Israel Cortes Mejia
Expediente 1030/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1030/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Israel Cortes Mejia
- ISRAEL CORTES MEJIA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de julio de dos mil dieciséis. Vista la cuenta y certificación secretarial que anteceden, así como el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a) en contra del auto dictado con fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que promovió la parte quejosa; dentro del término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo que establecen los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo que promovió; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, Segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de junio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de garantías presentada por ******** ; contra actos del Director de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número que le corresponda. Del examen de las constancias que exhibe el promovente del amparo, se advierte la improcedencia del juicio de garantías. En efecto, el promovente en su demanda de garantías, señala como acto reclamado en concreto el citatorio Único de fecha trece de junio de dos mil dieciséis, expedido por la autoridad responsable, el cual argumenta le dejaron los inspectores del citado municipio, que se presentaron en su domicilio para clausurar la obra en construcción que está realizando en el patio de su casa. Ahora, a juicio de quien ahora resuelve, se estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". De lo anterior, se desprende que en términos de la aludida fracción XX del numeral 61, de la Ley de Amparo, para que se surta la improcedencia del juicio de garantías es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: 1. Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo. En el caso, los actos reclamados emanan de autoridades del municipio de Jiutepec, Morelos. De lo antes expuesto se desprende que el acto reclamado proviene de autoridades distintas a los tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida por el ordinal 61, fracción XX, de la Ley de la Materia. 2. Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso. Por cuanto a este segundo requisito, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé: "ARTÍCULO 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley." Por otra parte, el precepto 40, fracción I de la ley citada, dispone que el Tribunal de Justicia Administrativa tendrá competencia para conocer: "ARTÍCULO 40. El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá competencia para conocer: I. De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal, que en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los particulares". De la trascripción de los preceptos invocados, se advierte con claridad que la demanda de amparo indirecto que se provee es de notoria improcedencia, en virtud de que en contra del acto que reclama el impetrante de amparo, procede el juicio de nulidad que se promueva ante el Tribunal de Justicia Administrativa, conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, antes citado, el cual puede revocar, modificar o nulificar los actos reclamados y consecuentemente el ahora peticionario de garantías podrá obtener la reparación de los derechos que estiman conculcados, motivo por el cual se actualiza la segunda hipótesis Por otra parte, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo le corresponde resolver las controversias que se susciten entre la administración pública de dicha entidad y los particulares, tal como lo establecen los artículos 1o. y 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, citados en párrafos que anteceden. En consecuencia, ante la controversia planteada por , este Juzgado de Distrito considera que se debe promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia. En las anotadas circunstancias, al no tener el acto reclamado el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo indirecto por las razones primeramente citadas, aunado al hecho de no ser competente este Órgano de Control Constitucional, en términos del dispositivo 113 de la Ley reglamentaria del juicio de garantías, SE DESECHA de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por . Es aplicable por identidad de razón, la tesis I.7o.A.166 A, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, CUANDO SE COMBATE EL ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN Y LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA SANCIÓN PECUNIARIA, EMITIDAS POR AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. Conforme al artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, las personas afectadas por actos y resoluciones de dichas autoridades pueden interponer el recurso de inconformidad establecido en la propia ley, o bien, promover el juicio de nulidad en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Por su parte, el artículo 60 de la ley de ese tribunal dispone que para obtener la suspensión de actos que impongan multas y determinen créditos fiscales se requiere, para quien la solicite, garantizar el importe correspondiente en alguna de las formas establecidas en el propio numeral. Los anteriores requisitos no son mayores a los exigidos en el artículo 135 de la Ley de Amparo, en atención a que ese numeral prevé que en caso de que el amparo se pida contra cobros de contribuciones, procede otorgar la medida cautelar, la que surtirá efectos previo depósito que se haga de la cantidad que se cobre en la oficina correspondiente. Así pues, en ambos casos se debe garantizar el monto de la multa o de la contribución de que se trate. En consecuencia, en la hipótesis narrada no se actualiza la excepción prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ello, previamente a la promoción del juicio constitucional, debe agotarse el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, con el fin de respetar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional.". Asimismo, sirve de aplicación la jurisprudencia XXI.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 75, Octava Época, 56, Agosto de 1992, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dispone: "CONCEPTO DE DEFINITIVIDAD. SU INTERPRETACION. SEGUN SE DESPRENDA DE LAS HIPOTESIS DE LOS ARTICULOS 73 O 114 DE LA LEY DE AMPARO. El principio de definitividad consagrado en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, estriba en que el juicio de garantías es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno. Ahora bien, el segundo párrafo, de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, señala: "114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de éstas últimas hubiese quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia.". Del análisis de esta hipótesis de procedencia del amparo indirecto, se desprende que la resolución definitiva a que se refiere, debe entenderse como aquélla que sea la última, la que en definitiva ponga fin al asunto, impidiendo con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos de procedimiento, los cuales sí podrán ser estudiados una vez que se haya emitido la resolución que ponga fin al procedimiento en cuestión." De igual forma, la tesis I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. No pasa inadvertido lo manifestado por los quejosos en cuanto a que el acto reclamado se emitió sin encontrarse debidamente fundado, lo que podría dar lugar a la procedencia del juicio en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, sin agotar los medios de defensa ordinarios; sin embargo, como se advierte del citatorio que anexa el impetrante a su demanda, se expone el fundamento legal que la autoridad consideró aplicable, sin poderse analizar si los razonamientos son correctos y si los preceptos legales que se invocan resultan aplicables, si el mismo fue expedido por autoridad competente o cualquier otra cuestión de fondo, al haberse actualizado la causal de improcedencia estudiada. Lo anterior es así, pues para la procedencia del juicio de garantías es menester que el acto reclamado carezca totalmente de fundamentación, lo que no acontece en el presente caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.A.128 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 375, tomo XIII, Abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 212868, en la que se dispone: "FUNDAMENTACIÓN, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, contiene la obligatoriedad de agotar los medios de defensa que se establecen en las leyes en contra de los actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos, o del trabajo, la propia fracción en su última parte prevé una excepción a este principio que consiste en la falta de fundamentación del acto reclamado, la que obedece a que no es posible obligar a los particulares a agotar un recurso cuando no se le han dado a conocer los fundamentos del acto y por ende de la ley en donde se contemple el mismo. De esta manera, si la autoridad emite un acto de molestia pero en él se omite invocar precepto alguno que lo justifique, entonces el juicio de amparo sí es procedente, sin necesidad de agotar previamente algún medio de defensa, pero esta omisión debe ser total, esto es, el acto en sí debe carecer de precepto alguno y no debe confundirse con una indebida fundamentación, porque este último supuesto implica que el acto sí tiene fundamentación, ya que si se citan preceptos, pero éstos son inaplicables o están indebidamente citados, caso en el cual, si existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia. Así, la falta de fundamentación del acto de molestia, no tiene el mismo alcance de la indebida fundamentación, porque el primer supuesto, es una violación directa a la Constitución, y esto sucede cuando no se cita precepto alguno en el acto, esta hipótesis es la que se establece en la última parte de la fracción en comento. En cambio, el segundo supuesto (indebida fundamentación), produce una ilegalidad del acto, en el cual, sí se deben agotar los medios ordinarios previo al amparo. Lo anterior obedece a que la primera es una violación formal al artículo 16 constitucional, porque hay ausencia de fundamentación, y el acto de molestia es en sí mismo inconstitucional, porque no evidencia norma alguna que pudiera justificarlo, mientras, habrá una violación material a este precepto constitucional, por una incorrecta fundamentación en el acto de molestia". Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a sin perjuicio de que los quejosos lo substituyan por otro. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona, no así en términos del ordinar 27 de la Ley de Amparo, en razón de que en dicho precepto se establecen las reglas conforme a las cuales se realizarán las notificaciones personales en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
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