Israel Exahé Martínez Cabrera

Expediente 645/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
645/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
10/01/2019

Partes del expediente

  • Israel Exahé Martínez Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad de México, a diez de enero de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el quince de julio de dos mil diecinueve. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo enviado por el Subsecretario de Sistema Penitenciario de esta ciudad, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 645/2018, promovido por Israel Exahé Martínez Cabrera, contra actos del subsecretario de Sistema Penitenciario de esta ciudad y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos previstos en los artículos 1°, 14, 16, 19, 20, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto de veinte siguiente se registró la demanda bajo el orden 645/2018, y se previno al quejoso a efecto de que ratificara la demanda de amparo, ya que fue presentada vía electrónica sin la firma correspondiente; hecho lo anterior, el veinticuatro del mes en cita se desechó parcialmente por diversas autoridades; se admitió a trámite la demanda respecto de los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución; se solicitaron los informes justificados; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional que se celebró y resolvió el cuatro de septiembre pasado. IV. Contra la anterior determinación el promovente de amparo interpuso recurso de revisión, que resolvió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, revocando la referida sentencia y ordenó a este juzgado reponer el procedimiento a efecto de que se realizara lo siguiente: ".emplace con el carácter de autoridad responsable al juez Quinto Penal en la Ciudad de México, le requiera la rendición de su informe justificado y tenga como acto reclamado el proveído de dos de marzo del año que transcurre, dictado por el citado órgano jurisdiccional. Hecho lo anterior, continúe con el trámite respectivo del juicio y resuelva lo que en derecho corresponda". V. Por auto de siete de noviembre pasado se realizó lo ordenado por el citado tribunal; se dio intervención al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable; y se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos impugnados. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del análisis de los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que los actos reclamados son los siguientes: 1. La orden de traslado ejecutada, que se atribuye a las siguientes autoridades: a) Subsecretario de Sistema Penitenciario; b) Director; c) Comité Técnico, los dos anteriores de la Penitenciaría de esta ciudad; y d) Director del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. 2. El acuerdo de dos de marzo del año en curso, dictado en la causa penal 210/2011, emitido por la Juez Quinto Penal. Todos de esta ciudad. TERCERO. Es cierto el acto reclamado en el punto 1, de las autoridades precisadas en los incisos a) y d), pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, lo que se corrobora con las constancias que remitieron en apoyo a dicho informe; documentales que tienen valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las autoridades señaladas en los incisos b) y c), al rendir su respectivo informe de ley negaron el acto que se les atribuye; sin embargo, esas negativas se desvirtúan, ya que de las constancias mencionadas en el párrafo que antecede, se advierte que dichas autoridades tuvieron intervención en el acto que se precisó en el punto 1. Por otra parte, es cierto el acto indicado en el punto 2, pues así lo manifestó la juez Quinto Penal de esta ciudad, al rendir su informe de ley, lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a dicho comunicado; documental que tiene valor probatorio en los términos establecidos en líneas que anteceden. No obstante la certeza de los actos reclamados, es innecesario el estudio de fondo del asunto, en virtud que se actualizan dos causales de improcedencia, las cuales son de orden preferente y se invocan de oficio conforme al numeral 62 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia que aparece publicada en la página 186 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AÚN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". I. La causal de improcedencia que se estima actualizada respecto del acto precisado en el punto 1, es la prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. De dicho dispositivo se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo, de modo que ya no puede producir efecto alguno. Ahora, conviene precisar que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro. 2. Porque la responsable determinó revocarlo, anulando todos los efectos que producía. En el primer caso, se cancelan jurídicamente los efectos del acuerdo controvertido, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía el acto originalmente reclamado, siempre y cuando éstas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad, esto es, cuando la afectación al gobernado derive invariablemente de la nueva determinación, de modo que aquéllas no puedan entenderse sin este y, por tanto, los efectos en concreto pierdan toda vinculación con el acto en principio combatido. Ese primer supuesto es característico de los actos jurisdiccionales, por la dinámica en la que se emiten, pues los procedimientos judiciales se conforman por una serie de actos concatenados de tal manera que la existencia de uno constituye la base de otro subsecuente con el que se encuentra íntimamente vinculado y, así, cada acto que se sustenta en otro precedente, lo sustituye de inmediato en los efectos que produce, siendo esta nota distintiva la que hace inaplicable a esa clase de actos la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". El criterio recién citado, que sustenta y define el segundo supuesto precisado previamente, derivó de asuntos en los cuales se analizaron exclusivamente actos administrativos que por regla general, no se emiten a partir de procedimientos con las formalidades que exige el actuar de una autoridad judicial, sino que generalmente constituyen determinaciones unilaterales del imperio estatal, que no exigen un acto posterior que sustituya o modifique el estatus generado por el acto reclamado, porque no son más que expresiones de las diversas atribuciones del Poder Ejecutivo cuya finalidad es regular el comportamiento de los gobernados o exigir el cumplimiento de determinadas obligaciones, a diferencia de la función jurisdiccional que tiene como finalidad otorgar seguridad jurídica a las partes que acuden a litigar ante los tribunales. En esa medida, la revocación unilateral del acto por parte de la autoridad administrativa debe ser tal, como establece el criterio mencionado, que no admita duda sobre la persistencia de los efectos del acto, esto es, que en ese caso no basta una anulación formal del acto jurídico pues para que la causal de improcedencia en estudio se verifique en ese supuesto, será necesario que la conducta hecha por parte de la responsable anule las consecuencias jurídicas y materiales del acto reclamado, esto es, que el desistimiento de la pretensión respecto del gobernado debe ser incondicional y efectivo. En virtud de lo anterior, este órgano de control constitucional concluye que en el caso se actualiza el primero de los supuestos para que opere la cesación de efectos del acto reclamado, esto es, la sustitución procesal de ese acto por otro diverso y, por ese motivo, no es posible realizar el estudio de las posibles violaciones que se hubieran cometido en el referido acto, sin afectar el nuevo contexto generado por el posterior, primordialmente porque la afectación a la esfera jurídica del quejoso ya no se determina por el acto reclamado -oficio SG/SSP/1004/2018 de uno de marzo pasado, emitido por el subsecretario de Sistema Penitenciario de esta ciudad, en que se autorizó el traslado del justiciable de la Penitenciaría al Módulo de Alta Seguridad del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad-, sino por el nuevo, que en el caso sería el auto de dos de marzo pasado en que el juez Quinto Penal de esta ciudad, calificó de legal el traslado del peticionario de amparo, el cual notificó a este último el cinco de marzo de este año, que sin dejar insubsistente el referido oficio, esto es, sin anularlo o revocarlo, rige la situación actual del justiciable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, publicada en la página 1579, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, cuyo rubro expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS". Dicho de otra forma, el auto emitido por el juez de referencia sustituyó procesalmente al oficio de uno de marzo pasado, emitido por el subsecretario mencionado, cesando las consecuencias que producía, porque tal acto ya no agravia al amparista, puesto que es ahora el diverso de dos del citado mes, emitido por la autoridad judicial el que podría ocasionarle un perjuicio. De esta manera, la cesación de efectos que se comenta se demostró plenamente, porque no está condicionada a cualquier otra circunstancia que pudiera afectarla. II. En cuanto al acto precisado en el punto 2, se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Para sustentar lo anterior, se considera necesario destacar que los numerales 17 y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se concluye que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo en los términos que prevé la ley y, que el plazo general para la promoción del juicio es de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos conforme a la ley que rija el acto la notificación respectiva, al en que se haya tenido conocimiento del mismo, o al en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto, término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en dicho numeral. Al respecto, es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad". Es preciso señalar que el justiciable fue notificado personalmente del acuerdo de dos de marzo del año en curso, dictado por la juez responsable, en la causa penal 210/2011, el cinco siguiente, como se advierte de las constancias que remitió dicha autoridad (foja 111 vuelta). En ese contexto, tomando en cuenta que la demanda de amparo que dio origen a este controvertido, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, el diecinueve de julio pasado, se hace patente que es extemporánea, al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo, lo que motiva la causal de improcedencia advertida y por ello, no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tal acto; máxime que la naturaleza del mismo impide encuadrarlo en alguno de los supuestos de excepción previstos en el referido numeral 17. Esto es así, pues la ley del acto que rige en el caso concreto, es el Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, que señala en su dispositivo 57 lo siguiente: "Artículo 57. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos, ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver la procedencia de su formal prisión, sujeción o (sic) proceso o libertad". Por tanto, el plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la ley de la materia para solicitar la protección constitucional inició el seis de marzo del año en curso y transcurrió de la fecha indicada al dos de abril pasado, con exclusión de los días inhábiles, en términos del dispositivo 19 de la ley reglamentaria, en tanto que la demanda de amparo se presentó el diecinueve de julio pasado, como se aprecia del sello del reloj checador que aparece impreso en la citada demanda; en esas condiciones, se insiste, resulta claro que la acción constitucional se ejerció fuera del aludido plazo de quince días que prevé el numeral en consulta. De modo que si el quejoso no ejerció en el plazo legal la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente el acto reclamado. Lo anterior se determina así, pues como se advierte de la fracción IV, del numeral 17 ya reproducido, la excepción en cuanto al plazo de presentación de la demanda relativo a "en cualquier tiempo", fue limitado por el legislador a que los ataques a la libertad personal se realicen "fuera de procedimiento", supuesto que no se actualiza en la especie, pues el acto controvertido consiste en el acuerdo de dos de marzo del año en curso, dictado en la causa penal 210/2011 -dentro del procedimiento de ejecución-, por lo que se concluye que rige la regla genérica de la temporalidad inherente a la promoción del amparo, esto es, la de quince días, en razón de que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que prevé el referido precepto de la ley de la materia. En tales condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XIV, de la ley de la materia, se sobresee en el juicio con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la citada ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 119, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en el considerando tercero, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Israel Exahé Martínez Cabrera, contra los siguientes actos: 1. La orden de traslado ejecutada, que se atribuye a las siguientes autoridades: a) Subsecretario de Sistema Penitenciario; b) Director; c) Comité Técnico, los dos anteriores de la Penitenciaría de esta ciudad; y d) Director del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. 2. El acuerdo de dos de marzo del año en curso, dictado en la causa penal 210/2011, emitido por la Juez Quinto Penal. Todos de esta ciudad.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que acompaña al comunicado que se provee, que se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. .

  4. Principal

    Ciudad de México, a siete de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta, del que se advierte que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito devolvió el juicio de amparo 645/2018, asimismo, remitió testimonio de la resolución dictada en el R.P. 256/2018, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, acúsese el recibo de estilo y hágase del conocimiento de las partes que el órgano revisor resolvió: "Primero. Se revoca la sentencia recurrida. Segundo. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo 645/2018 del índice del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, promovido por ISRAEL EXAHÉ MARTÍNEZ CABRERA". En cumplimiento a lo ordenado por el citado tribunal, se repone el procedimiento en este controvertido, y se deja insubsistente la audiencia constitucional. Al respecto, en estricto cumplimiento a tal determinación, se tiene como acto reclamado la resolución de dos de marzo del año en curso, emitida por el juez Quinto Penal de esta ciudad -causa penal 210/2011-. Por tanto, pídase al juez responsable rinda informe justificado en el plazo de quince días, contado a partir de que quede notificada de este proveído, al que deberá acompañar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que apoyen dicho informe; apercibida que de no hacerlo, de conformidad con el diverso 117 de dicha legislación, se presumirá cierto el acto reclamado, asimismo, se le sancionará con multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de la fracción II del numeral 260 del ordenamiento invocado. Córrase traslado al agente del Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal del cual deriva la resolución reclamada, pues le recae el carácter de tercero interesado, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso e), de la ley reglamentaria. En otro orden, se señala el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, a las doce horas con cuarenta minutos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 64, párrafo primero, de la ley reglamentaria, requiérase a la citada autoridad, para el caso de que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comunique de inmediato a este órgano de control constitucional, bajo apercibimiento que de no cumplir con esa obligación se le impondrá multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, acorde con el dispositivo 251 de la ley de la materia. En cuanto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en el presente juicio -previo desglose de las constancias originales-, procédase a su destrucción.

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