Israel Escobedo Aguilar
Expediente 544/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 544/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/04/2017
Partes del expediente
- Israel Escobedo Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ensenada, Baja California, veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera mediante recurso de revisión la resolución constitucional que sobreseyó en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, dado que en la sentencia dictada en autos se sobreseyó, que no se abrió incidente de suspensión, además que se estima que este expediente carece de relevancia documental; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima primera, fracción II del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto. Notifíquese.
- Principal
con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso c) y 29 de la ley de amparo notifico a la parte tercero interesada Israel Escobedo Aguilar la determinación de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete que en lo conducente dice: "... R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Ana Laura Cuellar Guerrero, contra actos de la Juez Primero de Primera instancia de lo Familiar, en esta ciudad, en términos del considerando segundo, tercero y cuarto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jesús Eduardo Medina Martínez, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California; hasta hoy treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores de este Juzgado Federal, ante Irma Beatriz Vidales González, secretaria que autoriza y da fe..."
- Principal
Ensenada, Baja California, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta, formulado por la licenciada Ada Lorena Herrera López, autorizada del tercero interesado Israel Escobedo Aguilar, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; atento a su contenido, téngasele señalando como nuevo domicilio procesal el ubicado en avenida del Puerto, número 375, interior 25, del fraccionamiento Playa Ensenada, en esta ciudad. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Vistos; en atención a la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que el nuevo titular de este Juzgado a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, es quien firma la presente determinación. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las once horas del veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, con número de registro 164217, derivada de la contradicción de tesis 119/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, notable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de dos mil diez, página trescientos doce, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Ahora bien, en relación al ocurso suscrito por Ada Lorena Herrera López, autorizada del tercero interesado Israel Escobedo Aguilar, por medio del cual exhibe como medio de prueba, diversas constancias en copia certificada; en consecuencia, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, dígase a la promovente que, en aras de no vulnerar las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, así como evitar mayor retraso en la secuela procesal, resulta innecesario admitir y tener por desahogadas los medios de convicción que indica en su ocurso, puesto que en la especie el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; dichas probanzas las que hoy pretenden se admitan, fueron solicitadas y recibidas por la responsable a fin de que obraran como medio de prueba dentro del incidente de cancelación y reducción de pensión alimenticia, promovido por Israel Escobedo Aguilar. En tanto que el acto que reclama la quejosa, es el auto de fecha dos de Noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 920/2002-B, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de Primera Instancia de esta ciudad, en el que se denegó la admisión del incidente de modificación y aumento de pensión alimenticia interpuesto, por lo que las aludidas documentales no pueden formar parte del informe justificado rendido por dicha autoridad responsable, como indica en su ocurso, al no resultar constancias analizadas por el juez natural para efecto de dictar el mencionado proveído. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial I.8o. C.19K, de la Décima Época, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, septiembre de 2016, página 2888, de rubro y texto: "PRUEBAS EN EL AMPARO, NO RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ALCANCE DE LA EXCEPCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 75 de la Ley de Amparo establece como regla general que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante aquélla. A su vez, en su segundo párrafo contempla una excepción, a saber, que tratándose del amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Para fijar el correcto alcance de la excepción que consagra el citado precepto, debe atenderse al artículo 1o. de la Ley de Amparo, partiendo de la naturaleza y finalidad del juicio de garantías que, como la propia norma lo define, tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Así, puede decirse que el juicio de amparo no constituye una nueva o segunda o tercera instancia del procedimiento del orden común, donde puedan recibirse las pruebas que no se desahogaron con anterioridad, ni dicho juicio, que es autónomo, tiene por objeto decidir directamente sobre acciones, excepciones o pretensiones que se plantean en el procedimiento ordinario, pues lo que en él se juzga, es exclusivamente si el acto reclamado vulnera derechos humanos, siendo por esta razón que el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la responsable, tomando en consideración sólo los elementos que tuvo ante sí y pudo esa autoridad ponderar, dado que lo que se juzga es precisamente su actuación. Por ello, si el quejoso es parte en el juicio respectivo y no ha tenido oportunidad de rendir la prueba que justifique su derecho, porque se desechó o por cualquier otra causa, el remedio no puede consistir en que el Juez de amparo reciba la prueba, sino en obligar a la autoridad responsable a que lo haga, siempre y cuando los conceptos de violación relativos se consideren fundados. Estimar lo contrario, implicaría desnaturalizar el juicio constitucional, atribuyendo al Juez de Distrito facultades equivalentes a las de las autoridades responsables, incluso la de resolver directamente el conflicto planteado ante éstas, bajo el argumento de que el quejoso no pudo antes rendir la prueba. De ahí que la disposición de que se viene haciendo mérito deba entenderse aplicable al supuesto del amparo promovido por terceros extraños, dado que son éstos los que no podrían haber rendido pruebas ante las responsables, y aun en este caso, las pruebas admisibles tendrían que estar vinculadas con la demostración de la violación del derecho de audiencia, y nunca con el fondo de la controversia correspondiente, toda vez que estas últimas tendrían en todo caso que desahogarse ante aquellas autoridades, dentro de la obligación de éstas de otorgar audiencia al quejoso, en caso de concederse el amparo. También debe tenerse presente que la posibilidad de rendir pruebas en el amparo tampoco existe cuando la ley que rija el asunto no la establezca para el procedimiento correspondiente, pudiendo presentarse al respecto dos situaciones: La primera, cuando la ley de la materia, válidamente, no contemple dicha posibilidad, como podría suceder, por ejemplo, si concluyó el periodo probatorio, si se pretende rendir prueba contra presunciones legales que no la admitan, o en la segunda instancia de un juicio, cuando la ley no las permite, o por cualquier otra causa; casos en los que evidentemente no cabría que en el amparo se admitiesen las propias pruebas, precisamente por ser válida la prohibición de hacerlo. La segunda situación que podría presentarse sería la consistente en que la ley, indebidamente, no permitiese rendir pruebas; en cuya hipótesis la solución no podría ser la de recibirlas en el juicio constitucional, para resolver de esa manera, directamente, el conflicto sometido ante la responsable, sino la de declarar la inconstitucionalidad de la ley, con las consecuencias inherentes, según la situación concreta de que se tratase. NOTIFÍQUESE.
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