Israel García Miranda
Expediente 285/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 285/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Israel García Miranda
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo vigente; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.
- Principal
CONSTANCIA. En cumplimiento al acuerdo de diecinueve de abril del año en curso, por este medio se notifica a la parte quejosa el auto de esa misma fecha, que en lo conducente dice Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ***, contra actos del Magistrado Propietario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 285/2016-IV; y, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo establece textualmente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su propio numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu. En efecto, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107.- El amparo indirecto es procedente: (.) V.- Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" Al respecto, resulta necesario precisar que, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste, o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la quejosa, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que, en este caso, los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Ahora bien, el promovente señala, como acto reclamado: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. EL ACTO RECLAMADO: La RESOLUCIÓN DEL Toca número ***, de fecha 28 de marzo del año 2016, notificada al suscrito el día 29 de marzo del año 2016." Asimismo, del capítulo de antecedentes y conceptos de violación se advierte en lo medular, lo siguiente: El Juez Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, radicó el juicio ordinario civil ***, teniendo como parte actora al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el cual ejerció acción de daños causados a la Hacienda Pública del Municipio de Valle de Santiago, entre otros, en contra del aquí quejoso *****. Juicio que fue resuelto en el sentido de determinar que no prosperaba la acción intentada, por lo que condenó a la parte actora al pago de gastos y costas judiciales. En razón de lo anterior, el aquí impetrante promovió incidente de liquidación de gastos y costas procesales, mismo que al momento de resolverse se determinó no entrar al fondo del asunto, toda vez que existe un litisconsorcio activo, de tal manera que era necesario presentar una sola liquidación por parte de los demandados. Posteriormente, el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, el quejoso nuevamente promovió incidente de liquidación de costas procesales, solicitando al Juez le notificara a los codemandados respecto a la promoción planteada; petición que fue resuelta el veinte de enero siguiente, en el sentido negar la admisión de esa incidencia y que ese estuviera a lo decretado en la incidencia de tres de diciembre de dos mil quince. Contra dicha determinación se interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto por el Magistrado responsable Propietario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, bajo los siguientes argumentos: "...Se sostiene lo anterior, toda vez que el hecho relativo a que dentro del expediente natural se haya dictado la resolución de fecha 3 de diciembre del año dos mil quince, mediante el cual se determinó que la liquidación de costas debería presentarse de común acuerdo entre los involucrados, esto es, entre los codemandados ******* y el propio apelante, o a través de la representación común de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Código Procesal Civil, a efecto de que la resolución incidental que se dicte sea válida para todos los interesados, no implica necesariamente que se deba inadmitir el incidente de liquidación propuesto por el apelante, ya que el hecho anterior únicamente impedirá, en su caso, que se dicte la resolución de fondo hasta que se actualice alguna de las hipótesis indicadas, tal y como aconteció con la resolución de fecha tres de diciembre de dos mil quince aludida. En consecuencia, Este Tribunal de Alzada con plenitud de jurisdicción, al no existir la figura de Reenvío, admitirá el Incidente a que se refiere el auto combatido." De lo anterior, se aprecia el acto reclamado constituye un acto procesal, por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. Se dice lo anterior, porque dicha resolución reclamada no incide en derechos sustantivos del quejoso sino sólo, y a lo más, en sus posibilidades de defensa en juicio. Para sostener lo anterior, primeramente debe precisarse que el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, dado que reúne sus características procesales, tales como la demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia; por tanto, la procedencia del juicio de amparo en el que se reclamen actos derivados de un incidente dictado en ejecución de sentencia, como en el caso acontece, debe seguir las mismas reglas para su procedencia cuando se reclamen actos que deriven de un procedimiento común. En efecto, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo la vigente ley de la materia, establece como requisito primordial para que la acción constitucional sea procedente, que los actos que motiven el ejercicio de esa vía afecten materialmente a los derechos sustantivos del gobernado. De lo que se sigue que el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por el quejoso, no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento de ejecución, específicamente en el incidente de liquidación, en tanto que la autoridad responsable determinó admitir el incidente de liquidación de gastos y costas promovido por el propio quejoso, en el cual se determinó que la sola circunstancia de que éste no se haya promovido por todos los demandados, o a través de un representante común, no implica su inadmisión, toda vez que, en todo caso, únicamente impedirá, que se dicte la resolución de fondo hasta que se actualice alguna de las hipótesis indicadas; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga resolución favorable a sus intereses en el incidente natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos, como se dijo, se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso. Bajo esa tesitura, la admisión a trámite del incidente de liquidación de costas, al constituir un proveído dictado dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación extraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria, en el cual se podrán alegar las violaciones cometidas en dicho procedimiento. En esas condiciones, el acto aquí reclamado, como se ha señalado, sólo produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal que son meramente formales y pueden ser reparados en el evento de que la parte peticionaria de garantías obtenga una resolución incidental favorable a sus pretensiones. En tales condiciones y toda vez que el acto tildado de inconstitucional por la quejosa, no reúne los requisitos exigidos por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y, por ende, el juicio de garantías biinstancial que se intenta en contra de tal acto deviene improcedente con apoyo en su numeral 113 de la ley de la materia, el no tratarse de un acto de ejecución irreparable, por consiguiente, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por *****, ante la existencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, tomando en consideración que el promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisidiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.
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