Israel David Carvajal Aguilera
Expediente 634/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Israel David Carvajal Aguilera
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio criptográfico que remite la Actuaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Irapuato, mediante el cual trascribe el proveído de trece de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, del que se advierte que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto; el Juez queda enterado de su contenido y ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena la destrucción del presente cuaderno en el plazo de seis meses a que hace referencia dicho acuerdo.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso ***************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele desahogando cabalmente el requerimiento formulado en providencia de treinta y uno de agosto pasado, donde se le requirió para que: Manifestara si acude al presente juicio por propio derecho, o bien, por propio derecho y también en representación de sus hijos; hipótesis esta última para la cual debería proporcionar sus nombres y apellidos, así como adjuntar el documento fehaciente que acreditara la personalidad que ostenta sobre ellos; y Manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a alguna que tenga jurisdicción en esta ciudad; y de ser así precisara su denominación y el acto que, en específico les atribuye. En ese sentido, del escrito de desahogo de cuenta se advierte que el gestionante del amparo *****************, manifiesta bajo protesta de decir verdad textualmente lo siguiente: ".Por medio del presente escrito, y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN TODO LO QUE VOY A MANIFESTAR, QUE VENGO A DAR CUMPLIMIENTO AL AUTO POR EL CUAL SE ME REQUIERE DIVERSAS ACLARACIONES, A LO QUE SEÑALO: I. Que acudo por mi propio derecho y en representación de mis menores hijos a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia Federal. II. Que en virtud de que la competencia territorial de los Juzgados de Distrito de Celaya, comprende la ciudad de Salamanca, Guanajuato, y al encontrarse el domicilio del Quejoso en la ciudad de Salamanca, sobre la que ejerce competencia los Juzgados Federales de la ciudad de Celaya, Guanajuato, es por éste motivo por el que son los Juzgados de ésta ciudad de Celaya, Guanajuato, los legalmente competentes para conocer del presente asunto, señalando además, sin que sea nuestro deseo, por el momento señalar a ninguna autoridad con residencia en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Asimismo, señalo, que es ésta ciudad de Salamanca donde se tratan de ejecutar los Actos Reclamados." En ese sentido, este Juzgado Federal estima carecer de competencia legal para conocer del presente juicio, por las razones que más adelante se expondrán. Primeramente debe establecerse que la competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que corresponde fundar si este órgano jurisdiccional la tiene para seguir conociendo del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que textualmente establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. Ahora bien, del análisis efectuado a las constancias de autos, y de las manifestaciones vertidas por el propio solicitante del amparo en su escrito de desahogo, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que el acto que se reclama en esta instancia tendrá ejecución material en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Ciertamente, del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que esencialmente el gestionante del amparo señala como acto reclamado, entre otras cosas lo siguiente: Señalo, tanto del C. Director de PEMEX, como del C. Director del Departamento de Personal y/o Recursos Humanos de Pemex en Salamanca, Guanajuato, la falta de atención y cumplimiento del Oficio PCAS 608/2021, y en cuanto a que el que suscribe, al ser considerado como personal vulnerable, se me permita continuar laborando en la modalidad de trabajo a distancia, cuando menos hasta que mis hijos sean vacunados, de acuerdo al plan de vacunación para los menores de edad. c.- Señalo, tanto del C. Director Corporativo de Administración y Servicios de PEMEX, como del C. Director de Departamento de Personal y/o Recursos Humanos de Pemex, en Salamanca, Guanajuato, la falta de atención y cumplimiento del oficio PCAS 608/2021, y en cuanto a que el que suscribe, al ser considerado como personal vulnerable y sindicalizado, se redefina al "personal necesario para realizar labores de manera presencial y se me asigne trabajo en casa de acuerdo a mis funciones y necesidades operativas, así como la rotación del personal no vulnerable para cubrir actividades esenciales". d.- Señalo, del C. Secretario de Salud en el Estado de Guanajuato, como Acto Reclamado el consistente en la falta de vacunación de mis hijos, a quienes en ejercicio de mi derecho a la salud solicito sean vacunados de manera prioritaria, tomando en cuenta sus antecedentes y condiciones particulares de salud." Establecido lo anterior, el suscrito considera que, en el caso concreto, de acuerdo a la naturaleza del acto reclamado, se surte la segunda regla de competencia mencionada en el inciso b), en la que se hace referencia que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; ante lo cual, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia. Se afirma lo anterior, ya que el acto reclamado conlleva efectos positivos, ya que se pretende ordenar al aquí quejoso acudir a su fuente de trabajo de manera presencial, suspendiendo sus labores que venía desempeñando vía remota, derivado de la pandemia mundial generada por el virus SAR-cOv2; debe ponerse de relieve que el ahora quejoso labora en las instalaciones de Pemex en Salamanca, Guanajuato. A más de lo anterior, el propio quejoso expone en su ocurso de desahogo de demanda, que su domicilio se ubica en la ciudad de Salamanca, lo que redunda en la especie para fincar la competencia legal, ya que otro de los actos reclamados lo constituye la omisión por parte de las responsables de suministrarle la vacuna del virus SAR-cOv2, tanto a él como a sus menores hijos, lo que en su caso, habrá de suceder en dicha urbe y no en Celaya. Por las razones anotadas, este Juzgado Federal estima carecer de competencia legal para seguir conociendo del presente juicio. Lo anterior es así dado que, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, Juzgados de Distrito que se ubican en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, ejercen jurisdicción territorial, entre otros, en la ciudad de Salamanca. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente juicio, así como sus copias, al Juez de Distrito en turno en Irapuato, Guanajuato, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente; y c. Formar con copia íntegra del presente juicio el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **************, contra actos del Director Corporativo de Administración y Servicios de PEMEX, con sede en la ciudad de México y otras autoridades; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 634/2021-I. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II y III del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones I y III de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. La primera irregularidad surge de la fracción I del aludido numeral 108 de la ley de la materia estatuye: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Del análisis conjunto de los aludidos imperativos se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo. En el caso concreto, *************, acude a la presente instancia por propio derecho; sin embargo, del análisis integral de la demanda, concretamente del capítulo de autoridades responsables, apartado IV, inciso a), refiere textualmente lo siguiente: d.- Señalo, del C. Secretario de Salud en el Estado de Guanajuato, como Acto Reclamado el consistente en la falta de vacunación de mis hijos, a quienes en ejercicio de mi derecho a la salud solicito sean vacunados de manera prioritaria, tomando en cuenta sus antecedentes y condiciones particulares de salud, son especialmente vulnerables a contraer el virus del SARS-CoV2." En ese sentido, no se advierte con exactitud si acude por propio derecho, o bien, por propio derecho y también en representación de sus hijos; hipótesis esta última para la cual deberá adjuntar documento fehaciente que acredite la personalidad que ostenta sobre sus hijos. Y es que, al constituir la personería un presupuesto procesal de análisis oficioso, es que debe quedar completamente satisfecha desde la radicación de la demanda, como se estatuye en la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 7, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." B). La segunda irregularidad detectada surge de lo estipulado en la fracción III del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable: la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" En la especie el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular, en virtud que de los datos proporcionados por la parte quejosa no se puede establecer cuál Juez de Distrito es el legalmente competente para conocer de la misma. Para justificar el aserto anterior, es necesario precisar que: - La competencia es la facultad que tienen las autoridades para conocer y decidir sobre determinados asuntos y materias que se sometan a su conocimiento, la cual deriva de las disposiciones orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio; y, - La jurisdicción es una institución de derecho que reviste a la autoridad de potestad legal para impartir justicia y, a su vez, es el imperio de que se hallan investidos los Jueces para administrarla, la cual se clasifica en atención a razones territoriales, a la cuantía de los asuntos, a la materia misma de la controversia y al grado, lo que origina la competencia de determinado tribunal para conocer de un negocio. De ahí que, al constituir la competencia un presupuesto de orden público, resulte necesario establecer previamente a tramitar la demanda de amparo qué órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la misma. En el caso concreto, el quejoso señaló en su demanda de amparo como autoridades, las siguientes: Director Corporativo de Administración y Servicios de PEMEX, con sede en la Ciudad de México. Director del Departamento de Personal y/o Recursos Humanos de Pemex en Salamanca, Guanajuato. Secretario de Salud y Director General de ISAPEG en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre. Director del Hospital General de Pemex, con sede en Salamanca, Guanajuato. De lo anterior se advierte que el solicitante del amparo señala únicamente autoridades responsables que se encuentran fuera de la jurisdicción de este Juzgado; sin embargo, fue omiso en señalar alguna autoridad diversa bajo la cual el suscrito ejerza jurisdicción, a fin de que este tribunal pueda contar con competencia legal para proveer sobre la demanda. En el entendido que, además de efectuar el señalamiento correspondiente, deberá especificar el acto que, en su caso, le atribuye como reclamado. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracciones I y II, en relación con el 114, fracciones II y III, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste si acude al presente juicio por propio derecho, o bien, por propio derecho y también en representación de sus hijos; hipótesis esta última para la cual deberá proporcionar sus nombres y apellidos, así como adjuntar el documento fehaciente que acredite la personalidad que ostenta sobre ellos; y Manifieste si desea señalar como autoridad responsable a alguna que tenga jurisdicción en esta ciudad; y de ser así precise su denominación y el acto que, en específico les atribuye. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detecten en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Los requerimientos que al efecto se emiten conllevan el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Toda vez que la parte quejosa no señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad, se ordena que se le practiquen electrónicamente las notificaciones que a su parte correspondan; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario *************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Por otra parte, téngasele proporcionado el correo electrónico ************, así como número celular *********** para establecer contacto con el gestionante, el cual, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de la contingencia sanitaria que actualmente impera en el país, las notificaciones que deban efectuársele en el presente juicio de amparo, también se le podrán efectuar por correo electrónico o por teléfono. En otro contexto, se le tiene como autorizado únicamente para tales efectos, así como para imponerse de los autos a *************, en virtud de que obra su cédula 4317610, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que cuando practique la notificación personal, acate el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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