Israel Alfaro Fuentes
Expediente 104/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 104/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Israel Alfaro Fuentes
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda.
- Principal
Se desecha la demanda de amparo. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el asunto que nos ocupa, se surte la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracciones V y VIII, del mismo ordenamiento, interpretados en sentido contrario, que establecen: ********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************[.]********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."********************"Artículo 107. El amparo indirecto procede: ********************[.]********************V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;********************[.]********************VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y********************[.]".********************La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, por lo que el legislador, consciente de que no podía prever de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, misma que es válidamente justificada en virtud de que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en ninguna de las específicas previstas en el precepto legal en cuestión, como lo es la que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracciones V y VIII, de la legislación de la materia.********************Ahora, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo prevé que los actos en juicio, para poder ser impugnados en amparo indirecto, deben ser de imposible reparación y establece que debe entenderse por tales, aquellos "que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."********************En efecto, el amparo indirecto sólo procede contra actos en juicio que sean de imposible reparación, los cuales se precisan como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de manera que no están incluidos los casos en que sólo se afectan derechos adjetivos o procesales. Lo anterior, con arreglo en el numeral 107, fracción III, de la Norma Suprema.********************Ciertamente, los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, deben regirse con respeto a las instituciones y principios constitucionales que rigen el juicio de amparo. ********************En ese sentido, se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que la fracción VIII, del artículo 107, de la Ley de Amparo, debe interpretarse de conformidad con lo estipulado por el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que el legislador fue enfático en precisar que los actos susceptibles de impugnarse a través de esa vía, ya fueran legislativos, administrativos o jurisdiccionales, suscitados dentro o fuera de juicio, en un procedimiento o en uno seguido en forma de juicio o fuera de él, provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo o distintos de ellos: causen perjuicio al quejoso, sean de imposible reparación y se traten de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo o aquella que le ponga fin por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento, pero siempre que por virtud de éstas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución.********************Con base en lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, y determinó que no es posible realizar su interpretación literalmente, ya que el acto reclamado debe producir una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad, pues de interpretarla de esa manera, se podrían desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y se contravendría la regularidad constitucional que busca preservar dicho medio extraordinario de defensa.********************En ese contexto, señaló que el método para definir el alcance que debe dársele al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en relación con la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia, no puede ser otro que el que sea más acorde con los principios fundamentales previstos en la Constitución Federal y que rigen al juicio de amparo. ********************Así, destacó, que si el legislador al crear la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, únicamente introdujo como hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto: "... Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto", sin hacer mayores especificaciones al respecto; por lo que es necesario acudir a la aplicación del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde a la Norma Fundamental, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico. ********************De esa manera, concluyó que el hecho de que en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, el legislador introdujo la posibilidad de combatir actos de autoridad en los que se determine inhibir o declinar la competencia, ello no significa, de facto, que el juicio de amparo resulte procedente, pues antes debe definirse si el acto de que se trata produce una afectación real, actual y de manera inmediata en la esfera jurídica del gobernado, debe constatarse si dicho acto es definitivo. ********************Por tanto, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes.********************Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de criterios P./J. 17/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, libro 21, agosto de 2015, tomo I, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: ********************"AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". (Lo subrayado es propio).********************Así como la diversa P./J. 29/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el once de septiembre de dos mil quince, de rubro y texto:********************"AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo. (Lo subrayado es propio).********************Sentado lo anterior, en el caso concreto, se obtiene que la parte quejosa reclama la resolución dictada el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, por la autoridad responsable, en la que declinó competencia a favor del Ministerio Público Federal en turno para conocer de los hechos seguidos en la carpeta de investigación número ********************, por el delito de robo de medicamento controlado; sin embargo, dicha resolución no es la que produce una afectación real y actual en la esfera de derechos del quejoso.********************Ello, pues como se precisó con anterioridad, sucede cuando la autoridad a favor de quien se declinó la competencia, la acepta o rechaza, adquiriendo así la calidad de acto definitivo.********************De ahí, que es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones V y VIII, interpretadas a contrario sensu, de la Ley de Amparo.********************Luego, no pasa inadvertido para la suscrita que en la parte final de su demanda el quejoso asevera que la agencia que asumió la competencia para conocer de la carpeta de investigación iniciada en su contra es el titular de la célula 4, equipo II, quien la radicó bajo el número ********************; sin embargo, dicha providencia no constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, sino la diversa determinación que declinó la competencia a su favor, pues así lo precisó claramente el impetrante en su escrito inicial de demanda, no obstante que ya tenía conocimiento de esta última determinación, lo cual, se insiste, no afecta derechos sustantivos en la esfera jurídica del quejoso, de manera definitiva.********************Sin que se cause perjuicio al quejoso que no se le prevenga para que manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado la aceptación de competencia por parte del agente del ministerio público federal, ya que a ningún fin práctico conduciría, en la medida que por lo que respecta a dicho acto el juicio de amparo también sería improcedente, ya que fue dictado durante la fase de investigación, la cual en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se define como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria, en las cuales el Ministerio se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella.********************De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, lo cual torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos.********************Por consiguiente, la resolución del titular de la célula 4, equipo II, que aceptó la competencia declinada a su favor no es una resolución que pueda ser reclamable en amparo indirecto, toda vez que fue emitida en su fase de investigación, la cual es una facultad exclusiva encomendada por el artículo 21 de la Carta Magna, a la institución del Ministerio Público, por lo que dicha resolución de declaración de competencia no es un acto que vulnere la esfera de derechos del gobernado, ni que lesione por tanto su interés jurídico, porque no depende de éste la facultad relativa a decidir si los hechos puestos en conocimiento de la autoridad ministerial investigadora son de su competencia o no, pues aceptar lo contrario equivaldría a violentar el mandato supremo contenido en el precepto constitucional invocado.********************Orienta el criterio anterior, la tesis aislada definida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región con residencia en Saltillo, Coahuila, que se comparte, consultable en la página 2592, de la Gaceta del Semanario Judicial de la federación, Libro 33, Agosto de 2016, Materia Penal, Décima Época, registro 2012423, de rubro siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO". ********************Así como la diversa tesis aislada definida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, que se localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Página 2987, Materia Penal, Décima Época, registro 2017560, de título: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS.".********************De ahí que respecto del aludido acto, aun en el supuesto de que el quejoso lo señalara como reclamado, el juicio de amparo sería improcedente derivado de la ausencia de una afectación directa de algún derecho subjetivo, actualizándose con ello la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con el artículo 5°, fracción I, ambos de la ley de Amparo.********************En ese sentido, se insiste, a ningún fin práctico conduciría prevenir al quejoso para que manifieste si también se duele del aludido acto, cuando se desecharía por lo que al mismo se refiere.********************Tampoco torna procedente el juicio de amparo la manifestación del quejoso en el sentido de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Trámite Común de la Agencia Investigadora número 5 de esta ciudad, haya afirmado en la resolución de diecinueve de enero del año en curso que le reclama, que el impetrante cometió el delito de robo, pues de sus propias manifestaciones se desprende que el ilícito por el que se inició la carpeta de investigación fue precisamente ese "por el delito de robo de medicamento Fentanilo" (foja 3 de autos), aunado a que será el juez de control, en caso de que se judicialice la carpeta respectiva, quien determinará si lo vincula a proceso o no, así como el delito por el que lo haga, de ahí que la manifestación que en ese sentido hizo el agente responsable no le irroga perjuicio alguno. ********************En ese orden de ideas, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo.********************VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 y el correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo, a ********************, en virtud de que no cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.********************VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido.****************************************VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretaria Judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto).
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 09 DE FEBRERO DE 2023, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO."
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