Israel Castro Lopez
Expediente 362/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 362/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Israel Castro Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. QUEDA FIRME AUTO Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso d); en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno principal es susceptible de depuración, de conformidad con la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, al antedicho Centro. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese para que obre como corresponda el oficio remitido por la Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en Funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia auténtica del audio y video de la audiencia de doce de septiembre del año en curso, emitida en la causa penal *********************, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la interpretación relacionada de los artículos anteriormente transcritos, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó rastro alguno en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, en el caso el acto reclamado lo constituye el auto de doce de abril del año en curso, en el cual se negó la reapertura de la etapa de investigación complementaria en relación a la causa penal ********************* instruida en contra del quejoso. Sin embargo, en audiencia de doce de septiembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable ordenó la reapertura del proceso en la etapa de investigación complementaria en la cauda penal ********************* por el plazo de dos meses, feneciendo el mismo el doce de noviembre del presente año; por lo cual, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la violación reclamada desapareció con el dictado de la determinación reseñada, con lo cual el quejoso fue restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica, pues las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, registro 193758, con el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese tenor, se hace imposible la prosecución del presente juicio de amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse la citada causa de improcedencia; por lo cual, no hay necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, pues como ya se dijo, en el caso han cesado los efectos del acto reclamado; por lo cual, lo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, misma que se encuentra señalada para las once horas del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Por otro lado, la autoridad responsable anexa un disco compacto DVD, que contiene al parecer copia del audio y video de la audiencia de doce de septiembre de dos mil diecinueve, respecto de la carpeta judicial *********************, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. De igual forma, hágase la anotación en el Libro Auxiliar "B" de Control Interno Libro de Registro de Documentos y Objetos Varios, y en la lista de ingresos, levántese la certificación respectiva de dichas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el informe justificado que rinde la autoridad señalada como responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; con lo anterior, dése vista a las partes, a efecto de que se impongan con la anticipación debida de su contenido, y en su oportunidad hágase nueva relación en la audiencia constitucional correspondiente, de conformidad con lo previsto en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales que anexó la autoridad de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional correspondiente. Por otro lado, la autoridad responsable anexa un disco compacto DVD, que contiene al parecer copia del audio y video de la audiencia de doce de abril de dos mil diecinueve, así como de la carpeta judicial 353/2018, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. De igual forma, hágase la anotación en el Libro Auxiliar "B" de Control Interno Libro de Registro de Documentos y Objetos Varios, y en la lista de ingresos, levántese la certificación respectiva de dichas circunstancias. Por lo que respecta al legajo de constancias que anexa la autoridad informante, se ordena la apertura de un tomo de pruebas, para su mejor manejo y cuidado de los autos, que se identificará como Tomo I de pruebas.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese para que obre como corresponda la razón actuarial que antecede, de la que se advierte que no le fue posible al Actuario Judicial adscrito, hacer la entrega del oficio 12075 dirigido a la autoridad responsable Agente Fiscal de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, toda vez que al constituirse en las instalaciones de las oficinas de la Subdelegación Estatal de la Procuraduría General de la República, de esta ciudad, le informaron que no existe la autoridad con dicha denominación; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se declara inexistente dicha autoridad, para todos los efectos legales correspondientes, sin necesidad de hacer relación de la misma en la audiencia y sentencia constitucional respectivas.
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