Israel Castillo Juarez
Expediente 1409/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1409/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Israel Castillo Juarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que esté trascurriendo el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las autoridades responsables impugnaran el citado proveído; ello, toda vez que carecen de legitimación para interponer el citado medio de impugnación contra la determinación en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, pues no les ocasiona afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, ya que se sobreseyó en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración por su contenido, la Jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible a fojas 2464, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, que dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita." En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído dictado el catorce de noviembre del año en curso, se sobreseyó el presente juicio de amparo juicio fuera de audiencia constitucional; sin embargo se omitió notificar dicha determinación a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio. En tal virtud, mediante atento oficio que al efecto se les gire, córrase traslado con copia autorizada del proveído en mención, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el defensor de la parte quejosa; lo anterior, toda vez que mediante proveído dictado el catorce de noviembre del año en curso, se sobreseyó el presente juicio de amparo juicio fuera de audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y por la Encargada de Sala y de Atención al Público Comisionada a la Unidad de Gestión para las Salas de Segunda Instancia, y anexo que se acompaña. Asimismo, téngase a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos, relativo a la legitimación del promovente Juan Carlos Coronado Ayala en su carácter de defensor del quejoso Israel Castillo Juárez. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, especialmente la demanda constitucional, atento a lo previsto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , se desprende que los actos que efectivamente se reclaman se hacen consistir en: - La determinación de diez de octubre de dos mil veintidós dictada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca UG/ASA-307/2022 de su índice, por la que declaró sin materia y desechó de plano el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en esta ciudad, el dos de julio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal número RI/SLP/CP-805/2019. Ahora bien, de las constancias exhibidas en este asunto por los Magistrados integrantes de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, las cuales tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; en concepto de esta juzgadora, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, debe decirse que de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable, así como de los antecedentes expresados por la parte promovente, bajo protesta de decir verdad, en su escrito inicial de demanda, se desprende lo siguiente: 1. El dos de julio de dos mil veintiuno se dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso Israel Castillo Juárez, dentro de la causa penal RI/SLP/CP-942/2018. 2. Inconforme con la resolución anterior, el quejoso interpuso recurso de apelación, al que recayó la determinación de diez de octubre de dos mil veintidós dictada por los Magistrados de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, dentro del toca UG/ASA-307/2022, en la que se declaró sin materia y se desechó de plano, por resultar notoriamente extemporáneo el citado medio de impugnación. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. 3. A su vez, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación en su contra, mismo que se tuvo por interpuesto el veintiuno de octubre del presente año. 4. Previos trámites legales, mediante interlocutoria dictada el siete de noviembre del año en curso, la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, declaró procedente el recurso de revocación por lo que dejó insubsistente la determinación de diez de octubre del año en curso y, por tanto, admitió el recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra de la sentencia condenatoria dictada en su contra. En tal virtud, se considera que, en relación en con el acto reclamado, consistente en la determinación de diez de octubre del año en curso dictada dentro del toca UG/ASA-307/2022, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.].". La hipótesis legal contiene la cesación de efectos del acto reclamado. De manera abstracta consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón que justifica la improcedencia de que se trata, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, de tal manera que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, la cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino lo innecesario de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. El segundo supuesto se materializa por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el acto ulterior por el cual fue sustituido. En la especie, se estima actualizada la segunda hipótesis en mención, es decir, la cesación de efectos por sustitución procesal. Como quedó asentado, la parte quejosa reclama lo acordado en proveído de diez de octubre de dos mil veintidós dictado por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca UG/ASA-307/2022, por el que se desechó el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada en su contra. No obstante, como se advierte de las documentales que los Magistrados de la Sala responsable anexaron a su informe justificado, consistente en copia certificada de todo lo actuado dentro del citado toca UG/ASA-307/2022, de su índice, cuyo valor probatorio otorgado con antelación se reitera, se desprende que, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación en contra de la determinación de diez de octubre del año en curso reclamada y, por resolución interlocutoria de siete de noviembre de la presente anualidad, se declaró procedente el citado medio de impugnación, dejándose insubsistente la determinación de diez de octubre del año en curso y, por tanto, se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria dictada en la causa penal de origen. Es decir, que la resolución de siete de noviembre del año en curso, que tuvo por admitido apelación interpuesto por el aquí quejoso en contra de la sentencia condenatoria dictada dentro de la causa penal referida con antelación, sustituyó procesalmente a la diversa determinación contenida en el acuerdo de diez de octubre anterior y que constituye el acto reclamado. De ahí, que con respecto al auto de diez de octubre de dos mil veintidós, dictado en el toca UG/ASA-307/2022 del índice de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en el que se desechó el recurso de apelación interpuesto por el quejoso Israel Castillo Juárez, ha operado la cesación de sus efectos por sustitución procesal. Así las cosas, la resolución que prevalece y la que actualmente rige la situación jurídica de la parte quejosa en el citado toca del índice de la Sala responsable, es la de siete de noviembre de dos mil veintidós, en la que se tuvo por admitido el multicitado recurso ordinario. Lo anterior es así, pues una determinación reemplaza procesalmente a la otra. Por tanto, el acto reclamado en esta instancia constitucional, ha dejado de tener efectos jurídicos propios, pues ha sido sustituido procesalmente, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.769 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que precisa: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Al igual que la tesis de jurisprudencia III.2o.C. J/22, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por consiguiente, al quedar sustituida procesalmente la determinación impugnada de diez de octubre de la presente anualidad por la diversa resolución de siete de los presentes, es indudable que se materializa la causa de improcedencia del juicio de amparo contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, circunstancia que impone sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la misma legislación. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DE UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; hágase personalmente a la parte promovente.
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