Israel Andrade Ruiz

Expediente 55/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
55/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/02/2018

Partes del expediente

  • Israel Andrade Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido al quejoso para desahogar el requerimiento formulado en acuerdo de veintidós de enero de dos mil dieciocho, transcurrió del treinta de enero al seis de febrero ambos de dos mil dieciocho, sin que lo hubiera hecho, a pesar de estar notificado para ello, como se advierte de la diligencia de notificación respectiva. Bajo este contexto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de veintidós de enero de dos mil dieciocho y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección.

  2. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFIACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido al quejoso para desahogar el requerimiento formulado en acuerdo de veintidós de enero de dos mil dieciocho, transcurrió del treinta de enero al seis de febrero ambos de dos mil dieciocho, sin que lo hubiera hecho, a pesar de estar notificado para ello, como se advierte de la diligencia de notificación respectiva. Bajo este contexto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de veintidós de enero de dos mil dieciocho y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección.

  3. Principal

    Del estado procesal del incidente, se desprende que falta el informe previo de la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público Investigador en funciones del Turno Par del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla. Lo anterior, pues se carece del acuse que demuestre su notificación, en particular del acuerdo de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, donde se le requirió informe previo -dado que la notificación quedó a cargo del Servicio Postal Mexicano-. En tales condiciones, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia incidental señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.

  4. Principal

    DADO QUE SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE FORMA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE LE NOTIFICA POR LISTA. Se recibe la demanda de protección de derechos signada por el quejoso ****, por propio derecho, contra actos de los cuatro fiscales orientadores de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar en el Distrito Judicial de Puebla (sic) y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda, se advierten diversas irregularidades en las autoridades responsables y en los actos reclamados. Para demostrar lo primero, se hace notar la imprecisión en el señalamiento de algunas responsables, en específico las que refirió el quejoso como: Cuatro fiscales orientadores de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar en el Distrito Judicial de Puebla; y Director de la Policía Ministerial del Estado de Puebla. Tales denominaciones resultan imprecisas, porque ninguna concuerda con las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla; incluso debe señalarse que la primera en mención (cuatro fiscales orientadores) no puede delimitarse con la mención del "Distrito Judicial de Puebla", dado que la circunscripción vinculada a distritos judiciales, corresponde en forma exclusiva a los jueces del fuero común que pertenecen al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. De modo que si llegara a admitirse la demanda, se imposibilitaría la notificación a las referidas autoridades -al margen de que ninguna existe- como ha sucedido en otros asuntos que han terminado en sobreseimiento, por la falta de una autoridad concreta. Máxime que la denominación de la autoridad ejecutora (Director de la Policía Ministerial del Estado de Puebla) resulta inexistente a partir de las reformas legislativas que en años recientes se hicieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla. De ahí que sea indispensable que el quejoso proporcione la denominación concreta y actual de las autoridades que pretende involucrar en este juicio, porque los órganos de protección carecen de facultades para elegir la autoridad que debe ser llamada, pues el numeral 108 fracción III, de la Ley de Amparo impone esa carga a los quejosos. Por otra parte, se hace notar que la irregularidad en los actos, obedece a que en el capítulo respectivo, fue introducida una orden de aprehensión, una supuesta privación de libertad, la desaparición forzada, arraigo y una manifestación genérica de "cualquier otra dictada". Tales actos resultan irregulares porque las autoridades señaladas en la demanda, carecen de facultades para librar órdenes de aprehensión -dado que estas corresponden a los jueces penales, y ninguno aparece en la demanda-. Mientras que los actos de privación de libertad y desaparición forzada, también son irregulares frente al resto de la demanda, porque esta revela que el quejoso está en libertad y la suscribe por derecho propio, lo cual impide visualizar una privación de libertad y una supuesta desaparición. La irregularidad también se presenta con el acto denominado "arraigo", pues la demanda carece de datos para visualizar al quejoso en un escenario de restricción a su derecho de tránsito. En tanto que el acto denominado "cualquier otra dictada", resulta una manifestación genérica que de ninguna forma puede ubicarse como acto reclamado, porque carece de datos suficientes para visualizar la conducta u omisión específica que se pretende atribuir a las responsables. De hecho, la referida manifestación genérica impide determinar el acto concreto que se desea combatir; y debe ser aclarado para que las autoridades responsables tengan los elementos necesarios para rendir su informe justificado. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV, y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúe bajo protesta de decir verdad la siguiente aclaración: 1. Proporcione la denominación correcta, actual y completa de la autoridad ordenadora que delimitó como: cuatro fiscales orientadores de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar en el Distrito Judicial de Puebla (sic); 2. Exprese la denominación correcta, actual y completa de la autoridad ejecutora que delimitó como: "Director de la Policía Ministerial del Estado de Puebla", o en lugar de ello indique si pretendió señalar al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla; y 3. Manifieste si desea limitar los actos reclamados a una orden de presentación y la consecuente ejecución, porque sólo estos actos pueden corresponder al análisis integral de la demanda de amparo. Se hace saber al quejoso que al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para cada autoridad responsable, una para el tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia, y dos para el incidente de suspensión. Además, se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber al quejoso que esta prevención, habrá de evitar que se le deje en estado de indefensión (por las autoridades imprecisas) y también asegurará una delimitación correcta de los actos reclamados, para conseguir una pronta impartición de justicia como lo ordena el artículo 17 constitucional. Por otro lado, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el señalado al principio de la demanda de protección (ubicado en la ciudad de Puebla). Asimismo se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** por estar registrado ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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