Israel de Jesús Valle León
Expediente 111/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 111/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Israel de Jesús Valle León
- Jesús Enrique Acosta
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de ocho de febrero de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil dieciocho. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por 1. JESÚS ENRIQUE ACOSTA GONZÁLEZ, 2. DIEGO CHÁZARO HERNÁNDEZ, 3. ISRAEL DE JESÚS VALLE LEÓN, 4. CRISTIAN EDUARDO SOSA MELÉNDEZ, 5. BRAYAN R. CASTILLO PÉREZ, 6. JORGE QUINTERO MARTÍNEZ, 7. OBED RAMOS TERCERO, 8. GUSTAVO ALONSO SUÁREZ, 9. MIGUEL ÁNGEL AGUILAR COLORADO, 10. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ORDAZ, 11. OCTAVIO MÉNDEZ GUTIÉRREZ, 12. ROBERTO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 13. RAYMUNDO PADILLA VALENCIA, 14. GUILLERMO ALEJANDRO GONZÁLEZ SERRANO, 15. HUMBERTO MARICHE HERNÁNDEZ, 16. ADERLI HERMOSILLO MERCADO, 17. EDUARDO GRACIA HERNÁNDEZ, 18. JAVIER TORRES GUZMÁN, 19. MIGUEL VALENCIA CHÁVEZ, 20. JESÚS GUILLERMO PLATA BELTRÁN, 21. CLAUDIO SEBASTIÁN FÉLIX GASTELUM, 22. FRANCISCO GARCÍA HERNÁNDEZ, 23. ÁNGEL DARÍO GARCÍA ZAMORA, 24. CARLOS GERARDO MENDOZA GUEVARA, 25. JUAN NICOLÁS RAMÍREZ ROJO, 26. MIGUEL ÓSCAR MELLADO ALMAZÁN, 27. LUIS ALBERTO RONDÓN VÁSQUEZ, 28. VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ DE LA TORRE, 29. ALFREDO PALENCIA GARCÍA, 30. ROGELIO RIFIGA RODRÍGUEZ, 31. JUAN MANUEL MEDRANO DÍAZ, 32. ALLAN ANTONIO SAUCEDO ONTIVEROS, 33. ALBERTO LÓPEZ JUÁREZ, 34. AGUSTÍN ALI LEYVA CORTEZ, contra actos del Director General del Centro Federal Número 13 "CPS" Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno y electrónico con el número 111/2018. Desechamiento. De manera destacada en su escrito de demanda los quejosos reclaman: ". Acto reclamado: La insconstitucionalidad de no proteger los derechos humanos y garantías individuales de las que somos titulares y consagradas por nuestra carta magna. Ya que al alargarnos la tienda cada 15 días y subir los precios de manera brusca afecta nuestra economía, siendo objetos del abuzo (sic) de autoridad que les da el poder de hacer y deshacer a la hora que quieren con nosotros, vendiéndonos los productos que quieren y al precio que quieren." En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior (.). En relación con el principio de definitividad, se invoca la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de 2002, página 902, registro 187016, del texto siguiente: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Del artículo y jurisprudencia transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes, de oficio, o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. Ahora, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Por otra parte, los artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen lo siguiente: "Artículo107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta ley podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de la condiciones de internamiento." "Artículo108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguineidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, Entidad, Órgano u Organismo de Protección de los Derechos Humanos en el orden Federal o de las Entidades Federativas, que tengan de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las Organizaciones de la Sociedad Civil que tengan dentro de su objeto la Protección de los Derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas." "Artículo109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciaran conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los Derechos de terceras personas y, en su caso, las subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición." "Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos reclaman en esta instancia constitucional: las fechas de venta de la tienda por ventanilla en el módulo "Alfa: 7", del Centro Federal de Readaptación Social Número 13, "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca, en el que se encuentran privados de su libertad y el alza en los de los productos que ahí se venden. Planteado así el acto reclamado, los quejosos están en aptitud de iniciar un procedimiento administrativo ante la autoridad Penitenciaria, dado que están internos en un Centro Federal, quienes presentarán su petición, sin formalidad alguna, ante el director del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, el que, a su vez, dentro de las veinticuatro horas siguientes admitirá e iniciará el trámite del procedimiento o prevendrá según sea el caso, quien le notificará personalmente. Asimismo, el director de dicho Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar a los peticionarios en un plazo no mayor de veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Incluso, si los quejosos no obtienen una respuesta favorable a su petición, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé formular controversia ante el juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución que le recaiga a su petición, tal como lo dispone el artículo 114 de la citada ley. De igual forma, cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, entonces la persona legitimada podrá acudir directamente ante el juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el juez de Ejecución, de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad Penitenciaria. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo, los quejosos tienen la obligación procesal de iniciar el procedimiento administrativo ante la autoridad penitenciaria, contra los actos reclamados consistentes en las fechas de venta de la tienda por ventanilla en el módulo "Alfa: 7", del Centro Federal de Readaptación Social Número 13, "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca, en el que se encuentran privados de su libertad y el alza en los de los productos que ahí se venden, pues con ese medio ordinario de defensa podrían obtener resolución favorable a sus intereses. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, procede desechar de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por 1. JESÚS ENRIQUE ACOSTA GONZÁLEZ, 2. DIEGO CHÁZARO HERNÁNDEZ, 3. ISRAEL DE JESÚS VALLE LEÓN, 4. CRISTIAN EDUARDO SOSA MELÉNDEZ, 5. BRAYAN R. CASTILLO PÉREZ, 6. JORGE QUINTERO MARTÍNEZ, 7. OBED RAMOS TERCERO, 8. GUSTAVO ALONSO SUÁREZ, 9. MIGUEL ÁNGEL AGUILAR COLORADO, 10. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ORDAZ, 11. OCTAVIO MÉNDEZ GUTIÉRREZ, 12. ROBERTO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 13. RAYMUNDO PADILLA VALENCIA, 14. GUILLERMO ALEJANDRO GONZÁLEZ SERRANO, 15. HUMBERTO MARICHE HERNÁNDEZ, 16. ADERLI HERMOSILLO MERCADO, 17. EDUARDO GRACIA HERNÁNDEZ, 18. JAVIER TORRES GUZMÁN, 19. MIGUEL VALENCIA CHÁVEZ, 20. JESÚS GUILLERMO PLATA BELTRÁN, 21. CLAUDIO SEBASTIÁN FÉLIX GASTELUM, 22. FRANCISCO GARCÍA HERNÁNDEZ, 23. ÁNGEL DARÍO GARCÍA ZAMORA, 24. CARLOS GERARDO MENDOZA GUEVARA, 25. JUAN NICOLÁS RAMÍREZ ROJO, 26. MIGUEL ÓSCAR MELLADO ALMAZÁN, 27. LUIS ALBERTO RONDÓN VÁSQUEZ, 28. VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ DE LA TORRE, 29. ALFREDO PALENCIA GARCÍA, 30. ROGELIO RIFIGA RODRÍGUEZ, 31. JUAN MANUEL MEDRANO DÍAZ, 32. ALLAN ANTONIO SAUCEDO ONTIVEROS, 33. ALBERTO LÓPEZ JUÁREZ, 34. AGUSTÍN ALI LEYVA CORTEZ. Acceso a la justicia. Finalmente, debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando a los promoventes su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio de los propios gobernados, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo. Suspensión de plano. No ha lugar a proveer lo relativo a la suspensión de oficio respecto a los actos reclamados consistentes en las fechas de venta de la tienda por ventanilla en el módulo "Alfa: 7", del Centro Federal de Readaptación Social Número 13, "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca, en el que se encuentran privados de su libertad y el alza en los de los productos que ahí se venden, toda vez que no encuadran en alguna de la hipótesis que establecen los artículos 15 y 126 de la ley de Amparo. Designación de representante común. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a Jesús Enrique Acosta González, sin perjuicio de que sea sustituido en ulterior acuerdo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo en consulta, y para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se habilita al actuario judicial adscrito, para que, en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. Notificación a la parte quejosa. En atención a que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con anuencia del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al actuario que corresponda, para que se haga presente en dicho centro y notifique este acuerdo al representante común de la parte quejosa. Publicación de datos personales. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL REPRESENTANTE COMÚN DE LA PARTE QUEJOSA EN EL CEFERESO 13 "CPS-OAXACA".
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