Israel Cristina Campaña Salcido

Expediente 735/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
735/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
18/11/2020

Partes del expediente

  • Israel Cristina Campaña Salcido

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta que la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal, en contra del auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 21 inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni conservable. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Se requiere a la parte quejosa, para que, dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger la documental que exhibió, apercibida que, de no hacerlo en el aludido término, dicho documento podrá ser destruido junto con este expediente. El entendido de que, para acudir por los aludidos documentos, deberá generar una cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, "Agenda OJ", tal como lo prevé el "Capítulo II. Atención al público en general", del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obra constancia de notificación a la parte quejosa el proveído de veintiocho de agosto del presente año, por tanto, se comisiona nuevamente al Actuario Judicial que corresponda para que realice dicha notificación. En acatamiento al anterior acuerdo de treinta de octubre de dos mil veinte, se notifica a la parte quejosa la resolución de veintiocho de agosto de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Arturo Díaz Maldonado, en su carácter de apoderado general judicial para pleitos y cobranzas del GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO y del SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, contra actos de autoridades; con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHARLA DE PLANO, por actualizarse un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, opera lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 1, fracción I; 5, fracción I; 6; y 7; todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De los artículos reseñados se aprecia que el juicio de amparo tiene como finalidad la protección de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, a favor del gobernado, frente a las autoridades del estado, así como la tutela del régimen de competencias que la Constitución ha reservado a las autoridades federales y a las de los Estados, siempre que la invasión en la esfera de atribuciones se traduzca en una violación de un derecho subjetivo público del propio gobernado. Efectivamente, los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como prerrogativas creadas a favor de los gobernados, con la finalidad de reconocer sus derechos mínimos y que los mismos sean respetados por el Estado en el ejercicio de poder que llevan las autoridades, son los que están protegidos por el juicio de amparo y sólo, excepcionalmente, el Estado podrá ocurrir en solicitud de amparo y protección de la Justicia Federal cuando las personas morales oficiales se vean afectadas en su patrimonio y únicamente respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, conforme al artículo 7 de la Ley de Amparo. Así es, el juicio de amparo se instituyó para salvaguardar los derechos humanos reconocidos y las garantías individuales del gobernado, frente a los desvíos del poder público, pero excepcionalmente, según lo autoriza el artículo 7 supra citado, es permisible a las personas morales oficiales que hagan uso de dicho medio extraordinario de defensa, siempre y cuando el acto que reclamen afecte su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares; es decir, cuando no actúen provistas del ius imperium, sino en el mismo plano de un particular y exista afectación patrimonio, siendo en esa circunstancia cuando el Estado, por una ficción legal, actuando como persona moral de derecho privado capaz de entrar en relación de naturaleza civil de la que derivan derechos y obligaciones, está legitimado para hacer uso del juicio de amparo en defensa de sus intereses patrimoniales. Por ello, tratándose de personas jurídicas oficiales, la única posibilidad que les asiste para promover juicio de amparo indirecto es cuando lo hagan en defensa de sus intereses patrimoniales y con motivo de una relación de coordinación frente al particular, habida cuenta que en el procedimiento constitucional lo que les otorga legitimación es el perjuicio que les ocasione el acto o la ley que reclamen, esto es, la circunstancia de haber actuado en el procedimiento de origen respectivo no les da la legitimación necesaria para acudir a la vía de amparo indirecto, pues lo único que les otorga interés suficiente para ello es que defiendan sus derechos patrimoniales en una relación de coordinación con el gobernado, ya que en este supuesto no actúan en funciones de autoridad, sino como personas jurídicas de derecho privado. Lo anterior se explica porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de sus derechos humanos, creó el juicio de amparo como un medio de control constitucional; luego, siendo en esencia las garantías individuales, hoy derechos humanos, restricciones al poder público que salvaguardan derechos fundamentales del individuo, queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de garantías individuales y, por lo mismo, que no puede promover juicio de garantías. La causa u origen de esta excepción radica en que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter: como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público; en la segunda situación, obra en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos, pero para ello celebra actos jurídicos sin ejercer facultades de imperio, sino en un plano de coordinación frente al gobernado. Esta equiparación en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado y a sus personas morales oficiales de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél obra como persona moral de derecho privado, derechos tutelares que quedan acotados a cuestiones patrimoniales protegidas por el juicio constitucional. Establecido lo anterior, en el caso se reclama la omisión por parte de las autoridades responsables pertenecientes a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de dar trámite a la denuncia de juicio político presentada por la parte quejosa el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, misma que fue ratificada el uno de diciembre de ese mismo año. En esas condiciones, es inconcuso que la parte quejosa promueve el presente juicio de amparo contra omisiones que no afectan su patrimonio, toda vez que impugna un acto dentro de un juicio político en el que interviene como denunciante; es decir, no compareció a dicho procedimiento en defensa de su patrimonio, sino para denunciar omisiones por parte de los servidores públicos que refiere, que redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Por ende, si los actos reclamados no afectan el patrimonio de la autoridad como particular en el dicho juicio político, se concluye que en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Lo anterior evidencia la carencia de legitimación de la parte quejosa para acudir a esta instancia constitucional, pues como ya se dijo y aquí se reitera, tratándose de personas morales oficiales, la única posibilidad para que puedan promover juicio de amparo es cuando lo hagan actuando en calidad de personas morales de derecho privado en defensa de sus intereses patrimoniales y derivado de una relación de coordinación frente al gobernado, habida cuenta que lo que les otorga legitimación en el procedimiento constitucional es el perjuicio que les ocasione el acto o la ley que reclamen; lo que no ocurre en el caso, en la medida que el acto reclamado no afecta el patrimonio como particular de la parte quejosa. Tiene aplicación, por analogía, el siguiente criterio: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos". (Época: Décima Época. Registro: 2015321. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 128/2017 (10a.). Página: 1022). En esas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 1, fracción I; 5, fracción I; 6; y 7; todos de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo interpuesta. Se tienen como autorizados de la parte quejosa, en los términos restringidos de los artículos 12, segunda parte, y 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a quienes menciona por así haberlo solicitado. Con relación a la autorización para la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto y la práctica de sus notificaciones por dicha vía, se acuerda favorable su solicitud, y se comisiona al Secretario del Juzgado habilite la vía electrónica de acuerdo con las condiciones que la misma requiera, con fundamento en el artículo 3 de la ley de la materia y al Actuario adscrito para que practique las notificaciones, incluso las de carácter personal, en la citada vía, dado que la parte quejosa lo solicitó expresamente. No obstante lo anterior, en atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. En relación a la solicitud del uso de medios electrónicos y digitales en el presente asunto, se acuerda favorable su petición por lo que no existe inconveniente para que las personas autorizadas en el juicio de amparo se impongan del contenido de los acuerdos dictados en el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos como lo son cámaras o lectores ópticos, dejando constancia en autos de la reproducción realizada. Dígasele a la parte quejosa que el uso que den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Como lo solicita, expídasele copia del presente acuerdo, por tanto, a fin de obtener de manera más ágil una consulta de las constancias obrantes en el expediente, y en aras de una justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 Constitucional, expídasele a su costa las copias simples de las constancias que solicita, previo recibo y razón que se otorgue en autos; en el entendido de que para acudir por las copias relativas, deberá generar una cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, "Agenda OJ", tal como lo prevé el "Capítulo II. Atención al público en general", del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. De conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (modificado en el Acuerdo General Conjunto S/N-2007), y del Acuerdo General del propio Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, hágase saber a las partes que sus datos personales se harán del conocimiento de terceros, pero podrán oponerse en los términos, plazos y condiciones establecidos en esos ordenamientos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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