Israel Arzeta González

Expediente 111/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 37 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
111/2021
Año
2021
Actuaciones
37
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Israel Arzeta González
  • ISRAEL ARZETA GONZÁLEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Ciudad de México, a quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el solicita la vinculación del presente juicio a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para los efectos que precisa. En virtud de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A" para que realice los movimientos correspondientes en el citado sistema a efecto de permitir la vinculación solicitada. Notifíquese y personalmente a la Oficial Judicial "A".

  2. Principal

    Ciudad de México, a veinte de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que el término que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes impugnaran el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 202 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, SE DECLARA CONSENTIDO; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Dese el aviso correspondiente a la autoridad responsable. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instituye las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal; en consecuencia, es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su depuración dentro de los noventa días siguientes. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en acatamiento a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la moral quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos de lo establecido en la ejecutoria de amparo; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por la Juez Tercero Militar adscrito a la Primera Región Militar, se cumple con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, resulta necesario precisar que los actos reclamados consistieron en: "a) Resolución interlocutoria de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dictada en autos de la causa penal 1/2020, mediante la cual se negó la libertad absoluta solicitada por el justiciable. b) Resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, emitida en el proceso en mención, mediante la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra de la interlocutoria precisada en el inciso que precede, en la que se determinó confirmarla.". Mediante sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintiuno (fojas 115 a 123), se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable realizara lo siguiente: "1. En el término de tres días contado a partir de que reciba el oficio por el que se le informe que esta sentencia ha causado ejecutoria, deje insubsistente la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación intentado por el defensor del aquí quejoso, en autos de la causa penal 1/2020. 2. Hecho lo anterior, dicte una nuevo en donde se pronuncie de manera fundada y motivada con relación al alcance probatorio de las ejecutorias emitidas en los juicios de amparo 164/2019 y 170/2019, ambos del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal, promovidos por los coacusados del quejoso, en los términos ya precisados en la parte considerativa de esta resolución, a fin de que emita el pronunciamiento que estime conducente, en el medio de impugnación intentado, desde luego, con libertad de jurisdicción. 3. Notifique su determinación al quejoso o a su defensa.". La sentencia causó ejecutoria el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, motivo por el cual se requirió el cumplimiento al fallo protector (foja 136 y 137). El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se determinó que la ejecutoria se encontraba en vías de cumplimiento (fojas 217 a 220), y se estableció que para dar total cumplimiento, la responsable debía realizar lo siguiente: "A. En el término de tres días contado a partir de que reciba el oficio por el que se le informe que esta sentencia ha causado ejecutoria, deje insubsistente la resolución de dos de septiembre último, (con la que se pretendió dar cumplimiento al fallo), que resolvió el recurso de revocación intentado por el defensor del aquí quejoso, en autos de la causa penal 1/2020. B. Hecho lo anterior, dicte una nueva en donde se pronuncie de manera fundada y motivada con relación al alcance probatorio de las ejecutorias emitidas en los juicios de amparo 164/2019 y 170/2019, ambos del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal, promovidos por los coacusados del quejoso, en los términos ya precisados en la parte considerativa de esta resolución, a fin de que emita el pronunciamiento que estime conducente, en el medio de impugnación intentado, desde luego, con libertad de jurisdicción. C. Notifique su determinación al quejoso o a su defensa.". El once de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la ejecutoria de mérito (fojas 258 a 261). El uno de abril siguiente, se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad hecho valer por la parte quejosa, contra la anterior determinación (fojas 264 y 265). De lo anterior, tocó conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, registrándolo bajo el expediente de inconformidad 16/2022 (foja 284 a 304), en la cual resolvió fundado el recurso en sesión ordinaria por videoconferencia de veintitrés de junio de dos mil veintidós, al considerar que: "De lo anterior se advierte que si bien la Jueza Tercero Militar adscrita a la Primera Región Militar al abordar el análisis de las ejecutorias dictadas en los amparos directos 164/2019 y 170/2019 del índice de éste órgano colegiado determinó otorgar valor legal pleno a las referidas ejecutorias, lo cierto es que al expresar los motivos para sostener que dichas documentales públicas no resultaban suficientes para desvirtuar los medios probatorios que sirvieron de base para dictar la formal prisión, en términos del artículo 790 fracción II del Código de Justicia Militar, se limitó a señalar que era necesario desvirtuar todos aquellos medios de convicción eficaces que llevaron a la comprobación del delito y no solo un dato y que los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no acudieron al juicio de protección de derechos fundamentales. Sin embargo, en la sentencia amparadora se señaló que la autoridad responsable debía expresar justificadamente cuáles datos de prueba quedaron desvanecidos con lo resuelto en las referidas sentencias de amparo y cuáles deben subsistir, con el fin de sostener que con éstas no se controvierten la totalidad de los datos de prueba y no solo hacer una afirmación en ese sentido; lo cual no realizó. En ese sentido, no se dio cumplimiento al segundo aspecto de los efectos de la protección constitucional - en atención a los lineamientos previstos en las consideraciones de la ejecutoria de amparo- pues con la determinación dictada en cumplimiento no se resolvió de manera fundada y motivada el alcance probatorio de las sentencias emitidas en los juicios de amparo 164/2019 y 170/2019, ambos del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal, con independencia de que se haya otorgado libertad de jurisdicción a la jueza militar para resolver el recurso de revocación de mérito.". El seis de julio del año que transcurre, se requirió al Juez Militar responsable para que diera cumplimiento a la sentencia amparadora (fojas 305 a 307). Por medio del oficio registrado con el número de folio 14817 (fojas 309 a 315), la responsable manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria y para demostrarlo, remitió copia certificada de la determinación de catorce de julio del año en curso, dictada en los autos de la causa penal 34/2022, de la que se desprende lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de dos de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno; asimismo, determinó que no había lugar a revocar la sentencia interlocutoria dictada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en el cuadernillo incidental promovido por el defensor particular del quejoso Israel Arzeta González, pues precisó que las ejecutorias de los amparos 164/2019 y 170/2019, dictadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Primer Circuito, no constituyen prueba plena para los efectos de la fracción II del artículo 790 del Código de Justicia Militar, al no haberse desvanecido con prueba plena hasta ese momento procesal los datos que sirvieron de base para acreditar el cuerpo de los delitos contra la salud que se le imputan (fojas 311 a 315). De lo anterior, se desprende que la autoridad responsable valoró las documentales consistentes en las ejecutorias de los amparos 164/2019 y 170/2019, dictadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Primer Circuito y expuso los motivos por los cuales derivado de esa valoración consideró que dichas probanzas no resultaban suficientes para desvirtuar los datos que llevaron a la comprobación del cuerpo del delito, como se muestra en la siguiente transcripción: "No obstante lo anterior, y con fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en referencia a la ejecutoria de amparo 164/2019, ésta únicamente se otorgó al quejoso ADOLFO ROSAS ESCOBAR y por lo que respecta, a la ejecutoria 170/2019, esta se promovió por DANIEL AGUILAR GARCÍA, JUAN ANTONIO ROJAS CAMPOS, MOISÉS ALVARADO MARTÍNEZ y JOSÉ ANTONIO CRUZ NICOLÁS, misma que fue concedido para efectos, es decir, para que la autoridad responsable con plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada resolviera nuevamente lo que en derecho corresponda, tan es así que el Tribunal Superior Militar en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 170/2019, en fecha diecinueve de marzo del año próximo pasado, dictó sentencia condenatoria en contra de DANIEL AGUILAR GARCÍA, ANTONIO CRUZ NICOLÁS y JUAN ANTONIO ROJAS CAMPOS, ordenando la libertad únicamente de MOISÉS ALVARADO MARTÍNEZ. Por otra parte, al realizar un análisis de las constancias que conforman las ejecutorias 164/2019 y 170/2019, se advierte que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, señala que las declaraciones ministeriales de Daniel Aguilar García, José Antonio Cruz Nicolás, Fernando Lozada Cádiz, Rubén Ramírez Balderas, Juan López Raymundo, Moisés Alvarado Martínez, Adolfo rosas Escobar, Omar Rodríguez Romero, Roberto Alfredo Jiménez Sandoval, Israel Arzeta González, y Benito Gómez Gapi, son ilícitas por tener como fuente una detención ilegal. De igual forma, señala como ilícitas las documentales públicas consistentes en: a) Los certificados médicos de lesiones de veintiuno de febrero de dos mil once, realizados por el Mayor Médico Cirujano Gabriel Mendoza Díaz, Perito en Materia de Medicina Forense, a José Antonio Cruz Nicolás y Daniel Aguilar García. b) Certificado médico de lesiones realizado por el veintidós siguiente, por la Mayor Médico Cirujano Gabriel Mendoza Díaz, a Moisés Alvarado Martínez. Asimismo, el informe Policial de Investigación de diecinueve de febrero de dos mil once (fecha correcta veintidós de febrero de dos mil once), con número de control 0152, suscrito por el Capitán Segundo de Infantería Víctor Manuel Martínez Aita, Jefe de Grupo de la Policía Judicial Militar y el informe Policial de Investigación de diecinueve de febrero de dos mil once, con número de control 0148, suscrito por el Capitán Segundo de Infantería Joaquín Rodríguez Escobedo, Jefe de Grupo de la Policía Judicial Militar. Sin embargo, es prudente manifestar, que a pesar de estas declaraciones y documentales de arriba citadas resultaran ilícitas, es notorio que dentro de la causa penal subsistenten otras pruebas que fueron justipreciadas por este Tribunal para dictar el auto de formal prisión, como son los siguientes DECLARACIONES: A.- Del teniente del Arma Blindada Iván Vicente Cabrera Reyes, de fecha veintiuno de febrero de dos mil once, rendida ante el agente del Ministerio Público Investigador (visible a fojas 666 a la 671). B.- Del capitán Primero de Infantería Javier Uriostegui Guzmán, de fecha veintidós de febrero de dos mil once, rendida ante el agente del Ministerio Público Investigador (visible a fojas 770 a la 774 del tomo III). TESTIMONIANLES. 1.- Teniente Coronel de Zapadores Ramón Márquez Hernández, de fecha veintitrés de febrero de dos mil once, rendida ante el agente del Ministerio Público Investigador (fojas 78 a la 80 del tomo II). DOCUMENTALES PÚBLICAS. 1.- Dictamen en Materia de Química Forense (Identificación de Estupefacientes y/o psicotrópicos), de fecha veintitrés de febrero de dos mil once. 2. Set fotográfico, contenido nueve imágenes de la droga asegurada. 3. Relación de fecha once de febrero de dos mil once, del personal perteneciente a la Dirección General de Industria Militar, Fábrica de Proyectiles y Morteros, que integran los trabajos de mantenimiento al Simulador de Tiro C.A.R. de la II R.M. (Aguaje de la Tuna B.C.), en la cual figura el Soldado Auxiliar de Materiales de Guerra Rubén Ramírez Balderas. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistentes en: 1.- FE MINISTERIAL DEL Simulador de Tiro del Centro de Adiestramiento Regional de la II Región Militar Adscrito a la Segunda Zona Militar. 2.- FE MINISTERIAL DEL LUGAR. De fecha veintitrés de febrero del año dos mil once, realizada por el Ciudadano Tercero Agente Investigador del Ministerio Público Militar, Adscrito a la Sección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia Militar. 3.- FE MINISTERIAL DEL VEHÍCULO, de fecha veintitrés de febrero del año dos mil once, efectuada por el Décimo Tercer Agente del Ministerio Investigador del Ministerio Público Militar, Adscrito a la sección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia Militar. 4. INSPECCIÓN OCULAR DEL LUGAR Y FE MINISTERIAL DE OBJETOS, de fecha veintitrés de febrero de dos mil once, por el Décimo Tercer Agente Investigador del Ministerio Público Militar, Adscrito a la sección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia Militar. 5.- FE MINISTERIAL DE NARCÓTICO, de fecha diecinueve de febrero del año dos mil once, realizada por el Agente del Ministerio Público Militar Adscrito a la Segunda Zona Militar. 6. DILIGENCIA DE CONTEO Y PESAJE de fecha veintiuno de febrero del año dos mil once, realizada por el Décimo Agente Investigador del Ministerio Público Militar Adscrito a la Sección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia Militar. 7. DICTAMEN PERICIAL EN LA MATERIA DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil once, rendido por los ciudadanos Capitanes Primeros Ingenieros en Computación e Informática Francisco Asian Álvarez y Rodolfo Julián Pacheco Gutiérrez, perteneciente a la Dirección General de Informática, respecto de catorce teléfonos celulares, dos memorias USB, dos lap top, dos discos portátiles, una banda ancha móvil (BAM), que se encuentra relacionada con los presentes hechos. A mayor abundamiento se hizo referencia de la sentencia recurrida con forme a los sistemas de valoración de la prueba, el de la "prueba tasada", sujeto el juez a reglas abstractas preestablecidas que le señalan el valor legal del medio de prueba que le permiten demostrar el hecho; y el de "libre violación" que le otorga facultades para hacer una valoración personal concreta del material probatorio; la legislación regula la "prueba plena" en función a la convicción que un solo medio de prueba puede dar al juez para la demostración de un hecho, o bien, mediante el método de valoración indiciario, que permite el enlace de varios medios de prueba (indicios), para demostrar la verdad conocida y la que se busca, apreciando en conciencia el valor de las presunciones hasta poder considerar su conjunto como prueba plena de un hecho. Por ende, en el incidente de libertad absoluta, el juez de instrucción tiene facultades para arribar a la "prueba plena pericial" que acredite una excluyente de responsabilidad (artículo 790 fracción I del Código de Justicia Militar) o bien, prueba plena que desvanezca los "datos" que sirvieron para acreditar el cuerpo del delito (Articulo 790 fracción II del Código de Justicia Militar); en esta última hipótesis, se puede utilizar alguno o ambos sistemas de valoración probatoria. Sobre el particular y dándole cabal cumplimiento a la sentencia de amparo de Juez de amparo en referencia al pronunciamiento de este Juzgadr sobre el alcance probatorio emitidas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal en las ejecutorias 164/2019 y 170/2019, es de hacerle saber que no obstante que resultaron ilícitas, por lo cual no son tomadas en cuenta en la presente resolución, subsisten otros medios de prueba que sirvieron de base para tener por comprobado el cuerpo del delito de los ilícitos que se le atribuyen a ISRAEL ARZETA GONZÁLEZ, los cuales deberán ser tomadas en consideración, analizados y justipreciados por este Órgano Jurisdiccional en el momento procesal oportuno, que lo es el dictar la sentencia que en su caso corresponda; en consecuencia, las ejecutorias 164/2019 y 170/2019 que menciona no constituyen la prueba plena requerida por la ley para el otorgamiento de la libertad solicitada, siendo que en todo caso, lo que se tiene que desvirtuar son todos aquellos datos eficaces que llevaron a la comprobación del cuerpo del delito no a un solo dato en su caso." En ese sentido, como se vio, la autoridad responsable abordó el análisis de las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo 164/2019 y 170/2019, del referido Tribunal Colegiado al tenor de la legislación aplicable y expuso la valoración que estimó resultaba aplicable, tal y como se precisó en la sentencia amparadora dictada en autos. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, las que al no haber sido objetadas, tienen pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos de su artículo 196, esto es, sin excesos ni defectos, ya que como se advierte de párrafos precedentes, se ajustaron a los lineamientos ahí contenidos. Atento a lo expuesto previamente y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento de las partes esta resolución, para los efectos del numeral 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Ciudad de México, a once de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibida la comunicación oficial de cuenta, remitida por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, por medio del cual devuelven diligenciado el exhorto ***, de éste índice. Atento a lo anterior, agréguense para que surta los efectos legales a que haya lugar; sin que haya necesidad de acusar recibo por así haberse precisado. En ese tenor, téngase por notificado al quejoso del auto de cuatro de los corrientes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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