Israel Dario Gonzalez Sanchez

Expediente 2672/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2672/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Israel Dario Gonzalez Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el escrito de cuenta signado por Mijail Natanael Tah Ayala, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, mediante el cual, por las razones que expone, solicita a este órgano jurisdiccional se decrete que la sentencia dictada en el presente asunto ha causado ejecutoria; al efecto, se acuerda: Al efecto, indíquese al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que aún no obran en poder de este Juzgado los acuses postales correspondientes a los oficios girados a las autoridades foráneas Director en Jefe y Dirección General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, por los cuales se les notificó la sentencia definitiva dictada en el presente asunto. No obstante a lo anterior, a fin de que este Juzgado se encuentre en aptitud de dictar que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, requiérase a las autoridades responsables: Director en Jefe y Dirección General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciban el oficio relativo a este proveído, tengan a bien informar a este Juzgado, la fecha en la que recibieron, respectivamente, el oficio en el que se les hizo de su conocimiento la sentencia definitiva, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de acordar lo conducente. Bajo el apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior, se impondrá a la omisa, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que no obre en autos la boleta de notificación del oficio por medio del cual se notificó la resolución de que se trata a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad, sin embargo, toda vez que el presente proveído debe notificarse mediante oficio, reexpídase en el mismo la misiva que contiene la resolución de mérito. Y en relación a la citada autoridad señalada como responsable, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente los actos que de ella se hayan reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto por lo que corresponde a ésta, toda vez que el fallo en el que se negó la protección constitucional, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso por analogía, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de depuración, pues en audiencia incidental de quince de junio de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva solicitada; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que siga al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado los anexos consistentes en: un legajo de copias certificadas relativas al Juicio Ejecutivo Mercantil ******************** y un legajo de copias certificadas relativas al expediente ******************** que remitieron la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y el Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, respectivamente, en tal virtud, devuélvanse los citados tomos sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo de estilo, dado que se trata de copias certificadas. Por último, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.

  3. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, donde se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio en proveído de cuatro de noviembre que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio número 35654 signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve parcialmente debidamente diligenciado el exhorto con número de orden 215/2022-E-AMP-LAB-V-A y número de origen 95/2022-E-AMP-LAB-V-A, derivado del presente juicio de amparo, el cual fue girado con el objeto de notificar y emplazar a las terceras interesadas personas morales "TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES", "GESALM SERVICIOS", y "GESALM CONSULTORES", todas SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Sin que sea el caso acusar recibo, en atención a la vía en que fue devuelta dicha comunicación oficial. En mérito de lo anterior, téngase parcialmente diligenciado dicho exhorto, en razón de que únicamente se logró la notificación y emplazamiento de "TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPIATLA VARIABLE; y dese de baja en el Libro de Gobierno respectivo, para los fines estadísticos correspondientes. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que ha transcurrido el término que se le concedió a la citada tercera interesada, en proveído de diez de octubre del año en curso, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hubiese hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el citado proveído, se ordena que las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, le sean hechas por lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. Ahora bien, como una medida más tendiente a la investigación de los domicilios de las demás terceras interesadas personas morales "GESALM SERVICIOS", y "GESALM CONSULTORES", ambas SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, gírense sendos oficios a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, representante legal de la Comisión Federal de Electricidad División Peninsular y representante legal de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este acuerdo, informen a este órgano jurisdiccional, cuál es el domicilio actual que tienen las citadas terceras interesadas, según registros que obren en las dependencias a su cargo; lo anterior, a fin de que puedan ser llamadas a este juicio, por conducto de quien legalmente las represente. Finalmente, apercíbase a las citadas autoridades, que de no cumplir con el requerimiento de que se trata, dentro del plazo indicado en líneas precedentes, se les impondrá a cada uno una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, sin centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 244, de la Ley de la Materia. Notifíquese y cúmplase.

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