Israel Escarrega Guitiérrez Y/O Gutiérrez
Expediente 547/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 547/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Israel Escarrega Guitiérrez Y/O Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio que remite el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, informa que aceptó la competencia declinada por este Juzgado y se asumió al conocimiento del presente juicio de amparo, registrándolo bajo el número 419/2019-4C, de su índice. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009 y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, se determina: No obran documentos originales. Se ordena destruir la presente pieza de actuaciones. archívese y remítase al lugar de su guarda.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. I. Se cumple con prevención. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito y anexo que presentó Israel Escarrega Gutiérrez, mediante el cual cumple el requerimiento formulado en proveído de veintiocho de junio del año actual (f. 24-26); en consecuencia, se provee: II. Incompetencia. A efecto de acordar lo que en derecho corresponda en relación a la presente demanda, se advierte que el quejoso reclama el ilegal emplazamiento ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 85/2016, así como la desposesión o desalojo del bien inmueble ubicado en Calle sin nombre, de la localidad de Agua Escondida en el Municipio de Guasave, Sinaloa, del cual refiere ser propietario. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, no es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, virtud a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, lo es el Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, en Turno, por las razones y fundamentos que enseguida se expondrán. Los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De las transcripciones efectuadas, se obtienen los supuestos y reglas que indican la competencia de los Jueces de Distrito en los diversos asuntos que les corresponde conocer y precisamente del artículo 37 de la Ley de Amparo, se tiene que existen tres reglas para fijar esa competencia, siendo las siguientes: a. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así que la competencia territorial de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado o en su caso, no lo requiera, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la parte quejosa reclama el ilegal emplazamiento ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 85/2016, así como la desposesión o desalojo del bien inmueble ubicado en Calle sin nombre, de la localidad de Agua Escondida en el Municipio de Guasave, Sinaloa, del cual refiere ser propietario; se determina que, acorde al contenido de la primera regla para fijar la competencia de los Juzgados de Distrito, contenida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal es incompetente para conocer del presente asunto, porque los actos reclamados resolución tienen ejecución en la localidad de Agua Escondida, Municipio de Guasave, Sinaloa, toda vez que en ese lugar se presentó un valuador enviado por la parte actora en el contradictorio de origen, para realizar el avalúo respectivo en la casa que alude es de su propiedad porque iba a ser rematada. Lo que evidencia que los actos reclamados no tienen ejecución material en la entidad federativa en la que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, sino que sus efectos perjudiciales tienen verificativo precisamente en el domicilio donde se ubica el bien inmueble de referencia, de ahí que la competencia para conocer del presente asunto debe recaer en el Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, en Turno, pues es dentro de su jurisdicción donde se ejecutara el acto reclamado. Esto es así, pues, como ya quedó asentado en párrafos precedentes, los actos reclamados por el quejoso tienen efectos positivos de ejecución material que repercuten en el territorio del Juez que se estima competente para conocer del presente asunto. Por tanto, al tratarse de actos reclamados que requieren y tuvieron ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, conforme lo dispone el primer párrafo del numeral 37 de la legislación de la materia. Se invoca por aplicable el criterio sustentado por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, del Semanario Judicial de la Federación Tomo 217-228, Séptima Época del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En tales condiciones, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de dicha demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 15, Volumen 65, Segunda Parte, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Así como la tesis VI.2o.20 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo III, Febrero de 1996; Página 395, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." En el caso, resulta imperativo que se atiendan las consecuencias jurídicas del acto reclamado por la parte quejosa, es decir, si requiere o no ejecución material, según lo establece la tesis I.1o.A.44 A del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1299, del Tomo XIV, Agosto 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por tanto, con fundamento en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, vigente a partir del veintiséis de enero anterior en que fue aprobado, con el cual se deja sin efectos el Acuerdo General 17/2012; y, en el segundo párrafo de la fracción XVI, del apartado cuarto del mencionado acuerdo, se delimita la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; se ordena remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, en Turno. No se desatiende que para desahogar la prevención el quejoso exhibió otra demanda de amparo, situación que aun cuando no es técnicamente correcto, porque en apariencia serían dos demandas de amparo las que se tendrían que atender, lo cierto es que, solo se trata de una, que ni siquiera podría considerarse como nueva, porque, sólo reitera aspectos del primer escrito pero no deja de ser un complemento de éste y así debe interpretarse. III. Cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo, para debida constancia legal, ordenándose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y solicitar el acuse de recibo de estilo. IV. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. V. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito signado por el quejoso, por medio del cual aclara el domicilio para oír y recibir notificaciones. Con sustento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene nuevo para oír y recibir notificaciones de esta ciudad de León, Guanajuato.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. I. Quejosa. Israel Escarrega Guitiérrez y/o Israel Escarrega Gutiérrez. II. Autoridad responsable. Juez Séptimo de Partido en Materia Civil con residencia en León, Guanajuato y otras. III. Registro. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y regístrese bajo el número 547/2019-II. IV. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones I, II, III y IV, en relación con el 108, fracciones I y V de la Ley de Amparo; requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: a. Narre en forma clara, cronológica, pormenorizada y sucinta, todos los antecedentes del acto reclamado, esto es, efectúe una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolver el juicio incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia, ello porque los que mencionan en el capítulo respectivo resultan insuficientes, contradictorios e imprecisos con el contexto de la demanda. En el entendido de que en dicha relatoría deberá señalar el lugar y domicilio exacto donde se localiza su domicilio y en el cual aduce que se apersonó la actora a través de una persona que tomaba fotos; indicando además si dicho lugar es el mismo del que refiere tener temor fundado de que se le desposea y desaloje. Asimismo, deberá aclara y justificar por qué en el capítulo de antecedentes del acto reclamado aduce ser el "propietario del bien inmueble" y, más adelante refiere que se tenía que salir porque "los dueños habían perdido en un juicio". b. Precise la calidad con la que promueve el presente juicio de amparo, es decir, si es tercero extraño por equiparación, en virtud de la falta de emplazamiento al juicio de origen y sus consecuencias, o bien, es tercero extraño al procedimiento propiamente; lo anterior, en virtud de que no se advierte con claridad el carácter con el que acude al presente juicio. En la inteligencia que de ser parte demandada en el juicio de origen, también deberá precisar el estado procesal que guarda el contradictorio de origen. Requerimientos que en el caso se estiman necesarios a fin de fijar correctamente la litis del asunto y proveer fundadamente lo que en derecho corresponda. Sirve a lo anterior la tesis XX.57 K, número de registro 202853, de la Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado de Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo: III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS". De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". Así como, la jurisprudencia de la Novena Época; Registro: 192843; Instancia: Pleno; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; X, Noviembre de 1999; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 127/99; Página: 32, que a la letra dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas.". También lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 40/2006-SS, visible en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". Apercibida que de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace saber a la quejosa, que de acreditarse, con las constancias que remitan las autoridades responsables, que se aseveraron hechos falsos, se dará vista especial al fiscal de la federación, a efecto de que proceda a la investigación del delito previsto en el numeral 261, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y". V. Domicilio. Con sustento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para para oír y recibir notificaciones el que designa. VI. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Paola Elizabeth Magallanes Fuentes y Roberto Eugenio Carillo Huerta, limitación que subsistirá hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VI. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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