Israel Bucio García

Expediente 317/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
317/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
12/06/2018

Partes del expediente

  • Roberto Carlos Pérez García
  • Israel Bucio García
  • Roberto Carlos Pérez García y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, en la que, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 77, último párrafo, de la ley en la materia, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello, deberá depurarse; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda al no haberse aperturado el incidente de suspensión respectivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Visto el comunicado del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual rinde informe justificado; agréguese a los autos únicamente para que conste, toda vez que el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia respecto del acto reclamado a dicho tribunal. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 317/2018-V; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de abril de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad Israel Bucio García, Roberto Carlos Pérez García y José Carlos Villaseñor Fraga, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, que consideraron violatorio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del asunto. En proveído de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad señalada como responsable el informe justificado correspondiente; se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional el cual formuló el pedimento 142/2018; se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado cuarto de distrito en el Estado de Michoacán resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la nueva Ley de Amparo, 48, 55, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, y en vigor a partir de su aprobación, realizada en sesión ordinaria de veintitrés de enero el propio año; toda vez que el acto que se reclama en esta vía, lo constituye la denegatoria de justicia por parte de autoridades que residen esta ciudad, aunado a que dicho acto carece de ejecución material alguna. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijarse de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada y la intención de la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, debe mencionarse que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de cerrar el período de instrucción, lo que impide que el proceso laboral continúe por el resto de los estados procesales como son elaborar el proyecto de laudo, emitir el laudo y su notificación, el cual fue atribuido a las autoridades que señaló como responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". TERCERO. Ley Federal del Trabajo aplicable. Previo al estudio de la cuestión debatida en el presente juicio de amparo, resulta indispensable precisar que la referencia que se haga en este asunto de la Ley Federal del Trabajo, será la publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, toda vez que en la especie, el acto reclamado en el presente asunto deriva de un expediente laboral promovido con posterioridad de la reforma de treinta de noviembre de dos mil doce, lo que se revela con el número bajo el cual fue radicado dicho asunto [7/2016]; por ende, es claro que le resultan aplicables las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo vigente. CUARTO. Existencia de actos reclamados. Cabe señalar que el nueve de mayo de dos mil dieciocho fue recibido en la oficialía de partes de este juzgado, el oficio TAC/PRES/AMP/1071/2018 (foja 16), en el que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, pretendió rendir el informe justificado que le fue requerido; sin embargo, en acuerdo de diez de mayo siguiente (foja 37), se ordenó agregar el oficio en cuestión únicamente para que obrara como corresponde, dado que, quien firmó el comunicado omitió precisar las razones por la que el Presidente del expresado Tribunal estuvo impedido para hacerlo consignando únicamente la abreviatura "P.A."; tampoco se señaló si el firmante lo hizo por ausencia temporal o definitiva, en suplencia o en su representación. Por las razones que en ella se informan cobra aplicación la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "ADMINISTRACION FISCAL REGIONAL METROPOLITANA. ORDEN DE VISITA DICTADA POR EL SECRETARIO TECNICO "P.A. DEL ADMINISTRADOR". La circunstancia de que la orden de visita dictada por el secretario técnico de la Administración Fiscal Regional Metropolitana esté firmada "P.A. del administrador", no basta para concluir que dichas letras significan, sin lugar a dudas, que se suscribió el acuerdo relativo "por ausencia del administrador". Cuando en términos de la ley la representación solamente puede darse en un caso excepcional, resulta necesario expresar con precisión el dato que haga incontrovertible que se ha actualizado el supuesto de excepción y no emplear términos que se presten a diversas interpretaciones y, por lo mismo, que susciten confusión. Por tanto, carece de validez la representación del secretario técnico de la Administración Fiscal Metropolitana cuando promueve utilizando las siglas P.A. anteponiéndolas a su firma, para sustituir al titular". En virtud de lo anterior, no se tuvo por rendido el informe justificado requerido a la autoridad responsable; por tanto, omitió rendirlo a pesar de haber sido notificada (foja 14 del sumario); por tanto, conforme el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume la existencia del acto a ella reclamado consistente en la omisión de cerrar la instrucción, con lo cual se impide la continuación del proceso laboral 7/2016 de su índice. Apoyan lo anterior, la tesis siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SU AUSENCIA LLEVA A LA PRESUNCION DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO SIN QUE SE NECESITEN OTRAS PRUEBAS. Con arreglo al artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Ello significa que si no existe prueba en contrario, el juez debe tener por ciertos los actos que se reclaman y, por tanto, carece de fundamento legal para exigir que se rindan pruebas para demostrar lo que ya es presumiblemente cierto". "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal". QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son tal y como constan en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este considerando, como si se insertasen a la letra, por economía procesal y porque la ley de la materia no exige su trascripción; además, el hecho que no se trascriban no la deja en estado de indefensión, pues no la priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma y, por otra parte, si no se trascriben, de ninguna forma implica que se dejen de observar los principios de congruencia y exhaustividad con que deben cumplir las sentencias de amparo. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Análisis de la constitucionalidad de la omisión reclamada al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. En el caso concreto, tenemos que la parte quejosa aduce que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el dispositivo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En síntesis, los quejosos afirman que en su perjuicio se violan derechos humanos porque al omitir el tribunal, cerrar la instrucción infringe en su prejuicio sus garantías de petición, legalidad, seguridad jurídica, administrar la justicia dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, de manera pronta, completa e imparcial, establecidas en el artículo 17 constitucional y 17, 18, 685, 771, 871, 872, y 873 de la Ley Federal del Trabajo. Como ya se dejó asentado en el considerando cuarto de esta sentencia el Presidente del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, fue omiso en rendir el informe justificado; por cuyo motivo se tuvo por presuntivamente cierto el acto que a ellos se atribuyó. No obstante lo anterior, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por los quejosos Israel Bucio García, Roberto Carlos Pérez García y José Carlos Villaseñor Fraga, dado que de una correcta interpretación, de la segunda parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de amparo, debe estimarse que la presunción de certeza del acto reclamado, no implica la inconstitucionalidad del mismo y, por lo tanto, corresponde a la parte quejosa la demostración de este último aspecto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación que impone el artículo 75 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el referido numeral 117, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando las autoridades en su informe justificado reconocen la existencia del acto sosteniendo su legalidad, que es una hipótesis diversa a la presunción de certeza que cobra vigencia ante la falta de informe, en cuyo caso corresponde al agraviado la carga de la prueba cuando el acto reclamado no es violatorio de los derechos humanos en sí mismo, como acontece en la especie. Por lo que en la especie no se aportaron por parte del quejoso prueba alguna tendiente a demostrar la inconstitucionalidad de la omisión que se reclama a la autoridad de mérito, sin que este órgano jurisdiccional esté obligado, por las razones apuntadas, a recabar oficiosamente constancias para analizar la constitucionalidad del mismo, sino que es a los quejosos a quien corresponde la carga probatoria de ese hecho, pues, como se ha dicho, el artículo 75 de la ley de la materia, establece esa exigencia siempre y cuando se encuentre en el supuesto de que la autoridad responsable hubiera manifestado expresamente la certeza del acto reclamado, pero que hubiese omitido adjuntar las constancias que deben ser materia de análisis de la resolución que se pronuncie en el juicio de amparo; de ahí que ante la falta de pruebas procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos Israel Bucio García, Roberto Carlos Pérez García y José Carlos Villaseñor Fraga, al no estar este órgano jurisdiccional en condiciones de establecer que la omisión que se reclama a la autoridad señala como responsable ordenadora, sea inconstitucionalidad en sí misma. Máxime que de las constancias que obran en autos se obtiene que el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la responsable requirió al Instituto Mexicano del Seguro Social le informara a quién se le asignó el registro patronal GEM850101C99 y, en caso de ser afirmativo, le indicara si los quejosos fueron dados de alta, lo que demuestra que el juicio de origen se encuentra en etapa de pruebas las cuales se están desahogando. Robustece lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 50/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 304, Tom VI, octubre de 1997, Novena época, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo". Por lo que, tampoco se está en el supuesto de que este órgano de control constitucional requiera las constancias necesarias para resolver el asunto que se falla, dado que la autoridad omisa no reconoció la existencia del acto, de ahí que la presunción de certeza obliga a los quejosos a demostrar el acto, ya que éste no es inconstitucional en sí mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo texto es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". OCTAVO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 63, fracción IV, 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Israel Bucio García, Roberto Carlos Pérez García y José Carlos Villaseñor Fraga, contra el acto que reclaman al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta resolución. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último punto considerativo de este fallo. NOTIFÍQUESE; MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  4. Principal

    Visto el pedimento 142/2018, del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, agréguese a los autos para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha su manifestación que en vía de alegatos realiza, sin perjuicio de tomarla en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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