconteció. En ese contexto por lo que hace a las pruebas de inspección judicial respecto de dos domicilios diversos y en términos de los puntos referidos en el ocurso presentado el uno de los actuales (fojas 15 y 16); así como la testimonial a cargo de María Petronila Guapo Corral y María del Carmen García Osorio, al tenor del interrogatorio exhibido, se desechan por notoriamente improcedentes. Se considera tal actuar, pues acorde con el artículo 75 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito al emitir la sentencia respectiva, deberá analizar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y, no admitirá, ni tomará en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante esta para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto del acto combatido. Lo anterior, pues el acto reclamado en el presente juicio de amparo, se hace consistir en la resolución interlocutoria dictada en el juicio de controversia familiar 1351/2015, donde se fijó una pensión para la contraparte del quejoso y el pago de la cantidad de dos mil novecientos setenta y cinco pesos ($2,975.00 M.N.) en forma mensual para colegiaturas de Vanessa García Aguilar, y cinco mil setecientos setenta y dos ($5,772 M.N.) para cubrir el crédito por la adquisición del vehículo que constituye el transporte de las acreedoras alimentarias, misma que debe exhibir durante los cinco primeros días de cada mes; por tanto, no cabe la menor duda de que los medios de convicción que pretende ofrecer el quejoso en el escrito presentado el uno de junio del año en curso (foja 15 y 16), se pudieron ofrecer en el proceso del cual se originó el acto reclamado y, como consecuencia de ello, resulta claro que este juzgador debe acatar lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo; es decir, apreciar los actos combatidos tal y como aparezcan probados ante la autoridad responsable y no admitir ni tomar en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante ésta. Por tales motivos, al momento de emitir el fallo definitivo, únicamente se tomará en cuenta todo lo actuado ante el Juez Familiar responsable hasta la emisión de la interlocutoria de quince de abril de dos mil dieciséis, en el juicio de controversia familiar 1351/2015. Se aplica al caso concreto la tesis I.1o.A.E.44 K (10a.), con número de registro 2010578, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la página 3614, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, Materia Común, Décima Época, que establece: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBEN DESECHARSE SI SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO NO SE REALIZARON ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO, Y EL OFERENTE TUVO OPORTUNIDAD DE HACERLO. El artículo 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo consigna una de las disposiciones fundamentales en materia de prueba, conforme a la cual, el acto reclamado se apreciará como aparezca probado ante la responsable, por lo que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante esa autoridad. En estas condiciones, cuando la litis en el juicio de amparo se centre en la regularidad legal y constitucional de una resolución definitiva emanada de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el que el interesado pueda estructurar su defensa, al expresar las consideraciones de derecho que estime convenientes para desvirtuar los hechos que se le atribuyan y ofrecer los elementos de prueba que considere necesarios, el cual debe concluir con una resolución que se ocupe de analizar todas las cuestiones generadas, lo que incluye la valoración de las pruebas y los argumentos esgrimidos, la calificación de esta decisión debe realizarse en función de lo expuesto y probado en el procedimiento de origen y no de lo que se acredite en el amparo, pues éste no se convierte en una extensión de aquél, ni en una nueva oportunidad para oponer y probar defensas no hechas valer en tiempo. Por tanto, deben desecharse las pruebas en el amparo indirecto si su ofrecimiento y desahogo no se realizaron ante la autoridad responsable en el procedimiento seguido en forma de juicio del que deriva el acto reclamado, y el oferente tuvo oportunidad de hacerlo, dada la falta de oportunidad de aquélla de pronunciarse al respecto, lo que impide al Juez de Distrito valorarlas." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VI.2o. J/41, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 279 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL. NO RENDIDA ANTE LA RESPONSABLE. El acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y en el amparo no se pueden admitir ni tomar en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante la autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de conformidad con el artículo 78 de la ley de la materia." Aunado a lo anterior, es evidente que dichos medios de convicción, no son idóneos para acreditar los extremos de su pretensión. A mayor abundamiento, respecto de las inspecciones judiciales que pretende el quejoso se lleven a cabo en los domicilios referidos, se advierte que el objetivo que persigue consiste en acreditar los inmuebles que ahí se encuentran, así como el uso, conservación, condiciones y mantenimientos de ellos, circunstancia que no es posible advertir mediante el desahogo de una inspección a cargo de fedatario judicial, además, no es posible constatar el uso que se le da a un inmueble en un solo instante, pues ello implica que con el desarrollo propio de la actividad realizada por el quejoso a través del tiempo, se advierta y reconozca un uso o servicio por sus cualidades o características, lo que no puede acontecer con lo que el funcionario público advierta durante el desarrollo de la prueba. Por consiguiente, la prueba de inspección ocular no es idónea para acreditar esos extremos. Se invoca por analogía, lo dispuesto en la tesis I.4o.A.510 A, con número de registro 175295, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1053 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, Materia Administrativa, que a la letra dice: "MARCAS. LA INSPECCIÓN OCULAR PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE, NO ES IDÓNEA PARA ACREDITAR SU NOTORIEDAD. El Juez de Distrito debe recibir las pruebas de las partes reconocidas por la ley, con excepción de la confesional y las que atenten contra la moral o el derecho, así como las que sean procedentes para el objeto que se propusieron y no las que sean incongruentes con los hechos controvertidos o se promuevan de modo indebido. En este tenor la inspección ocular ofrecida para determinar las características y alcance de un servicio de transporte que se presta al amparo del título-concesión respectivo, como elementos para acreditar la notoriedad de una marca (Turibús), no es acorde con la naturaleza de tal prueba, ya que ésta atiende a lo que se puede percibir a través de los sentidos con verificación al momento y no en forma sucesiva, es decir, trata sobre el reconocimiento de hechos, lugares, circunstancias y cosas en la forma en que se encuentren al verificarse la diligencia, pero no de la manera y condiciones en que se desarrolla periódica y constantemente el servicio de transporte, circunstancias que son propias de la prueba documental en donde constan las condiciones en que se otorgó la concesión respectiva. Cabe destacar además, que no es posible constatar la notoriedad de la marca en un solo instante, pues ello implica que con el desarrollo propio de la actividad realizada por la quejosa a través del tiempo, el consumidor o usuario conozca o advierta y reconozca un producto o servicio por sus cualidades o características, lo que no puede acontecer con lo que el funcionario público advierta durante el desarrollo de la prueba. Por consiguiente, la prueba de inspección ocular no es idónea para acreditar esos extremos." Así como la diversa tesis IV. 3o. 140 C, con número de registro 209759, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 391 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Materia Civil, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "INSPECCION JUDICIAL. PRUEBA DE. NO ES LA IDONEA PARA DEMOSTRAR LA HABITACION DE UN DOMICILIO. Si se ofrece la prueba de inspección judicial para determinar quién o quiénes viven en los domicilios a inspeccionar, es de concluirse que ésta no es el medio idóneo para probar la habitación de una persona, ya que ésta no tiene más objeto que la de hacer que el juez compruebe por sus sentidos, la existencia de determinados hechos o circunstancias que en un momento se dice existen, y dado que el habitar un domicilio significa una ocupación continua y prolongada del mismo, es incuestionable que ello no se puede demostrar a través de una apreciación momentánea como lo es la que se lleva a cabo mediante una inspección judicial." Ahora, por lo que hace a la testimonial, de la misma manera se desecha por su falta de idoneidad, pues el acto reclamado en el presente asunto lo constituye la resolución interlocutoria dictada en el juicio de controversia familiar 1351/2015, donde se fijó una pensión para la contraparte del quejoso y el pago de la cantidad de dos mil novecientos setenta y cinco pesos ($2,975.00 M.N.) en forma mensual para colegiaturas de Vanessa García Aguilar, y cinco mil setecientos setenta y dos ($5,772 M.N.) para cubrir el crédito por la adquisición del vehículo que constituye el transporte de las acreedoras alimentarias, misma que debe exhibir durante los cinco primeros días de cada mes; por lo que del análisis del interrogatorio al tenor del cual pretende llevar a cabo el desahogo del medio de convicción referido, se advierte que pretende acreditar el motivo por el cual se encuentran separados los cónyuges, así como establecer donde trabaja y la cantidad de dinero que percibe por el desempeño de sus labores; sin embargo, dichas circunstancias no se pueden acreditar a través de una prueba testimonial, ya que no es suficiente el dicho de una persona, sino que se requieren documentos que hagan prueba plena y evidente tales como recibos de honorarios que en el ejercicio de sus funciones pudiera expedir el quejoso, o bien, una declaración de bienes patrimoniales, de donde resultaría factible analizar dichas cuestiones. En esa tesitura, las pruebas testimonial y de inspección judicial, no se consideran procedentes y tampoco idóneas para acreditar los extremos de su pretensión, porque en nada práctico conduciría su trámite. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 41/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, Materia Común, que a la letra dice: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." Finalmente, se hace la aclaración de que no obsta el hecho de que este auto debe notificarse personalmente a la parte quejosa, sin embargo, en proveído de diez de mayo de dos mil dieciséis (fojas 10 a la 12), se ordenó que todas las notificaciones se le hicieran por medio de lista, incluso las de carácter personal; por tanto, esta determinación deberá notificarse en tales términos. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Toluca, Estado de México; ocho de junio de dos mil dieciséis. El estado procesal de autos evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy a las diez horas con quince minutos, tal como se estableció en auto admisorio de diez de mayo de dos mil dieciséis (fojas 10 a la 12); sin embargo, en proveído de seis de los actuales se ordenó dar vista con el informe justificado rendido por el Juez Octavo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, mismo que se notificó el siete anterior, por lo que el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impongan de ellos, aún no fenece. En consecuencia, la audiencia constitucional prevista para celebrarse en esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del veintiocho de junio de dos mil dieciséis, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido del Secretario Nicolás de Luna González, que autoriza y da fe. Doy fe.
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