Israel Cruz Pacheco

Expediente 1209/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1209/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
03/12/2015

Partes del expediente

  • Israel Cruz Pacheco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    MESA V A Vistos los autos y la certificación precitada; toda vez que en la especie por acuerdos del veintitrés de octubre y diecinueve de noviembre de dos mil quince, se desechó la demanda de amparo en el presente asunto; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA V A Agréguese el oficio procedente del Juzgado Primero Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 1752/2015 del índice de este Juzgado. Dése de baja la comunicación citada en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, toda vez que de las diligencias realizadas por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, se advierte que al ser buscados los agraviados MARA JANETT GARCÍA ARREDONDO, ISABEL CRISTINA CAYETANO GARCÍA e ISAÍAS CANSECO CANSECO, en la escuela primaria Amado Nervo de San Mateo Macuilxochitl, Tlacochahuya, Tlacolula, Oaxaca, le fue manifestado a la fedataria pública, Secretaria adscrita al Juzgado Primero Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, que se encontraban trabajando y que se hallaban bien, por lo que deduce se encuentran libres, es decir no incomunicados; asimismo al buscar a los restantes ROSALINA GALVÁN CALVO, REYNA JUÁREZ GONZALES, MARGARITA GASPAR FABIÁN, REINA PÉREZ MARTÍNEZ, SANDRA ZÁRATE GARCÍA, JOEL JOSÉ COSME VÁSQUEZ, PEDRO GARCÍA MIGUEL Y CLAUDIA CELIFLORA, en la escuela preescolar Ricardo Flores Magón de San Juan Guelavía, Tlacolula, Oaxaca, le fue manifestado a la misma fedataria pública, que se encontraban ensayando en el municipio para la comparsa del kinder, lo que denota que están en libertad, es decir no incomunicados; sin embargo, no se obtuvo la ratificación de la demanda promovida en su favor, empero resulta innecesario proveer sobre la admisión o no de la demanda de garantías, pues aún cuando los directos agraviados la hubiesen ratificado a nada práctico conduciría admitirla, pues llegado el momento de la audiencia constitucional se sobreseería en el juicio, porque el acto reclamado a las responsables se hizo consistir en la incomunicación, intimidación, tortura, azotes, palos, tormentos y tortura psicológica; de las diligencias realizadas por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, se advierte que los directos agraviados de referencia, no se encuentran incomunicados, tampoco están detenidos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, atento al principio de celeridad que rige el juicio de garantías y en obvio de dilaciones, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida a favor de MARA JANETT GARCÍA ARREDONDO, ISABEL CRISTINA CAYETANO GARCÍA e ISAÍAS CANSECO CANSECO, ROSALINA GALVÁN CALVO, REYNA JUÁREZ GONZALES, MARGARITA GASPAR FABIÁN, REINA PÉREZ MARTÍNEZ, SANDRA ZÁRATE GARCÍA, JOEL JOSÉ COSME VÁSQUEZ, PEDRO GARCÍA MIGUEL Y CLAUDIA CELIFLORA. Quedan sin efecto las providencias decretadas en auto de veintisiete de agosto de dos mil quince. En relación, con los actos reclamados diversos a los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, resulta innecesario proveer sobre la admisión o no de la demanda de garantías, pues aun cuando los directos agraviados la hubiesen ratificado a nada práctico conduciría admitirla; por tanto, con apoyo en el artículo 113, en relación con los 6° y 15, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, respecto de los diversos actos reclamados, distintos a los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, plasmados en la demanda de garantías promovida en favor de los directos agraviados. En efecto, los artículos 6° y 15, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.". De los transcritos preceptos legales, se advierte lo siguiente: a) El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado. b) El juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante, y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal. c) El juicio de amparo puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6º, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de en el proceso y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud para hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquéllos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Lo anterior, así lo sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 75/97, publicada en la página 351, Tomo VII, Enero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196956, la cual no ha sido superada, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante, y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues ya se dijo que esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1). Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2). Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Ahora, del análisis integral de la demanda no se advierte que se pretenda reclamar algún acto de los previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo o 22 Constitucional, ya que los hechos que la promovente señala como actos reclamados, no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y tampoco constituyen penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales. Lo anterior evidencia, que no se acredita el primer requisito previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que permite que cualquier persona, inclusive un menor de edad, pueda promover la demanda de amparo a nombre de otro, en virtud de que no se reclama ningún acto de los citados en el párrafo que antecede. Además, se insiste, en el caso no se actualiza alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que la legitimación en la causa, para promover el juicio de amparo indirecto, en términos del citado precepto legal, requiere, como se dijo, que se cumplan dos requisitos esenciales, primero, que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y, segundo, que el afectado esté imposibilitado para hacerlo directamente; y que alguno de los actos reclamados encuadren en las hipótesis previstas por el citado precepto Constitucional. En ese sentido, de las diligencias remitidas por el Juzgado Primero de lo Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca lo que evidencia que los agraviados, no han estado incomunicados; por lo que se colige que no estaban impedidos para promover la demanda. Así las cosas, se advierte que no existió legitimación procesal para instaurar la presente demanda de amparo en favor de la parte quejosa, porque no se reclama algún acto prohibido por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 Constitucional y, en ese sentido, que los quejosos estén imposibilitadas para ejercer la acción constitucional, porque ninguna razón se expone en ese sentido; por lo que, no existe razón que les impida promover personalmente en lo individual o por conducto de representante legal. En consecuencia, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Orienta esta determinación, la tesis aislada VI.2o.C.242 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Abril de 2006, página 1051, novena época, con número de registro 175298, la cual no ha sido superada, que dice: "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN EL AMPARO. NO DEBE PREVENIRSE AL PROMOVENTE SI NO ES TITULAR DEL DERECHO VIOLADO O DESCONOCIDO CUYA TUTELA PRETENDE A TRAVÉS DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que al tenor de la jurisprudencia P./J. 43/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 48, si el juzgador federal advierte que la representación con que se ostenta el promovente del juicio de amparo no está debidamente justificada, debe prevenirlo para que satisfaga el requisito omitido; también lo es que tal obligación no se actualiza cuando quien pide amparo no tiene legitimación en la causa, por no ser titular del derecho violado o desconocido cuya tutela pretende a través del juicio de control constitucional, esto en virtud de que, aun cuando se trata de un presupuesto procesal, no es de aquellos que puedan enmendarse o satisfacerse durante el procedimiento, dado que si la ley no otorga al sujeto el derecho de ser parte quejosa, por más que se le previniera para que demostrara tener tal carácter, tarde o temprano tendría que sobreseerse de conformidad con los artículos 73, fracción XVIII y 4o. de la Ley de Amparo."

  3. Principal

    MESA V-A "... Agréguese el oficio procedente del Juzgado Primero Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el despacho 1474/2015 del índice de este Juzgado. Dése de baja la comunicación citada en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, toda vez que de las diligencias realizadas por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, se advierte que Israel Cruz Pacheco, Carlos Javier Hernández Pérez, Estela López Luis, David Orozco López, Esaú Santiago Olivera, Gerardo Velasco Santiago, Aurelio Valencia Lorenzo, Saturnino Martínez López y Emma Martínez Salvador, ratificaron la demanda de garantía promovida en su favor, sin embargo resulta innecesario proveer sobre la admisión o no de la demanda de garantías, pues aún cuando los directos agraviados la ratificaron a nada práctico conduciría admitirla, pues llegado el momento de la audiencia constitucional se sobreseería en el juicio, porque el acto reclamado a las responsables se hizo consistir en la incomunicación, intimidación, tortura, azotes, palos, tormentos y tortura psicológica; de las diligencias realizadas por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, se advierte que los directos agraviados de referencia, no se encuentran incomunicados, ni presentan huellas de coacción física en su cuerpo, tampoco están detenidos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, atento al principio de celeridad que rige el juicio de garantías y en obvio de dilaciones, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida a favor de Israel Cruz Pacheco, Carlos Javier Hernández Pérez, Estela López Luis, David Orozco López, Esaú Santiago Olivera, Gerardo Velasco Santiago, Aurelio Valencia Lorenzo, Saturnino Martínez López y Emma Martínez Salvador. Quedan sin efecto las providencias decretadas en auto de veintisiete de agosto de dos mil quince. En relación, con los diversos actos reclamados diversos a los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se provee: Con apoyo en el artículo 113, en relación con los 6° y 15, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, respecto de los diversos actos reclamados distintos a los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, plasmados en la demanda de garantías promovida en favor de los directos agraviados. En efecto, los artículos 6° y 15, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.". De los transcritos preceptos legales, se advierte lo siguiente: a) El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado. b) El juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante, y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal. c) El juicio de amparo puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6º, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de en el proceso y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud para hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquéllos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Lo anterior, así lo sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 75/97, publicada en la página 351, Tomo VII, Enero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196956, la cual no ha sido superada, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante, y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues ya se dijo que esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1). Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2). Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Ahora, del análisis integral de la demanda no se advierte que se pretenda reclamar algún acto de los previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo o 22 Constitucional, ya que los hechos que la promovente señala como actos reclamados, no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y tampoco constituyen penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales. Lo anterior evidencia, que no se acredita el primer requisito previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que permite que cualquier persona, inclusive un menor de edad, pueda promover la demanda de amparo a nombre de otro, en virtud de que no se reclama ningún acto de los citados en el párrafo que antecede. Además, se insiste, en el caso no se actualiza alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que la legitimación en la causa, para promover el juicio de amparo indirecto, en términos del citado precepto legal, requiere, como se dijo, que se cumplan dos requisitos esenciales, primero, que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y, segundo, que el afectado esté imposibilitado para hacerlo directamente; y que alguno de los actos reclamados encuadren en las hipótesis previstas por el citado precepto Constitucional. En ese sentido, de las diligencias remitidas por el Juzgado Primero de lo Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca lo que evidencia que los agraviados, no han estado incomunicados; por lo que se colige que no estaban impedidos para promover la demanda. Así las cosas, se advierte que no existió legitimación procesal para instaurar la presente demanda de amparo en favor de la parte quejosa, porque no se reclama algún acto prohibido por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 Constitucional y, en ese sentido, que los quejosos estén imposibilitadas para ejercer la acción constitucional, porque ninguna razón se expone en ese sentido; por lo que, no existe razón que les impida promover personalmente en lo individual o por conducto de representante legal. En consecuencia, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Orienta esta determinación, la tesis aislada VI.2o.C.242 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Abril de 2006, página 1051, novena época, con número de registro 175298, la cual no ha sido superada, que dice: "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN EL AMPARO. NO DEBE PREVENIRSE AL PROMOVENTE SI NO ES TITULAR DEL DERECHO VIOLADO O DESCONOCIDO CUYA TUTELA PRETENDE A TRAVÉS DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que al tenor de la jurisprudencia P./J. 43/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 48, si el juzgador federal advierte que la representación con que se ostenta el promovente del juicio de amparo no está debidamente justificada, debe prevenirlo para que satisfaga el requisito omitido; también lo es que tal obligación no se actualiza cuando quien pide amparo no tiene legitimación en la causa, por no ser titular del derecho violado o desconocido cuya tutela pretende a través del juicio de control constitucional, esto en virtud de que, aun cuando se trata de un presupuesto procesal, no es de aquellos que puedan enmendarse o satisfacerse durante el procedimiento, dado que si la ley no otorga al sujeto el derecho de ser parte quejosa, por más que se le previniera para que demostrara tener tal carácter, tarde o temprano tendría que sobreseerse de conformidad con los artículos 73, fracción XVIII y 4o. de la Ley de Amparo." Por otra parte, toda vez que, de la comunicación de cuenta se advierte, que no fue posible su diligenciación, respecto de los agraviados Mara Janett García Arredondo, Isabel Cristina Cayetano García, Isaías Canseco Canseco, Rosalina Galván Calvo, Reyna Juárez Gonzáles, Margarita Gaspar Fabián, Reina Pérez Martínez, Sandra Zárate García, Joel José Cosme Vásquez, Pedro García Miguel y Claudia Celiflora Gutiérrez Méndez, a efecto de no dejarlos en estado de indefensión, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho vía fax al Juez Penal de Tlacolula de Matamoros Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, de inmediato y sin demora, dado que se trata de la suspensión de actos de atención privilegiada; comisione a quien corresponda a fin de que, EN UN HORARIO DE LAS OCHO HORAS A DOCE HORAS (8:00 A.M. A 12:00 P.M.), se constituya en las escuelas: a) "ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO DE SAN MATEO MACUILXOCHITL, TLACOCHAHUYA, TLACOLULA, OAXACA", y haga la búsqueda de los directos agraviados MARA JANETT GARCÍA ARREDONDO, ISABEL CRISTINA CAYETANO GARCÍA e ISAÍAS CANSECO CANSECO. b) "ESCUELA PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGÓN DE SAN JUAN GUELAVÍA, TLACOLULA, OAXACA", y haga la búsqueda de los directos agraviados ROSALINA GALVÁN CALVO, REYNA JUÁREZ GONZALES, MARGARITA GASPAR FABIÁN, REINA PÉREZ MARTÍNEZ, SANDRA ZÁRATE GARCÍA, JOEL JOSÉ COSME VÁSQUEZ, PEDRO GARCÍA MIGUEL Y CLAUDIA CELIFLORA. a. Certifique si se encuentran o no incomunicados. b. Certifique si presentan o no huellas de coacción física en su cuerpo (describiéndolas si es que existen huellas o lesiones visibles). c. Certifique si se encuentran o no detenidos. d. Les notifique este acuerdo en su integridad; asimismo, les requiera para que, en el momento de esa diligencia o dentro de los tres días siguientes, en su caso, ratifiquen la demanda que dio origen a este juicio, promovida a su favor (para tal efecto se les remite copia); apercibidos que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo. e. Les requiera para que en el acto de la diligencia o en plazo de tres días, computado legalmente, señalen autorizados y domicilio donde reciban sus notificaciones en esta ciudad; apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes, se les harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo. Una vez realizada la diligencia, la autoridad auxiliar, deberá devolver el despacho de que se trata; y con lo que en él se exponga o concluido el plazo mencionado, dése nueva cuenta a fin de proveer sobre la admisión o no de la demanda. Notifíquese personalmente..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA, EN VIRTUD DE HABERLOS SEÑALADO PARA SER NOTIFICADA PERSONALMENTE; SE DEJA A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA, LA COPIA AUTORIZADA DEL PROVEÍDO. CONSTE.)

  4. Principal

    MESA III B "... AGRÉGUESE, LA COMUNICACIÓN DE LA SUBDELEGADA DE PRESTACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE OAXACA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD Y ANEXOS; DONDE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, REMITE COPIA CERTIFICADA DEL CONTRA RECIBO DE CUENTA POR LIQUIDAR, DE DIEZ DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. POR CONSIGUIENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO; DÉSE VISTA A LAS PARTES, CON EL OFICIO DE CUENTA Y ANEXO, DEBIENDO ACOMPAÑAR COPIA CERTIFICADA DE AMBOS, Y ASÍ HACERLO CONSTAR EN LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS MANIFIESTEN LO QUE A SUS INTERESES CONVENGA; APERCIBIDAS QUE DE NO FORMULAR MANIFESTACIÓN, ESTE JUZGADO RESOLVERÁ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA CON BASE EN LOS DATOS Y ELEMENTOS QUE EXISTEN EN AUTOS. FINALMENTE, HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE MEDIANTE OFICIO SEADS/811/2015, DE VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, INFORMÓ QUE A PARTIR DEL DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EL JUEZ FIDEL GALLEGOS FIGUEROA ESTARÁ ADSCRITO A ESTE JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD..." NOT. PREVIO AVISO

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