Israel Benjamín Aguirre Islas
Expediente 818/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 818/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/07/2023
Partes del expediente
- Israel Benjamín Aguirre Islas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio vía electrónica de cuenta de la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, a través del cual comunica que por auto de tres de julio de dos mil veintitrés, el Tribunal de su adscripción admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte promovente, en contra del auto de desechamiento de nueve de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de la admisión del recurso de queja hecho valer en contra del auto que desechó la demanda de amparo, el cual quedó registrado con el número Q.A.- 274/2023, de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil veintitrés. De acuerdo con la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha en que se actúa la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, no ha dado cumplimiento al requerido formulado en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, consistente en remitir copia certificada del desahogo de la diligencia de reinstalación del actor señalada para el nueve de junio de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral D-1/622/2012, de su índice. Por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y al Actuario adscrito a dicha Junta, para que en el término de veinticuatro horas, siguientes al en que tengan conocimiento del presente proveído, informen lo siguiente: 1) La Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla: 1.1) Si se llevó a cabo la diligencia de reinstalación del actor señalada o el resultado de la misma, así como el acuerdo que le recayó a dicha diligencia. 2) El Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla: 2.1) Informe si tuvo verificativo el desahogo de la diligencia de reinstalación del actor, señalada a las - diez horas del nueve de junio de dos mil veintitrés - dictada en el juicio laboral D-1/622/2012. Sin dejar de reiterar que la autoridad responsable que deberá ir aumentando gradualmente la severidad de las medidas hasta lograr vencer la contumacia de la demandada en el juicio laboral de su índice. De lo contrario -como ya se le ha hecho saber a la autoridad responsable- se podrá configurar una conducta evasiva para desarrollar las obligaciones que le fueron impuestas en la ejecutoria de mérito, generando las consecuencias previstas en el artículo 193 de la Ley de Amparo, incluyendo la separación del cargo de las personas titulares. Por lo que deberán remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Por tanto, se apercibe a las referidas autoridades que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a ********************, persona física que actualmente ocupa el cargo de Presidenta la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla,******************** representante de los trabajadores, ******************** representante de los patrones y a ******************** Actuario adscrito a la Junta, una multa, a cada uno, de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, 251 y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, que informa la jurisprudencia número VI.2o.T. J/2 (10a.), visible en la página 2579 del Tomo IV, Noviembre de 2014 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO." Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que haya lugar a requerir a la Junta responsable, por conducto de su superior jerárquico en términos del artículo 192 de la ley de la materia, en razón de que la Junta responsable es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurisdiccional. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J.36/2011(10a), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciséis de noviembre de dos mil once, publicada en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." De igual forma, requiérase al superior jerárquico del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, es decir, al Presidente de la aludida Junta, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable mencionada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido, vía electrónica, el oficio y anexo de cuenta, de la Apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, remite el memorándum DPJ/1499/2023, bajo protesta de decir verdad que corresponde a una copia fiel e inalterada de de su original, signado por la Encargada del Despacho del Departamento de Pensiones y Jubilaciones, de ese organismo, del que se advierte lo siguiente: a) Que en la Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, fue aprobada por la Junta Directiva de ese Instituto, la solicitud de pensión de la quejosa ******************** b) Asimismo, mediante oficio resolutivo ******************** de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, notificó a la quejosa la citada resolución, como se advierte al calce que firmó con su puño y letra que recibió el original de dicha resolución, el nueve de noviembre de dos mil veintidós. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la autoridad responsable; apercíbase a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal Notifíquese personalmente Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el escrito de ******************** por medio del cual da cumplimiento a la prevención realizada en auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y en tal virtud se provee: Procedencia de la demanda Vista la demanda de amparo y escritos aclaratorios recibidos el treinta de mayo y ocho de junio de dos de dos mil veintitrés promovidos por ******************** en contra de los actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete; por violación a los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales, en atención a su contenido, se provee: Desechamiento de la demanda Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respeto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro digital: 188643 Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Actos reclamados Atendiendo a los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos y preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, se precisa como acto reclamado, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el siguiente: La resolución interlocutoria dictada el trece de enero del dos mi veintitrés en el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte demandada en contra de la notificación del acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés -en el que se señaló fecha para la audiencia a juicio-, dictado en el juicio de agrario ******************** del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete. Sirve de apoyo a lo antes precisado, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora bien, se estima que es improcedente en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Conforme a lo transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La causa de improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de los escritos aclaratorios recibidos el treinta de mayo y ocho de junio de dos de dos mil veintitrés, se advierte que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del acto reclamado, de los que se advierte lo siguiente: El trece de septiembre de dos mil dieciocho, el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete admitió la demanda agraria promovida por ********************, en contra de ******************** aquí quejoso, la cual fue radicada con el número de expediente ********************. La audiencia de conciliación se tuvo por fracasada y se desahogaron las etapas procesales correspondientes. El diez de diciembre de dos mil veintiuno, el quejoso promovió incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación del acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en el que se señaló fecha para la audiencia a juicio, mismo que fue admitido el treinta de marzo de dos mil veintidós. El trece de enero del dos mi veintitrés, el Tribunal responsable dictó resolución interlocutoria en el incidente de nulidad de actuaciones, promovido el quejoso ********************. El veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se notificó al quejoso la resolución interlocutoria del trece de enero del dos mi veintitrés así como la sentencia definitiva dictada en el juicio agrario ******************** del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete. A mayor abundamiento, se destaca el antecedente identificado con el número 6), del escrito aclaratorio de treinta de mayo de dos mil veintitrés, de contenido siguiente: "Sin conocer más del estado que guardaba el INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, promovido por el suscrito, el vía veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se realizan dos notificaciones a mi abogado ********************, la sentencia definitiva que resolvió en su totalidad el juicio ********************, DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO NÚMERO 37 y la sentencia que resolvió el incidente citado." " Conforme a lo anterior, es evidente que la resolución interlocutoria dictada el trece de enero del dos mi veintitrés en el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte demandada en contra de la notificación del acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés -en el que se señaló fecha para la audiencia a juicio-, cesó en sus efectos al haber sido sustituida procesalmente por la sentencia definitiva dictada en el juicio de agrario ******************** del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete. En virtud, de que la resolución interlocutoria dictada el trece de enero del dos mi veintitrés en el incidente de nulidad de actuaciones cesó en sus efectos y consecuencias al existir una determinación que la sustituye procesalmente. Esto es, la sentencia definitiva dictada en el juicio de agrario ******************** del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete es la determinación que ahora le genera perjuicio. De tal manera, resulta evidente la improcedencia del juicio de amparo respecto del acto que se reclama, dado que la suscrita no está en condiciones de analizar la constitucionalidad o la legalidad de una determinación respecto de la cual existe un acto procesal que la sustituyó. Sustenta a lo anterior, por su contenido, la tesis I.9o.C.133 C, número de registro 174779, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, página 1166, de julio de dos mil seis, de título: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO CIVIL. OPERA CUANDO UN ACTO PROCESAL ES SUSTITUIDO POR LA SENTENCIA QUE RESOLVIÓ EL FONDO SUSTANCIAL CONTROVERTIDO." Desechamiento parcial de la demanda En este sentido, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en consecuencia es procedente desechar de plano la demanda de mérito, por encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con apoyo en el numeral 113 de la ley citada. Consulta electrónicas Con fundamento en los artículos 34 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se otorgan los permisos necesarios a la parte quejosa, para la consulta electrónica del presente juicio de amparo, dado que el usuario "********************" se encuentra registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se comisiona al analista jurídico SISE para realizar las gestiones necesarias a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de consultar el expediente electrónico en el presente juicio de amparo. Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 y 23 del referido Acuerdo General 12/2020. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el diverso 209 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Integración de expediente físico Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, obrará en el expediente físico únicamente la papeleta de turno, la demanda de amparo, el presente acuerdo, y las demás constancias presentadas físicamente, así como las notificaciones que se realicen de la misma forma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.
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