Israel Calva Corro

Expediente 13/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
13/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
17/08/2022

Partes del expediente

  • Israel Calva Corro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta firmado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como testimonio autorizado de la ejecutoria dictada el veintiuno de julio de dos mil veintidós, en el recurso de queja 20/2022 del registro de dicho órgano jurisdiccional, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso ***, contra el auto de veinte de enero de dos mil veintidós, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dentro del juicio de amparo 13/2022.". Acúsese a la superioridad el recibo correspondiente. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósense al expediente principal devuelto, únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes que se integró con motivo del envío de aquél a dicho tribunal. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. En consecuencia, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, en cumplimiento al artículo 21, inciso b), del mencionado Acuerdo General, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el cual transcribe el auto de dos del mes y año en curso, del que se advierte que ese tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso ***, en contra del auto de veinte de enero de dos mil veintidós; y, se radicó bajo el número 20/2022, del índice de dicha superioridad. Circunstancia de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado electrónicamente por el quejoso ***, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veinte de enero de dos mil veintidós, dictado dentro del presente sumario constitucional. En consecuencia, se tiene por interpuesto el aludido medio de defensa; y con fundamento en el artículo 101 de la ley de la materia, ríndase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, el informe sobre la materia del recurso de queja, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO y, en apoyo a lo anterior, envíese el presente expediente a la superioridad, así como el original del escrito de agravios, para la substanciación del aludido medio de impugnación. En ese sentido, con copia autógrafa del presente proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Finalmente, en relación con las personas que señala como autorizadas y el domicilio para oír notificaciones, así como los teléfonos y correo electrónico, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en auto de diez de enero del año en curso.

  4. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso ***, mediante el cual, da cumplimiento a la prevención formulada por este juzgado federal el diez de enero del año que transcurre, en los términos efectuados en el ocurso de referencia. Atento a lo anterior, vista de nueva cuenta la demanda de amparo que promueve el quejoso, por propio derecho, contra actos de la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otra autoridad y, de un análisis efectuado a la misma, así como al escrito aclaratorio, se advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En el caso concreto, la parte quejosa señaló como actos reclamados el acuerdo emitido el diez de noviembre de dos mil veintiuno dictado en el expediente ***del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, que admitió a trámite el juicio de reconocimiento de paternidad y se señaló día y hora para el desahogo de una junta familiar, así como la omisión de notificar dicha actuación a las partes y, en consecuencia, la dilación procesal en llevar a cabo el reconocimiento de la paternidad. Sin embargo, no procedente admitir la demanda de amparo, dado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.).". El precepto legal inserto contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus excepciones; dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que, aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En efecto, en el caso opera la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de constitucional tratándose de actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso, o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados o revocados. Sin que en la especie se actualice la excepción relativa a que cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. En consecuencia, no se actualizan las excepciones que contempla dicho numeral para agotar tal principio, ya que, por una parte, ninguno de los actos reclamados encuadra en las hipótesis previstas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que quedaron precisadas con antelación y, por otro lado, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad plasmó el quejoso en su escrito de demanda, se advierte que es parte dentro del expediente de origen. Además, que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercerlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión. De tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, aun tratándose de menores de edad, en virtud de que el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Lo anterior, ya que el promovente acude al amparo por propio derecho y, si bien la controversia judicial de origen está relacionada con una menor de edad, se trata de un juicio de reconocimiento de paternidad, aunado a que de los hechos que manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, no se advierte, ni siquiera de manera indiciaria, que los actos de los que se duele el quejoso vulneren el interés superior del menor, por lo que, esta situación no resulta ser una excepción al principio de definitividad, al contemplar la ley adjetiva un recurso ordinario que al accionarlo resulta adecuado para reparar las violaciones que aduce la autoridad judicial comete en su contra; por lo que se insiste, aun tratándose de contiendas que estén relacionadas con menores, está obligada agotar dicho principio. En ese contexto, en contra del acuerdo emitido el diez de noviembre de dos mil veintiuno dictado en el expediente ***del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, procede el recurso de revocación previsto en el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que a la letra establece: "Artículo 504.- La revocación procede contra los autos". Por imperativo del precepto transcrito, el recurso de revocación procede contra los autos, calidad tal que, según lo aclara el artículo 86 de la propia codificación de referencia, poseen todas las resoluciones que no sean sentencias, ya que dicho precepto señala: "Artículo 86.- Las resoluciones judiciales son autos y sentencias.". Por lo que es evidente que, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 86 y 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, procede interponer en su contra el recurso de revocación. Por tanto, debe decirse que el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno dictado en el expediente *** del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, es impugnable mediante el recurso ordinario de defensa, que en la especie es el de revocación previsto en el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, medio ordinario con el cual el quejoso estuvo en condiciones de lograr que se nulificara, revocara o modificara la determinación tomada por el juez responsable y, al no haberlo hecho así incumplió con el principio de definitividad en que descansa la acción constitucional, por lo que deviene improcedente el juicio de amparo que pretende instaurar en el aspecto analizado. En consecuencia, la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo, primero debió interponer recurso de revocación en contra del proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno dictado en el expediente *** del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; de lo contrario, no encuentra observancia el principio de definitividad que para estos casos opera por imperativo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que debe desecharse la demanda de amparo. De lo anterior, se concluye que, el recurso de revocación, satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto revocar, las actuaciones que agravian en los intereses de la quejosa, el cual se encuentra establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado y tiene determinado un procedimiento para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido a juicio, a fin de que el juez responsable se pronuncie, específicamente, respecto del auto combatido. Por tanto, al no haber interpuesto el recurso de revocación en contra del auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno dictado en el expediente **** del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, es obvio que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, pues a través de dicho medio ordinario de defensa pudo revocar el auto del que se duele. Del mismo modo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de notificar el aludido proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno dictado en el expediente *** del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, también es improcedente la presente instancia constitucional. Lo anterior, dado que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. El precepto legal citado dispone: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)". El dispositivo normativo trascrito, prevé que la acción constitucional se torna improcedente contra actos consumados de modo irreparable, los cuales se entienden como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, o bien, cuya finalidad se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas, siendo imposible restituir al promovente del amparo en el goce de la garantía individual violada en caso de otorgarse la protección constitucional, como lo ordena el artículo 77 de la Ley de Amparo, los cuales se pueden clasificar en: Actos consumados de modo reparable, son aquellos que, a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, siendo procedente en su contra el juicio constitucional; y, Actos consumados de modo irreparable, aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente, ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones a los derechos fundamentales reclamados, razón por la cual resulta improcedente el juicio constitucional. De ahí que, respecto de los actos consumados de modo irreparable, se torna improcedente la presente instancia constitucional, dado que resulta materialmente imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía constitucional violada, al otorgarse la protección constitucional, como lo ordena el artículo 77 de la Ley de Amparo, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Tal consideración encuentra apoyo en la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que establece: "ACTOS CONSUMADOS, QUE DEBE ENTENDERSE POR. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; pero no basta que el acto se consume de manera material para que por ese sólo hecho se tenga como irreparable, ya que sólo tienen ese carácter, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, aquellos actos en que físicamente sea imposible que vuelvan las cosas al estado que guardaban antes de la violación; pero no lo son los que, en virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación.". Esta situación radica en que no podría cumplirse con la finalidad del amparo, que es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada y, por lo tanto, genera indiscutiblemente la improcedencia del amparo. Es decir, la demanda de amparo tiene la finalidad de destruir el acto de autoridad que se impugna, para forzarla a que actúe como debió hacerlo y no lo hizo, ya que de conformidad con lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En el presente caso, el acto reclamado en análisis, se hizo consistir en la omisión de notificar el aludido proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno dictado en el expediente *** del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el que se señalaron las once horas del siete de diciembre de dos mil veintiuno, para el desahogo de una junta familiar, por lo que es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues no es objeto de revertir su efecto y restituir a la parte impetrante en su garantía violada, pues lo cierto es que la notificación de la que se duele, tenía como objeto citar a las partes a una junta familiar cuya data ha ocurrido. De lo expuesto, se evidencia que dicho acto reclamado en esta vía, se ha consumado de modo irreparable al haberse llevado a cabo, por lo cual, aun cuando resultaran fundados los conceptos de violación expuestos respecto de los actos reclamados, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, no sería posible jurídica ni materialmente volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida; es decir, existen obstáculos que hacen imposible restituir a la parte quejosa en sus garantías transgredidas, habida cuenta que ya no es posible dejar las cosas en el estado en que se encontraban antes de la ejecución de los actos reclamados, aunque se concediera el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, dado que el desahogo de la junta familiar, se encontraba señalada para las once horas del siete de diciembre de dos mil veintiuno, de ahí que, como se adelantó, resulte improcedente analizar la omisión de notificar a las partes la citación para su desahogo, cuando la fecha para su verificativo ha ocurrido. En estas condiciones, se concluye que en el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XVI y XVIII del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, dado que uno de los actos reclamados se encuentra consumado de modo irreparable y, por el otro, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; esto es, no agotó los medios de defensa ordinarios que proceden contra los actos reclamados, lo que obliga a DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO. Máxime si se toma en cuenta que no existe duda para formarse un criterio distinto ya que, con las razones apuntadas, están plenamente acreditadas las causales de improcedencia invocadas. Finalmente, sin que pase inadvertido para este juzgador, que en el presunto asunto se desprendan intereses de una menor; sin embargo, por una parte el quejoso acude a la presente instancia constitucional por propio derecho y, por otra, del análisis integral del escrito de demanda y aclaratorio, no se advierte de forma mínima o indiciaria, que la integridad de la menor pudiera verse afectada, lo que, en su caso, actualizaría la excepción al principio de definitividad.

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