Israel Daniel Rodríguez Montalbán

Expediente 696/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
696/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
04/08/2023

Partes del expediente

  • Israel Daniel Rodríguez Montalbán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. ( Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, toda vez que en el incidente de suspensión fue concedida la medida definitiva, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a)2, del citado acuerdo. Resguárdese el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, fracción II, inciso a)3, del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase a la Jueza Interina Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, las copias certificadas de la causa judicial 274/2023 y disco versátil digital que contiene copia de audio y video de la audiencia inicial y continuación de audiencia inicial de veintiuno y veinticinco de abril de dos mil veintitrés, respectivamente, así como, de la audiencia de revisión de medida cautelar de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.IEGR

  2. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que se ordenó el archivo del expediente principal e incidentes del juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, devuélvase a la Jueza Interina Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, las copias certificadas de la causa judicial 274/2023 y disco versátil digital que contiene copia de audio y video de la audiencia inicial y continuación de audiencia inicial de veintiuno y veinticinco de abril de dos mil veintitrés, respectivamente, así como, de la audiencia de revisión de medida cautelar de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, que rindió como apoyo a su informe justificado, Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, treinta de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el veintitrés de junio de dos mil veintitrés la autoridad responsable la Jueza Interina Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; informó que que en audiencia de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dentro de la causa judicial ********************, de su índice, se resolvió la permanencia de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por dos meses más, misma que inicio el día de la audiencia y concluye el veintiuno de agosto de este año. Precisión del acto reclamado. Ahora bien, como cuestión previa, de un análisis a las constancias que integran el presente sumario constitucional se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el relativo a: La resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro de la causa judicial ********************, del índice del Juzgado Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en la que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, así como su ejecución. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como de un análisis al contenido de las constancias de referencia, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el citado precepto prevé la improcedencia del juicio de amparo, por cesación de efectos, y a este respecto es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos; a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza, cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso (sustitución procesal), se actualiza cuando los efectos del acto cesan, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan cuando contra éste, recayó una nueva resolución que viene a sustituir procesalmente a la anterior, ya que será esa nueva determinación, y no la anterior, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo. Ahora, de las constancias de autos, las cuales en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, cuentan con pleno valor probatorio, al tratarse de certificaciones de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, se advierte que en la audiencia inicial de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, celebrada dentro de la causa judicial ********************, la Jueza Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer (actuando en auxilio del Juez Sexto del mismo distrito judicial), determinó imponer a ********************-aquí quejoso-, la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se encontraba vigente hasta esa data debía prorrogarse un mes más a partir del veintiuno de mayo del año que transcurre. Finalmente, mediante audiencia de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo una nueva audiencia solicitada por el Agente del Ministerio Público para la revisión de la medida cautelar impuesta al quejoso ********************, en la que indicó que subsistían las condiciones objetivas por las cuales se había decretado la prisión preventiva justificada al imputado en cita (resolución de diecinueve de mayo actual), por lo que resolvió que permaneciera la medida cautelar por dos meses más a partir del veintiuno de junio al veintiuno de agosto del año en curso. En ese sentido, se advierte que la determinación dictada el veintiuno de junio actual por la Jueza Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, sustituyó procesalmente a la resolución dictada en audiencia inicial de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés (acto reclamado), celebrada dentro de la causa judicial ********************, en la que se determinó fijar por un mes más la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, número III.2o.C. J/22, publicada en la página 1579 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, Materia(s): Común, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo.". [Énfasis añadido]. Así como la Tesis I.3o.C.92 K, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1491, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente.".[Lo subrayado es propio]. En tales condiciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues la resolución que constituía el acto reclamado en el presente asunto fue sustituida procesalmente por una diversa, por lo que en términos del artículo 63, fracción V, de la ley en cita, se decreta el sobreseimiento. Sobreseimiento fuera de audiencia -cambio de situación jurídica-. Por otra parte, se advierte que respecto al mismo acto reclamado se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XVII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a CXI/96, publicada en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, Materia Común, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL", estableció que para actualizar la causa de improcedencia en comento, por regla general deben concurrir los requisitos siguientes: Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso. Que no sea jurídicamente posible pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. A criterio de quien esto determina, en el caso se encuentran reunidos dichos requisitos y por tanto, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud que las violaciones reclamadas se consideran irreparablemente consumadas al operar un cambio de situación jurídica, ya que las consecuencias derivadas del acto reclamado, dejaron de tener efectos, al decretar la inmediata libertad del quejoso; luego, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, ya que la causal de improcedencia invocada es manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse. Por tanto, en consideración que la materia del juicio de amparo que nos ocupa el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro de la causa judicial ********************, del índice del Juzgado Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en la que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, así como su ejecución. Atento a lo anterior, conviene precisar lo siguiente: Por determinación de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada en la causa judicial ********************, del índice del Juzgado Sexto de Control y de Juicio Oral del distrito Judicial de Guridi y Alcocer, por la cual se impuso un mes de prisión preventiva justificada al quejoso ********************, feneciendo el veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Por determinación de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dictada en la causa judicial ********************, del índice del Juzgado Sexto de Control y de Juicio Oral del distrito Judicial de Guridi y Alcocer, por la cual se impuso dos meses más de prisión preventiva justificada al quejoso ********************, feneciendo el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés Por tanto, resulta evidente que a la data en que se actúa ha operado un cambio de situación jurídica, pues como ya se destacó, el pasado veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se impuso dos meses más de prisión preventiva justificada al quejoso ********************. De esta manera, la existencia de tal determinación, acaecida después de presentada la demanda de amparo, son datos suficientes para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, por lo que se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del acto reclamado. Luego, es indudable que con tal actuar se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de agosto de 2007, Novena Época, Materia Penal, página 50, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR", en el sentido de que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en el acto impugnado se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre éstas, sin que se afecte la nueva situación jurídica del quejoso. Asimismo, se cita por su contenido, la tesis III.2o.P.150 P, visible en la página 2575 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 2019, número de registro 2019590, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla.". Con base en lo anterior, se llega a la determinación de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al operar el cambio de situación jurídica. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente resolución, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (DIEZ HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    A las nueve horas del seis de julio de dos mil veintitrés, la suscrita Karen Aguas Pérez, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, HAGO CONSTAR: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Israel Daniel Rodríguez Montealbán, el contenido del proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo referido al rubro. Doy fe: En Apizaco, Tlaxcala, treinta de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el veintitrés de junio de dos mil veintitrés la autoridad responsable la Jueza Interina Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; informó que que en audiencia de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dentro de la causa judicial ********************, de su índice, se resolvió la permanencia de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por dos meses más, misma que inicio el día de la audiencia y concluye el veintiuno de agosto de este año. Precisión del acto reclamado. Ahora bien, como cuestión previa, de un análisis a las constancias que integran el presente sumario constitucional se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el relativo a: La resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro de la causa judicial ********************, del índice del Juzgado Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en la que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, así como su ejecución. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como de un análisis al contenido de las constancias de referencia, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el citado precepto prevé la improcedencia del juicio de amparo, por cesación de efectos, y a este respecto es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos; a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza, cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso (sustitución procesal), se actualiza cuando los efectos del acto cesan, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan cuando contra éste, recayó una nueva resolución que viene a sustituir procesalmente a la anterior, ya que será esa nueva determinación, y no la anterior, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo. Ahora, de las constancias de autos, las cuales en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, cuentan con pleno valor probatorio, al tratarse de certificaciones de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, se advierte que en la audiencia inicial de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, celebrada dentro de la causa judicial ********************, la Jueza Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer (actuando en auxilio del Juez Sexto del mismo distrito judicial), determinó imponer a ********************-aquí quejoso-, la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se encontraba vigente hasta esa data debía prorrogarse un mes más a partir del veintiuno de mayo del año que transcurre. Finalmente, mediante audiencia de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo una nueva audiencia solicitada por el Agente del Ministerio Público para la revisión de la medida cautelar impuesta al quejoso ********************, en la que indicó que subsistían las condiciones objetivas por las cuales se había decretado la prisión preventiva justificada al imputado en cita (resolución de diecinueve de mayo actual), por lo que resolvió que permaneciera la medida cautelar por dos meses más a partir del veintiuno de junio al veintiuno de agosto del año en curso. En ese sentido, se advierte que la determinación dictada el veintiuno de junio actual por la Jueza Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, sustituyó procesalmente a la resolución dictada en audiencia inicial de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés (acto reclamado), celebrada dentro de la causa judicial ********************, en la que se determinó fijar por un mes más la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, número III.2o.C. J/22, publicada en la página 1579 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, Materia(s): Común, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo.". [Énfasis añadido]. Así como la Tesis I.3o.C.92 K, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1491, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente.".[Lo subrayado es propio]. En tales condiciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues la resolución que constituía el acto reclamado en el presente asunto fue sustituida procesalmente por una diversa, por lo que en términos del artículo 63, fracción V, de la ley en cita, se decreta el sobreseimiento. Sobreseimiento fuera de audiencia -cambio de situación jurídica-. Por otra parte, se advierte que respecto al mismo acto reclamado se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XVII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a CXI/96, publicada en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, Materia Común, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL", estableció que para actualizar la causa de improcedencia en comento, por regla general deben concurrir los requisitos siguientes: Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso. Que no sea jurídicamente posible pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. A criterio de quien esto determina, en el caso se encuentran reunidos dichos requisitos y por tanto, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud que las violaciones reclamadas se consideran irreparablemente consumadas al operar un cambio de situación jurídica, ya que las consecuencias derivadas del acto reclamado, dejaron de tener efectos, al decretar la inmediata libertad del quejoso; luego, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, ya que la causal de improcedencia invocada es manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse. Por tanto, en consideración que la materia del juicio de amparo que nos ocupa el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro de la causa judicial ********************, del índice del Juzgado Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en la que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, así como su ejecución. Atento a lo anterior, conviene precisar lo siguiente: Por determinación de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada en la causa judicial ********************, del índice del Juzgado Sexto de Control y de Juicio Oral del distrito Judicial de Guridi y Alcocer, por la cual se impuso un mes de prisión preventiva justificada al quejoso ********************, feneciendo el veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Por determinación de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dictada en la causa judicial ********************, del índice del Juzgado Sexto de Control y de Juicio Oral del distrito Judicial de Guridi y Alcocer, por la cual se impuso dos meses más de prisión preventiva justificada al quejoso ********************, feneciendo el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés Por tanto, resulta evidente que a la data en que se actúa ha operado un cambio de situación jurídica, pues como ya se destacó, el pasado veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se impuso dos meses más de prisión preventiva justificada al quejoso ********************. De esta manera, la existencia de tal determinación, acaecida después de presentada la demanda de amparo, son datos suficientes para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, por lo que se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del acto reclamado. Luego, es indudable que con tal actuar se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de agosto de 2007, Novena Época, Materia Penal, página 50, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR", en el sentido de que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en el acto impugnado se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre éstas, sin que se afecte la nueva situación jurídica del quejoso. Asimismo, se cita por su contenido, la tesis III.2o.P.150 P, visible en la página 2575 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 2019, número de registro 2019590, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla.". Con base en lo anterior, se llega a la determinación de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al operar el cambio de situación jurídica. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente resolución, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (DIEZ HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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