Israel Armando Cárdenas Toral
Expediente 566/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 566/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 26/01/2021
Partes del expediente
- Israel Armando Cárdenas Toral
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el telegrama proveniente de la Comisión Estatal de Sistema Penitenciario de Baja California en ausencia del Comisionado Estatal de ese Sistema Penitenciario, con sede en Mexicali, sin que en el caso, haya lugar a realizar mayor pronunciamiento sobre el particular, ello, en virtud que del estado procesal que guardan los autos se desprende que en doce de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva en la que se sobreseyó en el presente asunto, la cual causó ejecutoria el tres de diciembre de esa anualidad. Finalmente, sin perjuicio de lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por su similar 25/2020 en cuanto a su vigencia, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene a dicha autoridad proporcionando el correo electrónico calvarez@seguridadbc.gob.mx, que refiere en el comunicado que se atiende, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario.
- Principal
Agréguense a los autos para que obren como corresponda, los oficios que remiten el Titular de Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, sin que en el caso, haya lugar a realizar mayor pronunciamiento sobre el particular, ello, en virtud que del estado procesal que guardan los autos se desprende que en doce de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva en la que se sobreseyó en el presente asunto, la cual causó ejecutoria el tres de diciembre de esa anualidad.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio telegráfico que remite el Coordinador Jurídico de la Comisión Estatal del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California, con sede en Mexicali, sin que en el caso, haya lugar a realizar mayor pronunciamiento sobre el particular, ello en virtud que del estado procesal que guardan los autos se desprende que en doce de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva en la que se sobreseyó en el presente asunto, la cual causó ejecutoria el tres de diciembre de la presente anualidad
- Principal
se declara que dicha sentencia en la que sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, y en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido; asimismo, glósese el cuaderno de suspensión respectivo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Sin que se oponga a la anterior determinación el que no se encuentren glosados los acuses por los que se ordenó notificar a las autoridades responsables foráneas, la sentencia que el día de hoy causa ejecutoria, toda vez que se estima que con ello no se causa algún agravio a las mismas, entendiendo como Lorena Lugo Romero 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.98 10/09/21 20:10:19 tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente con motivo de la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto o haya tenido conocimiento de él; ello acontece en el caso, en virtud de que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, dicha resolución sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. En este orden de ideas, si establecemos que el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la ley de la materia, es el medio de impugnación para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, ya sea por revocación o modificación del asunto de que se trate, y que el diverso numeral 87 de la legislación invocada, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó, en este caso en particular, no se estudió el acto reclamado por las razones antes expuestas, por tanto, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. A mayor abundamiento, cabe puntualizar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en de la fracción I, del artículo 5 de la invocada legislación, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante, apoderado o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima a los promoventes, para accionar, y al haberse sobreseído el presente juicio, las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión en cuestión, dado que, con el dictado de la sentencia correspondiente ha quedado agotada su actuación, de modo que el interés para que en todo caso tal determinación subsista o no, sólo la tiene la parte promovente. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que, de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo parágrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por tanto, el mencionado duplicado es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente, hasta entonces el citado duplicado deberá archivarse en el lugar que corresponda, debiendo la Secretaria realizar el cómputo respectivo para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. En el entendido de que el término de seis meses de que se habla, se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, razón por la cual la fecha probable para su destrucción, lo será a partir del día cuatro de junio de dos mil veintiuno. Por otra parte, agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan, los oficios firmados por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en Durango, Durango; sin que en el caso, haya lugar a realizar mayor pronunciamiento sobre los mismos, ello en virtud de lo acordado en párrafos supra, esto es, que causó ejecutoria la sentencia dictada en autos. Sin perjuicio de ello, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, se tiene como delegados de la autoridad responsable a las personas que señala en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica
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