Israel Chavez Taboda
Expediente 736/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Israel Chavez Taboda
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de nueve de mayo del año en curso, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. .. se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. .. archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. .. se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica... Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ante este propio órgano jurisdiccional, se encuentra registrado el juicio de amparo ***, promovido por ***, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y otras autoridades de quienes reclama las omisiones de no concluir el proceso de regularización ordenado por el Gobernador del Estado, denominado "Acuerdo por el que se instruye la regularización del servicio de transporte público de pasajeros, con y sin itinerario fijo, exclusivamente en la zona metropolitana conformada por los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec del Estado de Morelos; y por el que se suspende la expedición de nuevas concesiones de ese servicio en la referida zona", y otros. Acumulación. De lo anterior, este Juzgado Federal, estima pertinente destacar que es un hecho notorio para quien esto determina y del estudio integral de las demandas, resulta evidente que fueron promovidas en contra de las mismas autoridades y por idénticos actos reclamados, siendo diversos los quejosos; por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, decreta la acumulación de oficio, de los juicios de amparo ***, para que funjan como uno solo. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia P./J. 24/2015 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número *** y sus acumulados ***, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113, de la Ley de la Materia, se desechan las mismas, en atención a que de su contenido, este Juzgado Federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62, de la Ley de la Materia. Los quejosos señalan como acto de molestia las omisiones de no concluir el proceso de regularización ordenado por el Gobernador del Estado, denominado "Acuerdo por el que se instruye la regularización del servicio de transporte público de pasajeros, con y sin itinerario fijo, exclusivamente en la zona metropolitana conformada por los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec del Estado de Morelos; y por el que se suspende la expedición de nuevas concesiones de ese servicio en la referida zona". Sin embargo, se estima que tales actos no son susceptibles de analizarse en esta instancia constitucional, pues, en la especie se actualiza la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio constitucional, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Lo anterior es así, pues tal como lo exige la porción normativa acabada de invocar, el acto que se combate en esta instancia constitucional y que ya quedó detallado en párrafos precedentes, provienen de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como lo son el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno, Secretaría de Movilidad y Transporte y Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad. Ahora bien, en la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, se concede la facultad al particular gobernado para impugnar mediante un procedimiento administrativo, cualquier acto administrativo dictado o ejecutado por los servidores públicos de la Administración Pública Estatal o Municipal, tal como se advierte de los numerales 1°, 2° y 54 de dicha ley, que en lo conducente, dicen: ... Sin embargo, como en dicha legislación no se prevé la suspensión del acto impugnado que, de acuerdo con la invocada fracción XX del artículo 61 de la Ley de la Materia, se trata de uno de los requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causal de improcedencia de que se trata, es necesario entonces acudir a una diversa ley aplicable en el propio Estado de Morelos, donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. En ese sentido, la Ley de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa, en su numeral 1°, concede el derecho a cualquier persona física o moral, de impugnar los actos, omisiones y resoluciones, de carácter administrativo o fiscal, emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de su administración centralizada y paraestatal, así como de actos y resoluciones de empresas de participación estatal y municipal, cuando estas realicen funciones administrativas de autoridad, o de los ayuntamientos, que afecten sus derechos e intereses legítimos, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y los Tratados Internacionales y por esta Ley. También podrán impugnar los actos y resoluciones de carácter fiscal producidos por los organismos descentralizados Estatales o Municipales. Asimismo, debe decirse que, en dicha legislación se conceden atribuciones al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, para conocer mediante el juicio de nulidad cualquier actos, omisiones o resolución de carácter administrativo o fiscal, que en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal, o Municipal, en perjuicio de los particulares. Esto último, se corrobora con lo que disponen los artículos 3º, y 37, fracción II, de la misma legislación mencionada, que en lo conducente dicen: ... De igual forma, en la ley que se viene comentando, existe un capitulado relativo a la suspensión y de otras medidas cautelares que se combatan mediante el juicio de nulidad que se proponga ante el tribunal de mérito, en el cual se señala lo siguiente: TÍTULO SÉPTIMO DE LA SUSPENSIÓN Y DE OTRAS MEDIDAS CAUTELARES ... Además, cabe decir que en el caso no operan los casos de excepción a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativo a que la legislación que contiene el recurso que debe agotar la promovente del amparo, no exija mayores requisitos que los que la Ley de la Materia consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, ya que, con independencia de no haberse solicitado tal medida, por la propia y especial naturaleza del acto de molestia, es evidente que no es susceptible de suspenderse, pues reviste de un acto omisivo por parte de la responsable al no concluir con un programa de regularización de transporte público. Al caso, es aplicable la tesis número 25, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Común, P.R. SCJN, página 19, cuyo rubro y texto que dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. OPERA CONFORME A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN ACTOS NEGATIVOS. Además de que, evidentemente el acto reclamado carece de fundamentación, pues no ha sido expresado por la autoridad responsable por escrito, lo que no conduce a que se actualice la excepción prevista en la porción normativa antes señalada. No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción legal antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas al procedimiento y/o auto de vinculación a proceso, pues como se ha visto, el acto de molestia, se refiere a la omisión de concluir con el programa de regularización del transporte público colectivo en el Estado de Morelos . Por último, no pasa inadvertido que los promoventes alegan una violación a los artículos 1º, 5º, 8º, 14, 16 y 17 Constitucionales; sin embargo, si bien todos los juicios de amparo proceden en los casos en que aparentemente las autoridades vulneran o restringen derechos humanos previstos en la Constitución o en los tratados internacionales en que México sea parte, no por ello significa que la demanda de amparo deba admitirse, pues uno de los requisitos que los justiciables deben cumplir para acceder a la justicia constitucional es cumplir con el requisito de procedibilidad, que en el caso, sería interponiendo el recurso respectivo, lo que no hicieron. En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar por notoria e indudablemente improcedente las demandas de amparo de que se tratan, de acuerdo con los numerales 112 y 113 de la legislación en consulta . Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 26, fracción III, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en lugar visible de este juzgado por así solicitarlo. Tiene aplicación al caso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, página un mil sesenta y siete, cuyo rubro establece: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Notifíquese personalmente
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