Israel Espinosa Rodriguez Y Otros

Expediente 912/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
912/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
29/10/2020

Partes del expediente

  • Israel Espinosa Rodriguez Y Otros

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Por recibido el oficio signado por la Secretaria del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, devuelve el cuaderno de antecedentes formado con motivo del incidente de inejecución de sentencia relativo al juicio de amparo 730/2018-I, promovido por Arturo Ramírez Lepe, por propio derecho, contra actos de la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otra autoridad, y remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de inconformidad 41/2019, en sesión de tres de julio de dos mil veinte, y tres copias del mismo. Se hace del conocimiento de las partes que el órgano colegiado oficiante resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es procedente pero infundado el recurso de inconformidad." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°, se agrega a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, y previo al presente proveído, glósense al original del cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa, las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes que remite la autoridad oficiante. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en términos del séptimo transitorio del mencionado Acuerdo, se determina que este expediente es susceptible de depuración en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b) de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la justicia federal. En ese sentido, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años, a que se refiere dicho acuerdo, procédase a su cumplimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a uno de octubre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual remite el juicio de amparo 1214/2020, de su índice, promovido por Israel Espinosa Rodriguez y otros, por propio derecho, por considerar que el conocimiento del presente asunto corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En consecuencia, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el número 912/2020-II. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 y 22 del "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora bien, de las constancias que integran el expediente 1214/2020, se advierte que el Juez oficiante, por auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto al tenor de las siguientes consideraciones: "De lo expuesto, resulta inconcuso que este órgano CARECE DE COMPETENCIA LEGAL POR MATERIA PARA CONOCER DEL ASUNTO, debido a que la promulgación publicación, expedición y vigencia del Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, del Gobierno de la Ciudad de México, que se publicó´ el diecisiete de junio de dos mil veinte, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; es una situación jurídica ajena a la relación de trabajo, que existe entre los quejosos y la dependencia relativa, es decir, no tiene naturaleza laboral; aunado que tiene su origen en una autoridad administrativa -Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)-, que tiene por objeto proporcionar a los trabajadores a lista de raya en activo, a los pensionados, jubilados y a sus familiares derechohabientes, así como a empleados del propio Organismo, las prestaciones y servicios establecidos en su reglamento y marco normativo. Por lo cual, las modificaciones al Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, del Gobierno de la Ciudad de México, que se publicó´ el diecisiete de junio de dos mil veinte, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, son actos meramente administrativos, de los que corresponde su conocimiento a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en Turno en la Ciudad de México. Sirve de apoyo en lo que refiere la tesis I.8o.A.138 A, registro 167337I, materia administrativa, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, Abril de 2009, página: 1976, Novena época, que dice: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS JUICIOS RELATIVOS A LAS PENSIONES OTORGADAS POR LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 23, fracciones I, II y IV, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se colige que el citado órgano es competente para conocer de los juicios relativos a las pensiones otorgadas por la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, a pesar de lo dispuesto por el artículo 6o. del reglamento de prestaciones de dicho organismo descentralizado de la administración pública paraestatal local, que atribuye competencia a los "tribunales federales" para dirimir las controversias que se susciten sobre el tema. Lo anterior es así, en razón de que dicha disposición reglamentaria se expidió en 1988, año en que la naturaleza jurídica y forma de organización política del Distrito Federal era básicamente la de ser sede de los Poderes de la Unión, con carácter de departamento administrativo, lo que justifica que entonces se confiriera dicha facultad a una instancia federal; sin embargo, al modificarse sustancialmente la estructura político administrativa de la citada entidad, a partir de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el????? 25 de octubre de 1993 y 22 de agosto de 1996, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal otorgó plena autonomía al mencionado Tribunal de lo Contencioso Administrativo para dirimir controversias entre los particulares y las autoridades de la administración pública del Distrito Federal; por tanto, en atención al principio jurídico que previene que la ley posterior deroga a la anterior, el conocimiento de las controversias inicialmente descritas corresponde al citado tribunal de anulación local. Máxime que, en atención a la jerarquía de leyes, el ordenamiento formal y materialmente legislativo prevalece sobre el reglamento, que es una norma secundaria." Al respecto, debe decirse que este Juzgador no comparte las consideraciones expuestas por el Juzgado oficiante por las razones que se desarrollan a continuación. La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que alude a la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la segunda, es decir, la definida por razón de materia.?????? La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en los siguientes términos: "ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y (ADICIONADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y (ADICIONADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (ADICIONADA, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019) VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De conformidad con los postulados de los preceptos transcritos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa; y Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. De igual manera, de la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios:???? a) La naturaleza del acto reclamado. b) La naturaleza de la autoridad responsable. Dichos criterios justifican la especialidad por materia, pues, como se dijo con anterioridad, las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican en forma preferente a las diversas ramas del derecho, y por ese motivo, pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento a los principios que alberga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, sobre el tema de la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia ciento ochenta y dos (182), que es de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. (No. Registro: 919,034, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, VII, Conflictos Competenciales, Jurisprudencia, Tesis: 182, Página: 296). Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO 1. DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE RECLAMA LA PROMULGACIÓN, PUBLICACIÓN, EXPEDICIÓN, VIGENCIA, LEGALIDAD Y PRIMER ACTO DE APLICACIÓN de los artículos 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 3132, 37, 50, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 151, 152 y 153, del Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 17 de junio de 2020, así como sus correlativos, reglamento y actos de ejecución en su conjunto afectados de inconstitucionalidad. 2. DE LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE RECLAMA LA APROBACIÓN, LEGALIDAD, VIGENCIA Y PRIMER ACTO DE APLICACIÓN de los artículos 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 3132, 37, 50, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 151, 152 y 153, del Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 17 de junio de 2020, así como sus correlativos, reglamento y actos de ejecución en su conjunto afectados de inconstitucionalidad. 3. DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA, SE RECLAMA LA LEGALIDAD, EJECUCIÓN Y PRIMER ACTO DE APLICACIÓN de los artículos 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 37, 50, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 151, 152 y 153, del Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 17 de junio de 2020, así como sus correlativos, reglamento y actos de ejecución en su conjunto afectados de inconstitucionalidad." De lo anterior, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado el Acuerdo por el que el Consejo Directivo de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, autoriza la reforma a los?????? artículos 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 37, 50, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 151, 152 y 153, del Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el diecisiete de junio de dos mil veinte. En el caso, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, es inconcuso que el órgano jurisdiccional que debe conocer del presente asunto, es un JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DEL TRABAJO, toda vez que el acto reclamado en el presente asunto, aun cuando formalmente es administrativo como lo refiere el juzgado declinante, en todo caso, modifica el régimen de pensiones y prestaciones de seguridad social de los quejosos, como trabajadores activos de la Alcaldía Gustavo A. Madero; en ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado tiene naturaleza netamente laboral, ya que lo que controvierten los quejosos son derechos en materia de laboral, porque se refieren al establecimiento de nuevas condiciones laborales inherentes a la relación existente entre el organismo público y sus trabajadores, dirigidas a la regulación de las prestaciones derivadas del artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que resulta evidente que quien debe conocer del presente asunto es un juzgado especializado en dicha materia. Lo anterior, se corrobora del contenido del artículo primero del multicitado reglamento, del que se desprende su objeto, y que para mayor referencia se inserta a continuación: ARTICULO 1. El presente Reglamento tiene por objeto, regular la impartición de las siguientes prestaciones y servicios: I. Pensión por riesgos de trabajo; II. Pensión por jubilación; III. Pensión por retiro por edad y tiempo de servicios; IV. Pensión por invalidez; V. Pensión por cesantía en edad avanzada; VI. Pensión por muerte; VII. Indemnización Global; VIII. Préstamos a corto plazo; IX. Préstamos a mediano plazo; X. Préstamos escolares; XI. Préstamos hipotecarios y financiamiento en general para la vivienda; XII. Ayuda para cubrir gastos de sepelio; XIII. De bienestar social; y XIV. Servicios médicos subrogados." Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que la invocan, la jurisprudencia 2./J.31/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR TRABAJADORES EN ACTIVO QUE RECLAMAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN DE PENSIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE TRABAJO. De los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para determinar la competencia por materia, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Así, se trata de la materia de trabajo cuando el acto afecte de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En congruencia con lo anterior, se concluye que cuando trabajadores en activo reclaman la inconstitucionalidad de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en relación con la modificación al régimen de pensiones y prestaciones de seguridad social, atendiendo al bien jurídico o interés fundamental controvertido, tales actos son de naturaleza laboral, porque se refieren al establecimiento de nuevas condiciones laborales inherentes a la relación existente entre el organismo público y sus trabajadores, dirigidas a la regulación de las prestaciones derivadas del artículo 123, apartado B, fracción XI, constitucional, lo que torna?????competentes a los órganos especializados en materia de trabajo para conocer los asuntos en que se controvierta ese tema. Época: Novena Época, Registro: 165089, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, Materia(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 31/2010, Página: 949. Lo anterior máxime que los promoventes no se ubican en ninguna hipótesis de excepción a la aplicación del Apartado B, fracción XIII, del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al no tener el carácter de militares, marinos, agentes del ministerio público, peritos, personal del servicio exterior o miembros de alguna institución policial, quienes se regirán por sus propias leyes, lo cual genera una relación de naturaleza administrativa con el Estado. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que las autoridades señaladas como responsables pudieran tener naturaleza administrativa, pues los actos que se reclaman en esta vía, son eminentemente laborales. En estas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, considera que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la demanda de amparo de cuenta, ya que, como se ha expuesto, la naturaleza de los actos reclamados que en la presente vía se controvierte son de índole laboral. Por los motivos antes señalados, este juzgado no acepta la competencia planteada, y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, infórmesele dicha circunstancia al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, y previo cuaderno de antecedentes que se forme, devuélvanse las constancias del juicio de amparo 1214/2020, de su índice. En ese sentido, se solicita respetuosamente al referido Juzgado de Distrito, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente e informar si insiste en declinar su competencia legal. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del código citado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que tengan inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente, y téngase por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que toda vez que no existe disposición legal que le prohíba a la parte quejosa o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario; previa razón que obre en autos de su utilización, así como de las fojas escaneadas o fotografiadas, en el entendido que la???????? reproducción digital y uso de las constancias que se copien es bajo su más estricta responsabilidad. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Por otra parte, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a la parte promovente; para que: 1) De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberá proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indique. O bien, deberá especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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