Israel Cruz Barahona

Expediente 1672/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1672/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
05/04/2022

Partes del expediente

  • Israel Cruz Barahona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciséis de marzo de dos mil veintidós dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Israel Cruz Barahona; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1672/2021-8, promovido por Israel Cruz Barahona, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el veintidós siguiente en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veintitrés del mismo mes, Israel Cruz Barahona solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La omisión de acordar los escritos de catorce de febrero de dos mil veinte y once de noviembre de dos mil veintiuno, presentados en el juicio laboral 538/2007. 2 La omisión de acordar en relación a la subsistencia del trabajador. 3 La falta de ejecución del laudo de veintiuno de enero de dos mil veinte. 4 La omisión de señalar fecha y hora para la audiencia incidental de liquidación. 5 La omisión de señalar fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 2 Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 3 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En acuerdo de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1672/2021-8; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. El veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno y cinco de enero de dos mil veintidós, respectivamente por oficios, se emplazó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana e Instituto de Seguridad Social, ambas entidades del Estado de Tabasco, a quienes se les reconoció con ese carácter. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de acordar los escritos de catorce de febrero de dos mil veinte y once de noviembre de dos mil veintiuno, presentados en el juicio laboral 538/2007, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. La omisión de acordar en relación a la subsistencia del trabajador. La falta de ejecución del laudo de veintiuno de enero de dos mil veinte. La omisión de señalar fecha y hora para la audiencia incidental de liquidación. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS IDENTIFICADOS EN EL CONSIDERANDO QUE ANTECEDE CON LOS INCISOS B, C Y D. No son ciertos los aludidos actos reclamados porque, además de haberlo negado el Magistrado Presidente del referido órgano jurisdiccional en el informe justificado, de las copias certificadas que remitió del precitado expediente, se obtiene que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no se encontraba en aptitud legal para proveer conforme a la pretensión de la parte actora en el juicio natural, aquí quejoso. En efecto, de las aludidas constancias se advierte que en auto de doce de marzo de dos mil veinte, dictado en el expediente de referencia, tuvo por presentada la demanda de amparo directo promovida por la parte demandada en contra del laudo de veintiuno de enero de dos mil veinte. De la precitada demanda, se obtiene que la persona moral oficial solicitó la suspensión del acto reclamado para que la autoridad laboral en cuestión se abstuviera de continuar con el procedimiento de ejecución del laudo. Al respecto, en el punto CUARTO del referido proveído, el tribunal de mérito concedió la suspensión del acto reclamado en los siguientes términos; ". CUARTO.- Por último, tal como lo solicita la parte quejosa, se le concede la suspensión de la ejecución del acto reclamado en términos de lo dispuesto en los artículos 7, 125, 128 fracción I y 190 de la Ley de Amparo, por tratarse de una persona moral oficial que está exenta de prestar garantías por mandato de ley.". Sin que de las constancias remitidas se advierta que dicha determinación haya sido recurrida en su oportunidad por la parte actora, aquí impetrante, ante el Tribunal Colegiado del conocimiento, en términos del artículo 97 fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 97. El recurso de queja procede: . II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos: . b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes.". En relación a lo anterior, cabe tener en cuenta la tesis VIII.1o.C.T.10 L (10a.), formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Común, Laboral, Libro 78, septiembre de 2020, Tomo II, página 975, con ´número de registro 2022110, del siguiente rubo y texto: "RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO EN MATERIA LABORAL. EL TRIBUNAL COLEGIADO ESTÁ FACULTADO PARA MODIFICAR Y AUMENTAR LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, DAÑOS Y PERJUICIOS, AUNQUE EL RECURRENTE SEA EL PATRÓN, Y EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PROVEA EN FORMA INFUNDADA E INMOTIVADA SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. Del artículo 190, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se advierte que corresponde a la autoridad responsable decidir, en el plazo de veinticuatro horas, a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad; en tanto que tratándose de laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que a juicio del presidente del tribunal respectivo no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia; finalmente, conforme al párrafo tercero del precepto legal en cita, son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo en materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de la ley citada, cuyas decisiones puede revisar el Tribunal Colegiado de Circuito, a través del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción II, inciso b), de la mencionada ley, lo que implica que cuando el tribunal resuelve dicho medio de impugnación y reasume plenitud de jurisdicción, tiene facultades para subsanar los vicios de fundamentación y motivación relacionados con los requisitos de efectividad de la medida suspensional, por lo que es posible modificar, en detrimento del patrón, los montos fijados, si al apreciar las cantidades que precisó el presidente se advierte que son menores a las que realmente corresponde, sin que se infrinja el principio general de derecho non reformatio in peius, toda vez que ese axioma únicamente cobra aplicación cuando la autoridad cumple las formalidades legales respectivas, lo que no acontece si de autos se desprende que la autoridad responsable desatendió el orden público establecido por el legislador para garantizar la subsistencia de la parte obrera, así como la debida cuantificación y monto que corresponde a daños y perjuicios". En ese tenor, al haberse concedido la suspensión en los términos precisados, la ejecución del laudo se encuentra subjúdice a lo que se determine en el juicio de amparo directo, sin que la autoridad responsable pueda modificar dicha circunstancia, por carecer de aptitud legal para hacerlo. Sobre el particular, es aplicable, en lo conducente, la tesis IV.3o.118 K, formulada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materias(s): Común, Tomo XV-2, febrero de 1995, página 319, con número de registro 208389, del siguiente rubro y texto: "EJECUCION DE SENTENCIA. DEBE SOLICITARSE LA SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO PARA QUE NO PROCEDA LA. La instauración del amparo contra la sentencia culminatoria del sumario de origen no mantiene subjudice la ejecución de dicho fallo, puesto que el juicio constitucional no es un recurso ordinario cuya promoción suspenda oficiosamente, sin más trámite, el procedimiento natural, sino por tratarse de un juicio extraordinario, es menester que exista petición de parte para suspender la ejecución del acto reclamado, conforme a los lineamientos definidos por la Ley de Amparo, por lo cual si no media la solicitud de suspensión de la resolución reclamada prevista en el artículo 174 de la citada legislación es clara la inexistencia de trabas legales que obstaculicen la ejecución del laudo, debido a que no se solicitó la medida cautelar, por ende queda expedita la jurisdicción de la responsable para proceder a la ejecución". Asimismo, sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Por lo expuesto, se consideran inexistentes los referidos actos reclamados; en consecuencia, respecto de los mismos, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del siguiente rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO CONCERNIENTE A LA OMISIÓN DE ACORDAR LOS ESCRITOS DE CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE Y ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Es cierto el precitado acto reclamado, aun cuando lo haya negado la autoridad responsable en el informe justificado, ya que de las copias certificadas que remitió se advierte que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno- no había acordado los escritos de mérito. Al respecto, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE AMPARO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la suscrita advierte que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado relativo a la omisión de acordar los escritos de catorce de febrero de dos mil veinte y once de noviembre de dos mil veintiuno, presentados en el juicio laboral 538/2007; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el aludido ordinal dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado cesan cuando las autoridades responsables lo derogan o revocan y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando las autoridades, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que, en proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio natural, acordó los escritos de catorce de febrero de dos mil veinte y once de noviembre de dos mil veintiuno, a que alude la parte quejosa. En cuanto al primero, tuvo por presentada la planilla de liquidación; en relación al segundo, estableció que estaba imposibilitada para acordar favorable sobre la subsistencia del trabajador, porque la entidad pública demandada, Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, por conducto de su apoderada legal, promovió juicio de amparo directo en contra del laudo; y una vez que se resuelva y quede firme la determinación impugnada, estará facultada para señalar fecha y hora para la audiencia incidental de liquidación y, en su caso, señalará fecha para la diligencia de requerimiento de pago. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno-, indudablemente existía el acto reclamado. Sin embargo, a la data del presente fallo, los efectos del mismo ya habían cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la tercero interesada, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Israel Cruz Barahona, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos TERCERO y QUINTO de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de dieciséis de febrero del año en curso, remite copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente laboral 538/2007 de su índice; en consecuencia, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista con éstas a las partes, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga; sin perjuicio de relacionarlas en la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al ocursante de cuenta, ofreciendo como prueba en el presente asunto la documental que anexa al oficio que se provee. Sobre el particular se invoca, en lo conducente, la tesis XXI.2o.16 K, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN.". Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de dos de los actuales, se tuvo al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, rindiendo su informe justificado, del que se advierte que no envió la totalidad de las constancias necesarias para el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero de la ley de la materia, requiérase a dicha autoridad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede notificado del presente acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de todas y cada una de las actuaciones del expediente laboral 538/2007 de su índice, a partir del laudo hasta la última actuación, las cuales deberán ser legibles, foliadas, entreselladas y costuradas, en virtud de que resultan necesarias para resolver el presente asunto. En el entendido, que de no cumplir, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de amparo, se le aplicará a Narciso Contreras Hernández, multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00. (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año, al tenor de la parte conducente de los artículos 192, 193, 195, 197 y 258 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 6, visible en la página 728, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO.- El nuevo texto del último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo no establece solamente una facultad potestativa de los tribunales de control constitucional para recabar oficiosamente pruebas cuando se actualicen los supuestos previstos en el mismo, susceptible de ejercitarse o no. Por el contrario, impone como un deber de los Jueces de amparo el de recabar en forma oficiosa las pruebas que fueron rendidas ante la responsable, que no obren en los autos del juicio constitucional y que estimen necesarias para la resolución del asunto. Por tanto, de acuerdo con la nueva redacción del precepto que se examina, de no cumplir los Jueces de Distrito la obligación de recabar pruebas oficiosamente cuando ello sea procedente, su omisión constituirá una infracción a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, que motivará la revocación de la sentencia recurrida en revisión para reponer el procedimiento, a fin de que el Juez de amparo omiso cumpla con lo ordenado en el artículo 78, último párrafo, de la misma ley." Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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